Cacicazgo universitario. ¿Qué sucede en la Universidad Autónoma de Sinaloa?

A lo largo del año pasado distintas investigaciones periodísticas rebelaron una multiplicidad de operaciones financieras que la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo desde hace algunos años . Dichas operaciones sin licitación ascienden a 600 millones de pesos: destacan las de tortillas y totopos por alrededor de $45 millones de pesos. Por esta última razón, la gente en Sinaloa ya conoce al asunto como el “TotopoGate”. Como resultado de tales cuestiones varios exfuncionarios de esta universidad están enfrentando procesos legales.

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Muchas de las compras fueron hechas a proveedores que están ligados formal o fácticamente a empresas de militantes del Partido Sinaloense (PAS) y a la familia Cuén Díaz. El PAS es un partido que nació en 2012 a través del uso clientelar de la Universidad por parte de un personaje: el cacique universitario Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS (2005-2009). Dentro de los acusados está Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del mencionado exrector, que hasta mayo del año pasado era Director de Bienes e Inventarios de la UAS.

Derivado de estos procesos penales, en octubre del año pasado el entonces rector Jesús Madueña fue destituido del cargo como medida cautelar. Las autoridades universitarias y la familia Cuén Díaz se dicen perseguidas políticas. ¿Qué tan cierto es esto?

¿Qué ocurre actualmente en la UAS?

LID: ¿Qué es lo que está pasando en esta universidad sinaloense?

ESTUDIANTE: Se están dando una serie de procesos penales contra autoridades por un desfalco a las arcas universitarias por más de 600 millones de pesos. Los implicados arguyen, entre otras cosas, que parte de los montos que se gastaron es dinero que la UAS “genera”, y que, como no proviene del Estado o la Federación, no tienen por qué rendirle cuentas a ninguna entidad externa a la Universidad en torno a en qué se lo gastan.

Dicen también, que todo esto no es más que una persecución política en su contra porque defienden la autonomía universitaria de la injerencia del gobierno estatal que supuestamente quiere apoderarse de la UAS a través de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, la cual se sustenta de la Ley General de Educación Superior (LGES), con ligeras variaciones que ponen en relativo riesgo el dominio absoluto de Melesio Cuén en la Universidad.

Frente a esto las autoridades de la UAS se han amparado tomando como base legal el artículo 2° de la LGES, el cual fue un regalo de la 4T a cacicazgos universitarios. Uds. Hicieron unas puntualizaciones acertadas e interesantes en una nota que publicaron en 2021. Es un tema complejo que requiere un análisis detallado que por cuestiones de tiempo no puedo desarrollar.

Pero al final todo es simple: se trata de una batalla que las autoridades universitarias están dando a nivel legal y en las calles ─con movilizaciones que han llegado a cierta masividad pero que son clientelares─ para salir impunes del desvío de recursos de gran parte del presupuesto universitario, éste en el caso de la UAS asciende a casi 8 mil millones de pesos anuales, así como por continuar usando clientelarmente a la Universidad poniéndola al servicio del Partido Sinaloense en su activismo permanente y, sobre todo, en temporada electoral.

Cuando digo que las movilizaciones de las autoridades de la UAS son clientelares lo digo porque mueven al estudiantado prometiendo calificaciones. Toman lista en las manifestaciones y a los trabajadores los amenazan para asistir forzosamente.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) han emitido comunicados apoyando a las autoridades de la UAS ya que, como cúpulas burocráticas en sus propias instituciones, comparten intereses económicos con la casta dorada cuenista en la UAS. O sea, defienden una autonomía universitaria que les permita seguir saqueando el presupuesto de las universidades públicas.

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LID: Algunos medios como “Voces Nacionales” del periodista Álvaro Aragón Ayala insisten en que la familia de Cuén es objeto de persecución política y que las manifestaciones de trabajadores y estudiantes en defensa de sus derechos laborales y humanos son en realidad orquestadas por fuerzas políticas externas a la UAS para “desestabilizarla”, ya que en realidad las autoridades universitarias son democráticas y respetan los derechos laborales y humanos de la comunidad UAS… ¿Qué nos puedes decir de ello?

ESTUDIANTE: Nadie está persiguiendo políticamente a Héctor Melesio Cuén Ojeda o a algún miembro de su familia. Las investigaciones periodísticas respecto a la corrupción en la UAS ─que Cuén acusa de ser parte de esta “persecución”─ están revelando un cúmulo de abusos y de hechos que han favorecido y enriquecido a distintos miembros de esta familia en Sinaloa.

Los exfuncionarios de la UAS que están bajo proceso legal gozan de total respeto a sus libertades y garantías jurídicas, democráticas y de derechos humanos, en cambio nuestros derechos humanos y laborales como estudiantes y trabajadores son pisoteados una y otra vez por miembros de la familia Cuén y dirigentes del Partido Sinaloense.

Ellos tienen una maquinaria mediática a su servicio para difamar a trabajadores y estudiantes, así como una estructura represiva muy compleja que involucra a muchas personas que están contratadas formalmente por la UAS, pero también otras que se enlazan a ella de manera parainstitucional. La revista Contralínea ha publicado bastante información sobre esto, así como el medio digital Animal Político.

En este último se señala a un oscuro personaje como parte de una red al servicio del cacicazgo cuenista para desinformar a la opinión pública: se trata de Álvaro Aragón Ayala, el que mencionan en su pregunta. Álvaro constantemente es invitado privilegiado en Radio UAS para hacer “análisis” político. El tipo no hace análisis, lo único que hace es, junto a Wilfrido Ibarra ─locutor estrella del cuenismo-, elaborar malabares para defender a capa y espada a Melesio Cuén Ojeda y su familia.

Ahora bien, en cuanto a los procesos legales, los acusados en el desfalco de la UAS difieren una y otra vez las audiencias bajo cualquier tipo de excusas: se inventan malestares estomacales, dolores de pecho, jaquecas, accidentes automovilísticos, etc. y el Juez les concede el diferimiento. Eso sí, cuando se trata de salir a las calles en manifestaciones para ejercer presión con el objetivo de que los procesos legales no avancen, gozan de cabal salud. Para eso nunca están enfermos.

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Va un dato respecto a esto último: en los 6 meses que llevan los procesos legales en su contra, los exfuncionarios han logrado diferir 20 audiencias bajo todo tipo de pretextos absurdos. Cuando Melesio Cuén Díaz, el junior del cacique, fue cuestionado por llevar a cabo este tipo de tácticas, dijo que eran sus derechos humanos y que deben respetarlos. No obstante, el tipo y su familia son unos violentadores de derechos humanos, no respetan ni a mujeres.

¿Por qué digo esto? Ya no hablemos de lxs hijxs del cacique. Hablemos de otros dos parientes de él que han sido favorecidos por su “linaje” donde se muestra claramente los privilegios de los que gozan: Jesús Alfredo Cuén Lazcano, sobrino de Melesio Cuén Ojeda, asesinó a una joven en 2012. En 2014 fue sentenciado a poco más de 14 años de prisión por homicidio doloso. Sin embargo, al menos desde 2022 el asesino ya está libre. Se presentó a un evento de la Dirección de Deportes UAS el 2 de julio de ese año.

La madre de la víctima, sus amigos y distintas personas llevaron a cabo manifestaciones en las calles de Culiacán en 2015, exigiendo justicia y denunciando públicamente que el cacique universitario había movido sus influencias en el poder judicial para que el caso no fuera tipificado como feminicidio y, por ende, para reducir la pena del asesino. La familia Cuén se salió con la suya como lo ha hecho siempre, en cambio la familia de la víctima no recibió justicia.

Pero la cosa no termina ahí con Jesús Alfredo. Salió de prisión y ya está trabajando nuevamente en la UAS. Y no con cualquier puesto. Según la plataforma de transparencia, aparece como coordinador nivel J adscrito a la Dirección General de Deportes. Recibe un sueldo de casi $ 25 mil pesos mensuales ─según el tabulador salarial de la universidad-. ¿Puede trabajar el tipo tras recibir una sentencia penal por un delito del fuero común que no tiene nada que ver con razones políticas? ¿Puede hablarse de una persecución política y de un atropello a los derechos humanos contra estos personajes tomando todo esto en cuenta? ¡Claro que no!

Si menciono ese caso es para darnos una idea del alcance del poder que tienen los Cuén. No es un señalamiento personal; es un hecho político que evidencia fehacientemente el poder que ejercen estos personajes corruptos. Deben decirse estas cosas. Esto no puede seguir sucediendo. Héctor Melesio Cuén Ojeda y su familia no pueden seguir presentándose como víctimas cuando son victimarios de la peor clase que deben ser llevados ante la justicia y sometidos a ella.

Aún hay más: hace unos días el hermano de Jesús Alfredo, Daniel Emilio Cuén Lazcano, fue nombrado director del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS. Daniel tiene formación en ciencias de la salud, pero es obvio que no recibió dicho nombramiento por esa razón, y sí por su parentesco con Cuén. Nombrarlo a él director, en medio de estas investigaciones, es una demostración de músculo político por parte del cuenismo. Hace poco leí que una exprofesora dijo muy atinadamente: “los cuenistas siempre demuestran fuerza a través del cinismo y la temeridad”. No pudo decirlo mejor, son una mafia en toda la extensión de la palabra.

Por cuestiones de tiempo no puedo ahondar con mayor detalle, aunque hay mucho más de qué hablar.

Pero, en resumidas cuentas, la familia de Cuén no está siendo perseguida, tampoco las autoridades universitarias, mucho menos los dirigentes del Partido Sinaloense. Lo que les ocurre es consecuencia de sus propios excesos. El verdadero problema aquí es que esa gente pueda salir impune o que la justicia les sea aplicada muy levemente.

Ahora bien, las otras manifestaciones ─que no son para defender a autoridades corruptas- de trabajadores, docentes y estudiantes que se han dado y que han sido impulsadas, por ejemplo, por la organización llamada Movimiento Democrático Universitario no son un intento de “desestabilizar” a la UAS, son la respuesta legítima de un sector que está viendo pisoteados sus derechos laborales y humanos por parte de las autoridades caciquiles de la universidad a causa de que han denunciado lo que sucede en dicha institución educativa. O sea, son manifestaciones en defensa de derechos humanos y laborales.

Producto de estas manifestaciones el MDU logró la reinstalación del profesor de la Facultad de Derecho de la UAS Culiacán, Antonio Chávez Sevilla, quien había sido despedido por publicaciones en redes sociales y por su activismo democrático. Fue una gran victoria que se dio a través de la movilización. Esa es la dirección correcta.

Aquí hay que ser claros: la verdadera persecución es la que autoridades caciquiles de la UAS llevan en contra de los integrantes de la comunidad universitaria que quieren democratizar a la universidad. Persecución que es ordenada por Héctor Melesio Cuén Ojeda, su familia y dirigentes del PAS.

Actualmente la persecución política del cuenismo es tal que despiden profesores por realizar publicaciones en Facebook, tachándolos de actuar de manera porril. Recientemente también la académica jubilada, Blanca Palacios Barreda, denunció públicamente recibir amenazas muy fuertes vía telefónica por escribir textos críticos al cacicazgo en redes sociales. El clima de violencia en la UAS está muy fuerte y los responsables de todo esto son Cuén, su familia, las autoridades universitarias y la dirigencia del PAS.

Los cacicazgos universitarios son un fenómeno burocrático que emerge en los marcos del capitalismo y se desarrolla a lo largo del siglo XX . Sus dirigentes se mantienen impunes en su fase neoliberal. En una tercera entrega de estos artículos hablaremos sobre cuestiones estratégicas que un movimiento universitario que busque la verdadera democratización de las universidades y una autonomía universitaria al servicio del pueblo trabajador y las mayorías debe tener en cuenta.