INTERNACIONAL. Radiografía de la lucha por el aborto legal en México

En Guanajuato, las comisiones responsables de argumentar a favor de la despenalización, integradas por el Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), perdieron la propuesta de posponer la votación hasta la “nueva normalidad”, para poder abordar la discusión presencialmente. Y, por tener mayoría el PAN en el congreso desde hace dos décadas-, la despenalización del aborto pretende ser discutida y desechada, truncando el derecho de miles de mujeres que seguirán enfrentando la criminalización de interrumpir sus embarazos, así como los riesgos de abortar en clandestinidad.

Con un fuerte peso de la derecha, la entidad ya era conocida por los emblemáticos casos de mujeres presas por abortar que enfrentaban condenas de más de 25 años por homicidio en razón de parentesco, liberadas gracias a la movilización feminista y la defensa de Las Libres. Según el diagnósitco de criminalización de mujeres por aborto y delitos relacionados, publicado por ellas, entre el 2010 y el 2017, más de 4 mil mujeres fueron denunciadas penalmente por aborto, de entre ellas, más de 500 procesadas.

En esta ocasión,la iniciativa presentada al Congreso y quese votará el martes, se concentra en la despenalización de la interrupción del embarazo antes de la doceava semana y la reducción de los motivos para su tipificación. Y, por supuesto, lidia con las reformas constitucionales que el PAN y los partidos conservadores pelearon desde el 2008 a nivel nacional para “proteger la vida desde la concepción hasta su muerte natural” en 21 estados, en una verdadera cruzada anti aborto como respuesta a la despenalización en la Ciudad de México.

En San Luis Potosí también se rechazó la iniciativa presentada por el Morena en el Congreso local. Aunque, en este caso, en tanto que el número de diputaciones del partido del gobierno es igual al del PAN, esta iniciativa fue desechada gracias a dos votos en contra y una abstención de las bancas del Morena.

A finales de marzo vimos el mismo escenario en Querétaro, donde, frente a la iniciativa presentada por Morena, los partidos de oposición conservadora decidieron “fast track” desechar la propuesta y cercenar el derecho de miles sobre sus cuerpos y vidas. Quienes dicen estar a favor de la vida están, en realidad, a favor de las muertes por abortos clandestinos.

Esta es la dinámica que se expresa a nivel nacional, desde que fue despenalizado el aborto en Oaxaca. A los casos anteriores, se suman Estados como Hidalgo, que reforzaron sus leyes locales para bloquear el derecho al aborto, votando "la protección de la vida desde la concepción" que es un eufemismo para criminalizar a las mujeres que abortan.

La realidad en México es que miles abortamos

Más de 210 mil mujeres han interrumpido sus embarazos en la Ciudad de México desde la despenalización del aborto en 2007. La mayoría de la zona metropolitana de la capital del país y de edades entre los 18 y 28 años, el grueso sin educación media superior y más de la mitad eran trabajadoras y ya eran madres.

También se calculan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos realizados anualmente, pero son las mujeres pobres y trabajadoras las más expuestas a las secuelas de estos. Y son miles las niñas y adolescentes que mueren por complicaciones en el embarazo o el parto.

Es decir, cientos de miles de mujeres tienen que enfrentar hemorragias, infecciones e incluso la muerte, además del riesgo de ser denunciadas y criminalizadas solo por decidir no ser madres, como consecuencia de la injerencia de la Iglesia y grupos conservadores en el Estado.

Los últimos años, las movilizaciones por el derecho a decidir y por el conjunto de los derechos de las mujeres y las personas LGBT+ han dejado claro que una nueva generación de jóvenes está dispuesta a pelear por sus derechos sexuales y reproductivos en las calles, enfrentado las movilizaciones reaccionarias de “ProVida” y reclamando el derecho al aborto, un derecho democrático elemental que el gobierno perfectamente podría garantizar de manera legal, gratuita y segura, como parte de una política de salud pública.

Un derecho elemental que el gobierno de la Cuarta Transformación, a pesar de haber levantado la consigna de la despenalización, no ha garantizado la extensión de este derechoa nivel nacional, más allá de la Ciudad de México. Esto demuestra, por un lado, la heterogeneidad al interior del Morena, que tiene dentro de sus filas a militantes provida, como hasta hace poco la senadora Lily Téllez.

Y, por otro, la impotencia de una política que deposita toda la confianza en los mecanismos institucionales de una democracia degradada en la que un pequeño puñado decide en nombre de millones de mujeres y personas gestantes, cuando hace falta enfrentar al Estado burgués e imponer con la movilización combativa nuestros derechos, arrancándoselos a los capitalistas que financian con millones la cruzada antiaborto de las organizaciones "Provida".

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Peleamos por aborto legal, libre, seguro y gratuito en todas las clínicas y hospitales

Desde Pan y Rosas, agrupación de mujeres y personas LGBT, nos ubicamos en la primera línea de la defensa de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y por su extensión a todo el país, para que la criminalización de quienes abortan se acabe. Sin embargo, a diferencia de las iniciativas presentadas por el Morena y el PRD, consideramos que es insuficiente despenalizar.

No basta con modificar las causales que permiten a sectores reaccionarios denunciar y judicializar lo que debería ser una decisión libre y propia de quienes interrumpen sus embarazos, ni proponer -como hacen el Morena y el PRD- que la acción de abortar (interrumpir embarazos intencionalmente) sea permitida hasta la doceava semana. Para garantizar una salud sexual integral, educación sexual desde el nivel básico, anticonceptivos femeninos y masculinos gratuitos, así como todos los derechos sexuales y reproductivos, hace falta legalizar el aborto.

De la mano de la legalización y reconociendo el aborto como un derecho de las personas gestantes, exigimos que el gobierno tenga la responsabilidad de garantizarlo de manera segura y gratuita en todas las clínicas y hospitales, acabando con las muertas y presas por aborto. Para esto hace falta, en primer lugar, enfrentar a la derecha, los sectores conservadores y las Iglesias, cuyos bienes deberían ser expropiados para financiar la salud pública, como parte de la pelea por acabar con el negocio de la salud privada, que ha llevado a que los abortos en la capital vayan de los 5 mil a los 30 mil pesos, un cifra inalcansable para millones que ganan el salario mínimo o enfrentan el desempleo. El aborto debería ser un derecho, no un privilegio de clase.

Para esto, es indispensable desarrollar y fortalecer el movimiento de mujeres desde una política independiente al gobierno, los empresarios y las derechas, un movimiento que arranque con la movilización combativa y sin ninguna confianza en las instituciones del Estado todas sus demandas.

¡Separación de la Iglesia y el Estado! ¡Libertad a las presas por abortar! ¡Aborto legal, libre, seguro y gratuito en todo el país!