Las últimas investigaciones vienen poniendo en evidencia lo que muchos sospechaban; que el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando era un alto funcionario del Estado tuvo vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, la cual se valió de ello para concretar licitaciones públicas de manera irregular.
Viernes 15 de diciembre de 2017 12:33
Foto: RPP
Las últimas investigaciones vienen poniendo en evidencia lo que muchos sospechaban; que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuando era un alto funcionario del Estado tuvo vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, la cual se valió de ello para concretar licitaciones públicas de manera irregular.
Estos hechos, que han conmovido las altas esferas del poder político peruano y que han puesto al presidente de la república a un paso de ser separado de sus funciones como primer mandatario, hacen parte de la práctica profesional de Kuczynski quien, como es de conocimiento público, alcanzó notoriedad e hizo fortuna sirviendo de intermediario entre los grandes capitales extranjeros y el Estado. Basta revisar someramente la biografía de PPK para constatar que él siempre fue un lobista profesional en toda la línea.
El fujimorismo - encabezado por Keyko Fujimori - que controla la mayoría parlamentaria, se ha valido de estos hechos para exigir la inmediata renuncia del presidente por incapacidad moral, de no hacerlo ha amenazado con promover desde el parlamento la vacancia presidencial. La principal motivación que lleva al fujimorismo a actuar de esta manera no es en absoluto la lucha contra la corrupción, sino más bien la posibilidad de adelantar las elecciones para de esa manera llegar al gobierno del Estado en el más breve plazo posible, consolidando así el poder que ya ejercen desde el parlamento.
Entre el proyecto político que encabeza PPK y el de Keyko Fujimori, no existen diferencias cualitativas, ya que ambos se sostienen en la constitución mafiosa de 1993 y en el modelo neoliberal que permite la evasión tributaria de los grandes capitalistas, la precarización laboral y el saqueo nacional de los recursos naturales. Por esa razón, en lo que respecta a los grandes temas que tienen que ver con implementar el ajuste neoliberal contra la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, estas dos fuerzas políticas se han dado la mano en el congreso y el ejecutivo. Sino veamos el rol jugado por las bancadas de peruanos por el cambio y de fuerza popular cuando se votaron los presupuestos 2017 y 2018 o el otorgamiento de facultades al ejecutivo que le dio el congreso de mayoría fujimorista para que este implemente medidas que recortaban derechos laborales.
En lo que respecta a la corrupción, el prontuario del fujimorismo es basto y encuentra sus expresiones más emblemáticas en los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori y en el hecho que muchas de sus actuales figuras, como Joaquín Ramírez - ex secretario general de Fuerza Popular - por ejemplo, estén siendo investigados por lavado de activos. La misma Keyko Fujimori está siendo investigada por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales. Por eso, el fujimorismo ha desplegado toda una campaña de liquidación contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez y últimamente, en alianza con el aprismo, ha arremetido contra el tribunal constitucional, al aprobar en el seno de la sub comisión de asuntos constitucionales del congreso la inhabilitación por 10 años del magistrado Eloy Espinosa Saldaña y la suspensión por 30 días de los magistrados: Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos.
La izquierda reformista y neo reformista, que hizo suya la concepción que el Estado era una cascara vacía y cuyo funcionamiento dependía en última instancia de la ética de las fuerzas políticas que accedían a su administración, también ha mostrado su inviabilidad a través del fracaso de la gestión municipal de Susana Vallaran, la cual también viene siendo investigada por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para la edificación de una serie de obras públicas. No olvidemos que Villaran no estuvo sola en la administración de la comuna limeña, la acompañaron personalidades que hoy juegan un papel relevante en el congreso como Maritza Glave e Indira Huilca, ambas “destacadas” militantes del Nuevo Perú.
La corrupción no es, por tanto, un tema moral que se pueda individualizar, sino más bien tiene que ver con la lógica del capitalismo, que en estos últimos 25 años a través del modelo neoliberal se ha impregnado de manera hegemónica en la sociedad y en todas las instituciones del Estado. Hoy más que nunca la definición de Marx de que “el gobierno del Estado no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”, cobra gran relevancia y actualidad, ya que los intereses del empresariado han penetrado de tal manera en las instituciones del Estado que no solo tenemos como presidente a un personaje que es un lobista profesional, sino que también el modus operandi de los empresarios se ha convertido en el modus operandi de los funcionarios públicos, sean estos del ejecutivo, legislativo o del poder judicial, al grado tal que todo se compra y todo se vende.
No se trata entonces de que el presidente renuncie y que asuma el vice presidente para que se respete el Estado de derecho, como dice Verónika Mendoza del Nuevo Perú, o de adelantar las elecciones como quieren los fujimoristas y Patria Roja, ya que todas las instituciones e inclusive la democracia representativa están carcomidas por la lógica del capital. Es necesario empezar a cambiarlo todo a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que para que los y las trabajadores y el pueblo peruano podamos discutir qué país vamos a construir. Pero tengamos claro que esa posibilidad solo se lograra al calor de la lucha social y de la mano de la clase trabajadora, no desde los cómodos sillones del congreso de la república o del jurado nacional de elecciones.
