El Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP-LID) es una iniciativa que surge de un grupo de sociólogas y sociólogos junto con estudiantes de sociología de las Universidades Nacionales de La Plata y Buenos Aires, preocupados por la situación de las y los trabajadores en el contexto de la cuarentena.
Jueves 7 de mayo de 2020 20:32
Ilustración: @Mar Ned - Enfoque Rojo
El motivo de esta iniciativa parte del hecho de que desde el inicio de la cuarentena hubo una falta de información total respecto a lo que pasaba con las y los millones de trabajadores. Mientras todos los medios daban las cifras del impacto sanitario (que obviamente es muy importante), nadie hablaba de los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales que empezaban a sufrir las y los trabajadores: ni los medios, ni el Ministerio de Trabajo, ni ninguna otra entidad gubernamental (que son quienes tienen la información disponible para hacerlo) se dedicaron a eso. En ese punto es donde vimos que aparecía la primera contradicción manifiesta: el eje del discurso presidencial estaba estructurado alrededor de “la preocupación por la vida de la gente” (y no por la economía) pero al mismo tiempo el Estado no estaba relevando los ataques que empezaron a sufrir las y los trabajadores desde el minuto cero de la cuarentena, lo cual deteriora la “vida de la gente”. Nuestro objetivo, entonces, se centró en buscar información que pudiera relevar y dar cuenta de la cantidad de despidos, suspensiones y rebajas salariales a nivel nacional. Decidimos seleccionar una serie de fuentes periodísticas, nacionales y provinciales y habilitar una casilla de mail para recibir denuncias ([email protected]).
Rápidamente tuvimos repercusión y muchos trabajadores y trabajadoras comenzaron a enviar información sobre lo que estaba pasaba en sus provincias y lugares de trabajo. Con el correr de los días decidimos ampliar las fuentes hasta conformar la base que estamos relevando actualmente y que consta de diez medios nacionales y 28 provinciales.
El observatorio realiza actualizaciones semanales que comprenden la confección de un mapa con la distribución de casos de despidos y suspensiones por empresa y por provincia, las magnitudes de las reducciones salariales, información sobre las ramas más afectadas y el detalle de los acuerdos por sector.
Con la obtención de los primeros datos, se hizo evidente una segunda contradicción: la que se da entre lo que figura en los DNU de la pandemia y lo que pasa en la realidad. El DNU 297 establece que los trabajadores deben cobrar íntegro su salario durante el periodo de aislamiento. Por otro lado, el DNU 329 prohíbe expresamente los despidos y suspensiones. Pero lo cierto es que, finalmente, ambos DNU terminan siendo papel mojado porque, tal como se desprende de los sucesivos informes, vienen incumpliéndose sistemáticamente con el aval del Gobierno.
Desde fines de abril y principios de mayo, encontramos otro dato importante para analizar el impacto de la cuarentena entre las y los trabajadores: el papel de la dirigencia sindical. Pese a que el Estado (con fondos de Anses) paga parte de los salarios de los trabajadores registrados, los dirigentes de la CGT pactaron con la UIA rebajas salariales y suspensiones. Esto no solo implica que las dirigencias sindicales pasan por encima lo que dicen los DNU sino que es el propio Estado quien avala el pacto UIA-CGT y homologa las rebajas salariales por rama de actividad.
A todo este escenario, hay que sumar la situación de las y los trabajadores informales que no está relevada porque su propia situación de informalidad lo impide, pero que es mucho peor que la de las y los registrados. Lo mismo sucede con sectores de trabajadores precarizados que van desde los contratos temporales y a prueba hasta monotributistas en relación de dependencia encubierta.
Entonces, al observar el cuadro completo, la situación es la siguiente: por un lado, un discurso gubernamental de cuidado a la situación de los trabajadores que se evapora en el terreno de lo real porque el propio Estado no instrumenta los medios para hacer cumplir la prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales; por otro lado, una política estatal que sí se cumple al pie de la letra que es que el Estado se hace cargo de un porcentaje del salario. Por último, una política de las dirigencias gremiales que pactan recortes al salario descaradamente. Finalmente, la pregunta se impone: ¿Quiénes son los únicos protegidos por el Estado en la cuarentena? Y es de los propios datos relevados que surge la respuesta: los empresarios. Despiden, suspenden, pagan menos salarios y por si fuera poco el Estado afronta, dinero de las jubilaciones mediante, parte de los sueldos que deberían pagar.
Integrantes:
Juliana Yantorno (socióloga UNLP)
Mariano González (estudiante de sociología UBA)
Clara Posse (socióloga UBA)
Lautaro Nogueira (sociólogo UNLP)
Azul Picón (socióloga UBA)
Matias Busi (estudiante de sociología UNLP)
Ana Loustaunau (estudiante de sociología UBA)
Lucia Catera (estudiante sociología UNLP)
Florencia Berardi (estudiante de sociología UNLP)
Alan Ruiz Díaz (estudiante de sociología UNLP)
Patricio Artusi (estudiante de sociología UNLP)
David Iturria (estudiante de informática UNLP)
Marianela Gauto (APU Informática UNLP)
Con el asesoramiento de Paula Varela, Investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA)