Argentina: Manifiesto del PTS a 7 meses del gobierno de Milei. Que la crisis la paguen los grandes empresarios que ganan millones

Foto: Milei junto a los empresarios más importantes de Argentina.

Manifiesto

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS GRANDES EMPRESARIOS QUE GANAN MILLONES

POR UN GRAN PARTIDO DE LA CLASE TRABAJADORA Y SOCIALISTA

Desde que llegó al gobierno, Milei está aplicando una brutal política de ajuste y entrega contra el pueblo trabajador. La producción y el consumo se han derrumbado, han caído salarios y jubilaciones y la desocupación viene en aumento. Del otro lado, los principales grupos empresarios han ganado como nunca. Esta política la ha podido llevar adelante gracias a la oposición cómplice que le ha votado la Ley Bases y se ha negado a anular el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. El peronismo, que viene del desastroso gobierno de Alberto Fernández, no es ninguna alternativa al sometimiento al FMI y a las grandes patronales. La CGT ha permitido que avance este plan de ajuste y saqueo, y sectores de la burocracia sindical son cómplices abiertos del gobierno. Desde el PTS en el Frente de Izquierda presentamos este Manifiesto como un aporte a las luchas en curso y a la necesidad de construir una alternativa política ante la decadencia nacional: una izquierda de la clase trabajadora, socialista y anticapitalista. Es falso que a la clase trabajadora no le quede otra que arrodillarse y aceptar la caída de los salarios y el aumento de la desocupación, esperando el calendario electoral. Se necesita un Plan de Emergencia para que la crisis la paguen los grandes empresarios que vienen ganando fortunas, a partir de romper con la subordinación al FMI y no pagar la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Establecer ya la jornada de seis horas de trabajo en las 12.000 principales empresas del país, sin afectar el salario y repartiendo las horas de trabajo liberadas para crear un millón de nuevos puestos de trabajo con derechos, entre otros puntos principales; expropiando a las empresas que se nieguen. Un Plan que solo podrá imponerse con grandes acciones de masas de la clase trabajadora y todo el pueblo, culminando con la huelga general que derrote el ajuste de Milei. Apostamos a crear las condiciones para derrotar a los grandes empresarios, el capital financiero y las fuerzas políticas que defienden sus intereses, para que gobiernen las y los trabajadores, única forma de lograr los cambios de fondo que saquen al país de la decadencia, el sometimiento y la pobreza.

Este Manifiesto fue votado en una Conferencia Nacional el 20 y 21 de julio a partir de los debates con miles de compañeros y compañeras que ya son parte de construir el PTS con estos objetivos.

Un ajuste feroz contra el pueblo trabajador

1. En los más de siete meses que lleva de gobierno, como representante de lo más granado de la gran burguesía y del capital financiero internacional, Milei ha descargado un brutal ajuste sobre el pueblo trabajador, con consecuencias dramáticas para la economía nacional: 30% de caída de las jubilaciones, 20% de los salarios, aumento considerable de la desocupación, cierre de alrededor de 10.000 pymes, caída de la producción y del consumo. El superávit fiscal del que se vanagloria el gobierno fue logrado en base a recortes en las jubilaciones, el freno a la obra pública, el desplome de las transferencias a las provincias, el desfinanciamiento de las universidades y la baja de los salarios en la administración pública nacional y las empresas estatales así como la licuación de lo que se recibe por Salario Social Complementario en distintos planes sociales. Pero el impacto del ajuste no fue el mismo para todos. Mientras la clase trabajadora y amplios sectores de las clases medias han sido fuertemente afectados (y ni hablar los sectores más vulnerables) las grandes corporaciones empresarias han embolsado ganancias récord. Según un trabajo de CIFRA y FLACSO que compara las utilidades sobre ventas obtenidas en el primer trimestre de 2023 con las del mismo período de 2024, las ganancias en relación a la facturación del laboratorio Richmond saltaron del 1,5% al 51,2%; las de Metrogas del 2,3% al 74,3%; las de Aluar del 5% al 52,1%; las de Mirgor del 5,5% al 51,2%; las de Arcor del 15,5% al 50,2%; las del Banco Macro del 4,3% al 44,9%; las Aeropuertos Argentina 2000 del 19,3% al 80,1%; las Pampa Energía del 33,5% al 68,3%; y las de Ternium, del 30,4% al 49,6%, por solo mencionar algunos ejemplos. Como se ve un salto exponencial en las ganancias de las principales empresas del país.

2. La agenda impulsada por el gobierno ha contado con el beneplácito y el apoyo del conjunto de la clase dominante. No llama la atención. Sus planteos han estado marcados por el decálogo de medidas proclamadas desde hace décadas por lo más granado del establishment económico y sus voceros: desregulación económica, reforma laboral regresiva, baja de impuestos a los ricos, privatizaciones de las empresas estatales, despidos en el sector público, recortes en la educación pública y en los programas de asistencia social. Parte de esta orientación se ha concentrado en las medidas iniciales de Caputo (devaluación y desregulaciones varias), el DNU 70/2023 y la versión finalmente aprobada de la Ley Bases, que incluye entre otros puntos un fuerte ataque a conquistas laborales, el RIGI (con baja de impuestos y facilidades de acceso el dólar a las grandes corporaciones), un blanqueo para los evasores y fugadores, amplias facultades delegadas para seguir implementando medidas por decretos, la vuelta del impuesto a las ganancias para los trabajadores bajo convenio y la baja del impuesto a los bienes personales, un tributo que afecta a los contribuyentes más altos. De conjunto, son medidas que han provocado una nueva y brutal transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia las clases dominantes, y que el elenco de Milei, Caputo y Sturzenegger prometen continuar.

3. El resultado de este ajuste brutal ha estado sin embargo muy lejos de las promesas gubernamentales. La realidad es que la caída de la economía continúa y las reservas han empezado nuevamente a bajar luego de una recuperación en los primeros meses de gobierno. El capital agrario solo ha liquidado un 20% de la cosecha esperando, y empujando, una devaluación que le permita compensar la caída de los precios internacionales. Lo mismo plantean sectores de la burguesía industrial que producen para el mercado interno. El FMI también pide por una devaluación, lo que provocaría un salto de la inflación y una nueva transferencia de ingresos del pueblo trabajador hacia los grupos económicos más concentrados ligados a las exportaciones. Con medidas que tratan de contener la brecha con los dólares paralelos a costa de limitar la acumulación de reservas, las variables financieras han empeorado paradójicamente luego que el gobierno lograra aprobar la Ley Bases y el acompañamiento de 19 gobernadores en la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Detrás de esto está la constatación que el gobierno no cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos financieros de 2025 (donde se acumulan vencimientos por más de 15.000 millones de dólares) y que tampoco ha conseguido nuevos fondos del FMI o del mercado financiero para poder ir al levantamiento del “cepo” sin riesgo de descontrol inflacionario, algo imposible con un riesgo país en alrededor de 1.500 puntos. Esta situación de inestabilidad financiera lleva a que crezcan las voces de quienes opinan que toda la estrategia del gobierno es aguantar hasta la eventual llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para conseguir del FMI los dólares necesarios para avanzar ya sea en un esquema de competencia de monedas “a lo Perú y Uruguay”, como propone el Fondo, o directamente hacia una dolarización lisa y llana, lo que significaría un salto en la subordinación semicolonial de nuestro país.

4. Todo esto ocurre en un mundo crecientemente convulsionado, con la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, la guerra entre Rusia y Ucrania en el centro de Europa, el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza, el militarismo creciente de todas las potencias imperialistas, el fortalecimiento de tendencias de extrema derecha en diferentes países y distintas expresiones de polarización política y social, como se ve en incertidumbre alrededor de la elección presidencial norteamericana. Con su alineamiento incondicional con Netanyahu y con Trump, tratando de “héroes” a los más ricos del planeta y alabando a los grandes monopolios, con su culto a la misoginia y negación de la acción humana en el cambio climático, el gobierno de Milei pretender expresar a las tendencias más reaccionarias de la situación mundial. En este sentido, la pelea por derrotar sus planes tiene una clara dimensión internacional.

Una profunda crisis que puede generar nuevas luchas de masas

5. Aunque la votación de la Ley Bases alejó coyunturalmente la tendencia a una acción unificada de masas que derrote el ajuste del gobierno, la profundidad de la crisis social, la inestabilidad financiera y las brechas existentes por arriba pueden provocar más temprano que tarde nuevas intervenciones del movimiento de masas, perspectiva para la que se prepara el PTS-FITU. En un marco de crecimiento de los despidos ponemos toda nuestra fuerza para que las luchas que los enfrentan se coordinen y para ver qué sector puede atalonarse y protagonizar una lucha que moralice al conjunto de los trabajadores e impida la resignación que imponen las burocracias sindicales. En el sector público los despidos en el Hospital Posadas han despertado una importante solidaridad en todo el sector de la salud y en sectores de la población que los ven como un ataque la salud pública. En el sector privado, donde los despidos crecen día a día, hay un ataque en regla tanto en FATE como en Bridgestone, a partir de Preventivos de Crisis truchos presentados por las empresas que pretenden despidos masivos y más flexibilización laboral. Tenemos que poner toda la fuerza para rodear de solidaridad al SUTNA y evitar que la patronal dé un golpe a este sector combativo de la clase trabajadora, exigiendo a su vez a la burocracia sindical que rompa su tregua con el gobierno y convoque a un plan de lucha para enfrentar los ataques patronales y gubernamentales.

6. En estos meses se han realizado numerosas movilizaciones enfrentando el ajuste del gobierno. Comenzaron el 20 de diciembre en que Luis Caputo anunció la mega devaluación, con la marcha a Plaza de Mayo (realizada pese a los intentos del gobierno de impedirla) y los cacerolazos de esa misma noche. Luego, la marcha de la CGT a Tribunales y la realizada en el contexto del primer paro general del 24 de enero. Aunque menos masivas, también fueron importantes las movilizaciones realizadas durante el primer tratamiento de la Ley Bases, que terminaron con el retiro de la ley en medio de fuertes represiones. Hubo luchas emblemáticas contra despidos en empresas como GPS, la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas, que tomó a su vez la demanda contra el plan de privatización ganándose la simpatía del conjunto del gremio aeronáutico. El 8 de marzo volvió a ser masiva la movilización del movimiento de mujeres y lo mismo ocurrió el 24 de marzo en un nuevo aniversario del golpe genocida. El 23 de abril las marchas en defensa de las universidades públicas congregaron más de 1.200.000 personas en más de 70 ciudades de todo el país. Luego, el segundo paro general el 9 de mayo tuvo un alto nivel de acatamiento. En Misiones, a su vez, vimos dos semanas de movilizaciones de los distintos sectores de la administración pública provincial (incluyendo las protestas policiales por mejores salarios) con cortes de rutas y campamentos dispersos en toda la provincia, que en el caso de los docentes culminaron con un importante aumento salarial (de $ 240.000 a $ 500.000). Finalmente enfrentamos la brutal represión ocurrida cuando se trató la Ley Bases en el Senado, con 33 detenidos y numerosos heridos, y el intento del gobierno de procesar a los manifestantes por “terrorismo” y “sedición”, que fue desbaratado por una muy importante reacción unitaria que permitió lograr la liberación de 31 detenidos. Son todos ejemplos de la disposición a la lucha mostrada en estos meses, con acciones masivas con capacidad de impacto en los sectores populares que aún tienen expectativa en el gobierno. Si Milei ha podido avanzar en su plan es por la falta de voluntad de las direcciones para enfrentarlo seriamente; ya sea sindicales o del movimiento universitario.

7. Si Milei pudo llegar hasta acá fue también por la colaboración de la “casta política” que está de acuerdo en lo central de los ataques contra los trabajadores de la mano del núcleo del poder económico. Esto se expresó en el surgimiento de un sector de oposición cómplice que ha votado con el gobierno en la Cámara de Diputados y en el Senado la Ley Bases, y en la Cámara Baja se ha negado a anular el DNU 70/2023.

8. El peronismo por su parte evitó una estrategia de enfrentamiento frontal contra el gobierno, dándole tiempo para que avance en su política de ajuste contra el pueblo trabajador. Algunos de los miembros del gobierno provienen del peronismo o fueron parte de sus gobiernos, como Scioli o el propio Guillermo Francos, ambos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Numerosos miembros del gobierno anterior sigue en sus cargos, especialmente varios referenciados con Sergio Massa. La mitad de los diez gobernadores peronistas fueron parte de la puesta en escena del “Pacto de Mayo” en Tucumán. La CGT no dio ninguna lucha consecuente contra el DNU y la Ley Bases, pese a que ambos incluyen ataques en regla a las conquistas de los trabajadores. Cuando se trató la Ley Bases el sector que movilizó se retiró antes del comienzo de la represión mientras otro sector directamente ni movilizó. Ha permitido que pasen los despidos sin dar ninguna lucha seria y ahora negocia con el gobierno la reglamentación de la Ley bases y el paquete fiscal en vez de organizar la lucha para derrotarlos. En el Congreso, aunque Unión por la Patria votó en contra de las principales iniciativas del gobierno, sufrió desgranamientos en Diputados (Salta, Misiones, Tucumán y votaciones parciales de los diputados de Catamarca y San Juan) y en el Senado que fueron claves para los éxitos parlamentarios del oficialismo. Hoy el conjunto del peronismo se alinea con la Iglesia Católica, que también es parte de los actores que sostienen a Milei. Más allá de los discursos y matices, figuras como Kicillof, Moreno o Grabois comparten un alineamiento político con una institución reaccionaria que se ha opuesto a demandas elementales como el derecho al aborto o el matrimonio igualitario. Más allá de su crisis y disputas internas por el liderazgo del espacio, de conjunto el peronismo se ha impuesto la estrategia de “dejar hacer” a Milei. No extraña. Aunque el peronismo denuncie ahora el RIGI contenido en la Ley Bases, no olvidemos su acuerdo con Chevron, las múltiples exenciones impositivas que dieron a los grandes empresarios (empezando por Galperín en las distintas leyes para la “economía del conocimiento” que impulsaron) o los beneficios que estaban y están dispuestos a dar a Petronas para la planta de GNL. Como ya se demostró bajo el gobierno de Alberto Fernández, que se sometió al FMI y los acreedores privados y ni siquiera se atrevió a expropiar a estafadores como los de Vicentín, sin confrontar con el capital financiero internacional y con el poder económico local no hay salida posible de la crisis favorable a los intereses del pueblo trabajador. Solo permiten alguna concesión a sectores de la clase trabajadora en períodos de crecimiento económico extraordinario y siempre que las ganancias capitalistas estén garantizadas. El peronismo huye de la inevitable confrontación con el poder económico, y trata de mostrar a la burguesía que con su control del movimiento de masas es quien mejor puede garantizarles sus ganancias. Busca expresar también a los sectores capitalistas vinculados al mercado interno que sencillamente ignoran Milei y los sectores financieros, las tecnológicas y los petroleros y mineras que este representa. Lo mismo en relación al FMI, donde Cristina aclara una y otra vez que no quieren dejar de pagar la deuda ni desconocerla, sino conseguir mejores condiciones para pagarla. De ninguna manera están dispuestos a repudiar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. De conjunto, el régimen político comparte el “consenso extractivista” para pagar la deuda.

9. El plan de reformatear al país de manera regresiva tiene como uno de sus aspectos centrales una ofensiva extractivista, de primarización de la economía, aumentando los aspectos dependientes y atrasados de Argentina. La votación de la Ley Bases y su apartado, el RIGI, abre a las multinacionales mineras, petroleras, forestales, del agro y otras a un mayor saqueo de los bienes comunes naturales. Los gobernadores están apurando la adhesión al RIGI, como ya pasó en Rio Negro, lo que expresa las ansias de rematar todo a cambio de migajas para las provincias y el consenso extractivista de los sectores empresariales. Aunque se niega a adherir al RIGI de la Ley Bases, Axel Kicillof impulsa un RIGI propio de la Provincia de Buenos Aires. Alentamos las resistencias que puedan desarrollarse en las provincias frente a la adhesión del RIGI, (que implicaría enfrentarse a gobiernos de la UCR -como en Jujuy o Mendoza-, al PRO en Chubut o al PJ en Catamarca), por ser un marco para el saqueo y la destrucción de territorios en zonas donde las poblaciones y comunidades originarias se han enfrentado al extractivismo. Apostamos a que las organizaciones, asambleas, comunidades y espacios del activismo se unifiquen y coordinen en acciones comunes para exigir: ¡No al RIGI!

En la primera fila de la resistencia

10. Desde el PTS en el FITU (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) hemos estado en la primera fila de las movilizaciones y luchas contra el ajuste de Milei, tanto en las calles como en el Parlamento. Batallamos por la más amplia coordinación para enfrentar su política de ajuste y entrega, exigiendo a las direcciones burocráticas de la CGT y la CTA la convocatoria a un plan de lucha consecuente para derrotar el plan de Milei, en la perspectiva de la huelga general. Impulsamos el reagrupamiento de los sectores combativos de los sindicatos (SUTNA, Ademys, GPS/Aerolíneas, UF Haedo, Madygraf, Zanon, sectores opositores del Subte, Alimentación, metalúrgicos, hospitales, ferroviarios, docentes, etc.), las asambleas barriales (de las que fuimos la principal fuerza política impulsora), el movimiento estudiantil y el movimiento piquetero, expresado en el Encuentro del 25 de Mayo en Plaza Congreso. Enfrentamos el protocolo represivo de Patricia Bullrich desde el primer día y estuvimos en las movilizaciones contra la Ley Bases tanto en enero y febrero como en su tratamiento posterior en mayo y junio. También hemos sido impulsores de la más amplia unidad de acción para enfrentar la avanzada represiva del gobierno y lograr la liberación de la mayoría de las y los presos por luchar.

11. El PTS y su militancia viene dando pasos en fusionarse con los sectores que quieren luchar para enfrentar los ataques del gobierno y la gran burguesía en el camino de forjar una nueva fuerza política de las y los trabajadores que supere a todas las experiencias fracasadas en el camino de comenzar una vía revolucionaria nacional e internacional. Frente a la crisis actual es imperioso levantar un plan de emergencia anticapitalista para que la clase trabajadora dé una salida alternativa al desastre al que nos está llevando el plan de la clase dominante. Ante la magnitud del ataque no hay salidas intermedias y salvaciones individuales de cada sector. Se impone una lucha de conjunta para derrotar el plan de guerra de la gran burguesía y pasar a la ofensiva:

 Lo primero es romper con el sometimiento al FMI denunciando la deuda externa que hoy ahoga al país, como una “deuda odiosa”, ilegal, ilegítima y fraudulenta. Como parte de esta lucha impulsar un movimiento internacional por la anulación de las deudas de los países oprimidos, denunciando cómo el endeudamiento es parte de un mecanismo de sometimiento de nuestros países. Recientemente hemos visto en Kenia como la movilización popular ha obligado a retroceder al gobierno de ese país con el ajuste dictado por el FMI. En los últimos años, en distintos continentes se producen levantamientos contra sus exigencias, como ocurrió en países como Ecuador o el Líbano. Unos 50 países sufren una situación crítica debido a lo impagable de sus deudas soberanas, ya sea con organismos internacionales o con bancos y fondos de inversión privados. En un mundo cruzado por disputas hegemónicas y demanda creciente de nuestros productos es completamente falso que la única salida es someternos a los dictados del Fondo y el capital financiero internacional hundiendo cada vez más a millones en la miseria y profundizando la dependencia y el atraso nacional. Si impulsamos una gran movilización en todo el mundo por este reclamo, empezando por la patria grande latinoamericana, podemos romper ese sometimiento. Es algo que no hicieron los gobiernos “progresistas” de la región en la primera década del siglo, donde la retórica latinoamericanista no fue de la mano del hecho elemental de enfrentar en común al FMI y a los acreedores privados por las deudas de los distintos países. Cada país negociando por separado es la estrategia que conviene a los acreedores. La movilización de la clase trabajadora y los pueblos del mundo puede revertir esta situación.

 Frente a la “puerta giratoria” del Banco Central que facilita la fuga de las divisas y la permanente especulación del capital agrario para liquidar sus exportaciones, el comercio exterior debe ser nacionalizado, al igual que todos los puertos para resguardar las divisas y poner el conjunto de los recursos de la exportación al servicio de las necesidades populares y no de la fuga de capitales y de la especulación con la producción agropecuaria. Con Vicentín, con puerto propio, vimos claramente el ejemplo de una de las grandes exportadoras que tomaba crédito barato del estado para fugar divisas y estafar a toda la población. Nuestro planteo es la única alternativa de fondo a la apertura indiscriminada o a los supuestos controles que bajo los gobiernos de Macri y Alberto Fernández no impidieron que no quedaran reservas en el Banco Central, a pesar del endeudamiento récord de uno y de un fuerte superávit comercial del otro.

 Toda la producción de hidrocarburos y el conjunto del sistema energético deben ser nacionalizados y gestionados por trabajadores y técnicos especializados, realizando un plan nacional sustentable para garantizar a la población un servicio barato y de calidad y llevar adelante la transición energética.

• La crisis social repercute doblemente en las mujeres, muchas de las cuales son jefas de hogar, mientras el Gobierno no para de atacar conquistas básicas como los programas de atención a víctimas de violencia de género. No al cierre de ninguno de los programas, restitución de todas las trabajadoras despedidas y más presupuesto para refugios, vivienda y creación de puestos de trabajo.

• Hay que anular el protocolo antimovilizaciones y toda legislación represiva y terminar con las persecuciones a los militantes de las organizaciones populares y seguir luchando por la libertad de lxs dos detenidxs por manifestarse contra la Ley Bases. No a la criminalización del movimiento piquetero. Libertad a los presos y presas políticos. Anulación de todas las causas por participación en luchas y movilizaciones. No a la Unidad de Seguridad Productiva de Bullrich, infantería al servicio de los grandes negocios extractivistas y de las empresas, para reprimir en los territorios y las medidas de lucha de los trabajadores.

• Hay que terminar con los privilegios de esa otra casta que es la cúpula de la Iglesia Católica. Basta de subsidios a esa institución. Separación de la Iglesia y el Estado.

• Todo el discurso de Milei sobre la “casta” se ha mostrado como una estafa. Pasó de sortear su sueldo a financiar frecuentes viajes privados al exterior con fondos públicos. Para aprobar la Ley Bases en el Senado ha otorgado embajadas y cargos públicos a cambio de votos, hechos directos de corrupción política típicos de la “casta” que antes denunciaba. Ha colocado en áreas del estado a funcionarios que favorecen los negocios de las empresas de las que provienen y facilitan negocios a empresarios amigos. Mientras licuaban los salarios populares los senadores se aumentaban sideralmente sus ingresos a 8 mil dólares por mes, así como los directores de YPF que pasaron a cobrar 72 mil dólares ¡mensuales! Nuestro planteo es muy claro: todo funcionario político debe ganar como un docente o como un trabajador promedio y sus puestos deben ser revocables por el voto popular. Los jueces deben ser electos por el voto popular y también cobrar como un trabajador promedio. Contra los arreglos y la “rosca” a espaldas del pueblo planteamos, ante situaciones de crisis política, estará planteada la lucha por una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana que termine con la institucionalidad de este régimen político al servicio de los capitalistas y permita avanzar en medidas para que sea el pueblo trabajador el que decida su propio destino.

12. Este Plan de Emergencia lo planteamos en la perspectiva de la reorganización del conjunto de la economía nacional en base a un plan debatido democráticamente en los lugares de trabajo, de estudio y las barriadas populares por el conjunto del pueblo trabajador, en base a la estatización de los recursos estratégicos de la economía y en función de satisfacer las necesidades populares, cuidando y usando racionalmente los bienes comunes naturales. Y de la lucha por un gobierno de las y los trabajadores, basado en sus organismos de autodeterminación, que termine con opresión imperialista y la explotación capitalista, que oprime a los pueblos y destruye la naturaleza. Por la unidad de América Latina en una Federación de Repúblicas Socialistas.

13. Impulsamos el frente único por cada reivindicación progresiva de la clase trabajadora y el movimiento de masas. Así lo hicimos hacia el Encuentro del 25 de Mayo frente al Congreso y lo hacemos ahora contra los despidos y ataques al Sutna y el Hospital Posadas. Esa convocatoria fue impulsada por el sindicalismo combativo, las asambleas barriales, organizaciones sociales y las fuerzas políticas que integramos el FITU y otras organizaciones de izquierda. En esta lucha será indispensable avanzar en la organización y coordinación democráticas del pueblo trabajador (sindicatos, movimientos sociales, asambleas barriales, etc.), movimiento estudiantil, de mujeres y disidencias y ambientales, para construir nuestro propio poder frente al del capital. Lo hacemos en la perspectiva de dar una salida de conjunto, como la que planteamos con el Plan de Emergencia. Sabemos que solo puede implementarse como producto de una gran movilización de la clase trabajadora y el conjunto del pueblo explotado. Por ellos impulsamos la coordinación de todos los sectores combativos y en lucha y exigimos a la CGT y las CTA la ruptura de la tregua con el gobierno y un plan de lucha para derrotar el ajuste, que se inicie con un paro de 36 horas con movilización en el camino de la huelga general.

14. Desde el PTS, como integrantes del Frente de Izquierda, sabemos que aunque aún somos una fuerza política minoritaria buscamos expresar los intereses de la gran mayoría nacional, la clase trabajadora, para que encabece la lucha del conjunto de los sectores explotados y oprimidos hacia un levantamiento obrero y popular que acabe con el plan de la gran burguesía con la huelga general.

15. Frente al intento de reducir la disputa política entre dos tradiciones que sostienen el poder de la clase dominante, apostamos a una salida donde las masas trabajadoras sean las protagonistas de su propio destino, como lo intentaron varias veces en nuestra historia. Sostenemos la necesidad de construir una izquierda de la clase trabajadora y socialista, un partido revolucionario internacionalista, que defienda una perspectiva socialista en oposición política e ideológica a la corriente liberal (incluyendo su variante libertaria) que se apoya en la destrucción de conquistas populares y la exaltación del individualismo capitalista, y el peronismo con su "estatismo blando" utópico en los marcos del sometimiento al FMI y al capital financiero. La clase trabajadora, que constituye la enorme mayoría nacional y tiene la potencialidad para controlar todos los recursos estratégicos de la economía, es quien tiene la capacidad para hegemonizar una alianza con el conjunto de los oprimidos por el dominio del capital para derrotarlo y terminar con la dominación imperialista. Para ello es preciso levantar un programa de conjunto que incluya, entre otros puntos centrales, los aspectos que sostenemos en este Manifiesto. Un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo permitiría, mediante la expropiación de la gran burguesía y la socialización de los medios de producción, la reapropiación por parte del pueblo trabajador de los frutos de la cooperación social, que hoy se apropian los capitalistas en su propio beneficio y es la base de la generación de la riqueza social.

16. El objetivo de nuestra lucha es construir una sociedad socialista para terminar con toda forma de explotación y opresión, lo que solo puede realizarse acabadamente terminando con el capitalismo a nivel internacional, para que mediante la planificación democrática de la economía los conocimientos científicos y tecnológicos, de los que hoy se valen las grandes corporaciones para enriquecerse a costa de la clase trabajadora, sean puestos en función de satisfacer las necesidades sociales, terminando con el hambre, la pobreza, las desigualdades sociales, las guerras y las opresiones de género o raza, reduciendo el trabajo necesario a un mínimo y abriendo paso al desarrollo de la creatividad y el bienestar humanos en una relación amigable con la naturaleza. Así la conquista de la libertad será una realidad para toda la humanidad y no para una minoría de millonarios como es en el actual sistema capitalista.