REPRESIÓN Y MILITARIZACIÓN EN CHILE. Piñera anunció un plan para defender a los empresarios que ocupan el territorio mapuche

Durante las últimas semanas, la recuperación territorial por parte de las comunidades mapuche ha ido en aumento. Antes estos procesos eran mucho más comunes en la sureña provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Pero ahora se ha visto con mayor realce en Cautín, la provincia inmediatamente al sur de Malleco, en comunas como Nueva Imperial y Lautaro.

La usurpación histórica de territorio mapuche por parte del Estado de Chile lleva cientos de años, y la recuperación territorial por parte de las comunidades indígenas ha sido una lucha constante del pueblo mapuche. Este proceso se ha incrementado por la demora en la tramitación de compras de tierra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y su pésima gestión.

La explotación de los bosques nativos por los grandes capitales nacionales y extranjeros, como las forestales en el sur de Chile, ha configurado uno de los sectores -después de la minería- más estratégicos en la economía nacional, y da muestra de lo que significan años de explotación y opresión a los pueblos originarios y trabajadores de la zona.

La reacción del Gobierno

Hace unos días el empresario Juan Muñoz Canobi, dueño de una cadena de supermercados regionales en la Araucanía, amenazaba a las comunidades mapuche con lanzarle a Fuerzas Especiales para su desalojo.

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Este lunes se informó de la quema a una casa patronal en la comuna de Lautaro, perteneciente a Carolina García, cuñada del actual presidente del partido de derecha Evópoli, Andrés Molina. Este hecho se sumó a más de un centenar de acciones reivindicativas en predios privados de la región.

Desde La Moneda, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció un “acuerdo nacional” y el impulso de una ley antiterritorista mucho más eficaz, respaldando la represión de la policía y manifestó que “los instrumentos del Estado de derecho incluyen el uso legítimo de la fuerza. Los policías tienen el mandato de la sociedad para hacer uso de la legítima fuerza, que es un instrumento legal y necesario en un estado de derecho y una sociedad democrática”.

Asimismo, el Gobierno dio cuenta de que va a poner toda la presión al Congreso para que se aprueben leyes que doten al Estado, a las policías, a la Fiscalía y al Poder Judicial de todos los “elementos necesarios para poder combatir con mayor eficacia estos actos de violencia y de terrorismo”. Pero, no solo eso, sino que también establecen que la recuperación de territorios sea sancionada, “acorde a la gravedad de ese delito”.

El “gran” acuerdo nacional de Piñera

Mientras continua la crisis sanitaria, que ha empujado al desempleo y al empeoramiento de la situación de millones de familias, sigue el plan estratégico de aumentar la militarización y la protección policial.

En la comuna de Ercilla, en el sector de Pailahueque, se construirá un nuevo Centro de Entrenamiento Operaciones Policiales que costará la escandalosa cifra de 2.700 millones de dólares, mostrando que se preparan para agudizar la represión en la Araucanía.

La agenda represiva incluye darle carácter de suma urgencia al proyecto de ley que busca perfeccionar la ley antiterrorista junto con las leyes contra el robo de madera, la Ley Barrios, la ley contra la usurpación de tierras y modificar la Ley de Inteligencia, todas normas diseñadas tras el lock-out de la patronal transportista en plena movilización por la huelga de hambre mapuche, en agosto de 2020.

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La derecha frente a la situación

Se estima que hay 120 terrenos en proceso de recuperación. Frente a esto, Andrés Molina (que es diputado por Evópoli) planteó en una entrevista al medio Pauta, que “el Ejército, de entrar, tiene que entrar con todas sus atribuciones".

Por su parte, el concejal de la comuna de Lautaro, el agricultor Carlos Gutiérrez, se manifestó en una entrevista a la Radio Biobio: “Aquí hágase presente, Presidente, y venga a poner la autoridad que corresponde. Venga a colocar el Estado de derecho, que es lo que corresponde. Aquí están todos esto agricultores acompañándome, porque estamos todos cansados, y van a tomar las armas por sus propias manos”.

Los candidatos a constituyentes de la izquierda revolucionaria en la región denunciaron fuertemente la política del Gobierno de garantizar con brutal represión que las ancestrales tierras del pueblo mapuche sigan en manos de los empresarios usurpadores.

Camila Delgado Troncoso, candidata a convencional por el Distrito 23 en la Araucanía, afirmó que "Andrés Molina de Evópoli llama a que el Ejército entre con todas sus atribuciones. Y ya sabemos muy bien que esas atribuciones son llegar a punta de cañón y fusil a asesinar y reprimir a comunidades que están recuperando lo que siempre ha sido suyo. No mas represión a las reivindicaciones legitimas territoriales. #niunpesomasalospacos".

Luis Cifuentes, obrero de la construcción en Temuco y candidato a la Convención en la Araucanía, manifestó que "Molina encuentra que son pocos milicos instaurados en el Wallmapu, cuidando el negocio de los latifundistas usurpadores, ayer los 2.700 millones de dólares destinados a la construcción de un campo de diversiones para los pacos", haciendo referencia al millonario gasto que se hará en la construcción del campo de entrenamiento para la policía en la zona.

Daniel Lara, joven trabajador y estudiante de Historia de Nueva Imperial, candidato a la Convención en la misma lista de trabajadoras y trabajadores Revolucionarios, expresó que "Evópoli y su presidente son un claro ejemplo de las intenciones que tiene la derecha en territorio mapuche. Buscan preparar el terreno para una inminente nueva invasión y crear rivalidades entre campesinos y comunidades. Esto mientras Piñera anunció el día de ayer que construirán un centro de entrenamiento para pacos y milicos".

Frente a esta arremetida de la derecha y las fuerzas policiales, no puede haber política a medias tintas. El fortalecimiento de la militarización y la represión por parte de las policías, el financiamiento a la institución asesina y criminal como lo es Carabineros de Chile, debe parar. Y es que al parecer no bastó con los más de 180 millones de dólares que se robaron en el denominado “Pacogate”, los 2.700 millones de dólares que gastarán en la construcción del Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales, o la capacitación del comando Jungla en Colombia por casi 500.000 dólares y terminó con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Los compañeros del Partido de Trabajadores Revolucionarios, que impulsan La Izquierda Diario en Chile, vienen impulsando una fuerte campaña por ni un peso más para los "pacos" (policía) y por el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche:

"Mientras se financia esta institución, nos dicen que no hay dinero para derechos sociales mínimos básicos. No cabe duda que no se puede entregar ni un solo peso más a carabineros, porque cada peso que va a esta podrida institución es un peso menos para salud en tiempos de pandemia, educación y vivienda. En la Araucanía, cada peso para la policía es un peso más para reprimir y asesinar al pueblo mapuche y quienes se movilicen. Debemos levantar una fuerte campaña por ¡ni un peso más para los pacos! ¡Por el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche!".