Ante el llamado a paralización del colegio de profesores nacional en Antofagasta se realizó una jornada de reflexión, en asamblea la dirección mayoritaria del colegio de profesores del Partido comunista, decidió que no había ánimo de paro que era mejor realizar una jornada de reflexión la cual orientó hacia presentar la Ley Karin, así como el proyecto de ley de convivencia escolar, que hoy está en debate en el parlamento.
Martes 13 de agosto
¿Había o no fuerzas para impulsar el paro?
A nivel nacional, a la cabeza de Mario Aguilar, el Colegio de Profesores hizo un llamado a movilizarse este pasado 7 de agosto por las consignas “no más acoso, agobio, maltrato y agresiones”, pero esto fue sin organizar asambleas para que entre trabajadores de la educación, apoderados y estudiantes pudiéramos decidir cómo enfrentar la crisis educativa, sino más bien, la movilización se convocó por “arriba” como método de presión para que aprueben la ley de Convivencia escolar.
A nivel comunal en Antofagasta el partido comunista convocó a una jornada de reflexión, una instancia que estuvo aún más ajena a la discusión de base en las escuelas, liceos y jardines, a pesar de que este año estuvimos movilizados más de un mes a raíz de la muerte de Katherine Yoma, mostrando en asambleas y en las calles las precariedades del sistema educativo, tampoco se pensó en realmente en organizar una jornada que cuestionara el sistema educativo, sino más bien se lleva a jornadas de reflexión en torno a leyes, como la Ley Karin que entró en vigencia el 1 de agosto y por la cual parte del directorio comunal se la jugó por instalar como debate central, con un sentido informativo sin un espacio real para la organización y discusión de la crisis educativa.
¿Cómo llega el colegio de profesores a convocar una jornada de reflexión por una ley y no a movilizar?
El Partido Comunista al ser parte del Gobierno, se ubicó de manera aún más pasiva que la jornada de movilización convocada por Aguilar, aunque ambos iban detrás de la aprobación de la ley de convivencia presentada por el gobierno, llevando todo a una jornada de reflexión para conocer una Ley, sin intención de que se profundice en la verdadera crisis de la educación, ni cómo organizarse con la comunidad educativa para enfrentar esto, manteniendo pasiva a las bases para no cuestionar al Gobierno, el que profundiza la crisis con el traspaso a los Servicios Locales de Educación.
¿Son estas leyes una solución ante los problemas del agobio, el acoso y la violencia, planteadas en la convocatoria del colegio de profesores?
Lo que muestran estas leyes, es que buscan dar “solución” a las problemáticas de convivencia a través de denuncias, siguiendo protocolos y sanciones, donde estas herramientas básicas dependen de las autoridades que en la mayoría de los casos son los cómplices del acoso o del acosador y las investigaciones siguen dependiendo de estos organismos como la Dirección del trabajo o entidades que han demostrado no dar una real salida al problema de la violencia y el autoritarismo, sino más bien como es en el caso de Antofagasta muchas veces fallan en contra del denunciante, como vemos hoy en día que uno de los denunciados por Katherine Yoma, el director de la escuela D-68 (donde esta fue acosada), volvió a sus funciones directivas y la comunidad educativa sigue funcionando como si nada hubiese pasado, aun teniendo otras denuncias y juicio por mobbing demostrando lo que pasa al interior de la escuela.
Frente a toda esta crisis, tanto Mario Aguilar, como el Partido Comunista se quedan en el terreno de las leyes, presionando al parlamento para que la derecha de Chile Vamos y Republicanos aprueben la Ley de Convivencia o mostrando las bondades de la actual Ley Karin, sin cuestionar el sistema educativo y como terminar con su negocio, donde hoy en día el Estado financia con miles de millones de pesos de las subvención al negocio educativo del sistema particular-subvencionado, profundizando la desigualdad y manteniendo el negocio, donde son verdaderos holding educativos, que sólo buscan llenarse los bolsillos de plata a costa de este derecho básico.
Para poder pelear por realmente terminar con la crisis educativa, es necesario que las y los trabajadores de la educación junto a apoderados y estudiantes nos organicemos y discutamos un plan para poder luchar por un sistema público nacional unificado, que sea democrático y administrado por parte de sus propias comunidades educativas y no por la municipalidades, ni por los cuestionados Servicios Locales de Educación.
Carla Ramírez, profesora y delegada gremial
Militante Agrupación Nuestra Clase