La Paz. Represión y violento desalojo a Mercado Campesino de Aranjuez

A mediados de mayo de este año, las organizaciones campesinas de la provincia Murillo, ante la precaria situación económica que vive el país, tomaron la determinación de instalar en la zona de Aranjuez un Mercado Campesino en un terreno que fue designado para ese efecto mediante la Ordenanza Municipal 039 en el año 1979. El Mercado Campesino permite a los pequeños productores de las comunidades aledañas vender sus productos de forma directa a las familias de la zona.

La Ordenanza Municipal 039/1979 establece la expropiación de tres terrenos en La Paz destinados a ser mercados campesinos, y esta política fue refrendada en 1984 por el Decreto Supremo 20054. Los propietarios del terreno en Aranjuez que fue expropiado por el municipio en 1979 fueron la familia Arce Grandchant, accionistas de la Illimani Seguros. En 1990, el alcalde banzerista Ronald Mac Lean, se justificó en una ley de 1884 para ‘revertir’ la expropiación y devolver la propiedad privada a la familia Arce Grandchant, quienes años después la vendieron a la iglesia católica mediante la Fundación Arco Iris, manteniéndose hasta el mayo de este año como lote baldío.

Desde la instalación del Mercado Campesino, ha existido un acoso permanente de parte de la Alcaldía Municipal y la empresa Hospital Arco Iris SRL, quienes montaron casetas de seguridad privada y amedrentaron a las y los campesinos en vigilia. En una nota de prensa el 26 de mayo, la Alcaldía indicó que el terreno sería propiedad privada por lo que no correspondía su intervención y se acordaban horarios de descarga de productos para no perjudicar el tráfico vehicular en la zona.

El operativo coordinado entre la Policía Boliviana y la Alcaldía Municipal, empezó en horas de la madrugada al gasificar la vigilia del mercado, en el que dormían niños y niñas junto a sus familias, y durante horas las y los productores campesinos resistieron el intento de desalojo. Según denuncias de los productores, el Secretario General de la Subcentral Campesina fue detenido y llevado a la fiscalía acusado de avasallamiento. Cerca al mediodía, con gases, balines y porrazos el contingente policial despejó el camino para que los tractores de la Alcaldía terminaran de derrumbar y arrasar con los puestos de venta. A pesar de declarar en su propia nota de prensa que los terrenos serían de propiedad privada y que no correspondía su intervención, la Alcaldía dispuso de su maquinaria pesada para el desalojo y la destrucción de los puestos de venta.

La iglesia católica, se escuda bajo el rótulo de Fundación Arco Iris, que a su vez es accionista principal de Arco Iris SRL, empresa condecorada en 2015 por la Federación de Empresarios Privados de La Paz, por ser una empresa líder en el departamento. A pesar de recibir fuertes donativos bajo concepto de Responsabilidad Social Empresarial de la Cervecería Boliviana Nacional, Mutual La Primera, Banco Mercantil Santa Cruz, IMCRUZ y otras grandes empresas, según Mamani Fernandez (UMSA, 2018) [1] la Fundación Arco Iris tenía un tributo omitido mayor a 4,6 millones de bolivianos. Denunciaron integrantes de la subcentral campesina, que la propiedad vendida a la iglesia es de 18.000 m² y que los restantes 7.000 m² corresponden a dominio público por lo que reclaman la construcción del mercado campesino.

Desde La Izquierda Diario denunciamos el nefasto papel del Gobierno de Luis Arce Catacora que, mediante el ministerio de Gobierno, a la cabeza de Eduardo del Castillo, una vez más se pone al servicio de la defensa de los empresarios y la iglesia, y reprimen brutalmente a las y los trabajadores campesinos para defender los intereses de la iglesia. Mientras los campesinos exigen el cumplimiento efectivo de la expropiación de un terreno baldío para la construcción de un mercado campesino son duramente reprimidos, los grandes banqueros que se llevaron los ahorros de miles de trabajadores a sus cuentas offshore en Panamá gozan de impunidad.

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