Gatillo más fácil. Represión para el ajuste: Bullrich quiere que policías y gendarmes tengan licencia para matar

Este viernes el Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial una resolución con la que se propone reinstalar una serie de “protocolos” de actuación de las fuerzas represivas federales. Medidas que ya habían sido aplicadas por la misma Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, con nulo “éxito” en términos de “seguridad” pública y dejando un tendal de muertos.

La Resolución 53/2024, vigente desde hoy, deroga otra del mismo Ministerio, la 1231/2019, que había firmado Sabina Frederic apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández. Si bien este jueves, en una conferencia de prensa, Bullrich hizo hincapié en el cambio de directivas sólo para la Prefectura Naval, en rigor la resolución que acaba de firmar es el primer paso para poner a tono con sus políticas también a la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el b.

Así lo explicita la misma ministra en su Resolución 53: “Encomiéndase a la Unidad Gabinete de Asesores (del Ministerio, NdR) la elaboración, en el término de treinta (30) días, de nuevos proyectos de protocolos en sustitución de los que resultaron derogados por la Resolución 1231 del 20 de diciembre de 2019”.

En aquella fecha, Frederic había resuelto derogar algunas de las normas internas del Ministerio implementadas por el macrismo, como el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” (noviembre 2018), el “Reglamento General para el Empleo de Armas Electrónicas No Letales” (mayo 2019), la creación del “Servicio Cívico Voluntario en Valores” (julio 2019) y el “Programa Ofensores en Trenes” (octubre 2019).

Tras la renuncia de Frederic en el Ministerio, llegó en su reemplazo Aníbal Fernández, quien pese a su devoción por la Policía y sus históricos alineamientros con la derecha securitaria, convalidó esas decisiones de su compañera y mantuvo derogadas aquellas normativas implementas por la ministra de Macri.

Es que, al dar a los uniformados un ilimitado poder de fuego e impunidad, esos reglamentos y protocolos de Bullrich chocaban contra las propias leyes argentinas, como la de Seguridad Interior, contra la Constitución Nacional y contra tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades democráticas a los que adhiere el Estado argentino.

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Hoy, en su “segundo tiempo”, Bullrich retoma la iniciativa manodurista y busca reimplantar esos “protocolos” de coerción sobre la población. Como se sabe, un primer capítulo de esa zaga es el nuevo “Protocolo de Orden Público”, un conjunto de instrucciones para el accionar de las fuerzas federales frente a manifestaciones obreras y sociales que se opongan a sus políticas beneficiosas de las grandes corporaciones.

Como ya relató este diario, el “protocolo antipiquetes” viene fracasando rotundamente en sus propósitos “teóricos” (hasta los propios uniformados lo violan con regularidad), aunque en su intento de aplicación práctica ya provocó heridas en cientos de manifestantes (algunos de gravedad, como en el caso del abogado Matías Aufieri) y varias detenciones arbitrarias e ilegales. Aunque desde la óptica “libertaria”, en esas heridas y detenciones tal vez radique el verdadero “éxito”.

El Gobierno busca justificar las “nuevas” medidas (que Bullrich irá anunciando “paso a paso”) con la excusa de que “en los últimos tiempos los agentes han arriesgado su vida hasta el límite” y “los delincuentes los superan en capacidad de fuego”. Así lo dijo textualmente la ministra en su conferencia de prensa de este jueves. Se aferra, una vez más, a una falacia que no puede apoyarse en ninguna estadística seria y que obliga a funcionarios y propagandistas mediáticos a centrar sus “argumentos” en el mero relato de los casos más brutales de violencia y criminalidad. Historias trágicas cuyo escenario son las grandes aglomeraciones urbanas de un país sumido en la pobreza y la precariedad de la vida de millones de habitantes.

Doctrina Chocobar

De los reglamentos y protocolos derogados en 2019 por Frederic, uno de los que más le interesa reflotar a Bullrich es el del “empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de la fuerzas federales de seguridad”. Firmado por ella en noviembre de 2018, ese “protocolo” rápidamente se popularizó como “Doctrina Chocobar”, en honor al agente de la Policía Bonaerense que, en diciembre de 2017, asesinó por la espalda a Pablo Kukoc, un joven de 18 años que corría desarmado tras protagonizar un violento robo en el barrio porteño de La Boca.

Por ese crimen, en 2021 Chocobar fue condenado por un Tribunal de Menores de la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces dijeron sin dudar que el policía incumplió “la normativa nacional e internacional” sobre el uso de armas. Pero para Bullrich el asesino siempre fue un héroe. De allí que una de sus creaciones doctrinarias lleve su nombre.

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Según la base de datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante la primera gestión de Bullrich (2015-2019), las fuerzas federales cometieron 159 asesinatos por la espalda o a personas desarmadas, es decir por la aplicación práctica de la Doctrina Chocobar. El número abruma si se lo compara con los fusilamientos cometidos por las mismas fuerzas durante el paso del Frente de Todos en el Gobierno, es decir cuando los “protocolos” bullrichianos estuvieron derogados. Entre 2019 y 2023 Correpi registró 124 muertes en esa categoría. Es decir que con Macri-Bullrich hubo 35 casos más. El dato no es menor, ya que el peronismo también se esmeró por empoderar a las fuerzas represivas, gantizándoles impunidad por sus crímenes, especialmente durante la cuarentena por la pandemia de covid-19.

Ilegal, ilegítimo y criminal

La fracasada ministra funciona por impulsos, siempre guiados por su ideología reaccionaria. Ante la dura derrota del proyecto de Ley Ómnibus, que entre otras cosas modificaba el Código Penal dándole al Estado más poder de violencia y coerción sobre la población, ahora quiere salvar vía “resoluciones ministeriales” algo de lo que se proponía ese mamotreto ya caduco.

Ahora se propone habilitar a policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios federales a balear a cualquiera que se les cruce y sea “sospechoso” de haber cometido lo que para ellos pueda considerarse “delito”. Un delirio cósmico, si no fuera una política concreta de la mujer que lleva años perdiendo cuanta empresa se propone.

Así, los “nuevos” protocolos que prepara Bullrich pasarán, como lo hicieron durante el macrismo, por encima de las leyes nacionales y convenciones internacionales sobre el uso de armas por parte de las fuerzas del Estado.

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El Gobierno, apelando a su retórica securitaria, busca ampliar el abanico de hechos y circunstancias que habilitarían el uso de armas letales por parte de los uniformados. Si se tiene como referencia la Doctrina Chocobar, eso incluiría que los efectivos ya no estén obligados a dar la voz de “alto” cuando persiguen a alguien, a la vez que puedan usar sus armas cortas o largas contra personas que, estén o no armadas, corran sin ser alcanzadas. Ese accionar estaría habilitado aún cuando no se tenga la certeza de que la persona perseguida haya cometido algún delito. En definitiva, licencia para matar.

Al igual que sus protocolos anteriores, la iniciativa de Bullrich pisotea todas las recomendaciones volcadas en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley”, votados en La Habana en 1990 durante un congreso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 1991, esos principios fueron incorporados a la legislación argentina con la sanción de la Ley de Seguridad Interior (N° 24.059). En su artículo 22, la ley vigente dice precisamente que las fuerzas policiales “deberán incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del Código de Ética Profesional” de la ONU.

Además de “hacer cumplir la ley”, tanto la ONU como la normativa nacional indican que los efectivos de las fuerzas represivas deben “proteger la dignidad humana” y “los derechos humanos de todas las personas”. De allí que deben usar “medios no violentos antes de recurrir al uso de armamento letal, autorizando su uso sólo cuando otros medios resulten ineficaces”. Y si su uso es “inevitable”, los agentes represivos “deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana”. Todo lo contrario a lo que quiere Bullrich.

Dándole la espalda a esas normativas, la ministra hace una serie de amalgamas conceptuales y jurídicas con el único objetivo de regar de sangre las barriadas populares para, así, amedrentar a los sectores de la población que quieran resistirse a las políticas económicas y sociales de saqueo y hambre que impulsa La Libertad Avanza.

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Si el uso legal de las armas de fuego sólo está habilitado para cuando es “inevitable” para proteger una o más vidas, que Bullrich hoy busque autorizar a los policías a que también puedan disparar ante la mera sospecha de una “fuga” o una “resistencia a la autoridad” (incluso de personas que ni siquiera portan arma) es una muestra de su “visión” del mundo, donde los “buenos” y los “malos” se identifican según lo que dicten las “fuerzas del cielo”. La arbitrariedad político-mesiánica que caracteriza al gobierno de Milei, deseoso de implantar una dictadura civil en Argentina.

Por hay algo más. Lejos de darse “en frío”, las nuevas directivas buscan hacer pie en un contexto en que es archiconocida la práctica del gatillo fácil y la creación de “enfrentamientos” que justifiquen las muertes de “sospechosos” a manos de todas las policías del país. Los prontuarios de la Bonaerense, la tucumana, la porteña, la chubutense, la cordobesa, la santafesina, la correntina, la mendocina y todas las fuerzas provinciales atestan de casos de esa criminalidad estatal. Ni hablar la Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PSA y el SPF, desde hace dos meses controladas directamente por Bullrich.

Con esos prontuarios, queda más que claro que los nuevos “protocolos” son recibidos con beneplácito por los perros guardianes del gran capital. La saña con que gendarmes, federales y prefectos hirieron a más de 800 personas durante las protestas de la semana pasada frente al Congreso (algunos incluso portando distintivos “libertarios”), demuestra el nivel de alineamiento de las tropas con las políticas de Milei y sus cómplices manoduristas. Algo para lo que habrá que preparase, no sólo en términos de defensa legal ante tamaños atropellos sino también en lo que hace a medidas surgidas desde la propia población, sobre todo de sus organizaciones y espacios de encuentro colectivo, a fin de prevenir y enfrentar esos ataques policiales.

Seguramente los “protocolos” de Bullrich y sus secuaces para dar vía libre al fusilamiento de personas chocará contra medidas cautelares y denuncias penales por lo que significa en cuanto a violación de derechos humanos y libertades democráticas. Así está sucediendo, en parte, con el “protocolo antipiquetes”. Será un primer paso en el camino de torcerle el brazo a las políticas generales de La Libertad Avanza, basadas en el hambre y la represión al pueblo trabajador en beneficio de las grandes corporaciones nacionales y multinacionales. No pasarán.