San Luis. Rodríguez Saá y Tamayo, las caras del ajuste en San Luis

Esta semana se confirmó lo que desde la izquierda venimos sosteniendo hace meses. Los nuevos gobiernos – nacional, provinciales y municipales – han llegado para descargar las crisis económicas y financieras que atraviesan el país, las provincias y los municipios sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Así es que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso Nacional unos paquetazos legislativos de “Emergencia Económica”, llamados por el oficialismo “Leyes de Solidaridad Social”. Con tales medidas (entre las cuales se encuentran los super-poderes al Ejecutivo Nacional y la suspensión de la movilidad jubilatoria) se pretende nada más y nada menos que ajustar sobre las jubiladas y los jubilados, evitando que se beneficien de la movilidad previsional del año que viene, para negociar mejor con el FMI y garantizar el pago de la deuda.

Como bien señaló Nicolás Del Caño en la Cámara de Diputados de la Nación, “esta Ley de ajuste a los jubilados, la necesitan para negociar con el Fondo Monetario Internacional, sin tocar en nada los intereses de banqueros, mineros y grandes empresarios”.

Mientras tanto, en la Provincia de San Luis, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá envió a la Legislatura local un proyecto impositivo que aumenta en un 61% los impuestos provinciales que, de aprobarse, afectará enormemente el bolsillo de las familias trabajadoras en el marco de una inflación anual de un 52,1%.

Sin embargo, a todo ello, se suma lo resuelto hace pocos días por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis: una ordenanza municipal de “emergencia económica, financiera, administrativa y del servicio público de transporte” que – entre otras cosas - habilita al Municipio a cobrar los servicios municipales a través de empresas privadas; suspende hasta diciembre del 2020 la gratuidad del boleto de transporte urbano para estudiantes (boleto educativo gratuito), jubiladas y jubilados, y demás sectores vulnerables; y aumenta en un 35% las tarifas de las tasas municipales.

Este ajuste de parte del gobierno municipal de Sergio Tamayo contó con el apoyo manifiesto de los Ponce y sus concejalas y concejales, y con la complicidad explícita del gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá.

Esta casta política - que nunca se subió a colectivo alguno para trasladarse, que cobra sueldos de privilegio y que vive como ricos - resolvió "suspender" el boleto gratuito para estudiantes, jubiladas, jubilados y demás sectores vulnerables de la Ciudad de San Luis. Es decir que, otra vez, pretenden descargar la crisis económica y financiera que atraviesa Transpuntano y el Municipio sobre las espaldas de miles de familias trabajadoras, estudiantes, jubiladas y jubilados.

Y, no solamente esto. También, resolvieron aumentar las tarifas municipales en un 35%, lo que indudablemente va a afectar el bolsillo del pueblo trabajador, que viene de cuatro años de ajuste bajo el macrismo y, ahora, todo indica que también deberá aguantar la "fiesta" del FMI bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La lógica política de "Cambiemos", del "Frente de Todos" y de los partidos del régimen siempre es y será la misma. Ante cada crisis, ajustar contra la clase trabajadora y los sectores populares, en vez de ajustar sobre las arcas y los bolsillos de los sectores más acaudalados de la sociedad y que mayor fortuna concentran.

Como siempre lo dijimos, la solución a la crisis del transporte urbano está aquí: Estatizar al 100% la empresa y ponerla bajo gestión de sus mismos trabajadores y bajo control de comités de usuarios, elegidos democráticamente por cada zona barrial. Y, para solventar, ajustar los salarios y privilegios del Intendente, de los Funcionarios Municipales y concejales e implementar aumentos progresivos en las tarifas de servicios de los sectores más acaudalados y ricos de la Ciudad.

Solamente así, se podrá garantizar un servicio de calidad para quienes utilizamos el transporte para ir a trabajar, estudiar o hacer trámites en el centro de la Ciudad; plenos derechos laborales y sindicales para las trabajadoras y los trabajadores del transporte, como así también, el pago en tiempo y forma de sus salarios; y mantener el boleto gratuito para estudiantes, jubiladas, jubilados y demás sectores vulnerables.

Insistimos, la solución de fondo y estructural a la crisis del transporte urbano solamente puede venir de la mano de quienes trabajan en ese rubro, conduciendo diariamente las distintas unidades de colectivos, y de quienes utilizamos el servicio. No de un puñado de funcionarios / políticos que nunca se subieron a un bondi.