Vacíos, omisiones, falta de normativas y ausencia de una mirada multisectorial en el monitoreo de contaminantes es lo que detalla el Informe Final de la Subsecretaría de Medioambiente.
Jueves 23 de junio de 2022
La auditoría concluyó que el Estado ha mantenido una acción reactiva y no preventiva en la zona, identificó vacíos, omisiones, falta de normativas y ausencia de una mirada multisectorial.
Desde hace ya varias décadas, en las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón se desarrolla una actividad industrial que concentra diversas fuentes asociadas a la generación eléctrica en base a combustibles fósiles, refinería de petróleo y fundición de cobre, terminales marítimos, almacenamiento y producción de sustancias peligrosas e hidrocarburós, entre otros, tanto de carácter estatal como privado.
Dichos procesos industriales generan emisiones de contaminantes tales como: dióxido de azufre, S02, material particulado MP10 y MP2,5, compuestos orgánicos volátiles, COVs, metales pesados, entre otras sustancias nocivas tanto para el ambiente como la salud de las personas. Lo anterior genera una condición de riesgo por la exposición a tales contaminantes que producen distintos tipos de efectos sobre ’la salud de las personas -agudos y crónicos- y el medio ambiente, tanto a corto como a largo plazo.
Así entonces, se conocen diferentes eventos relacionados con la contaminación presente en la zona: 23 de marzo de 2011 se produjo la intoxicación de estudiantes de la Escuela de la Greda a raíz de emisiones de las chimeneas de la Fundación de Codelco División Ventanas; en septiembre de 2014, se produjo un derrame de petróleo en. la "bahía de Quintero, el que se generó cuando el buque tanque Mimosa se encontraba descargando el crudo en las instalaciones de la refinería ENAP en Quintero; y el 21 de agosto de 2018, 82 habitantes -en su mayoría niños y adolescentes aledaños a la zona industrial presentaron malestares físicos y síntomas como vómitos, mareos y desvanecimientos, entre otros.
Nula existencia de estándares de contaminación: las conclusiones que detalla el informe:
1. No se ha elaborado por parte de la Subsecretaría del Medio Ambiente los instrumentos de gestión que definan los estándares ambientales para la protección, recuperación y remediación de suelos contaminados, que permitan además orientar la definición de zonas de riesgo en el marco de los procesos de planificación territorial. En este sentido, no se cuenta con un estándar normativo que permita calificar a un terreno contaminado de conformidad con los parámetros y elementos evaluados que considere los potenciales riesgos para la vida y salud de las personas y el medio ambiente, así como la protección de las propiedades y funciones del recurso natural suelo, y de los usos que para este se definen.
2. Se evidenció que, el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente no ha definido el procedimiento sistemático para evaluar, en un periodo de 5 años, los impactos en la salud de la población por los niveles existentes de calidad del aire, por material particulado fino respirable, MP2,5, desde la entrada en vigencia de la norma, esto es, el 1° de enero de 2012. Si bien durante el año 2020 ambas carteras han desarrollado diversas acciones para establecer el referido procedimiento, este aún no se ha formalizado.
En igual sentido, no se advirtió un procedimiento para desarrollar la vigilancia de los niveles de plomo en la sangre en población menor de dos años, que permita, a nivel local, contar con los niveles promedio de plomo en sangre y con el porcentaje de niños con niveles de plomo superior a 10 mg/dl.
3. Asimismo, se advirtió que las normas de calidad del aire evaluadas en Puchuncaví, Quintero y Concón corresponden a MP10, MP2.5, SO2 (primaria y secundaria) y Pb, sin que se observara la revisión de las normas de NO2, O3 y CO. Lo anterior, debido a que las evaluaciones se han realizado de manera reactiva, operando a petición, lo que genera que existan redes que nunca han sido evaluadas
