Hace unos días fueron citadas a comparecer al Jugado de Instrucción Nº 4 de Cipolletti, a fin de que presten indagatoria cuatro trabajadoras integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados. Conversamos con su abogada Victoria Naffa acerca de esta causa, en entrevista para La Izquierda Diario.
Viernes 5 de agosto de 2016 12:25
¿De qué se trata esta causa?
Son dos hechos que se imputan a compañeras y compañeros del MTD por un lado, y otro a vecinos de Balsa Las Perlas por dos movilizaciones al municipio de Cipolletti que se dieron el 24 de Febrero de este año. El segundo hecho y la causa iniciada tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 y las indagatorias serán el 15 de agosto próximo.
Concretamente en relación al MTD la movilización en el municipio se dio en el marco de reclamos por subsidios para comedores y en ese momento el Intendente Tortoriello se negó a recibirlos y ellos lo que hicieron frente a esa negativa fue subir al cuarto piso, donde están los despachos y se manifestaron ahí. La denuncia la radica el municipio ante la Unidad Fiscal Temática Nº 5, a cargo del fiscal Pezzeta, y este hace un acta informal y cita a las trabajadoras para el día siguiente, a la cual ellas no concurren por no haber una citación formal. A mediados de julio comenzaron a recibir las citaciones, sin saber siquiera el delito imputado ya que en la carátula se indicaban “amenazas”.
Lo que pudimos constatar efectivamente hoy, es que no sólo se les imputa el delito de amenazas, sino también privación ilegítima de la libertad hacia el Intendente Tortoriello, el Secretario de Gobierno Diego Vázquez y otros funcionarios municipales.
Lo más grave o complejo que vimos en el expediente es que ese día de los hechos no hubo identificación de personas, entonces, los datos de las compañeras y compañeros imputados en esta causa surgen de constancias y gestiones realizadas por el MTD respecto al pedido de subsidios anteriores. Y por otro lado indican que hubo daños y destrozos realizados por niños, que no existieron, ni hay constancias, pero eso les permitió dar intervención a la Defensoría de Menores para que determinen la vulnerabilidad a la que fueron sometidos los niños que estaban en la protesta.
Es una causa entonces, totalmente armada…
Si. No hay absolutamente nada en la causa que pueda probar la imputación que hacen. Sólo hay testimonios de funcionarios municipales y de la cartera de Acción Social, empezando por el Intendente Tortoriello. Este último hace incapié en que si él otorgara subsidios “pedidos así” y se los destina a gente que por esta vía pide cosas estaría muy mal. Afirmá impunemente también, en su declaración que “el problema con esta organización (el MTD) es que no se dejan controlar”.
Por eso decidimos que se nieguen a declarar, para luego pedir una ampliación de declaración indagatoria, porque otro de los datos importantes es que sabemos que hay otros compañeros más imputados en la misma, que no han sido citados aún.
Vos indicabás que hay una segunda causa. ¿De qué se trata esta?
El Fiscal que interviene, Pezzeta, también lo hace en la segunda causa que todavía no tuvimos acceso porque son el 15 de agosto las indagatorias. Esta se trata por una movilización también, durante otro día. Radica en el Juzgado de Instrucción Nº 2 a cargo de Sonia Martín. Estos vecinos de Balsa Las Perlas también reclamaban, y por eso queremos hacer una estrategia de conjunto, porque no son hechos distintos.
Qué lectura hacen de la situación, ¿puede ser parte de una arremetida más profunda de criminalizar la protesta y la pobreza?
Sin dudas se enmarca en ese plano. Estos hechos pasaron en febrero y fueron una de las primeras manifestaciones fuertes hacia el municipio, y creo que esto es un mensaje para todas las futuras movilizaciones que se intenten. ¿Cuál es el mensaje para cualquier vecino que quiera reclamar si la única respuesta va a ser el inicio de una investigación penal. Por otro lado creo que tenemos que empezar a pensar estrategias respecto al tema de los datos y como los obtienen, porque hay personas imputadas que no estuvieron ni siquiera en la movilización. Se buscaron datos específicamente de miembros del MTD, al azar, datos confidenciales aportados por Marta Seguel, quien era en ese momento responsable de la cartera de Acción Social, para que se inicie esta investigación.
Lo que surge muy claro de todo esto, es que lo que se está criminalizando acá, es a una organización.
