Ante un nuevo aniversario del cierre de los ingenios en 1966, comentamos el libro La resistencia de los pueblos azucareros frente al colapso, que reúne nuevas investigaciones sobre las resistencias locales a la medida impuesta por la dictadura de Onganía y los grandes empresarios. El estudio del surgimiento de las Comisiones Pro Defensa en cada pueblo muestra una resistencia generalizada que permite nuevas indagaciones sobre este proceso.

En agosto de 1966, la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía inició una política económica que produjo efectos devastadores en Tucumán. El cierre de 11 ingenios marcó el inicio de una política que tenía como fin la concentración monopólica en el sector, favoreciendo a los grandes grupos empresarios como Ledesma en Jujuy, el de Patrón Costas en Salta y también algunos grupos de Tucumán. La "Operación Tucumán", como se denominó, impulsó una resistencia por parte de los trabajadores azucareros nucleados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) en defensa de su fuente laboral. También se sumaron otros actores, acorde a cada pueblo. Sobre este proceso, recientemente se publicó el libro La resistencia de los pueblos azucareros frente al colapso (Editorial Teseo, Buenos Aires, 2022) coordinado por María Cecilia Bravo. [1] La compilación con nuevas investigaciones permite repensar algunos elementos en el análisis de la resistencia obrera y popular en los albores de la radicalización política.

El libro en cuestión adopta un enfoque de "lo local", priorizando este nivel de análisis para dar cuenta de las experiencias. Por los hechos abordados, el enfoque parte del "pueblo azucarero", estudiando su surgimiento y desarrollo, planteando una arista distinta a la tradicional. Así, se trata de tomar "una dinámica local que no esté definida exclusivamente por la fábrica" [p. 17]. Esta mirada no niega la centralidad del ingenio sino que también toma nota de otros espacios donde el control de la patronal, ya sea en forma de regimentadora o paternalista, se diluye permitiendo el establecimiento de lazos y redes políticas, sociales, donde los trabajadores y la población en general tienen agencia. Como parte de esos procesos locales, y el catalizador del cierre de los ingenios, surgen las Comisiones Pro Defensa, que se implementaron en 14 localidades. Con ese abordaje, el libro reúne cuatro trabajos dedicados a los ingenios Santa Ana, San Pablo y Bella Vista. La elección de los casos es ilustrativa, pues en el Santa Ana se consumó el cierre de la fábrica, en San Pablo no hubo amenaza de cierre pero el contexto fue aprovechado para una ofensiva patronal, y en Bella Vista el cierre fue evitado por la lucha.

En torno al colapso

El cimbronazo de 1966 plantea para los autores el interrogante de si lo que pasó fue sólo una crisis de sobreproducción o más bien el colapso de un modo de producción. La respuesta plasmada en la introducción es indicativa de la segunda opción, sin que esto implique negar los efectos de la crisis de sobreproducción de 1965. Conviene, entonces, repasar las características de la actividad azucarera.

Desde sus orígenes, la producción azucarera local estuvo ligada a la relación entre mercado y regulación estatal. La agroindustria azucarera nació orientada a un mercado interno, protegido por barreras arancelarias, y con un impedimento para la exportación de los excedentes en el mercado internacional debido a los costos elevados. Esa sobreoferta de azúcar en el mercado doméstico requirió diferentes tipos de intervenciones del Estado nacional y provincial, enmarcadas en diferentes crisis de sobreproducción y de las disputas interburguesas según el momento histórico.

Luego de una historización de estas intervenciones estatales, los autores señalan que hacia 1959 se combinó una crisis de sobreproducción con una política estatal que comprendía “medidas desreguladoras tendientes a desestructurar la relación entre los factores integrales del modelo productivo azucarero tucumano” junto a “políticas intervencionistas (la distribución de cupos de producción regional) que desfinanciaron la industria tucumana” [p. 27]. Esta orientación y sus efectivos nocivos, que llevaron a diferentes protestas y huelgas de los trabajadores, se acentuaron en 1965, cuando ocurrió una nueva crisis de sobreproducción, donde las patronales del Centro Azucarero Regional de Tucumán habían señalado que no podrían iniciar la zafra de 1966 por las deudas millonarias y la falta de financiamiento.

En ese escenario explosivo, sobrevino la dictadura cívico-militar encabezada por Juan Carlos Onganía, que llegó al poder con un golpe de Estado el 28 de junio de 1966. La autodenominada “Revolución Argentina”

limitó la producción azucarera de Tucumán en un 30 %, mientras que Salta y Jujuy la reducían solo un 17 %. La resolución profundizó la crítica situación de la agroindustria tucumana al reducirle mayor participación productiva, en cuanto otorgaba una limitación menor a las restantes regiones azucareras. Al poco tiempo, el decreto nacional 16.926, de agosto de 1966, determinó la intervención de siete ingenios (Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana) con el propósito de desmantelarlos. Se trató de una muestra desmesurada de intervencionismo estatal. Al año siguiente, el decreto 17.163 expulsó compulsivamente de la actividad a alrededor de 10.000 productores minifundistas tucumanos, a los que se les anuló su cupo de producción sin contemplar nuevas alternativas productivas. [p. 28]

Finalmente, en la madrugada del 22 de agosto de 1966, son intervenidos los mencionados ingenios, con el apoyo de la Gendarmería y la Policía Federal, asumiendo su dirección oficiales pertenecientes a la Gendarmería. Inmediatamente se estableció un plazo de 72 horas para el cese total de las actividades fabriles. Luego de idas y vueltas, de los 27 ingenios que Tucumán tenía en 1966, 11 fueron cerrados (San José, Amalia, San Antonio, Mercedes, Nueva Baviera, Santa Lucía, San Ramón, Santa Ana, Lastenia, Los Ralos y Esperanza). Entre las grandes consecuencias se puede mencionar

la caída del 30 % de la producción azucarera tucumana, la expulsión de millares de cañeros por la confiscación de los cupos de producción, el desempleo obrero, y el cierre de actividades industriales y casas comerciales conexas con la industria azucarera. La caída de la población de la provincia reflejó la emigración de alrededor de 200.000 tucumano/as y la desolación de los pueblos azucareros, situados a la vera de los ingenios. [p. 29]

Coincidimos con los autores en que es necesario un estudio profundo sobre este periodo, sin embargo es posible detenerse en algunas definiciones ya planteadas. Los argumentos esgrimidos por la dictadura de Onganía, su ministro Jorge Salimei y el tándem Arrieta-Blaquier sobre una industria prebendaria o deficitaria, han condicionado en general las miradas historiográficas para analizar el comportamiento de las patronales tucumanas, quienes también compartían el programa de monopolización y concentración de la industria y las tierras. Pese a plantear la tesis de una “sacarofobia”, alimentada por Arrieta-Blaquier y la administración central, el historiador Roberto Pucci sostuvo que

un sector de ingenios tucumanos, apostando a que la destrucción forzada de los ingenios (de otros) y la eliminación de los pequeños productores cañeros favorecería la concentración del poder económico en sus manos, se aliaron a ese plan pese a que, en el corto plazo, condenaba a toda la provincia a la agonía. [2]

Este sector estaba animado principalmente por la familia Paz, propietaria del mayor ingenio de Tucumán, el Concepción, y por el grupo Nougués, poseedores de los ingenios San Pablo y Providencia. Esto destierra la visión de una conjura entre porteños y los “ingenios del norte”, siendo un punto de partida un análisis en términos de una fracción de la burguesía azucarera que apuesta a su peso propio y su relación orgánica con el Onganiato para desplazar al sector más atrasado en pos de la concentración.

Desde ya que las apelaciones a una diversificación de los cultivos como justificativo para el cierre de los ingenios son parte del cinismo de la dictadura pero es igual de cierto que no estaba en los planes patronales terminar con el monocultivo. Además de la concentración monopólica, los planes incluían avanzar en la productividad, por la vía de los aumentos de ritmos de trabajo junto a la combinación de despidos en las fábricas y en los surcos, con la introducción paulatina de maquinaria como la cosechadora integral. Para imponer estos planes, se debería dar duras derrotas a la clase obrera azucarera, que contaba a su favor con un alto grado de organización y combatividad a través de la FOTIA y los sindicatos por fábrica, incluyendo a los trabajadores del surco. Por eso Onganía tomó posteriormente medidas complementarias como la quita de la personería y el congelamiento de los fondos de la FOTIA.

En nuestra visión, lo que se desarrolla en torno a 1966 no es solo un colapso del modo de producción azucarero, como sostienen los autores en la introducción, sino también la deliberada política de la fracción burguesa más monopólica de descargar las consecuencias con un ataque brutal a los trabajadores. Esta escala de los ataques tendrá un nuevo salto con el ingreso de la máquina cosechadora integral en 1974 y el impulso empresarial al Operativo Independencia y la dictadura genocida.

Ingenio Santa Ana: prueba piloto de un cierre

El primer capítulo escrito por Ignacio Sánchez está dedicado al ingenio Santa Ana, circunscribiendo la conflictividad a los años 1963, año en el que el interventor provincial Alberto Gordillo Gómez decretó el primer cierre, y 1966. Instalado en 1889 por el francés Clodomiro Hileret, el complejo del ingenio Santa Ana, que incluía vastas extensiones de tierra, siguió desde 1930 un derrotero marcado por dificultades financieras, agudizado por las crisis de sobreproducción en la actividad. En diciembre de 1962 se inició un nuevo ciclo de conflictividad, mientras crecía el rumor de un cierre de la fábrica y la parcelación de sus tierras, apoyado por los empresarios de la Federación Económica de Tucumán y concretado por el interventor provincial Alberto Gordillo Gómez.

La tesis del autor es que “los enfrentamientos en la localidad impidieron arribar a un consenso para el buen desempeño del ingenio” [p. 42] y para ello reconstruye la trayectoria de dos tendencias que se disputaron la dirección del sindicato local y las respuestas a la crisis. Tras el golpe militar de 1955, y con la normalización de los sindicatos de la FOTIA, surgió el liderazgo de Carlos Balbino Martínez, de perfil dialoguista y ligado al gobernador radical Celestino Gelsi. La Lista Azul de Martínez rivalizó con la Lista Blanca (referenciada en la corriente del peronista de base Benito Romano, luego parte de la CGT de los Argentinos) en diferentes elecciones sindicales, la primera apoyándose más en los trabajadores del surco y la segunda en los obreros de fábrica. Ese enfrentamiento electoral luego se trasladó a las medidas de lucha y organizativas para responder al primer cierre de 1963

Con el plan ejecutado por el interventor Gordillo Gómez en 1963, se parcelaron las tierras y se estableció una sociedad mixta para administrar el ingenio, integrada por el Estado provincial, obreros, empleados y cañeros. Este plan fue apoyado por el sector de Martínez, que lanzó una “Comisión Pro Recuperación” mientras el sector alineado con la FOTIA, que había levantado un programa de cooperativas, impulsó la “Comisión Pro Ocupación Plena”, ya que señalaba que con la nueva sociedad anónima para la molienda de 1964 sólo eran ocupados 147 trabajadores de 1635. Los límites de esta administración fomentaron la conflictividad hasta el decreto de Onganía, que marcó el cierre definitivo.

En sus conclusiones, Sánchez apunta:

Dada la destrucción de vínculos comunitarios en el violento enfrentamiento local, la migración fue la respuesta mayoritaria de la población, ya que no pudo estructurar modalidades de resistencia al nuevo cierre como lo consiguieron en otros ingenios de la provincia”. [p. 87]

Esta conclusión no pondera en su totalidad el peso que tuvo la diferencia central, que estuvo en cómo responder al primer intento de cierre en 1963, ante las maniobras de la intervención militar y luego del gobernador Lázaro Barbieri para desarticular una respuesta obrera y popular conjunta. El rol jugado por el ala sindical de Martínez favoreció estos planes, asestando una primera derrota a los trabajadores al reabrir el ingenio con una ocupación menor, mientras otro sector obrero apoyado por la FOTIA llegó a tomar el ingenio con la perspectiva de ponerlo a funcionar. La investigación con un enfoque local permite conocer mejor las trayectorias que actúan en la conflictividad, aunque es necesario ponerla en perspectiva con los planes de los industriales y las autoridades, donde cerrar el Santa Ana –que llegó a ser el complejo azucarero más grande de Sudamérica– fue una prueba piloto.

Ingenio San Pablo: unidad obrera y nuevos actores

El tercer capítulo, aportado por Florencia Gutierrez y Lucía Santos Lepera, se enfoca en la conflictividad en el ingenio San Pablo, propiedad de los Nougués y ubicado en el departamento de Lules a 15 kilómetros de la capital tucumana. El San Pablo fue uno de los 16 ingenios que no cerró pero la fábrica no estuvo exenta de conflicto, debido a los planes patronales de racionalización. Las autoras identifican como actores de la protesta al sindicato de base y a los curas católicos que serán el epicentro provincial del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

La investigación traza los planes de los Nougués para avanzar contra la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores del ingenio, poniendo como punto de inicio el año 1959. La familia Nougués poseía la mayoría societaria de los ingenios La Providencia (Tucumán) y Las Palmas (Chaco), negocios ganaderos en Santa Fe y Formosa, explotación de la navegación en la Patagonia, entre otros negocios. El San Pablo era uno de los ingenios más modernos, donde la incorporación de tecnología se utilizaba para justificar la reducción drástica del personal. Junto a los industriales de Salta y Jujuy, los Nogués impulsaron la política de racionalización, en su caso para quedarse con los cupos de producción de los ingenios tucumanos cerrados. Entre 1965 y 1973, el San Pablo aumentó su producción un 49%.

En marzo de 1966 los trabajadores del ingenio realizaron un quite total de colaboración en solidaridad con los trabajadores del surco de la finca Lules, propiedad de los Nougués, que protestaban por el pago de haberes adeudados. La empresa contestó con un lock-out y despidió a empleados fabriles. 1967 comenzó con una huelga en defensa de los derechos y conquistas pero el año finalizó con casi un centenar de despidos. El 7 de enero de 1968 se realizó una protesta en el pueblo contra los 97 despidos, que tuvo como particularidad la participación del cura local Raúl Sánchez (a cargo de la parroquia por la ausencia de Pedro Wurschmidt). La respuesta patronal fue redoblar la apuesta, con otros 81 despidos en febrero, sumando la detención por un mes a dirigentes sindicales y la persecución a los curas. De todas maneras, se cristalizó una alianza entre el sindicato de base y los curas locales, a la que sumaron otros actores como las mujeres y el movimiento estudiantil y un alineamiento con la naciente CGT de los Argentinos. Durante 1969 y 1970 el reclamo obrero osciló entre los rumores de nuevos despidos masivos y las sospechas de un plan de vaciamiento por parte de la patronal para crear un escenario que los justificara. Por esas razones, en noviembre de 1970 conformaron una Comisión Pro Defensa contra los despidos.

En esta Comisión Pro Defensa se plasmaron las alianzas establecidas en los años previos, junto con la emergencia de nuevos actores como los curas tercermundistas. Tanto en el San Pablo como en el ingenio Bella Vista, que abordaremos a continuación, fue central el rol del sindicato del ingenio para organizar a su alrededor al conjunto del pueblo. Aunque los planes empresariales se concretaron, la experiencia deja un saldo organizativo y al mismo tiempo plantea un interrogante sobre cómo esa unidad en movimiento junto a la de los otros pueblos podría haber dado lugar a una pelea provincial más articulada.

Ingenio Bella Vista: años de lucha contra el cierre

El caso del ingenio Bella Vista es tratado en los capítulos 2 y 4. En el primero, Leandro Lichtmajer analiza las tradiciones de la política local, el asociacionismo y las formas de protesta durante el período 1943-1968. Por su lado, Celia Bravo coloca el foco en la Comisión Pro Defensa (CPD), en el bienio 1968-1970. Como se señaló, en el caso del Bella Vista, el accionar de la Comisión Pro Defensa posibilitó, a contratendencia del resto, salvar al ingenio del cierre. El texto de Litchmajer busca demostrar que la CPD

fue tributaria de una traducción de articulaciones locales de largo aliento, cuyas implicancias en la movilización de los actores comunitarios, la construcción de liderazgos y el despliegue de una gimnasia organizativa forjada durante décadas se visiblizaron en la crisis del ingenio. [p. 31]

Tras un repaso por la configuración del territorio bellavisteño en las primeras décadas del siglo XX, se aborda la irrupción del peronismo, que trastoca la trama local, sobre todo con la creación, en marzo de 1944, del Sindicato Obrero del Ingenio Bella Vista, central para la formación de la FOTIA en junio del mismo año. [3] Políticamente, en el amplio paraguas del naciente peronismo convivieron diversos elementos y el liderazgo local se dirimía entre Felipe Sosa, secretario general del sindicato del ingenio, y Fernando Riera, joven funcionario local –luego electo gobernador en tres oportunidades– ligado a los cañeros y comerciantes. Esa disputa resuelta a favor de Riera, marcó las tensiones de origen y fue constitutiva del peronismo bellavisteño. Esta nueva realidad se desplegó en la gran huelga azucarera de 1949, con 60 días de duración, donde Bella Vista fue uno de los principales núcleos del activismo y se ensayó una Comisión Intersindical –instancia que también se reeditó durante un conflicto en 1961.

La relevancia de Bella Vista tendrá otro hito con el surgimiento del liderazgo de Atilio Santillán, quien en 1963 ganó las elecciones del sindicato local y en 1965 se convirtió en secretario general de la FOTIA. Para Litchmajer, Santillán “sin perder el eje de actuación en el mundo gremial, construyó una relación armónica con las conducciones político-partidarias del peronismo local” [p. 113] referenciada por Amado Juri, cuñado de Riera. Esto se expresó en su apoyo a la fórmula de Riera-Juri en las elecciones provinciales de 1965, quienes se presentaron como Acción Provinciana y donde la FOTIA aportó candidatos, electos diputados provinciales. [4]

Los azucareros de Bella Vista tuvieron que hacer frente a diferentes expresiones de la crisis desde 1964, con el atraso en el pago de los salarios y las dudas sobre la continuidad del ingenio. Un salto en la conflictividad ocurrió en enero de 1965, con la toma de la fábrica que reunió el apoyo de la comunidad y organizaciones de la provincia, aunque la dirección de Santillán rechazó algunos apoyos, como el de la Juventud Comunista. En ese conflicto, resurgió la Comisión Intersindical, como en 1948 y 1961, y los trabajadores comenzaron a impulsar la expropiación del Bella Vista, posibilidad que se hizo factible con un decreto luego de que en diciembre se haya aprobado una ley de expropiación, impulsada por los diputados de la FOTIA.

El golpe de Onganía alteró las discusiones sobre el Bella Vista y el destino de cierre también propulsó la conformación de la Comisión Pro Ingenio, impulsada por dirigentes radicales, mientras continuaba la Comisión Intersindical, motorizada por FOTIA. Tras los primeros meses de embates, la FOTIA anunció un plan de lucha. Este es el punto de partida de María Celia Bravo en el cuarto capítulo. En enero de 1967 tuvo lugar en Bella Vista una movilización que fue duramente reprimida con armas de fuego por la policía, con la grave consecuencia del asesinato de Hilda Guerrero de Molina. Se trataba de una activista peronista, esposa de un trabajador despedido del ingenio de Santa Lucía. Su asesinato causó una conmoción provincial y su nombre quedó como un símbolo de las luchas obreras, el rol de las mujeres en la resistencia y la brutalidad desplegada por la dictadura.

Bravo plantea los retrocesos de la FOTIA y la política de la dirección para “actuar con cautela, adoptar medidas en función de los problemas de cada establecimiento, sin descuidar la difícil situación de los ingenios cerrados” [p. 188]. Los cuestionamientos a la dirección por parte de más de diez ingenios llevaron en abril de 1968 a la renuncia del consejo directivo liderado por Atilio Santillán. La autora señala que esta renuncia debilitó la capacidad de la FOTIA para actuar orgánicamente en la defensa de las fuentes de trabajo, por lo que este reclamo recayó en las organizaciones de bases y en instituciones nuevas como las Comisiones Pro Defensa.

Gran parte de este trabajo es reconstruir el derrotero de la gestión local del ingenio a través de la Cooperativa de Producción hasta la creación de la Compañía Nacional Azucarera SA (CONASA), empresa estatal destinada a explotar la industria, el comercio y derivados de la caña de azúcar, que luego incorporó al ingenio (con el acuerdo de la CPD y el sindicato). Entre los puntos sobresalientes, Bravo destaca que el nivel de movilización local, incluso con un acto de 10.000 personas, marcó un límite para la represión de la dictadura. Como parte de ese proceso, el ciclo de protesta a nivel nacional abierto por el Cordobazo en mayo de 1969 marcó una nueva situación favorable para el reclamo obrero. Otro hito fue el Tucumanazo, en noviembre de 1970, que también llevó a un cambio de la política azucarera, teniendo entre sus consecuencias la integración de los ingenios Bella Vista y San Juan a CONASA, preservando las fuentes de trabajo.

Elementos para nuevas indagaciones

Las investigaciones de Los pueblos azucareros frente al colapso son un aporte a la historiografía del tema y además creemos que sirven para repensar esta experiencia de los azucareros. En nuestro caso intentamos aportar en el entendimiento del ciclo de radicalización política y ascenso revolucionario de la clase obrera en los años 60 y 70.

El cierre de los ingenios fue un ataque generalizado que abrió un escenario de resistencia obrera y popular, donde sus principales actores fueron la FOTIA y las Comisiones Pro Defensa, que articularon a diversos sectores. Por ello es importante por las relaciones entre estos dos principales actores. Como hemos marcado, Bravo señala que la debilidad de la FOTIA, simbolizada en la renuncia de Santillán, para actuar orgánicamente en la organización de la defensa dejó un espacio que fue ocupado por las CPD. En ese sentido, dejamos planteadas algunas cuestiones sobre la relación entre la FOTIA y las CPD.

Tras un ataque tan brusco como repentino, la FOTIA debió articular respuesta donde se puso en juego su fortaleza con décadas de gimnasia organizativa y de lucha pero al mismo tiempo evidenció algunos de sus límites. La FOTIA, con una dirección mayormente moldeada por el peronismo, siempre planteaba como solución al arbitraje estatal, donde las huelgas combativas incluso entraban en el esquema de la negociación para inclinar la balanza. El Onganiato no solo cerraba esa posibilidad de solución a la crisis de sobreproducción de 1965 sino que además representaba una articulación de los sectores de la burguesía más concentrados, con un plan de ofensiva sobre la clase trabajadora. Al contrario, se adoptó una posición de espera, incluso quizás de expectativa. En su visita a Tucumán por el 9 de Julio, Onganía fue recibido por la CGT, la FOTIA y otros gremios, como parte de la directiva de “desensillar hasta que aclare” de Perón. Pero incluso, 50 días después del decreto de los cierres, Santillán mismo planteaba a dirigentes de los sindicatos de base que “era lógico esperar, por cuanto las medidas adoptadas, de acuerdo a lo manifestado por el ministro Salimei, hacían pensar en la existencia de un plan coherente y serio en materia azucarera, así como para la reactivación agro-industrial para a Tucumán” [5].

Al mismo tiempo, la acción obrera tenía que plantear una respuesta programática que parta de la defensa de los puestos de trabajo y que también responda al discurso de la dictadura sobre sus supuestas intenciones de poner fin al monocultivo e impulsar la diversificación. En ese sentido, había un antecedente importante en la ley de expropiación de los ingenios, motorizada por el bloque de diputados obreros y aprobada en diciembre de 1965. Una ley de este tenor ya había sido aprobada tras la crisis de 1959, aunque derogada en 1962, y era un reflejo del peso obrero. Claramente la vía parlamentaria se bloqueó con el golpe de Onganía pero tampoco se trataba de reducir ese programa a una discusión pacífica en el palacio que ya no se podía dar en las calles, sino más bien cómo articular las fuerzas para pelear por esa perspectiva, que además era discutida a la par de cuestiones como la cogestión o el control obrero y medidas contra el latifundio (en pos de una diversificación de cultivos). Los límites de la dirección de la FOTIA también se expresaron en este terreno, por lo que en las CPD primaron diferentes salidas, lo que posibilitaba la derrota por separado. Así además de los cierres, se imponían el desguace de los ingenios y las tierras (buscando la división de la base obrera como en el Santa Ana), maniobras fraudulentas de las administraciones o incluso también la pelea en solitario por la cooperativización (como en el caso del Bella Vista).

Para finalizar, señalamos que desde nuestra visión no se trata de un contraposición entre la FOTIA y las Comisiones Pro Defensa, sino más bien de cómo estas nuevas instancias creadas por la resistencia obrera y popular se articulaban con las instituciones previas como los sindicatos por ingenio y la FOTIA. Por ello, hemos señalado dos elementos críticos en esta relación que ameritan nuevas indagaciones. El despliegue obrero y popular que se puede apreciar en el estudio de los casos locales muestra que había una importante energía para presentar una pelea de conjunto contra los planes de los industriales y la dictadura.