Congreso Nacional. Piden explicaciones al ministerio de Justicia por los despidos en Sitios de la Memoria

Preocupados por los despidos en los Sitios de la Memoria, diputados del Frente de Izquierda, del Partido Socialista y de Unión por la Patria se reunieron la semana pasada con trabajadores y trabajadoras en lucha contra los despidos en el sector. Además, a instancias de Christian Castillo (PTS/FITU), este viernes 19 presentaron un pedido de informes al Ministerio de Justicia y su Secretaría de Derechos Humanos para conocer los motivos de la política de vaciamiento y el destino inmediato de las tareas que realizan. A su vez, desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.Dh), la abogada y diputada (mc) Myriam Bregman, realizó un pedido de acceso a la información pública reclamando que se detallen los fundamentos de los despidos.

Con el @ceprodh presentamos un pedido de informes respecto del despido de trabajadorxs pertenecientes a los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, que dependen de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria. Estos sitios constituyen prueba… pic.twitter.com/qrT4pLkdz4

— Myriam Bregman (@myriambregman) July 18, 2024

Como explica el proyecto presentado en el Congreso por Christian Castillo, que también suscriben los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Alejandro Vilca (PTS), Mónica Schlotthauer (IS) y Vanina Biasi (PO) y los diputados Esteban Paulón (PS), Juan Marino y Mónica Macha (UP), los Sitios de la Memoria en Argentina son mayoritariamente lugares que fueron utilizados como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico militar y son considerados como patrimonio histórico y como prueba material de los crímenes cometidos bajo el plan genocida. Corresponde a las instituciones del Estado garantizar estas pruebas, entre otras cosas, en los juicios que se desarrollan y que puedan desarrollarse.

Como es de suponerse, la labor que realizan quienes sostienen estos espacios es fundamental. Sin embargo, el pedido de informes presentado por los diputados advierte por ejemplo que no está claro qué sucederá con las tareas que realizan los 28 empleados y empleadas que fueron dados de baja, sin que se renueven sus contratos ya de por sí precarios. Se trata particularmente de trabajadores y trabajadoras que sostienen los Sitios donde funcionaron los centros clandestinos de detención Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti, ESMA, Virrey Cevallos, así como en la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y del Consejo Federal y se desempeñan en las áreas de Educación, Comunicación y Cultura, Investigación y Archivo.

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Con su despido, se convierte en una gran incógnita cómo habrán de garantizarse las múltiples tareas que realizan, que van desde planificar, coordinar y supervisar las tareas de investigación arqueológica sobre la materialidad de los sitios donde funcionaron esos Centros Clandestinos de Detención a desarrollar tareas de excavación, análisis, clasificación e interpretación de hallazgos; o conservar y restaurar el patrimonio; o monitorear las condiciones medioambientales del espacio de almacenaje; o documentar y registrar el material, confeccionar el sistemas de guarda de cada colección o garantizar el mantenimiento y la limpieza integral y específica de sitios y laboratorios con materiales no corrosivos. Las tareas de coordinación y supervisión de estrategias de comunicación y difusión de los Sitios; el registro y edición de entrevistas, documentales y eventos que ocurren en cada espacio y la elaboración de publicaciones educativas, de investigación y literarias para diversas instituciones y medios audiovisuales, digitales, radiofónicos y de papel, entre muchas otras tareas que el proyecto de Castillo detalla en profundidad, también se ven afectadas con estos despidos.

“A esto se suma que el gobierno decidió desfinanciar las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las actividades de estos Espacios”, alerta el diputado del PTS/FITU, y destaca que de conjunto se trata de un ataque a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. En el caso de los Sitios de la Memoria, se trata en particular de una política que atenta desde el propio Estado contra la lucha por el cese de esa impunidad: “El desarrollo de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad depende en buena parte de la conservación de estos Sitios y por lo tanto también del trabajo de quienes garantizan su funcionamiento: trabajadores y trabajadoras cuya antigüedad oscila entre los 14 y 19 años, que perciben bajos salarios y tienen contrataciones precarias que definen una flexibilidad laboral que se arrastra gobierno tras gobierno”, denuncia el proyecto cuya versión completa puede leerse más abajo.

Despedir a casi la mitad de la mínima planta de empleados que ya tenían estos Espacios implica avanzar en un proceso de vaciamiento, con la perspectiva de cierre, por parte del Estado, para favorecer la ipunidad. Desde las bancas del Frente de Izquierda adelantan que insistirán en el tratamiento de este y otros proyectos que fueron presentados desde comienzos de año alertando sobre esta situación.

En el mismo sentido, los despedidos de los Sitios de memoria difundieron también este viernes 19 un petitorio por la reincorporación, donde denuncian que el 90% de la planta de trabajadores de los Espacios para la Memoria está en riesgo, atentando contra el funcionamiento de los mismos y pudiendo producir su cierre.

Con esta política, el Gobierno ataca en lo material pero también en lo simbólico: junto a la reivindicación de la última dictadura, promueve visitas oficiales a genocidas presos en Ezeiza para apoyar sus reclamos.

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No puede pasarse por alto. Los negacionistas de los 30 mil no solo buscan impunidad para los perpetradores del plan genocida, que todos los días callan dónde están los hijos e hijas a los que robaron su identidad, sino también para criminalizar las protestas y luchas de la actualidad, como se vió recientemente con la respuesta a las miles de personas que salieron a las calles en rechazo a la Ley Bases.

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