El pasado lunes 13 tuvo lugar la IV Mesa de diálogo entre las 14 comunidades de pueblos originarios de Santa Cruz, los Estados nacional y provincial y la unión de empresas (UTE) Represas Patagonia.
Lunes 20 de mayo de 2019 21:48
Mala fe
Por medio de un comunicado las comunidades manifestaron su disconformidad respecto de cómo está llevándose a cabo este proceso. Reclaman que si bien la empresa, para preparar la consulta, quiere instalar como premisa la “la buena fe”, siempre se ubican del lado de la mala, ya que continuamente pretenden rever los acuerdos a los que se había llegado en las reuniones anteriores.
“Acá se está incumpliendo un derecho, y ustedes lo tienen que venir a cumplir”, expresó Sergio Nahuelquir, inan longko del pueblo mapuche-tehuelche. “No les estamos pidiendo algo que les sobra, no estamos mendigando, estamos exigiendo que nuestros derechos se cumplan. Hace un año y medio salió la orden judicial de que en 20 días ustedes tenían que hacer la mesa de diálogo, y nos siguen tomando el pelo”.
Nahuelquir también manifestó que “hace un año que ustedes saben que los restos que están allí se tienen que levantar con nuestro consentimiento. Lo marca el artículo 169 (OIT) y ustedes nunca hicieron caso de esto”.
Obligar al Estado a cumplir la constitución nacional
Este proceso comenzó luego de la presentación de un amparo planteado por una de las comunidades en agosto de 2017, cuando el juez subrogante del Juzgado Federal de Río Gallegos, Aldo Suárez, ordenó se convocara a una mesa de diálogo en un plazo de veinte días. El objetiva de esta sería garantizar y materializar el inicio del proceso de consulta previa, libre e informada según establecen los convenios internacionales de acuerdo a la Constitución Argentina, que ratifica el Convenio N° 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, quedando configurado entre las normas de jerarquía supranacional, previstas en los términos del art. 75 inc. 22.
Desde hace más de un año, cuando se inició el proceso, las comunidades solicitaron el reconocimiento de cuatro asesoras designadas por ellas, quienes recién podrían estar presentes en la próxima mesa de diálogo, pactada para julio. La Dra. Sonia Ivanoff fue una de las asesoras legales que las comunidades habían designado desde un comienzo, en febrero de 2017, y que recién en la reunión de mayo de este año fue reconocida de parte del Estado y la UTE para participar de la mesa.
Otro de los puntos incumplidos por parte del Estado es sobre un acuerdo que se había alcanzado hace dos meses, pero que según les informaron a las comunidades “por la burocracia que ha habido” no les dan autorización desde Nación para que empiecen a participar en calidad de veedores las dos personas pertenecientes a los pueblos, designadas en las mesas de diálogo.
La ausencia de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio de la provincia fue parte de los incumplimientos del Estado de la provincia de Santa Cruz en este proceso de consulta.
Compensaciones no muy claras
Como compensación del daño y perjuicio que ocasionan estas obras sobre el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la provincia de Santa Cruz, la unión de empresas ofrece proyectos en el marco de su “Programa de Gestión Ambiental”, un plan de mitigación de los graves impactos que la construcción de las represas causarán en este ambiente y que significa también el reconocimiento por parte de la UTE del daño ambiental que causa este emprendimiento.
Las comunidades reclaman que dichos proyectos tienen que hacerse pero en tanto el Estado y la UTE reconozcan que han incumplido con la consulta, que debió ser previa a empezar con los trabajos y que de no haber mediado un fallo judicial, ni lo hubieran hecho.
Acerca de esta dilación en los plazos, José Kopolke, del pueblo tehuelche, expresó que “si la voluntad del Estado es cumplir con la ley, que se resuelva el impedimento sostenido hasta ahora acerca de la entrada de los veedores de las comunidades de pueblos originarios a la obra, porque si no deben parar la obra”.
Además, reclaman que, respecto a los Programas de Gestión Ambiental, ni las comunidades ni la asesora legal -recién aceptada por parte del Estado para poder sumarse al equipo de asesores de los pueblos- tienen un certero conocimiento acerca del contenido de esos programas, por lo cual es necesario primero obtener toda la información necesaria y solicitada para poder analizarla.
Las comunidades también reclamaron sobre la promoción que, según ellos, fue realizada por funcionarios del gobierno del “Museo del Sitio”, un lugar donde se pretende exhibir material removido del área que va a ser inundada por las represas y que cuya puesta en marcha tampoco fue consultada previamente con las comunidades, en violación del convenio 169 de la OIT. La denuncia acerca de esto fue sumada al expediente de la causa.
Los técnicos del proyecto que estuvieron presentes en la mesa explicaron que es una propuesta de la provincia y a cesión de un espacio en un municipio, pero ante el cuestionamiento informaron que “no existe el proyecto”, sólo está la voluntad de la municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena de ceder un espacio, y que la UTE no ha firmado ningún acuerdo para su construcción, por lo cual se exigió que las comunidades sean consultadas antes de firmar cualquier acuerdo.
Para concluir, se solicitó la información que los técnicos de IEASA exhibieron en un power point -explicando las razones de por qué el Estado propone la obra- para analizar y disponer de manera libre a la información.
