La última acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con uno de sus proyectos estrella, las Universidades del Bienestar, ha sido un proceso de persecución y exclusión contra estudiantes que tenían carreras universitarias previas, lo que muestra que el proyecto no es tan incluyente como presume.
Lunes 18 de marzo
En diferentes sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) se han establecido mecanismos que han intentado excluir a la comunidad estudiantil, como en la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria en la Sede de Juchitepec, cuyos criterios son estudios previos, que de manera retroactiva se quieren aplicar en perjuicio de doscientos estudiantes; la Dirección General revisa los casos que presentan BAJA en la plataforma SUBES y también se les han recolectado sus credenciales y negado el acceso al plantel.
Esta misma situación ocurrió en la sede Calakmul en Campeche, en la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria, donde 18 alumnos con carrera trunca o terminada, en un cuestionario con sus profesores fueron dados de baja de la plataforma de becas.
También se da esta situación en Hidalgo, con 30 estudiantes, que han interpuesto un amparo para no perder los ciclos escolares cursados en la carrera y han sido pocos los reintegrados.
Esto ha causado graves problemáticas en la salud mental de las y los estudiantes y vulneraciones a sus derechos, principalmente la falta de certeza jurídica. También implica un doble rechazo de las universidades que establecen requisitos de ingreso, por lo que se trata de una discriminación.
En la comunidad de Tepatepec en Francisco I. Madero, también en el estado de Hidalgo, hay 200 alumnos afectados que cursan cuarto semestre de la licenciatura en Formación Docente a nivel básico.
De la misma forma, el plantel Mecatlán de Yahualica denunció este problema con estudiantes inscritos en esa institución educativa. Ante estas situaciones, la inconformidad se ha mostrado mediante protestas como las de Tlanchinol, Hidalgo, donde alumnos de la UBBJ protestaron en la inauguración del Banco del Bienestar, en contra de la baja de 24 estudiantes.
Desde 2022, las y los estudiantes han denunciado las modificaciones en el reglamento estudiantil mediante el cual se negaba la inscripción a los alumnos que ya habían iniciado o llevado a cabo estudios universitarios anteriormente, lo cual se implementó desde noviembre de 2023.
Además, en 2022, estudiantes de las sedes de Tlalpan, CDMX, Tixtla, Guerrero y San José Iturbide, Guanajuato, señalaron que sus sedes se encontraban inservibles o en condiciones inadecuadas para tomar clases, por lo cual iniciaron movilizaciones. En el caso de los alumnos de la sede Tlalpan, fueron amenazados por Raquel Sosa, quien les dijo: “No estén de ociosos, no anden en la calle protestando (...) ¿A quién de ustedes les gustaría que exhibieran la historia médica de su familia?”.
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El proyecto de educación superior de la 4T
Al inicio de su campaña, la candidata presidencial del Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, señaló que replicará el modelo de la Universidad Rosario Castellanos (URC) en todo el país si llega a ganar la presidencia, omitiendo que la 4T durante el sexenio implementó un proyecto a nivel nacional que son las UBBJG, promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Las UBBJG cuentan con mil 168 docentes, administrativos y residentes de obra que carecen de derechos laborales, pues son considerados beneficiarios de un programa de gobierno y no trabajador@s, lo que al final los pone en total precarización y al margen del artículo 123 constitucional, lo cual se refleja en los despidos arbitrarios y masivos, como los ocurridos en 2020, 2021 y aún continúan, mientras que hasta la fecha no hubo justicia laboral. A esto se suma la opacidad de la administración de las UBBJ en el manejo de los recursos, pues no hay información, ni auditorías. Así, el proyecto estrella de la 4T durante inicios del sexenio no acabó con la exclusión educativa en el nivel superior que se prometió.
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Las condiciones tanto laborales como educativas de dicha universidad no son las mejores. Para las y los trabajadores se trata de una condición laboral precaria y vulnerable al estar contratados como personal de confianza, una forma de contratación que les niega la posibilidad de basificación, lo que implica no tener estabilidad laboral, un Contrato Colectivo de Trabajo o, en su defecto, condiciones generales de trabajo como tienen los trabajadores que laboran en la educación básica y poder estar afiliados a un sindicato, además de que los salarios con los que cuentan llegan a ser insuficientes.
Todo esto impacta directamente en la educación que reciben los alumnos, pues en el caso de los docentes su labor se ve mermada por la búsqueda de otros trabajos que completen sus ingresos, lo que reduce el tiempo que pueden dedicarle a los estudiantes y eso afecta en los contenidos y la atención. A lo que se agrega la falta de infraestructura, como las bibliotecas y sistemas de cómputos necesarios, entre otras cosas, que también tienen un efecto negativo en el desarrollo de los estudios.
De igual forma que en las UBBJ, la URC también se basa en la precarización laboral y educativa, así como en la falta de infraestructura, a lo que se agregaron despidos por recortes presupuestales y por persecución política contra los que se opusieron a los abusos patronales. Lo que muestra que el proyecto de Sheinbaum en esta universidad que se pretende extender a todo el país si gana las presidenciales, es el mismo que AMLO prometió en 2018, que hoy comprobamos que se basó en la profundización de la precarización laboral y educativa, con una política de ataque hacia las condiciones de las y los trabajadores disfrazada de un discurso progresista de cobertura educativa superior, que en su momento sirvió para ganar votos y legitimidad.
Por lo que opinamos que, para acabar con la precarización laboral y educativa, conquistando demandas como el aumento al presupuesto educativo (y no para la militarización del país), es necesaria la organización y la movilización unitaria de todos los niveles educativos, con independencia política del gobierno y los partidos del régimen, pues bajo la 4T continúa la precariedad también en los niveles básico y medio superior.