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Red Internacional
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Megaproyectos y narcotráfico. ¿Qué está pasando en Chiapas?

Este fin de semana se dieron a conocer videos en redes sociales sobre el reclutamiento forzado por parte de cárteles del narcotráfico en municipios de la frontera sur del estado de Chiapas. Mientras la violencia se agudiza desde hace varios meses, tanto el gobierno estatal, como el federal minimizan la situación, donde al menos 280 mil habitantes se ven amenazados.

Axomalli Villanueva

Axomalli Villanueva @1quiahuitl

Martes 26 de septiembre de 2023

Los videos compartidos en redes sociales pertenecen a una denuncia por parte de periodistas locales, quienes meses atrás vienen denunciando el recrudecimiento de la violencia por parte de los cárteles de la droga. En ellos se ven aproximadamente 15 camionetas con presuntos integrantes de miembros del Cártel de Sinaloa fuertemente armados, los que desfilaron en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, para mostrar su poder frente al CJNG.

Según periodistas locales, esta situación ha escalado los últimos meses, ante la inacción de las autoridades, tanto del gobierno estatal encabezado por el morenista Rutilio Escandón, como por el presidente López Obrador, quienes se han limitado a minimizar la violencia y los desplazamientos forzados en los municipios fronterizos, donde más de 280 mil habitantes se encuentran amenazados por los cárteles.

Ante esto la arquidiócesis emitió un comunicado donde advierte las amenazas por parte de los grupos del narcotráfico ─que obligan a la población a actuar como escudo humano─ y soldados, en la guerra por el control de la frontera sur del país, donde se mantienen bloqueos y retenes, además del reclutamiento forzado en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

"Es propaganda del conservadurismo y los cárteles": AMLO

En su conferencia matutina de este lunes, el presidente López Obrador cuestionó la difusión del video y acusó que es “propaganda” para perjudicar a su gobierno: “resulta que, en la frontera con Guatemala, en Chiapas, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica. Entonces, sacaron un video donde van entrando 20 camionetas y la gente está aparentemente recibiéndolos y sí, pueden ser bases de apoyo, porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional”, dijo.

No es la primera vez que el mandatario niega la situación en el estado, pues en ocasiones anteriores respaldó el gobierno de Rutilio Escandón, minimizando la violencia y enfrentamientos entre cárteles, pese a que incluso reporteros denunciaron la complicidad entre autoridades y el narcotráfico desde el 2022. Sin embargo en esas ocasiones López Obrador se limitó a descalificar a periodistas, como quienes difunden "información para afectar a su gobierno".

De la misma forma, el gobierno estatal y municipalidades afectadas, han negado el clima de violencia que impera en la zona, sin embargo, en meses pasados el magisterio de las Secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrada por al menos 5 mil maestros y maestras que trabajan en los municipios de las zonas sierra y fronteriza ─atendiendo alumnos de educación Preescolar, Primaria y Secundaria y Media Superior-, suspendieron labores y salieron de la zona, no sin antes denunciar la situación, tanto en redes sociales, así como señalar responsabilidad de las autoridades educativas.

“Ante la negligencia y ausentismo de las autoridades competentes para hacerle frente a los actos delictivos cometidos por grupos criminales (…) determinamos suspender temporalmente las actividades laborales docentes de todas las escuelas de la zona escolar (…) Tenemos la necesidad y obligación de manifestarnos ante la situación crítica y la ola de violencia que está sucediendo en nuestra región”, dicen algunos de los oficios enviados a la SEP.

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Telón de fondo: militarización, megaproyectos, extractivismo y tráfico de personas

Desde la pandemia (2020), comunidades organizadas y miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), habían denunciado extorsiones, amenazas, secuestros, desapariciones, asesinatos y cooptación forzada, así como el cierre intermitente de escuelas, comercios, servicios de salud y la interrupción del transporte.

Comunidades zapatistas denunciaron desde el 2021, que grupos paramilitares se habían instalado en sus territorios como una manera de amedrentamiento para despojarlos y desplazar a los sectores organizados de población indígena que viene resistiendo políticas de extractivismo y megaproyectos desde 1994.

Pero, este recrudecimiento de la violencia en el estado viene acompañado de un incremento en la presencia militar, que históricamente ha estado de la mano con el crimen organizado, y que se vincula en redes de trata de migrantes y de mujeres, trasiego de mercancías y tráfico de especies, y que, con el clima de violencia aumentando deja el camino libre para la imposición de megaproyectos e industrias extractivas.

De hecho, Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, con la presencia de 24 cuarteles, tanto del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, mismos que han aplicado las duras políticas de amedrentamiento y deportaciones de migrantes centroamericanos desde el 2019.

Mientras que la política del gobierno de la 4T es "desarrollar el sureste", no sorprende que en Chiapas se haya incrementado la militarización en los últimos años y que coincide con la imposición de más de 40 megaproyectos energéticos, minería, cultivo de palma de aceite, energía eólica, turismo, así como el proyecto del Tren Maya. Esta situación ha provocado el desplazamiento de decenas de comunidades.

La creciente violencia en Chiapas vinculada con los cárteles se suma a la que ya se producía en el estado producto de las políticas de despojo operadas por caciques, así como a los ataques paramilitares en contra de las comunidades zapatistas. Como se ha visto en otras partes del país, toda esta situación termina siendo funcional a la liberación de espacios para las inversiones al servicio del capital.

Así que no es casual la actitud de los gobiernos federal y estatal y de las fuerzas armadas, que miran para otro lado mientras dejan incrementar la violencia sin importar las violaciones a los derechos humanos.

Esto muestra que, ni los pueblos originarios, ni en general el pueblo trabajador, pueden depositar confianza alguna en los gobiernos estatal y federal; ni en el Ejército o la Guardia Nacional. Planteándose la necesidad de la organización independiente y la lucha unitaria de los de abajo, que pueda poner en pie en primer lugar un paro estatal contra la violencia y la militarización, considerando la presencia de sectores como los pueblos indígenas que luchan contra la violencia y los megaproyectos, las comunidades zapatistas, el estudiantado normalista, el magisterio combativo de las secciones 7 y 40 del SNTE y otros trabajadores que se han manifestado recientemente, como los del sector salud.

Como parte de ello, es muy importante abrir la discusión sobre la necesidad de levantar demandas como la legalización de las drogas para acabar con el poder económico de los cárteles, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, contra los megaproyectos y por libre tránsito y plenos derechos para las y los migrantes, entre otras. Llamando a poner en pie un gran movimiento nacional contra la militarización, la violencia y la represión, pues Chiapas no es un caso aislado, sino el más reciente caso de una cadena de violencia en todo el país.

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