PRECARIZACION LABORAL. Reforma al outsourcing: la balanza se inclina hacia las patronales

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El pasado lunes, el gobierno federal, empresarios y líderes sindicales negociaron que siempre no se prohibirá totalmente el outsourcing o subcontratación laboral y aprovecharon para ponerle un límite al reparto de las utilidades de las empresas que corresponde a las y los trabajadores. Después de meses donde la patronal protestaba contra la iniciativa gubernamental, se alcanzó un acuerdo más conveniente para sus intereses.

Aunque según el gobierno se prohibirían la subcontratación de actividades como limpieza y seguridad, en la iniciativa de reforma laboral permanecerá, de acuerdo con este pacto, la subcontratación de servicios u obras especializadas distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, y la de los servicios compartidos entre empresas, así como la prohibición de la subcontratación del propio personal. Esto, por ejemplo, significa que Grupo Salinas, responsable de la muerte de jóvenes trabajadores durante la pandemia, podrá seguir manejando su call center por outsourcing.

También será necesario el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; un padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas; la responsabilidad solidaria entre las empresas y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que las patronales incorporen a sus trabajadores a las nóminas de sus empresas.

Por último, respecto a la participación de las y los trabajadores en las utilidades de las empresas, si bien la Secretaría de Trabajo defendió el acuerdo afirmando que representará un crecimiento de aquella, el hecho es que se le pretende poner un tope de dos formas: en lugar del 10% de las ganancias de las empresas que se establece hoy, se limitará a tres meses de salario como máximo o al promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

A propósito, cabe aclarar que este tema no tiene una relación directa con el outsourcing, pero fue introducido en la discusión por los empresarios como forma de obtener mayores beneficios de la negociación. Y, como sabemos, así como hacen hoy, las patronales seguirán “dibujando” los estados contables para perjudicar a los trabajadores.

Este acuerdo todavía tiene que ser discutido por el poder legislativo, en el cual el Morena y el Partido del Trabajo insisten en aprobar la reforma en el presente periodo de sesiones, antes del 30 de abril.

¿Qué dijo el gobierno sobre el outsourcing?

El gobierno de la 4T discursivamente se pronunciaba por la erradicación del outsourcing, figura que se legalizó durante el gobierno federal panista de Felipe Calderón y que no se tocó en la reforma laboral de 2019. Desde el año pasado, supuestamente se pretendía modificarla, debido a que condiciona el pago de prestaciones e implica la reducción del salario en beneficio de las patronales. Pero, en realidad lo que más le preocupa al gobierno federal es el subregistro de la nómina de las empresas, pues equivale a percibir menos cuotas obrero-patronales o que su monto sea menor.

Otro aspecto que resalta es la inclinación de este gobierno por no afectar los intereses de las empresas, que mediante subcontratación legal o ilegal y otras múltiples formas de contratación precaria, terminan vulnerando derechos laborales.

¿A quién le urgía avanzar con el outsourcing?

Tras presiones de meses, en los cuales las patronales chantajeaban con que supuestamente darían de baja a más de dos millones de trabajadores contratados bajo esa modalidad, la iniciativa privada avanzó para acomodar a modo la regulación del outsourcing y obtener un periodo de gracia, como tres meses para que reincorporen a los trabajadores subcontratados en la nómina. El Consejo Coordinador Empresarial obtuvo como beneficio el límite al reparto de utilidades, y conforme con el acuerdo salió a decir que se cumple en un 100% “el respeto a los derechos de los trabajadores”.

¿Y los trabajadores qué?

El gobierno de la 4T dice que se beneficiará a 14% de trabajadores subcontratados con la regulación del outsourcing; que ahora sí se va a ver reflejado el salario completo en sus aportaciones obrero-patronales, a pesar de que la figura genera tal incertidumbre para los trabajadores que, siendo legal o ilegal, aunque se generen padrones, vulnera sus derechos humanos, sin incorporar ningún mecanismo efectivo para que puedan acceder a la justicia laboral.

De la misma manera, aunque se disfrace el tope al reparto de utilidades como una libre elección para los trabajadores, indudablemente redundará en su detrimento, pues se limitará aún más su participación en las ganancias que ellos mismos generan.

Ni una reforma laboral más contra las y los trabajadores

Aunque en su discurso el gobierno la presente como algo progresivo, es capaz de negociar a puerta cerrada con empresarios una reforma que vulnera derechos, sin tomar en cuenta las voces de las y los trabajadores, como las compañeras de intendencia despedidas en plena pandemia por el IEMS, subcontratadas por el Gobierno de la Ciudad de México, quienes instalaron un plantón delante del Senado pronunciándose contra esta figura.

Además, las burocracias sindicales con quienes se negoció no representan a las y los trabajadores, no los defienden ni consultan, sino que son cómplices de los patrones. Por ello, se requiere recuperar los sindicatos en manos de los charros, luchando por que las direcciones de estas organizaciones sean ocupadas por dirigentes elegidos por la base trabajadora, que convoquen a asambleas de base donde se establezca el mandato que deben defender, acorde a los intereses de las y los trabajadores para prohibir el outsourcing y cualquier forma de precarización laboral.

Además, nos enfrentamos a senadores y diputados que provienen de partidos al servicio de las patronales, como parte de un régimen político antidemocrático que impide la participación obrera y de la izquierda independiente, como evidenció la campaña de Flora Aco, precandidata independiente del Frente de Izquierda Anticapitalista.

Frente a estos límites, lo que hace falta una es una verdadera fuerza que provenga de la unidad y la organización de las y los trabajadores, que se movilice en las calles y que exija la prohibición total y efectiva del outsourcing, como lo viene haciendo el Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos (Monapred).

Llamamos a todas las organizaciones obreras, sindicales y políticas que se reivindican democráticas y combativas a impulsar un plan de acción unitario para lograr este objetivo.