Este lunes se difundió el nuevo texto de la Ley Ómnibus con 300 artículos menos. La rebelión cultural en todo el país y el paro del 24E conquistó un primer avance: el ejecutivo tuvo que resignar la facultad de eliminar “asignaciones específicas”. Sin embargo la lucha continúa por tirar abajo el DNU y toda la Ley, porque siguen en pie varios de los ataques a la cultura, así como a la población trabajadora en general.
Cecilia Rodríguez @cecilia.laura.r
Lunes 29 de enero 12:31
Imagen: Asamblea de Unidxs por la cultura en plaza Congreso, el pasado 20/1. Foto de Enfoque Rojo.
En la mañana de este lunes se difundió el nuevo texto de la Ley Ómnibus con 300 artículos menos que en la versión original y algunos cambios en relación con el dictamen de mayoría aprobado en el Plenario de comisiones.
Expresión distorsionada de la relación de fuerzas que dejó el paro nacional del 24E y la rebelión cultural en todo el país, la nueva versión contiene una buena noticia para los sectores del arte y la cultura: el ejecutivo se vio obligado a resignar la facultad de eliminar o modificar “asignaciones específicas”, que constituyen la mayor parte de los ingresos para los Institutos que promueven la producción de cine, música, literatura y artes visuales, así como para el mantenimiento de las bibliotecas populares.
Sin embargo, todavía no es tiempo de cantar victoria. Por un lado, el nuevo texto de la Ley, sumado al DNU, mantiene la reforma laboral, los ataques al derecho a la protesta y el radicalizado ajuste a las condiciones de vida de las mayorías populares, por lo cuál la cultura sigue en riesgo por el impacto que tendrán estas medidas en la vida social en general.
Por el otro, muchos de los artículos que afectan al sector cultural se mantienen iguales a sí mismos:
En los artículos 298 y 299 se mantiene el cierre del INT aunque presentada con el eufemismo de un “traspaso” de sus funciones y recursos a la Secretaría de cultura. El resultado es el mismo: deja de ser un ente autárquico. Contradictoriamente, si “traspasan” a los trabajadores del INT a la Secretaría de cultura, pasarían a ser trabajadores del Estado. Entonces el gobierno miente y sí quiere agrandar la planta del Estado, o miente y no hay “traspaso” sino despidos y cierre del organismo.
Se mantiene en el artículo 55 la derogación de la Ley de protección a la actividad librera, por lo que el precio de los libros aumentará eventualmente sin techo, se concentrará el mercado en las dos multinacionales del libro en español (Random, Clarín) y cerrarán librerías y editoriales independientes (en Inglaterra cerraron un tercio de las librerías luego de que liberaran los precios). Esto traerá mayor ruina a escritores y escritoras que ya en muchos casos trabajan gratis.
El Fondo Nacional de las Artes (FNA) ya no se cierra pero se desfinancia. Además se mantiene el desfinanciamiento del INCAA (cine), el INAMU (música) y la CONABIP (bibliotecas populares) por la vía de colocar un tope del 20% para los gastos de funcionamiento interno.
Como vienen denunciando desde estos organismos, si se aprueba un tope de gastos sin establecer un mínimo de ingresos, el camino es el vaciamiento de estos organismos, que no podrán disponer de los recursos para mantener los puestos de trabajo que garantizan la continuidad de los programas de estímulo en curso. Además esto puede implicar falta de recursos para cuidado de los edificios y patrimonios culturales que los Institutos preservan.
A esto se suma la intervención por decreto del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Recordemos que una parte de las asignaciones específicas que se destinan al INCAA y a otros organismos provienen del ENACOM (impuestos que se cobran a los multimedios por la trasmisión de las películas y series). La intervención por decreto puede ser una vía del Ejecutivo para meter mano en las asignaciones específicas por otro lado.
En el caso de la producción cinematográfica, que es el área de la cultura que más puestos de trabajo genera , el proyecto “modificado” mantiene lo esencial.
Además de desfinanciar, por otra vía, al INCAA, se mantiene que los que acceden a subsidios deben cubrir el 50% del costo de producción, por lo que priva de recursos al cine independiente, en favor de las grandes productoras.
Mantiene la derogación de artículos sobre distribución y exhibición, que da vía libre a que las salas de cine estén ocupadas 100% por las megaproducciones, en general norteamericanas.
Mantiene la derogación de las categorías de películas de interés especial, cortometrajes, y noticieros cinematográficos de producción nacional, o sea producciones de contenido educativo y de interés social en general.
Estas medidas reducirán fuertemente el desarrollo del sector audiovisual que genera 94 mil puestos de trabajo de modo directo, 174.000 puestos de trabajo indirectos y más de 365.000 en actividades inducidas.
Se mantienen en la “nueva” Ley Ómnibus los artículos 307, 308 y 309 que derogan los fondos que el Estado actualmente asigna al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y directamente disuelven este último organismo. Y también se mantiene el artículo 7 que habilita que el Poder Ejecutivo intervenga y eventualmente privatice a los medios públicos.
Las medidas propuestas afectan la libertad de expresión de muchas maneras:
La Defensoría del Público es un organismo que depende del Poder Legislativo cuya función es canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de las audiencias sean respetados. Si bien hay elementos críticos de su funcionamiento que habría que modificar, su cierre no resuelve nada: más bien pone en peligro el acceso a la información y los derechos de las audiencias quedarían desprotegidos.
El FOMECA es un fondo que surge de los gravámenes que pagan los servicios de comunicación audiovisual y están dirigidos al desarrollo de los medios locales, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios de todo el país, gestionados por cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones. Se trata de una política federal que genera miles de puestos de trabajo. Su desfinanciamiento implicará el cierre de medios comunitarios y una mayor concentración de la (des)información en manos de los grandes multimedios.
Finalmente, la privatización y/o intervención del sistema de medios públicos implicaría una grave lesión al derecho de acceso a la información de las audiencias a nivel federal y una grave pérdida en la soberanía comunicacional. Este sistema cubre la realidad de los rincones más alejados del país; su privatización podría implicar la desaparición de esta cobertura, generando desiertos informativos. Al mismo tiempo, asestaría un golpe a la industria cultural argentina, al impedir su utilización para la difusión de productos culturales que no tienen espacio en el sistema de medios privado.
En rechazo a estas medidas, las organizaciones de medios comunitarios lanzaron la consigna: "sin libertad de expresión no hay cultura".
La lucha sigue: NO al DNU y a la Ley
Por todo lo expuesto, desde Unidxs por la cultura y la mayoría de las asambleas federales de la cultura se plantean seguir la lucha hasta que caigan el conjunto de las políticas detalladas en el DNU, la Ley ómnibus y el nuevo decreto de intervención de la ENACOM.
Esta tarde, en el microcine del ENERC, se realizará a las 17hs. una reunión de coordinación entre asambleas barriales y culturales, sindicatos combativos, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y organizaciones de la izquierda y populares. El objetivo es precisar el llamado a movilizar esta semana cuando se trate la Ley Ómnibus en la cámara de diputados. En principio están convocando a concentrar este martes 30 en el Congreso, llamado que puede extenderse al miércoles y jueves también. Por otra parte, para el viernes 2 ya está pautado un festival de Unidxs por la cultura en la Plaza Congreso.
![[Video] ¿Quién paga la fiesta de “los mercados”?](local/cache-vignettes/L326xH183/mercados-2-26a08.jpg?1732910258)