Se trata del “Colegio de la calle Montevideo” que reúne a los más rancios abogados defensores de genocidas. La denuncia es a los diputados que "intentaron impedir” la sesión del pasado 24 de octubre donde se votó el Presupuesto.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Sábado 3 de noviembre de 2018
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Guillermo Lipera, denunció penalmente a diputados nacionales por “la intención de impedir o perturbar” la sesión del pasado 24 de octubre, cuando la cámara baja votó el Presupuesto de ajuste.
La denuncia está dirigida a “todas las personas que intervinieron en los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso”. En el escrito presentado señalan que “la planificación operatoria, que nos muestra la utilización de armas propias e impropias, como son las bombas molotov, gomeras y todo tipo de objetos contundentes, estaba destinada a impedir” que el Poder Legislativo ejerza sus funciones.
Sin señalar a ningún diputado o diputada en particular, estos abogados que pertenecen a los sectores más oligárquicos y reaccionarios de la sociedad, alegan que “se configura en la especie el delito contra la administración pública, previsto y reprimido en el artículo 241 del Código Penal, que sanciona con prisión al que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales”.
Hacen mención a las imágenes que se difundieron, que según su particular punto de vista “permiten acreditar, de parte de ajenos al debate, y también por legisladores en funciones, la intención de impedir o perturbar el orden de la sesión por la ley de presupuesto”.
Estos señores, por supuesto, no han dicho una palabra del accionar policial que entre otras actuaciones destacadas y escandalosas está la de romper vidrieras para inculpar a los manifestastes.
Antecedentes, la misma operación que en diciembre de 2017
Esta bravuconada contra los y las diputados que en la calle buscan impedir la brutal represión que se desató ni bien comenzó el debate sobre el presupuesto del FMI no es nueva. En diciembre del año pasado, durante represiones durísimas contra los manifestantes, donde muchos de ellos perdieron o fueron dañados en sus ojos, algunos diputados que buscaban impedir que se desatara la cacería represiva fueron también denunciados por, entre otras cuestiones, “intimidar” a la Gendarmería. Ridículo es poco.
Uno de los denunciantes fue Alejandro Freeland, defensor de Juan Carlos “Gallego” Fernández, mano derecha de José Pedraza, en el juicio por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra. Acusó en diciembre pasado a Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-FIT de los delitos de rebelión, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones agravadas, y daños agravados. Pero no se quedó allí, según Freeland, los diputados Andrés Larroque, Agustín Rossi, Mayra Mendoza, Leopoldo Moreau y Máximo Kirchner acompañaron a Del Caño en la “rebelión”.
El abogado Santiago Dupuy de Lome, militante del PRO según sus propios dichos, realizó un planteo análogo contra Del Caño y Myriam Bregman, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Finalmente, la catarata de ataques tuvo su corolario en la denuncia ideada por el Ministerio de Seguridad, a instancias del funcionario Guillermo Soares Gache, contra Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Moreau, Mendoza, Horacio Pietragalla, Larroque, Filmus, Máximo Kirchner, Kiciloff, Marcos Cleri y Mariotto.
Estos francos disparates recayeron en diferentes fiscalías y tribunales, entre ellos el del juez Bonadío. Sucesivamente fueron desestimadas, lo que dejó al desnudo el objetivo persecutorio. Citemos solo por poner un ejemplo parte de lo que el fiscal Pedro Zoni señaló en su escrito: “el denunciante realizó una denuncia penal sobre la base de algo que escuchó, y que carece de toda circunstancia básica de modo, tiempo y lugar para siquiera esbozar una hipótesis criminal gravísima como la de acusar a alguien de intentar un golpe de Estado”.
¿Quiénes son los integrantes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires?
Hagamos un pequeño recorrido de la institución (CACBA) que por estos días lleva adelante la, una vez más, disparatada denuncia contra diputados y diputadas permite observar que se trata de una clara persecución política e ideológica.
En 1976 el CACBA aplaudió al golpe genocida y sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico”. El 6 de marzo de 1981, al final del gobierno de Videla, el Colegio destacó “la independencia con que han actuado los jueces”.
Su presidencia está a cargo de Guillermo Lipera, fundador de de la agrupación de abogados macrista Será Justicia. Es actualmente vicepresidente primero de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina)
Alberto Solanet es uno de sus miembros y titular de la "Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia", una agrupación claramente pro dictadura. Se ocupa de la defensa jurídica y política de represores condenados por crímenes de Lesa Humanidad a quienes llama “presos políticos”. Fue recibido por el ministro de Justicia Garavano a principios de año para expresar ese reclamo a comienzos de 2016.
Es socio honorario Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de Videla, y fiscal adjunto en la provincia de Buenos Aires durante el imperio de las patotas de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. En 1987, Durrieu fue uno de los firmantes de una escandalosa solicitada en la que expresaba solidaridad y reconocimiento con Videla”.
Este miembro impune de la dictadura genocida osó denunciar en 2007 a la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y legisladora porteña Myriam Bregman cuando siendo miembro del coletivo Justicia Ya! integraba la querella contra Etchecolatz. La vergonzosa denuncia por calumnias e injurias pretendía que Bregman sea inhabilitada en el ejercicio de su profesión por cinco años.
Otro honorario es Horacio A. García Belsunce, ex funcionario de la “Revolución Fusiladora” del ´55, que luego integró todas las organizaciones empresariales promotoras de los golpes de estado como ACIEL y el CEA.
Entre los socios vitalicios está Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. Más tarde, fue abogado del dictador en la causa por el plan sistemático de robo de bebés.
También como socio vitalicio está Guillermo Walter Klein que integró el gabinete económico de Martínez de Hoz durante la dictadura, gestor el andamiaje para el histórico endeudamiento. Luego de la dictadura genocida, Klein armó un estudio de abogados y le dio trabajo a los hijos de Martínez de Hoz y Grondona, y que son también parte del Colegio de la Calle Montevideo.
La lista sigue, pero con estos personajes no quedan dudas del carácter de quienes denuncias a diputados de la oposición que denuncian y buscan impedir brutales represiones.
