Agrotóxicos. Prioridades de Caputo: hay plata para herbicidas cancerígenos pero no para medicamentos y alimentos

El Paquete del Veneno fue anunciado por el Ministro de Economía de la Nación Luis Caputo en las redes sociales y forma parte de un derrotero de una política de Estado que no reconoce ninguna grieta ni se diferencia con las administraciones nacionales anteriores desde la imposición del modelo agroindustrial en la Argentina, en el año 1996.

Las víctimas de los Pueblos Fumigados de la Argentina que nos nucleamos en espacios colectivos comunitarios, redes y campañas de acción y articulación de modo horizontal y democrático y que venimos denunciando y visibilizando los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y en el ambiente desde hace más de 20 años, alertamos que la implementación del "Paquete del Veneno" importa un aumento exponencial de los riesgos que ya implica de modo relevante la liberación ambiental de los Agrotóxicos.

El estado de situación en nuestro País en cuanto al uso de agrotóxicos es alarmante por donde se lo mire.

En el plano normativo, hay una complicidad consuetudinaria del Poder Político en todos los órdenes sin distinción del color político de quienes gobernaron y gobiernan. A nivel nacional sigue sin haber una legislación sobre presupuestos mínimos en relación a los agrotóxicos, lo que representa, por un lado, la violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, y por el otro, la habilitación impune al proceder del gobierno actual a flexibilizar un sistema regulatorio de autorizaciones de formulados comerciales agrotóxicos - a cargo del SENASA - que ya es abiertamente laxo al no exigirle a las empresas del agronegocio estudios respecto a los impactos sanitarios crónicos y sinérgicos, que de considerarse, no habilitarían el uso de gran parte de dichas sustancias.

A su vez, el Código Alimentario Argentino en el listado de los agrotóxicos que deben ser monitoreados por las empresas para garantizar el acceso al agua potable de la población, no contempla – increíblemente - a ninguno de los centenares de principios activos de uso actual en el modelo agroindustrial.

Por su lado, en las jurisdicciones provinciales y municipales, se siguen liberando al ambiente estas sustancias sin importarles a las autoridades locales el impacto que tienen en la población que habita los pueblos del interior, incluidos los establecimientos educativos rurales. Somos las propias víctimas de los Pueblos Fumigados de la Argentina que de modo autogestivo y con el acompañamiento de la ciencia digna del Conicet, del INTA-Balcarce y de las Universidades Públicas venimos demostrando como nuestros cuerpos, el aire que respiramos y el agua que consumimos están contaminados con venenos y como la población humana es expuesta a riesgos desproporcionados ante la incontrolabilidad de los agrotóxicos una vez que son liberados al ambiente.

A esa exposición directa que padecemos quienes vivimos en los Pueblos Fumigados de la Argentina, se suma la exposición indirecta - que también alcanza a las poblaciones urbanas - a través del consumo de los alimentos, ya que todas las frutas, frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas que provienen de los mercados concentradores, de acuerdo a los controles oficiales del SENASA, presentan niveles significativos de residuos de agrotóxicos-

En el plano fáctico, denunciamos que actualmente se usan más de 650 millones de litros anuales de agrotóxicos que se concentran en un listado de 100 principios activos aproximadamente que son de uso casi diario en el sistema agroalimentario industrial, tanto en la agricultura extensiva como en la producción intensiva frutihortícola. Gran parte de esas sustancias han sido canceladas en la Unión Europea, y que conforme a la información científica disponible son persistentes en las matrices ambientales y se bioacumulan con capacidad para actuar como agentes cancerígenos, genotóxicos y alteradores hormonales, entre otros efectos tóxicos.

Por eso, los Pueblos Fumigados de la Argentina, sobre la convicción de que es necesario y urgente la transformación del modelo agroindustrial, anunciamos que en el marco del plan de lucha colectivo que venimos llevando adelante en cada pueblo (logrando como medidas paliativas urgentes alejar las fumigaciones con ordenanzas municipales o fallos judiciales) y en cada jurisdicción provincial, impugnaremos judicialmente - a nivel nacional - el Paquete de Veneno, ya que en vez de flexibilizar las autorizaciones para la liberación de más agrotóxicos para beneficiar intereses económicos sectoriales, el Estado debe adoptar medidas urgentes e impostergables para reducir su uso, priorizando las cuestiones sanitarias y ambientales que el agronegocio implica, en pos del bien común.

Concretamente a la par del rechazo al Paquete del Veneno (que acompañaremos sin dudar con la impugnación judicial), reclamamos y exigimos:

1) Prohibición urgente de todos los agrotóxicos que fueron cancelados en la Unión Europea, lo que representa un delito penal de las autoridades del SENASA por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

2) Revisión urgente de todos los principios activos y formulados comerciales de agrotóxicos autorizados en la Argentina, ordenando la prohibición de uso en el sistema de producción de alimentos de aquellas sustancias que actúen como agentes cancerígenos, disruptores endocrinos o genotóxicos.

3) Modificación del Código Alimentario Argentina a fin de que se incluya en el monitoreo sobre la calidad del agua de consumo humano a los agrotóxicos de uso actual en la Agricultura industrial.

4) Implementación en el Sistema de Salud Pública y Privada de las Guías de Salud para personas expuestas a las fumigaciones con agrotóxicos en los Pueblos Fumigados.

5) Alejamiento - como medida paliativa urgente - de las fumigaciones con agrotóxicos de los centros poblados, comunidades, emprendimientos agroecológicos, escuelas rurales y cursos de agua en todos los Pueblos Fumigados de la Argentina.