El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció posibles despidos de trabajadoras y trabajadores de la administración pública y del Plan de Inclusión Social en caso de que incumplan el aislamiento obligatorio.
Miércoles 8 de abril de 2020 14:55
En el marco de la crisis económica y sanitaria a nivel mundial provocada por el coronavirus, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que despedirá a las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública y del Plan de Inclusión Social que no cumplan con el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández.
"Las causas que sean de la administración pública, nosotros los vamos a separar de la administración. ¡Los vamos a separar! Se les va a hacer el sumario y, si se comprueba que esto ha sido ostentoso, van a sufrir la exoneración de la administración. Y los trabajadores de inclusión van a ser separados del Plan de Inclusión", exclamó el mandatario provincial.
Esta medida, sin dudas, ha sido dictada al libre antojo y capricho del señor gobernador. Afectará, principalmente, a quienes trabajan de manera precaria en el Plan de Inclusión Social, ya que su sueldo no supera los $13.000, por lo que tienen que rebuscársela diariamente y salir a hacer changas u otros trabajos para poder llegar a fin de mes. Y, además, escapa a lo normado por el Decreto de Necesidad y Urgencia nacional, atento a que este nada dice sobre despidos en caso de incumplimiento del aislamiento.
En ese sentido, precisamente, la gran mayoría de quienes trabajan en el Plan de Inclusión Social viven en zonas populares (como los barrios La República, 9 de Julio, 1° de Mayo y otros de la zona oeste de la ciudad, por ejemplo), debajo de la línea de pobreza, sin acceso a alimentos ni a servicios básicos fundamentales como la luz, y con alto riesgo a enfermarse de dengue, ya que gran parte de las cloacas y de los canales de desagüe están instalados defectuosamente y siempre hay agua estancada por todos lados proveniente, principalmente, del parque industrial norte.
Y, por otro lado, también deben enfrentar los atropellos de la policía de la provincia: Cobro de coimas a las personas detenidas, detenciones en cajeros automáticos, golpizas en las comisarías, armado de causas e intimidación y hostigamiento a la juventud de esos barrios y de otras zonas populares de la capital puntana.
Después de tales anuncios persecutorios y amedrentadores, no hizo mención alguna sobre políticas económicas y/o sanitarias provinciales que ayuden a combatir las consecuencias del COVID-19.
Al contrario, cuando miles de familias trabajadoras se encuentran padeciendo los efectos de la actual crisis y las adversidades de todos los días, el gobierno provincial prefiere aumentar los niveles de represión.
Toda esta situación provoca que, una vez más, reflexionemos sobre la crisis económico - sanitaria actual y sobre el rol que cumplen quienes nos “representan”, haciendo eco sobre la necesidad de un gobierno de la clase trabajadora, que cuide realmente la salud del pueblo en su conjunto y tenga en sus mismas manos el gobierno de su propio destino.
