Contra el veto y algo más. ¿Por qué el Estado maneja a su arbitrio nuestros aportes jubilatorios?

Escena uno: El parlamento debatió y aprobó una ley que aumenta la jubilación mínima en 17.000 pesos, sobre los 225.454 pesos actuales, muy por debajo de la línea de la canasta básica de adultos mayores que se ubica en torno a 900.000 pesos. Escena dos: jubilados desesperados se agolpan a las puertas del Parlamento reclamando por el aumento mientras la policía los reprime como bestias.
Escena tres: el presidente de la Nación como un monarca veta el aumento irrisorio, a los jubilados ni migajas. Parece un chiste de mal gusto, pero más un capítulo de Black Mirror.

Por supuesto, el aumento es indiscutible aun cuando es una suma irrisoria que alcanza para un remedio barato en la farmacia o una medialuna por día. Pero amerita preguntarse cómo es que llegamos a esta situación que afecta a la inmensa mayoría de jubilados, a sus familiares, a los que se están por jubilar y a aquellos que no aportan y jamás accederán a una jubilación. El gobierno dice que no hay plata y que la caja es deficitaria.

Desde la década del 90, con las leyes contralaborales del gobierno de Menem –que quienes lo sucedieron respetaron a rajatabla– casi la mitad de la población en condiciones de trabajar fue perdiendo la posibilidad de acceder al derecho jubilatorio por la precarización y el trabajo informal, también llamando “en negro”. No obstante, desde su estatización –durante los primeros gobiernos de Perón– el sistema jubilatorio, que permitió generalizar el descuento y el acceso a ese derecho, se convirtió en un fondo económico del que los gobiernos disponen y utilizan a piacere.

En 1994, Menem dispuso su privatización, otorgando el manejo de nuestros aportes a empresas amigas, un negocio redondo al que se le sumaban las primas para destinar a compañías de seguro. En 2005, en oposición a su par peronista, el gobierno de Néstor y Cristina firmó el decreto que sancionó lo que se conoció como la jubilación de las amas de casa. Detrás de esta medida justa, el gobierno kirchnerista, en su esfuerzo por pagar a los grandes grupos financieros y al FMI reemplazó la deuda externa con deuda interna contraída mayormente con fondos del ANSES y del Banco Central. Y más del 60% de los activos que garantizaban las jubilaciones fueron prestados al Tesoro. La decisión en 2008 de terminar con el sistema de AFJP y poner nuevamente bajo órbita del ANSES todo el sistema de jubilaciones y pensiones acrecentó las fuentes de financiamiento del Estado en el marco del crecimiento económico que excepcionalmente se vivió durante los gobiernos K, por lo que el sistema previsional mostró un fuerte superávit. Sin embargo, la persistencia del trabajo informal acrecentaba el problema de financiación.

Dos años después, en octubre de 2010, la presidenta Cristina Kirchner, haciendo uso del mismo recurso antidemocrático, vetó el proyecto votado por el Congreso que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores activos. La decisión fue tomada con el mismo argumento que hoy esgrime Javier Milei para el veto, porque la norma “desfinanciaría al Estado nacional”. En ese momento expresó que "como Presidenta no puedo permitir que la Argentina quiebre". Años más tarde, en diciembre de 2017, pese a las jornadas masivas en las calles se votó el nuevo esquema de ajuste de las jubilaciones y asignaciones, un cambio en la movilidad que era apenas el preámbulo de la reforma al sistema previsional que Cambiemos venía diseñando.

Explicando que el ajuste no es la única salida, la diputada del Frente de Izquierda, mandato cumplido, Myriam Bregman denunció cómo los gobiernos que siguieron al de Carlos Menem no revirtieron ni el desfinanciamiento estructural del sistema previsional ni el impacto de la medida que adoptó su ministro de Economía, Domingo Cavallo, de reducir los aportes patronales que estaban en un 33%. Del mismo modo que la caída de aportes previsionales debido al trabajo precario y que al día de hoy se torna una amenaza que presume que los mayores de 45 años tendrán dificultades para jubilarse.

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Basta de hambrear a los jubilados: por una salida justa y de fondo

Para el capitalismo, después de deslomarnos trabajando durante más de 30 años, a los trabajadores solo nos queda morirnos de hambre para lo que nos quede de vida. En este sistema quien ya no puede ser explotado es inútil y descartable.

Tenemos que exigir el restablecimiento del cobro del 82% móvil: es decir, que además de aumentar la proporción del salario cuando nos jubilamos, estos aumenten en el mismo porcentaje de los salarios. Tenemos que exigir que sean los patrones los que paguen lo que necesitamos para vivir cuando nos jubilemos. Esto implica también que sea obligatorio que las patronales realicen los aportes de sus trabajadores sin excepción. Hay que terminar con el trabajo informal.

Si el fondo provisional es deficitario y las jubilaciones son de miseria es producto de las políticas de los gobiernos de pagar deuda al FMI, condonar impuestos a las patronales y vetar leyes conquistadas por los trabajadores. El Estado –no le tiembla el pulso para estatizar deuda privada– tiene que garantizar que las jubilaciones sean como mínimo acordes a la canasta familiar. Que sean con impuestos a las grandes fortunas, con la obligación del blanqueo de las patronales a los trabajadores precarizados y con el no pago de la fraudulenta deuda externa. No se puede pagar al FMI con el hambre del pueblo.

Por último, y muy importante, hay que luchar porque el dinero de las jubilaciones –que es el dinero que sale de los bolsillos de nuestro trabajo– sea garantizado por el Estado, pero bajo el control de los trabajadores y los jubilados. Impedir que se utilice como una caja a disposición de los planes de los gobiernos de turno.
Esta lucha es del conjunto de la clase trabajadora, de los jóvenes precarizados, por nuestros padres y nuestros hijos. La CGT y la CTA tienen la obligación de impedir este avance contra las conquistas de los trabajadores y llamar ya a un plan de lucha democráticamente discutido hasta derrotar las medidas antiobreras y antipopulares del gobierno de Milei. La lucha es por lo que es nuestro y nos lo están robando.

La valentía de los jubilados que están al frente es todo lo opuesto a este régimen ajeno a las necesidades más elementales y da fuerzas para enfrentar al plan motosierra en una lucha de la mayoría trabajadora y estudiantil.