Manifiesto Programático LOR-CI. Por un Partido de las y los Trabajadores Revolucionarixs

Introducción

Presentamos este manifiesto en un momento en que la situación política del país, continúa deteriorándose, como puso en evidencia la torpe intentona golpista del 26J y la enorme disputa interna del MAS que ya se está traduciendo en una creciente crisis estatal y de gobernabilidad trasladándose a las calles. Esta situación, abierta con el golpe de Estado de noviembre del 2019, y apenas disimulada con el triunfo electoral de Arce y el MAS en octubre del 2020, no ha dejado de profundizarse, acelerando las fricciones y disputas al interior del MAS, debilitando a todo el arco político derechista y golpista, con decenas de militares, y civiles procesados por la violencia política desplegada desde el golpe y durante el breve gobierno de Áñez. A la profunda deslegitimidad de las instituciones estatales, particularmente el Órgano judicial, la policía y las FF.AA., se agrega la cada vez más crítica situación económica que alimenta las disputas políticas y un creciente malestar en amplias franjas de los sectores populares que alientan las luchas reivindicativas y corporativas con persistente tendencia a crecer.

En este marco, amplios sectores de las y los trabajadores y el pueblo expresan decepción y frustración sobre cómo está terminando el llamado “Proceso de cambio”, impulsando la reflexión y el debate no solo sobre el balance del ciclo político pasado sino, especialmente, cuáles son las vías para impedir un retorno de la derecha y reabrir el camino para la satisfacción de las demandas obreras campesinas y populares que fueron postergadas o ninguneadas durante los gobiernos de Morales y ahora el de Arce.

El agotamiento y crisis de los proyectos políticos reformistas, la fragmentación de las formaciones políticas de derecha, el protagonismo creciente de las FFAA en la vida política nacional, y una situación económica que invita, tanto al MAS en sus diversas alas como a la derecha, a desempolvar medidas de ajuste fiscal y a un refrito reaccionario de todas las medidas neoliberales. Estas empiezan a ser implementadas por el gobierno de Arce en los 10 puntos acordados con el empresariado y la gran burguesía exportadora.

Es en este marco que desde la LORCI presentamos en las líneas siguientes los fundamentos y bases programáticas para la lucha por una alternativa política independiente y revolucionaria, que sea capaz de canalizar las inquietudes y la voluntad de lucha de los sectores avanzados del movimiento obrero y del pueblo con el objetivo de ir forjando las bases para la puesta en pie de un Partido de Trabajadorxs Revolucionario, internacionalista y en lucha por el socialismo, desde abajo y sostenido por las formas de autoorganización democrática que las y los trabajadores y el pueblo pongan en pie al calor de la lucha.

Qué es y por qué lucha la LORCI: Por un Partido de las y los Trabajadores Revolucionarios

La Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) es una organización anticapitalista y revolucionaria de la clase trabajadora. Somos integrantes de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI), una organización trotskista con presencia en 14 países, cuyo objetivo es reconstruir una internacional de la revolución socialista, para nosotros, la IV Internacional. Esto es debido a que comprendemos la lucha contra la sociedad capitalista y por el socialismo como una lucha de carácter internacional. La enorme integración económica producida durante el auge del ciclo neoliberal ha puesto en evidencia la naturaleza internacional del capitalismo, donde el conjunto de las fuerzas productivas de la sociedad no solo que están maduras para la construcción socialista de la sociedad sino que éstas tienden a pudrirse con el acelerado camino a la destrucción ecológica y ambiental, la militarización de la sociedad y a crecientes guerras regionales y con la cada vez mayor perspectiva de enfrentamientos globales y nucleares.

Esta comprensión sobre el carácter internacional de la lucha por el socialismo no es nueva, sino que es la continuidad del combate librado por Trotsky y la oposición de izquierda contra la degeneración burocrática de la revolución rusa y el aniquilamiento del partido bolchevique, llevado adelante por Stalin y su fracasada teoría del “socialismo en un solo país”.

Somos una organización con centralismo democrático, es decir, que debate con plena libertad interna, pero que “golpea como un solo puño” cuando interviene en la lucha de clases y en la realidad política. Esta centralidad surge de compartir un programa y una estrategia común. Quienes formamos parte de la LOR-CI buscamos construir una corriente orgánica en la clase trabajadora. Desde esta perspectiva luchamos por recuperar las organizaciones sindicales de manos de la burocracia sindical y construir fracciones clasistas y revolucionarias, desarrollando la autoorganización y la alianza con el movimiento estudiantil, de las mujeres, de las diversidades y los movimientos sociales.

Para enfrentar los límites que imponen los gobiernos y las burocracias sindicales que mantienen la división de nuestra clase, luchamos por un programa de unidad de las filas obreras que, junto con la juventud, las mujeres y el conjunto de lxs oprimidos, cuestione el poder de los capitalistas y su Estado.

Por la independencia política de la clase trabajadora

Contra las expresiones de neo reformismo y populismo latinoamericano que ocuparon la dirección de gran parte de Latinoamérica por casi dos décadas, como el MAS en Bolivia y/o las corrientes nacionalistas burguesas como fue el MNR, para nosotros la liberación de la clase trabajadora, como dijo Marx, sólo puede ser obra de lxs trabajadores mismos. En ese sentido, la pelea por la más absoluta independencia política de las y los trabajadores se convierte en una tarea central. Esta búsqueda de la independencia política no puede reducirse a una actitud pasiva frente a los diversos fenómenos políticos que la lucha de clases alimenta, sino más bien es necesario comprenderla como una política activa orientada a impulsar la autoorganización de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo, que solo puede desarrollarse en la medida de su choque no solo con el Estado sino también con las diversas formaciones políticas y sociales que buscan por diversas vías, preservar los pilares de la sociedad capitalista.

Por un Partido de las y los Trabajadores Revolucionarixs

La LOR-CI se propone construir un partido revolucionario que surja de la fusión del marxismo revolucionario y su continuidad en el pensamiento de Lenin y Trotsky, con los sectores avanzados de la clase trabajadora y la juventud.

Un partido que levante un programa de reivindicaciones transitorias para que la clase obrera se transforme en una fuerza hegemónica, capaz de ofrecer una solución íntegra, efectiva y estructural a las reivindicaciones del conjunto del pueblo pobre y trabajador, con el objetivo de derrotar el poder de la burguesía y el imperialismo y dar una salida verdaderamente obrera y popular a la crisis capitalista mediante un gobierno de trabajadores.

Para estos objetivos, la lucha por la unidad de las filas obreras, hoy divididas y fragmentadas entre precarizados, contratados, sin contrato, a domicilio, a destajo etc etc, por la ofensiva neoliberal de las últimas décadas es una tarea clave. Pero esto es solo el primer paso. Es urgente avanzar impulsando una política que aliente la unidad de las y los trabajadores con diversos movimientos sociales, como el movimiento de mujeres y diversidades, los movimientos indígenas y campesinos, los movimientos ecologistas y medio ambientales. La lucha por la unidad del movimiento obrero y los diversos movimientos sociales es fundamental para despertar la vocación hegemónica de las y los trabajadores, comprendiendo que el conjunto de demandas y aspiraciones democráticas e igualitarias de los más diversos movimientos sociales solo podrán alcanzarse de manera íntegra y efectiva con un gobierno de las y los trabajadores y el fin de la sociedad capitalista.

La clase trabajadora debe hacer suyas las demandas de estos movimientos, para construir los volúmenes de fuerza que permitan enfrentar y derrotar al Estado burgués y sus clases dominantes. Por eso, el Partido que queremos construir es un partido muy distinto a todos los demás partidos de la sociedad burguesa, un partido que aliente la auto actividad de las masas y que impulse las más variadas formas de autoorganización obrera, campesina y popular.

Esta es una tarea que no concebimos como un desarrollo evolutivo de nuestra propia organización, sino como parte de un proceso de lucha política, teórica, ideológica y estratégica, en el que nos proponemos debatir y confluir con otros sectores de jóvenes, trabajadores y militantes de la izquierda que se reivindican revolucionarixs. Es por esto, que desde la LOR-CI, insistimos en rescatar, profundizar y educar a nuevas camadas de luchadores y activistas en un internacionalismo práctico y revolucionario.

Décadas de integración económica neoliberal, han acercado aún más a diversos estados, países y continentes, desarrollando cadenas de producción de valor integradas internacionalmente. Esto, lejos de conducir a un mundo y una sociedad más armónica, está provocando todo lo contrario: las clases dominantes cada vez más exasperadas por la crisis y el reparto de mercados y fuentes de materias primas, arrastran a la humanidad de manera creciente a nuevos y más peligrosos escenarios bélicos. Ucrania o el genocidio en Palestina y el Líbano en estos momentos son una preocupante muestra de lo que afirmamos, poniendo sobre la mesa geopolítica los riesgos crecientes de conflictos regionales y hasta mundiales, esta vez con arsenales nucleares.

El internacionalismo práctico contra el imperialismo y la sociedad capitalista se convierte en una fundamental herramienta en la lucha por el socialismo. Esta labor internacionalista es para nosotros parte indisoluble de la lucha por poner en pie una internacional de la revolución social, la refundación de la IV internacional sobre bases revolucionarias.

La Izquierda Diario: un organizador colectivo

Como parte de esta lucha por una Internacional Revolucionaria de lxs Trabajadores y por un Partido de Trabajadorxs Revolucionario en el país, es que desde la LORCI formamos parte e impulsamos el desarrollo de la Red Internacional de La Izquierda Diario, impulsando el desarrollo de la Izquierda Diario Bolivia.

Esta red internacional, sostenida por todos los grupos y organizaciones que forman parte de la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional (FT-CI) y que se edita en más de 7 idiomas, se ha transformado en el esfuerzo internacionalista de la izquierda revolucionaria más importante a nivel mundial para la difusión de las luchas democráticas, obreras, de mujeres, campesinas y populares, así como de los diversos movimientos sociales. Se ha transformado en la iniciativa más audaz para la difusión de las ideas y elaboraciones teórico políticas de la izquierda socialista y revolucionaria. Durante el golpe de Estado del 2019, La Izquierda Diario se convirtió en prácticamente el único medio nacional que buscó romper el cerco mediático del golpismo, logrando en pocas semanas decenas de miles de nuevos lectores y seguidores.

Hoy nos encontramos ante el desafío de multiplicar las elaboraciones teóricas y políticas, tratando de dar respuestas a todos los fenómenos sociales y políticos que permitan develar los mecanismos de explotación capitalista y de los diversos mecanismos de opresión de género, racial, de la migración y otras que le están asociadas. Queremos dar un salto cualitativo en convertir cada vez más a La Izquierda Diario en la herramienta de millones de trabajadoras y trabajadores. Queremos poner en pie una vasta red de colaboradoras, colaboradores y corresponsales de LID para llegar a todos los rincones del país. Hoy, como decíamos líneas arriba, pretendemos que con el objetivo de llegar a estas franjas del movimiento de masas empezar a incursionar audazmente en todas las redes sociales, particularmente en aquellas que se han convertido en el medio de comunicación preferido por la juventud.

Bolivia, país capitalista dependiente, atrasado y con rasgos semi-coloniales

Un puñado de grupos económicos son dueños del país, en sus manos se encuentran las grandes minas privatizadas, la agroindustria, las fábricas, los bancos y servicios financieros, los medios de comunicación, las inmobiliarias, los supermercados y los grandes centros comerciales. Estos grupos económicos no actúan por sí solos, son los testaferros de los intereses del capital transnacional, su objetivo es el saqueo de nuestros recursos y la explotación de nuestra fuerza de trabajo. En un contexto de cada vez más aguda rivalidad geopolítica, de disputas por el reparto del mundo, se forjan relaciones de dependencia cruzada que sujetan al país mediante contratos de exploración y explotación, deuda externa, e incluso la abierta intervención política mediante golpes de Estado. No hay potencias capitalistas imperialistas o con aspiración imperialista que sean el ‘mal menor’ frente a la cada vez más degradada hegemonía estadounidense-europea, como parecen creer en el MAS con el PCB o PCML en la apuesta de construcción “multipolar”.

El capitalismo en su fase imperialista se caracteriza por la concentración y centralización de capitales que dan lugar a la formación del capital financiero, con características cada vez más monopólicas y el reparto del mundo entre las potencias capitalistas. Dentro de la división internacional del trabajo, Bolivia está relegada a un papel de país exportador de materias primarias, antes fue la plata y el estaño, luego los hidrocarburos. Al depender de recursos naturales no-renovables, cada ciclo de explotación de materia prima tiene una fecha objetiva de caducidad, obligando a las clases gobernantes a depositar sus esperanzas en otra materia prima, el litio, que hoy se encuentra en medio de las disputas geopolíticas, y se perfila como factor determinante de la economía nacional.

La formación económica y social de Bolivia sólo puede comprenderse en su complejidad con la ley del desarrollo desigual y combinado del capitalismo, la yuxtaposición de relaciones capitalistas y pre-capitalistas, la dependencia político-económica y el atraso tecnológico, la opresión nacional, pues todas las estructuras de explotación y opresión se subsumen al mercado capitalista.

La Revolución Obrera de 1952, conquistó con las milicias obreras y campesinas una serie de reformas estructurales como la nacionalización de las minas y la reforma agraria que establecieron las características del desarrollo capitalista en las siguientes décadas: protagonismo estatal en la economía mediante la COMIBOL e YPFB, titularización individual de minifundios en el occidente y la entrega de grandes latifundios a los terratenientes en el oriente. Las dictaduras militares consolidan la burguesía con entregas de tierra y de créditos impagos, pero además establecen el marco legislativo comercial y de inversiones. Al finalizar el septenio banzerista el régimen abre paso a las primeras medidas privatizadoras, pero no fue hasta 1985 con el D.S. 21060 que se puso en marcha el proyecto de privatización neoliberal.

De la guerra del agua al golpe de Estado de 2019

La llegada de Evo Morales y el MAS a la presidencia en enero del 2006, y sus 14 años de gobierno, hasta el golpe de estado del 2019, son absolutamente incomprensibles sin otorgar un lugar central al ciclo de lucha de clases que se abrió con la Guerra del Agua en Cochabamba en abril del 2000 y la seguidilla de levantamientos nacionales que se prolongaron hasta mayo-junio del 2005, cuando caen Carlos Mesa, presidente del Estado, Orlando Vaca Diez, presidente de la cámara de senadores y Mario Cossío presidente de la cámara de diputados. El ascenso al gobierno, luego de esta última crisis, de Rodríguez Veltze, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la presidencia del Estado marcó el colapso final del régimen político neoliberal conocido como “Democracia pactada” en alusión a los acuerdos obligados que las diversas representaciones burguesas llevaban adelante para garantizar gobernabilidad. Estos pactos, desde luego estaban finamente lubricados con el reparto de los cargos públicos y diversos negociados que garantizaban el compromiso de todas las fuerzas políticas en aplicación del modelo neoliberal.

Los ataques neoliberales a las y los trabajadores y el pueblo a fines de 1999 y principios del 2000 avanzaron sobre el agua y provocaron la formación de un poderoso movimiento social que con barricadas de por medio, generalización de los bloqueos campesinos y una valiente resistencia callejera a las instituciones armadas de la policía y las FF.AA., iniciaron el fin del ciclo neoliberal y abonaron el terreno para un nuevo ciclo político caracterizado por una nueva relación de fuerzas entre las clases.

La intensidad de la Guerra del Agua se expresó en el surgimiento de un Frente Único [1] de masas que se materializó en la Coordinadora del Agua, integrada por todas las organizaciones sindicales y sociales del departamento de Cochabamba que finalmente dirigirá el levantamiento. Por otro lado, en Achacachi, ciudad aymara del altiplano, se había constituido un segundo epicentro del conflicto, organizando decenas de miles de comunarios en los bloqueos de caminos. Desde la guerra del agua, le siguió ese mismo año el levantamiento aymara de septiembre del 2000, que, dirigido por Felipe Quispe, el Mallku, le impuso al gobierno del General Banzer un pliego de más de 70 puntos de demandas agrarias y políticas, dejando herido de muerte al régimen político. Este levantamiento puso sobre la mesa el conjunto de reivindicaciones indígenas, donde lo más sobresaliente era la reivindicación de la identidad y del carácter nacional del pueblo aymara.

En las elecciones nacionales del 2002, por muy poco margen frente a Evo Morales, salió victorioso el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni). La extrema debilidad del gobierno alentó a todos los partidos del régimen neoliberal a construir un gran acuerdo que garantizara la gobernabilidad, conocida como la mega coalición, que, pese a ese compromiso, lejos estaba de lograr algún tipo de legitimidad social, obligando al gobierno a apoyarse sobre la policía y a sostener una gestión altamente represiva.

El gobierno acosado por un enorme déficit fiscal y sin mecanismos para obtener ingresos debido a la masiva privatización realizada años antes, impuso un impuesto al salario, que en febrero del 2003 detonó una enorme crisis nacional que terminó con más de 35 asesinados y cientos de heridos. El motín policial, el 12 y 13 de febrero, se produce unos días antes de la convocatoria de la COB a una Huelga General con bloqueo de caminos abriendo una descomunal crisis política que obligó a retirar el impuestazo. La magnitud de la crisis abierta en febrero empujó a todos los partidos del régimen a asumir un nuevo compromiso de gobernabilidad, sumándose al gobierno con redoblado ahínco. Pareciera que ese gran acuerdo nacional firmado alrededor de Sánchez de Lozada venía a blindar al gobierno, el cual gozó de unos pocos meses de calma hasta el 19 de septiembre de ese mismo año.

La insurrección popular de octubre, la llamada Guerra del Gas, en la ciudad de El Alto como epicentro, arrancó ese 19 de septiembre luego de que policías y militares levantaran un bloqueo de caminos en la localidad de Warisata dejando 7 muertos entre ellos una niña de 7 años. Cientos de bloqueos se generalizaron por todo el altiplano, mientras Felipe Quispe y varios dirigentes de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) ingresaban en una huelga de hambre en radio San Gabriel. El enorme bloqueo de caminos campesino fue seguido por un ampliado de la COB realizado en Huanuni donde se declara la huelga general indefinida y se organiza la movilización minera a la ciudad de La Paz en los primeros días de octubre. El asesinato del minero Atahuichi, detonó la gran insurrección popular alteña que expulsaría definitivamente del gobierno a Goni y al MNR, el 17 de octubre del 2003.

Con el MNR en fuga, tras suyo le acompañaban todos los partidos políticos y los personajes que daban forma al régimen de “democracia pactada” neoliberal. El inicio del gobierno de Carlos Mesa cubierto de ciertas expectativas populares, fue relativamente “tranquilo” ya que su política fue canalizar las diversas demandas sociales al terreno electoral, tratando de esquivar la profunda polarización social y política que desde la guerra del agua no había dejado de profundizarse. Convocó a referéndum nacional para establecer por sí o por no a una Asamblea Constituyente, así como para la exigencia de autonomías departamentales, demanda de larga data de las burguesías regionales y franjas de la sociedad civil en lucha por un mejor reparto de la renta nacional ante el duro centralismo paceño. Ahora, al histórico contenido de la demanda autonómica se le añadía el hecho de que podría servir de dique de contención a las tendencias revolucionarias que se expresaban fundamentalmente en el occidente del país y por lo mismo se convirtió en la bandera de toda la derecha nacional que se refugiaba en un regionalismo oligárquico, conservador y racista.

LLegados al 2005 la situación se deterioró rápidamente al tratarse en el parlamento la ley de hidrocarburos, impulsada por la bancada del MAS, que imponía una suba sustancial de impuestos a la producción y comercialización de hidrocarburos. Esta ley, que aunque no estatizaba las empresas hidrocarburíferas les imponía una severa reducción de sus utilidades recibió en el parlamento una cerrada negativa, amenazando Carlos Mesa con renunciar antes que promulgar una ley que según sus palabras significaban el hundimiento de Bolivia. La ley, hoy vigente, detonó en su tratamiento un nuevo y último levantamiento nacional, mayo-junio del 2005, hasta la asunción del gobierno de Evo Morales en enero del 2006, luego de haber obtenido el 55% de los votos en las elecciones de diciembre del 2005.

A lo largo de esos años se realizaron diversas experiencias de unidad de las organizaciones sindicales y sociales, siendo el Pacto de Unidad, uno de los últimos y rápidamente cooptado por el gobierno del MAS. A lo largo de esos años se realizaron múltiples experiencias de auto organización obrera campesina y popular, desde el poder de las juntas vecinales alteñas el 2003, poder que se mantuvo disperso y no llegó a coordinarse como un organismo alternativo a la decadente democracia representativa, hasta experiencias como los múltiples comités y formas de autodefensa durante las movilizaciones. Quizás la forma más avanzada de formas de auto organización obrera, campesina y del pueblo haya llegado a ser la Coordinadora del Agua en Cochabamba, organismo democrático y estructurado a partir de todos los sindicatos a los que se sumaron todo tipo de organizaciones. Había surgido a partir de la iniciativa de una ONG como un espacio semi institucional que pudieran controlar y terminó transformándose producto de la presión popular, desde abajo, en un organismo de frente único de masas, con algunos rasgos sovietistas o de consejo obrero y popular.

Es durante estos años en que el régimen político que surgió de la mano del 21060 con las elecciones de 1985 que se hundió definitivamente. Fue demolido en cada movilización, huelga y bloqueo de caminos. En cada toma de fábrica o centro minero, en cada levantamiento nacional. La presión de la movilización popular le arrancó al aún neoliberal gobierno de Carlos Mesa el mandato imperativo para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, demanda que fue satisfecha de manera negociada en el posterior parlamento entre el oficialismo del MAS y la oposición derechista recientemente aglutinada en PODEMOS, con Tuto Quiroga al frente.

La demanda de Asamblea Constituyente (AC) emergió con fuerza en cada uno de los grandes levantamientos nacionales y estaba estrechamente asociada con la idea de realmente refundar el país sobre nuevas bases. En el imaginario popular, desaparecida la idea del socialismo, se entendía que la forma democrática de terminar con el saqueo de los bienes comunes naturales, e iniciar su industrialización, terminar con el latifundio, etc., era con la demanda de Asamblea Constituyente que a ojos del pueblo estaba íntimamente ligada a las demandas económico sociales, que de ser satisfechas en su integridad, tendían a afectar los intereses de las clases dominantes. Esto es importante tener en cuenta para comprender el posterior desarrollo de la AC, y como primó el carácter de desvío de la movilización, y paulatina pasivización de la acción de masas del periodo anterior. Si hubo un cambio en la Bolivia contemporánea es el que se desarrolló en esos primeros 5 años del milenio, que establecieron una nueva relación de fuerzas entre las clases sociales y que van a cristalizar en forma de leyes y normas democráticas e inclusivas durante el gobierno de Evo Morales. Lo harán sin embargo de una manera distorsionada, degradando su contenido y negociando con las clases dominantes los límites de sus alcances y profundidad.

Durante los años de levantamientos nacionales, que van desde abril del 2000 a mayo-junio del 2005 se fue desarrollando una experiencia y una subjetividad en el movimiento de masas que formaría parte de esa nueva relación de fuerzas establecidas en las calles y no se detendrá pese al papel “pasivizador” que cumplió el gobierno del MAS con su control sobre las organizaciones sociales y sindicales, sino que actuara incluso a la ofensiva contra la derecha y los paramilitares como en septiembre octubre del 2008.

Esta disposición de combate del movimiento de masas, que se venía expresando ante cada asonada derechista como fue en Sucre a fines del 2006, Cochabamba en enero del 2007 y finalmente agosto-octubre del 2008 contrastaba con la política de la dirección del MAS. Mientras más agudo el enfrentamiento con la derecha mayor era el contraste entre bases movilizadas y su dirección política preocupada por evitar el “desborde” y por lo mismo preocupada en garantizar los intereses de las clases dominantes. El 21 de octubre del 2008, en Cochabamba, finalmente se firmó el gran acuerdo que viabilizó el texto constitucional, que ya había sido modificado en más de 100 artículos, que garantizaban plenamente los negocios capitalistas en el país.

A partir de este momento surge un nuevo régimen político, el del Estado Plurinacional de Bolivia, quedando el MAS con Evo Morales al frente como casi los exclusivos garantes de la misma, desarrollando fuertes tendencias conservadoras y autoritarias. El gasolinazo del 2011, la represión a los pueblos indígenas del TIPNIS, la represión a interculturales en Caranavi, al pueblo Leco y otras medidas antipopulares y anti obreras se ponían en marcha acelerando el divorcio entre el MAS y el movimiento de masas, divorcio apenas disimulado por el control de las organizaciones de masas a través de una corrupta y cooptada dirigencia sindical.

Golpe de estado del 2019: La política del MAS le abrió el camino a la derecha

El periodo que va desde la aprobación de la CPE y la caída de Morales el 2019, estará caracterizado por una fuerte tendencia a consolidar el nuevo régimen político, lo que se va a traducir por un lado en una actitud cada vez más hostil y represiva de las demandas populares y democráticas como fue la lucha contra el gasolinazo, la lucha del MAS contra los pueblos indígenas del TIPNIS, la lucha del MAS contra los pueblos Lecos del norte de La Paz y contra la producción de coca “excedentaria” o ilegal, la lucha del MAS a favor de las petroleras y contra los pueblos de Tariquía en Tarija, la lucha por la dotación de tierras de los interculturales en San Julián contra los agroindustriales y el gobierno del MAS, o el uso de normativas neoliberales contra los trabajadores asalariados, extendiendo el estatuto del funcionario público, impulsando micro empresas en las esferas de limpieza y arreglos de carreteras y autopistas, evadiendo derechos laborales y firmando contratos civiles altamente desiguales, y un conjunto de medidas que evidenciaban como la dirección del MAS se integraba cada vez más a los intereses y cultura política de las clases dominantes.

Pero mientras esta era la política hacia sectores populares que no podían disciplinar, se profundizó y extendió los acuerdos y concesiones a las clases dominantes, como fue no solo durante el 2014 con la agroindustria cruceña, a la que se le dieron nuevos créditos, extensión de la frontera agrícola, mayor apertura e integración con el mercado chino de carne y soja, la liberación de nuevas y más áreas fiscales para los empresarios-mineros de las “cooperativas”, las ventajas para el capital bancario y financiero que durante ese periodo realizó ganancias inéditas en nuestra historia. Sin embargo, que las concesiones y acuerdos con la gran burguesía nacional se hubieran potenciado geométricamente durante este periodo, no impidió que la gran burguesía agroindustrial y financiera mantuviera su profunda desconfianza no solo en Evo Morales y el MAS sino con diversas disposiciones “democráticas” que fueron incluidas en CPE y en la legislación.

Así, las medidas del MAS en este periodo tenían un doble efecto: por un lado sembraban el escepticismo y la desmoralización en los sectores populares que ahora tenían que enfrentar a lo que creían había sido su propio instrumento político, mientras que los buenos negocios para las clases dominantes durante ese periodo no solo que las había fortalecido socialmente, como clase, sino que políticamente se sentían más próximos al poder del Estado gracias al trabajo conjunto que desde el gobierno se impulsaba con agroindustriales, mineros, y banqueros. Empero, toda esta política tuvo que ser sostenida en soledad por Evo Morales y el MAS, quienes se fueron recostando crecientemente en el aparato judicial, la policía y las FF.AA. para llevar adelante esta orientación, cultivando de esta manera las tendencias autoritarias que explotaron el 21F del 2016 con la derrota en el referéndum constitucional. El desconocimiento de esta derrota por parte de Morales quien se volvió a postular el 2019 gracias a una sentencia constitucional realizada “a medida”, le otorgó a la derecha política, las suficientes banderas democráticas que condujeron a la asonada derechista de octubre y finalmente al golpe de Estado.

Pero, lejos de aprender de los dramáticos acontecimientos vividos ese año, el estado mayor masista, continuó y profundizó aún más la misma política de negociación y pactos con la derecha, esta vez en el marco de la derrota. Los diputados y senadores que hoy forman parte del “evismo” y también del “arcismo”, formaron parte de las vergonzosas negociaciones los días del golpe auspiciadas por la iglesia católica, para luego de las masacres del Pedregal y de Sacaba, terminar reconociendo al gobierno de facto de Jeanine Áñez. Dos días después con la masacre de Senkata el golpe quedaba consolidado.

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El fin del equilibrio precario y el inicio de la crisis: tendencias semi-bonapartistas

La crisis deja en evidencia la contradicción fundamental del capitalismo: capital vs. trabajo. Es decir, nos encontramos frente a frente, con los intereses contrapuestos, entre quienes trabajamos y quienes son los dueños de los medios de producción.

Ante esta disyuntiva, el progresismo ha intentado conciliar los intereses de los explotados y explotadores, con el ‘vivir bien’ o el ‘modelo socio-comunitario productivo’; en tiempos de bonanza económica con excedentes para redistribuir pudieron contener las profundas contradicciones sociales, pero al enfrentar la crisis adoptan posturas cada vez más pragmáticas basadas en los intereses patronales y de las clases dominantes, alentando las políticas de ajuste fiscal, más flexibilización laboral y menos derechos. Los ‘socios’ transnacionales del MAS ahora vienen a cobrar factura, con arbitrajes internacionales y la cobranza de la deuda externa. Los empresarios mineros, agroindustriales y banqueros que en 2019 financiaron el golpe de Estado, hoy secuestran y especulan con los dólares mientras obtienen por parte del gobierno de Arce nuevas y más jugosas concesiones económicas y financieras.

Los equilibrios precarios que han sostenido durante 4 años al gobierno de Luis Arce Catocora (MAS), hoy dan lugar a un escenario de crisis. Los despidos, cierres de fábricas y empresas, la precarización laboral, el incremento en los costos de la canasta familiar, no son hechos aislados o limitados a la coyuntura nacional.

Existe una tendencia internacional de recesión económica, ante la cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han planteado una receta de reformas laborales y de jubilación. Es en este escenario, que la debilidad del gobierno de Arce se profundiza, agravada por la ruptura del evismo y el surgimiento de una nueva bancada de oposición. La gravedad de las disputas al interior del MAS, empujan al gobierno a recostarse crecientemente en el empresariado y particularmente en el sector agroindustrial y la minería del oro, a quienes se les han brindado todo tipo de ventajas que son usadas para aumentar la especulación de dólares y el enriquecimiento acelerado a costa del agravamiento de la crisis económica. Esta debilidad del gobierno de Arce refuerza las tendencias a apoyarse cada vez más en el aparato judicial, la fiscalía y la represión contra toda oposición a su gobierno, desarrollando así tendencias cada vez más autoritarias del gobierno y del régimen.

Ante la crisis capitalista: levantamos un programa anticapitalista, antiimperialista, de lxs trabajadorxs, para el socialismo revolucionario desde abajo

¡No a la deuda externa! ¡No al pago de indemnizaciones a transnacionales! ¡Romper las cadenas de dependencia!

El crédito internacional se ha convertido en moneda de cambio en la política nacional. El gobierno de Arce Catacora exige al parlamento la aprobación de los contratos de deuda externa, y el legislativo condiciona su visto bueno. En los últimos tres años la deuda externa se ha mantenido cerca al 30% del PIB, pero la deuda crece mucho más rápido que el PIB. Los principales acreedores de la deuda externa pública del país son el Banco Interamericano de Desarrollo con cerca de un tercio, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF con un 20%, el Banco Mundial con más del 11%, la República Popular de China con cerca al 10% y Francia con un 5%, esta composición es una muestra de las dependencias cruzadas que caracterizan las relaciones geopolíticas del país.

Las supuestas nacionalizaciones del gobierno del MAS-IPSP en los hechos fueron la compra de paquetes mayoritarios de acciones de las empresas transnacionales a precio de mercado, las empresas transnacionales han demandado al Estado boliviano ante las instancias de arbitraje internacional para exigir mayores pagos. Las mismas empresas que han saqueado nuestros recursos naturales y que han manejado a su antojo los aportes de AFP de lxs trabajadores ahora le exigen al Estado boliviano mayor compensación, y el gobierno del MAS-IPSP para cumplir con las normas del capitalismo internacional accede a pagar sumas multimillonarias.

Lxs socialistas revolucionarixs planteamos que es urgente romper con todos los mecanismos que sujetan al país al imperialismo: esto significa un desconocimiento y no pago de la deuda externa, la nacionalización sin indemnización de los capitales transnacionales y el no pago de los arbitrajes internacionales impuestos al país.

¡Basta de fuga de capitales! ¡Nacionalizar la banca y el comercio exterior, bajo control de lxs trabajadores!

Los empresarios y banqueros se llevan sus dólares a paraísos fiscales como Panamá, quiebran bancos como lo hicieron con el Banco Fassil y ¡ahora se benefician con la devolución de impuestos! La economía nacional depende de la exportación de minerales, fundamentalmente el oro, y con menor participación plata, zinc, estaño y plomo. Las exportaciones agroindustriales (soya, girasol, carnes, azúcar, alcohol etílico, etc.) prácticamente igualan las del gas natural. Esta composición de exportaciones significa que la mayoría de los ingresos por exportaciones queda en manos de los empresarios privados.

El monopolio estatal del comercio exterior permitirá enfrentar la fuga de dólares que llevan adelante no sólo agroindustriales y demás exportadores sino determinar colectivamente qué bienes importar al servicio de las necesidades sociales y no al servicio de acumular ganancias como sucede actualmente.

La lucha por una Banca Estatal Única donde las trabajadoras y trabajadores ejerzan una administración colectiva permitirá terminar con la voracidad de estos capitalistas, poniendo todos los capitales al servicio de brindar créditos baratos a las y los pequeños productores, artesanos, campesinos y proteger los depósitos de los pequeños y medianos ahorristas.

La lucha por la nacionalización sin pago de todos aquellos involucrados en el golpe de Estado y en el financiamiento a paramilitares debe ser una de las primeras exigencias contra las tendencias golpistas de las clases dominantes.

¡Basta de saqueo y destrucción capitalista del medio ambiente!

La deforestación, el desmonte y los incendios son una expresión de la codicia de los empresarios agroindustriales, ganaderos, forestales para consolidar sus grandes latifundios. ¡Alto a la deforestación al servicio de una industria agraria extensiva!

Hoy se hace urgente impulsar la organización y la movilización del mundo campesino detrás de un programa de acción por una reforma agraria integral en el Oriente y la colectivización de las tierras bajo control de las y los trabajadores de la agroindustria. Hay que impulsar la formación de cooperativas y empresas estatales agrarias, administradas por los mismos trabajadores y por las comunidades productoras.

Expropiación sin indemnización de todas aquellas haciendas improductivas y su reparto entre campesinos sin tierra y colonizadores sobre la base del respeto a los territorios indígenas y a las comunidades respetando los equilibrios ecológicos ambientales. ¡La tierra es de quien la trabaja! Este reparto de tierras acompañado de créditos baratos y desarrollo de infraestructura permitirá iniciar un proceso de desarrollo e industrialización agraria terminando con la histórica pobreza y atraso agrario.

Solo con una gestión democrática y colectiva, junto con universidades y especialistas, se puede determinar mecanismos de explotación que limiten y reduzcan radicalmente los efectos de la contaminación ambiental. El gran agronegocio controla la agroindustria con técnicas no-sostenibles y semillas transgénicas para producir cultivos orientados a los biocombustibles y no para el consumo humano. ¡No a los transgénicos, por la soberanía alimentaria!

• ¡Por una agroindustria al servicio de las necesidades sociales, controlada y administrada por lxs trabajadores agroindustriales y las comunidades campesinas y originarias!
• La imposición de presupuestos bien dotados para la conservación de la biodiversidad, tanto de especies como de la gran variedad de ecosistemas del planeta, con especial hincapié en los que están en mayor riesgo.
• Regeneración de las áreas degradadas (ríos, lagos, bosques y campos) en base a impuestos progresivos al gran capital.

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¡No al saqueo de nuestros bienes comunes naturales! ¡Industrialización bajo control obrero y de las comunidades campesinas!

Nuestras relaciones de dependencia cruzada no sólo se reflejan en los patrones de deuda externa pública sino también en la disputa por el control de la cadena productiva de nuestros bienes comunes naturales. El golpe de Estado de 2019 dejó en evidencia la importancia geopolítica del litio boliviano, al ser el país con la mayor reserva de este elemento. Los documentos desclasificados de la cancillería británica indican la importancia del litio para la Bolsa de Metales de Londres, el golpe de Estado produjo como consecuencia directa el alza de valor de las acciones de empresas transnacionales ligadas al litio como Tesla.

Entre las 10 empresas que más ganan en el país se encuentra la Minera San Cristóbal, que lucra saqueando nuestros minerales. Las empresas mineras, hoy disfrazadas como ‘cooperativas’ exportan sin control el oro y otros minerales, los socios se enriquecen mientras los trabajadores no tienen los más mínimos derechos laborales. Luchamos por la nacionalización sin indemnización de todas las empresas privadas que explotan los recursos naturales del país.

Exigimos el derecho irrestricto a la organización sindical para la defensa de los derechos laborales, las y los trabajadores al interior de las empresas mal llamadas cooperativas deben organizarse y luchar para terminar con ese carácter reaccionario y atrasado de la producción “artesanal” e improductiva en condiciones insalubres. ¡Por plenos derechos de organización sindical para jornaleros y trabajadores precarios de las "empresas-cooperativas"! Exigimos reorganizar el sistema cooperativo de tal manera que las utilidades y las ganancias se distribuyan entre todos los socios de las cooperativas, terminando así con un sector empresarial, explotador de sus propios compañeros y de jornaleros.

Las y los trabajadores necesitamos urgentemente empezar a discutir un plan obrero y popular para el conjunto de la minería, discutido democráticamente entre lxs trabajadores, comunidades y pueblos originarios para establecer una explotación sosteniendo los equilibrios ambientales y ecológicos.

La lucha por una genuina transición energética, como plantean nuestros compañeros del PTS, “tiene que estar dirigida a una nacionalización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores, profesionales y expertos de las universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios. Sólo así se podrá planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo, que garantice el acceso a la energía para todas las familias, superando las técnicas destructivas del ambiente en el camino de desfosilizar la matriz energética. Esa transición debería conservar y crear nuevos puestos de trabajo, decidiendo qué fuentes de generación de energía se utilizarán en cada zona, con qué financiamiento y para qué usos.” (Fuente: manifiesto programático PTS - 2022). Esta, como toda nacionalización desde una perspectiva socialista, debe ser parte de una transición hacia la gestión de la economía por parte de las y los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional. Esta perspectiva plantea el gobierno de las y los trabajadores y el pueblo explotado y oprimido.

Por la autodeterminación nacional de los pueblos originarios

La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en enero del 2009, fue presentada como el surgimiento del Estado Plurinacional, donde supuestamente 36 pueblos originarios alcanzaban el reconocimiento estatal y se daba pasos hacia la inclusión social y la democratización del Estado. Sin embargo, estas medidas como las autonomías indígenas, el pluralismo jurídico, las leyes contra el racismo y otras, se han revelado como impotentes para cambiar y modificar la estructura social racializada del país. El brote de racismo que se produjo durante el golpe de Estado del 2019 reveló que todas estas medidas apenas tuvieron el efecto de esconder o disimular las taras coloniales de racismo y misoginia que forman parte de nuestra estructura social. Consideramos que el desarrollo de los pueblos originarios puede satisfacerse en el marco de la unidad socialista de Latinoamérica, sobre la base de la lucha contra el capitalismo y sus clases dominantes, sin embargo, defendemos el derecho de los pueblos a la plena autodeterminación nacional, como forma de construir sobre nuevas bases la confianza y la solidaridad entre los pueblos y naciones, para avanzar en una unidad anticapitalista y socialista nacional y regional e internacional.

¡Milicos, nunca más! ¡Basta de privilegios para militares y políticos!

La intentona de golpe de Estado del 26J 2024 deja en evidencia dos hechos: el papel protagónico de las fuerzas represivas en la vida política del país y la crisis orgánica en la que se encuentra la superestructura estatal y política. Es que desde el golpe de Estado de noviembre del 19, el protagonismo de las FF.AA. en la política nacional no ha parado de aumentar. Es urgente impulsar la lucha por juicio y castigo a los responsables de las masacres del Pedregal, Sacaba y Senkata, tanto los altos mandos como los oficiales que llevaron adelante los crímenes de lesa humanidad. Luchamos por la disolución de la policía y los demás organismos destinados a la represión de lxs trabajadores y el pueblo. ¡Basta de que los golpistas tengan privilegios como jubilaciones con el 100% ganado mientras lxs trabajadores y el pueblo reciben jubilaciones de hambre y pobreza!

Es urgente terminar con los abusos que se cometen contra la juventud que cumple con el servicio militar. ¡Reducción del tiempo del servicio militar a lo estrictamente necesario para que las y los trabajadores conozcan el uso de las armas y de las técnicas militares! ¡Basta de los abusos físicos y laborales de la oficialidad contra la tropa! ¡Plenos derechos de organización civiles y políticos para los conscriptos!, única manera de impedir que sean usados para la represión popular o para el abuso como mano de obra gratuita para beneficio de los altos mandos.

Por una democracia de otro tipo: más amplia y plena

El Estado Plurinacional de Bolivia fue presentado por el MAS y grupos afines como el PCB o el PCML entre otros, como la cristalización de una “revolución democrática y cultural”. Sin embargo, en el diseño constitucional que impulsaron mantuvieron en pie instituciones reaccionarias, lastre de las viejas monarquías europeas, como son el poder ejecutivo o la cámara de senadores en el parlamento.

Las, los y les socialistas de la LOR-CI que peleamos por una democracia de otro tipo, basada en organismos de autoorganización y construidos desde abajo, sin embargo, hasta alcanzar ese objetivo, estamos dispuestos a pelear en los marcos de la actual democracia representativa por formas más generosas y democráticas de la misma. Peleamos por la eliminación de la cámara de senadores y el poder ejecutivo, resabios personalistas que tienden a limitar la voluntad de la población. Esto se convierte en una tarea democrática de primer orden, reemplazándolas ¡por una cámara única de diputados elegidos sobre la base de una única circunscripción electoral nacional!

Pero esto no es suficiente, hay que terminar con una casta de politiqueros al servicio de los capitalistas sean del oficialismo y/o de la oposición. Todo diputado, jueces y demás funcionarios públicos deben recibir el salario de un/a fabril calificado o de una maestra de escuela, para terminar con el carrerismo individual, fuente de corrupción y prebendalismo. Todo funcionario público elegido por voto popular debe ser revocable en cualquier momento que no cumpla con el mandato de sus electores.

Lxs socialistas revolucionarios peleamos para que las elecciones judiciales sean realmente libres y sin el filtro parlamentario, para que las y los trabajadores puedan elegir a quienes abiertamente manifiesten su disposición de enfrentar el poder económico y político de los grandes empresarios. Que los jueces y todo el poder judicial sean elegidos por urnas sin preselección parlamentaria que se usa para manipular y condicionar a lxs electores. Los y las trabajadores tenemos derecho a elegir jueces al servicio de los trabajadores y los pobres, y no como sucede actualmente al servicio de los ricos y poderosos. Se hace urgente pelear por imponer el sistema de juicios por jurados populares o ciudadanos para transparentar y combatir la corrupción que abunda en tribunales. ¡Basta de privilegios para la casta judicial!

¡Basta de precarización laboral, abajo la burocracia sindical! ¡Por la recuperación de nuestros sindicatos y organizaciones sociales!

Durante todo el gobierno de Evo Morales, se ha sostenido toda una política tendente a cooptar y estatizar a las organizaciones sindicales y sociales. Esta cooptación se llevó adelante por los más diversos mecanismos prebendales y con ayuda del ministerio de Trabajo que se encargó de negar el reconocimiento sindical a sectores que no se disciplinaron al gobierno o que buscaban mantener una relativa independencia de la estructura estatal. El resultado fue la transformación de los cuerpos dirigentes en verdaderos policías políticos al interior de fábricas y empresas, liquidando los restos de la democracia obrera y sindical y transformando a los sindicatos en colaterales del ministerio de Trabajo. Este papel de la burocracia sindical se puso al servicio de allanar el camino a diversos planes de ajuste y de flexibilización laboral, agravando la situación de precarización laboral sembrada por los neoliberales años atrás.

Es urgente impulsar la lucha para recuperar nuestras organizaciones sindicales de manos de la burocracia sindical, para poder convertir nuestras organizaciones en puntos de apoyo para la organización y movilización en defensa de nuestros derechos. ¡Basta de división en las filas obreras! ¡Por el pase a planta permanente de todos los contratados y tercerizados! ¡Abajo el Estatuto del funcionario Público! impuesto por los neoliberales y generalizado por el MAS.Rechazar toda injerencia estatal en las organizaciones obreras y sindicales. Impulsar una ley que plantee que los trabajadores tenemos el derecho de organizarnos libremente sin ninguna mediación ni injerencia externa para terminar de esta forma con la manipulación por parte del ministerio de Trabajo y del propio Gobierno en nuestras organizaciones.

Las jubilaciones y las pensiones no pueden quedar libradas a su administración discrecional del Estado. Garantizar una jubilación digna empieza por terminar con el sistema de ahorro individual y restituir la obligación de empresarios y patrones de garantizar los aportes jubilatorios en su totalidad, ya que las jubilaciones son salario social diferido en el tiempo. En el camino de la transformación integral de todo el sistema de jubilaciones y pensiones hay que exigir que la gestora pública sea administrada colectivamente por todas y todos los aportantes y no por burócratas designados a dedo como sucede actualmente. Luchamos por un sistema de seguridad social integral, único y bajo control obrero colectivo, que unifique seguridad social a corto y a largo plazo.

Contra la desocupación y sub ocupación, contra jornadas de trabajo extenuantes y para crear más empleos y contra la precarización: impulsar la reducción de la jornada laboral sin bajar el salario. Basta de dos, tres trabajos. La productividad del trabajo debe estar al servicio de mayor tiempo libre para todxs y no de las ganancias de unos pocos. Por una jornada laboral de 7 o 6 horas y un salario equivalente a la canasta familiar con escala móvil. Una sociedad donde el reparto de las horas de trabajo disponibles entre toda la población adulta -y los avances de la tecnología puestos al servicio de la sociedad y no de la ganancia- permitan cada vez más tiempo libre para que el disfrute, el deporte, la cultura, el arte y la creatividad sean moneda corriente.

Como medida de emergencia, para defender la fuente de empleo es necesario impulsar la prohibición de despidos así como la expropiación sin indemnización y pase a administración de lxs trabajadores de cualquier empresa que cierre o despida. Los trabajadores no tenemos por qué pagar las consecuencias de los malos negocios capitalistas como nos lo sugiere la Ley de Empresas Sociales. Impulsar la apertura de los libros de contabilidad y el control obrero colectivo de las empresas para verificar la situación de las mismas así como las ganancias que se llevan los capitalistas y que nos permita defender nuestras fuentes de empleo y nuestros salarios.

¡No pasarán! Los y las socialistas revolucionarios frente al avance de la derecha contra el movimiento de mujeres y diversidades

En los últimos años, sectores conservadores y anti derechos han tomado cada vez más fuerza no solo en Bolivia sino en todo el continente. Milei en Argentina, Bukele en El Salvador o Bolsonaro en Brasil son ejemplos de esta oleada reaccionaria que desde las clases dominantes y las iglesias se viene alentando, buscando recortar y desmontar los derechos alcanzados por el movimiento de mujeres y por la población GLBTIQ.

En Bolivia estas tendencias se expresaron en todo el arco golpista del 2019, pero también al interior del MAS, donde senadores y diputados empezaron a cuestionar por derecha la ley 348 y diversas disposiciones que son interpretadas por estos sectores como “anti hombres”. Ante estas tendencias es fundamental impulsar la unidad del movimiento de mujeres y demás movimientos sociales y sindicales para enfrentarlas, de manera independiente, redoblando los esfuerzos de movilización y ocupación de los espacios públicos.

Desde la LOR-CI hemos sostenido una política activa por los derechos de las mujeres y de las diversidades de género, peleando para dotar al movimiento de una perspectiva anticapitalista y socialista, como única forma para que el conjunto de demandas y derechos puedan efectivizarse de manera integral y definitiva. Es por esta razón que el año 2013, hemos alentado la formación de la agrupación de mujeres y del feminismo socialista Pan y Rosas. Esta corriente, impulsada desde el PTS el 2001 en Argentina, ya se encuentra presente en más de una docena de países, formando parte activa y destacada del movimiento de mujeres continental que ha recorrido las principales capitales del mundo hace dos décadas.

En Bolivia el desarrollo de PyR luego de una década ha evidenciado el acierto y las potencialidades del feminismo socialista al interior del movimiento de mujeres, cumpliendo un destacado papel en la lucha contra los feminicidios y en la exigencia de justicia, el destacado papel de PyR en la lucha contra el golpe de estado del 19 y el audaz impulso de solidaridad con las víctimas de Senkata permitieron la ocupación de un destacado lugar en el movimiento y un crecimiento del respeto hacia PyR desde las más variadas tiendas políticas. Hoy es urgente continuar y redoblar la lucha para terminar con la muerte de mujeres por causa de la ilegalidad del aborto. La interrupción del embarazo no es asunto del derecho penal sino un tema de salud pública. ¡Por aborto libre, legal, seguro y gratuito!

Durante el gobierno de Evo Morales el MAS impulsó algunas leyes que tendían a disminuir el peso de mecanismos opresivos sobre las mujeres. Así por ejemplo, alentó que en el proceso de titulación de tierras sea prioritario el reconocimiento a las mujeres, se aprobó la ley 348 contra la violencia entre otras normativas como la ley de identidad de género, sin embargo, estas disposiciones rápidamente fueron retaceadas por diversas sentencias constitucionales que moderaron aún más los alcances de las normativas progresistas. La nueva CPE por ejemplo definió al estado boliviano como un estado laico pero mantuvieron intactas todas las disposiciones que otorgan a las iglesias privilegios políticos y económicos.

Por todo esto creemos que es necesario impulsar en forma real la separación del Estado y las iglesias, eliminando las ventajas patrimoniales e impositivas de las que gozan. Luchamos por la nacionalización sin indemnización de todas las escuelas de convenio, única forma de limitar el poder de las iglesias y capitales privados así como para poder impulsar de manera integral una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por una educación sexual laica y no sexista para combatir patrones culturales machistas y heteropatriarcales (o quizás cisheteropatriarcales) que alientan la violencia y discriminación contra las mujeres y las diversidades sexuales.

Por guarderías, comedores y lavaderos comunales, públicos y gratuitos para avanzar en terminar con la explotación de las mujeres y el trabajo no pagado dentro del hogar. Basta de discriminación a las mujeres y a las diversidades sexuales. Por un real acceso al trabajo, igual salario por igual trabajo.

Educación, salud y vivienda

Financiar un plan de obras públicas de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, etc., controlado por lxs mismos trabajadores, enfrentando de esta manera la desocupación y subocupación laboral.

Los, las y les socialistas revolucionarios rechazamos la mercantilización de los derechos a la salud. Luchamos por un sistema único, público y gratuito, que sea administrado por las y los trabajadores.

Se hace urgente como medidas de transición establecer el control de todo el sector privado por parte de sus mismos trabajadores y usuarios, avanzando en la nacionalización sin pago de todos aquellos que especulan y se enriquecen con la salud del pueblo.

Implementación de una educación universal, pública, científica, laica y gratuita, terminando con las desigualdades y con el control conservador y reaccionario de las iglesias sobre las escuelas de convenio. Solo de esta forma será posible garantizar una educación sexual integral en todo el sistema educativo, para combatir los abusos y garantizar los derechos y la dignidad de la niñez y adolescencia.

• Exigimos el aumento sustancial del presupuesto de salud y educación sobre la base de la eliminación de los presupuestos destinados a la represión de lxs trabajadores y sectores populares.
• Luchamos por una educación que aliente el pensamiento crítico sobre la base de contenidos que busquen unir la teoría y la práctica social avanzando en una formación crecientemente integral.
• Peleamos para que toda la población goce de un seguro de salud digno, integral y gratuito, con fondos provenientes del recorte de los presupuestos de los aparatos de seguridad y represión del Estado.
• Basta de financiar la represión policial y militar, triplicar el presupuesto para la educación y la salud.
• Becas de estudio para lxs que trabajan.
• Contra el acoso y la violencia de género en la Universidad, contra la falta de condiciones para las mujeres universitarias, en especial para las madres y trabajadoras estudiantes.
• Luchar por la Independencia política de las universidades públicas frente al gobierno y las fracciones burguesas de todo tipo.
• Democratización del sistema universitario mediante el voto universal igualitario.

Luchamos por una educación al servicio del desarrollo ilimitado de las posibilidades de la creación humana, en un mundo liberado del trabajo capitalista, por una educación que se asuma como la práctica de la libertad, como un acto de conocimiento, y como una aproximación crítica, creativa y transformadora de la realidad y liberadora de toda forma de opresión y explotación, en perspectiva de cuestionar de raíz la sociedad basada en la desigualdad social, y abrir la posibilidad de conquistar una educación realmente liberadora, que propicie una relación con el entorno social, cultural y natural; y que, al mismo tiempo, favorezca los vínculos humanos de solidaridad y cooperación.

Luchamos para que las escuelas lejos de ser centros de reproducción de la ideología dominante se transformen en espacios de debate y construcción democrática en la que los, las y les estudiantes, trabajadoras y trabajadores en educación, padres y madres de familia y la comunidad seamos quienes tomemos las decisiones en torno al proceso de enseñanza–aprendizaje.

La escuela por la que luchamos lxs trotskistas no sólo es pública, sino que es laica y científica, no se halla restringida por taras religiosas, sino que busca la verdadera unidad de teoría y práctica. Lejos de replicar caducas ideas moralistas en torno a la sexualidad y la familia burguesa, la escuela por la que luchamos tiene que ir de la mano de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles.

Por un gobierno de las y los trabajadores

El conjunto de estas demandas y aspiraciones populares solo podrá llevarse de manera íntegra y efectiva con un gobierno de lxs trabajadores y el pueblo, es decir un gobierno de las organizaciones surgidas y construidas sobre la base de la lucha y la autoorganización obrera campesina y popular. Para esto es fundamental la lucha por la independencia política de la clase trabajadora, independencia no solo del gobierno sino de todas las expresiones políticas de las clases dominantes. Esta independencia es central no solo para que las y los trabajadores puedan pelear con las manos libres por sus propios derechos e intereses sino también para poder pelear por el conjunto de intereses de sectores oprimidos por la sociedad burguesa. La lucha por la independencia política de lxs trabajadores es fundamental para avanzar en la construcción de una hegemonía socialista y revolucionaria, capaz de hacer saltar por los aires todos los mecanismos y reaseguros de la sociedad capitalista.

Solo un gobierno de lxs trabajadores y el pueblo podrá satisfacer integralmente todas las necesidades postergadas, y sobre todo establecer una democracia muchísimo más profunda, amplia y participativa que la democracia representativa de las clases dominantes. Esta democracia de lxs trabajadores se asentará en los mismos organismos construidos por lxs trabajadores y el pueblo en su lucha contra las clases dominantes y el imperialismo, es decir, será un régimen basado en las mismas formas de autoorganización de masas, superando de esta manera los mecanismos regulatorios de la democracia burguesa y que solo han servido precisamente para limitar el ejercicio de los derechos democráticos. No por casualidad, Lenin afirmaba que mientras más adornos democráticos e inclusivos se le ponían a la democracia burguesa, más pérfida y antidemocrática se volvía, ya que podía esconder a sus verdaderos dueños detrás de mucha palabrería democrática y popular.

Sobre estas bases, este gobierno de lxs trabajadores podrá iniciar la lucha por la construcción socialista de la sociedad, superando las estafas del socialismo del siglo XXI del chavismo o del socialismo comunitario de los García Linera y demás representantes del populismo estalinista latinoamericano. Un socialismo construido desde abajo, con la autoorganización de las, los y les trabajadores y sectores populares que van a decidir sobre su propio destino y el de toda la sociedad.