Derecho al aborto. Qué fue el caso Roe versus Wade que acaba de anular la Corte Suprema de EE. UU.

En 1970, dos abogadas jóvenes Sarah Weddington y Linda Coffee iniciaron una demanda contra la criminalización del aborto en el estado de Texas. Su defendida Norma McCorvey llevaría el nombre ficticio de Jane Roe para proteger su identidad. Henry Wade fue el fiscal de distrito designado. ¿Cuál fue el argumento de la demanda? La criminalización violaba el derecho a la privacidad garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

Un fallo unánime les dio la razón, el estado de Texas apeló y se transformó en el caso testigo que resultó en el fallo Roe versus Wade de la Corte Suprema en 1973: el fin de la criminalización. El Estado no podría interferir en la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo. No es un momento cualquiera: la segunda ola feminista había estallado en varias ciudades, la calle estaba encendida hace años por el movimiento de derechos civiles, contra la guerra y por la liberación sexual.

Hasta 1973, la mayoría de las iglesias ignoraban el tema (muchas ni siquiera perseguían a las mujeres que recurrían al aborto). Recién a partir del fallo, la Iglesia católica y varias iglesias evangélicas empiezan a organizar un movimiento contra el derecho que habían conquistado las mujeres. Y a partir de los años 1980, la lucha contra el derecho al aborto se transforma en una bandera de los sectores conservadores y de derecha (un modelo reproducido en todo el mundo hasta hoy).

Desde ese año, las muertes por abortos se redujeron drásticamente y también la cantidad de abortos que se realizan. La legalización favorece el acceso a la salud integral de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. La aplicación de las leyes depende de las legislaturas estatales y aunque no pueden contradecir el fallo de la Corte, pueden avanzar en restricciones, como lo hicieron los últimos años.

Una guerra en curso

La actual derogación del fallo es el último capítulo de una ofensiva de larga data contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Desde fines de los años ‘70, sectores religiosos y conservadores pusieron bombas en las clínicas de abortos legales, dispararon contra el personal de salud y las pacientes. En 1977 mataron a 5 personas, bombardearon e incendiaron 13 establecimientos. Entre 1990 y 2015 se registraron 11 asesinatos (y 26 intentos). El último informe de la Federación Nacional del Aborto (NAF en inglés) dice que hubo 78.000 piquetes y escraches a clínicas, el índice más alto registrado.

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A esto se suman las restricciones legales. Durante las últimas décadas se impulsaron 1.074 restricciones al derecho al aborto, y el 30 % fue promulgado de 2010 en adelante (durante los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump). En 29 estados hay legislaciones hostiles al derecho al aborto y 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva viven en estos estados.

Después de Texas siguió la demanda antiderechos contra la única clínica en Mississippi (Estados Unidos) que realiza abortos legales y puede hacer retroceder en todo el país un derecho elemental. Esta es la verdadera agenda de la derecha hace años: votar restricciones en las legislaturas y discutir legalmente en las cortes estatales para llegar a la Corte Suprema.

El actual gobierno demócrata de Joe Biden dice defender el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar, pero no brindó hasta el momento ninguna garantía para impedir el avance de los sectores conservadores. Tampoco lo hicieron los demócratas en el Parlamento en los últimos 50 años. A pesar de haber tenido mayoría en ambas cámaras durante largos períodos nunca avanzaron en hacer que el derecho al aborto se convirtiera en ley dejando esta decisión en manos de los jueces de la corte suprema que, como hoy queda demostrado, podían acabar con este derecho fundamental de un día para otro.

Hoy al menos una veintena de estados pueden prohibir el derecho al aborto de manera automática y otros aplicar todo tipo de restricciones y persecución y penalización a las mujeres o instituciones que provean ayuda. Uno de los jueces, Clarence Thomas, incluso sugiere que tras la presente anulación de Roe vs Wade deberían revisarse también los fallos que garantizan la salud sexual y reproductiva y las relaciones y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, la avanzada conservadora busca ir mucho más allá.

Estos derechos no pueden depender de fallos judiciales. Solamente el aborto legal garantiza el acceso igualitario a un derecho elemental. Cualquier retroceso no significará menos interrupciones voluntarias, solo representará más desigualdad y mayores riesgos para la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Cuando las mujeres conquistaron el derecho al aborto legal en 1973, aprendieron rápidamente que tendrían que defenderlo siempre. Hoy, en 2022, varios derechos conquistados con la movilización -incluso aquellos restringidos, recortados y obstaculizados- están bajo ataque y confirma que en estas democracias ninguna victoria es permanente.