OPINIÓN. Rompamos las cadenas, si es negocio no es rock

La reciente liberación de Patricio Fontanet volvió a poner sobre la mesa un debate que nunca se cerró en estos más de 13 años. El ex cantante de Callejeros, fue el último de los condenados en dejar la cárcel.

Luego de varios fallos contradictorios entre sí, la Justicia selló otro de los capítulos más oscuros de la impunidad y la corrupción en Argentina. El poder político salió casi en su totalidad absuelto de culpa y cargo. Algunos funcionarios medios fueron juzgados con penas leves que se declararon excarcelables. Otros, como Gabriela Fiszbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández, recibieron penas de un puñado de años, y fueron liberados.

El principal jefe político del gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, ni siquiera fue citado a declarar. La movilización popular lo obligó a pagar el costo de ser destituido como Jefe de Gobierno, en un juicio político que tuvo un gran componente de oportunismo por parte del macrismo. A los pocos años fue resucitado como un supuesto “candidato progre” por el kirchnerismo. Ambas fuerzas políticas fueron cómplices de la impunidad y maltrataron a familiares y sobrevivientes desde sus funciones en el Estado.

Chabán (que falleció en 2014), su socio Villarreal y el subcomisario Carlos Díaz, lograron una reducción de sus condenas respecto de las dictaminadas por el juicio oral de 2009.

La corrupción dejó un tendal de jóvenes fallecidos y heridos. Cromañón se consumó como un crimen social contra la juventud. Cientos de sobrevivientes aún sufren las consecuencias de aquella noche fatídica. El mismo Estado que los encerró en una trampa mortal hoy pretende quitarles los subsidios, que son la mínima responsabilidad que debe cumplir para el soporte material, psíquico y psiquiátrico de las víctimas. Cientos de familias y una generación entera aún sienten el vacío de aquellos que no pudieron salir.

La música no mata, pero el debate no termina ahí

En varias ocasiones, el foco de los medios se centró en la responsabilidad de los músicos. La justicia pasó de la absolución en el primer fallo de 2009 a penas de varios años para todos los integrantes de la banda.

La liberación de Fontanet reabrió el debate. Entre las organizaciones de sobrevivientes y familiares hubo posiciones encontradas. Algunos exigieron su condena y otros su absolución y libertad. “Ni las bengalas ni el rocanrol” gritaban miles de personas en cada movilización.

Una vez iniciado el juicio, los defensores de la banda divulgaron una consigna cierta pero que exige un debate más profundo: “la música no mata”. Esa reivindicación del arte necesita ir acompañada de un cuestionamiento al fino callejón de necesidades y complicidades por el que caminan los artistas en un circuito cultural hiper mercantilizado.

El Estado y los empresarios son responsables de esa mercantilización del acceso a la cultura y la diversión. Son los dueños de los lugares, los responsables de las habilitaciones y los que deciden qué arte debe tener expresión y quiénes pueden disfrutarlo.

La ausencia de una infraestructura pública puesta al servicio del acceso masivo a la cultura encierra a los artistas en un circuito que, inevitablemente, termina mal. Ese callejón sin salida ubica al artista en una posición incómoda. Arranca siendo víctima y termina siendo peligrosamente parte del negocio. Esta es la principal enseñanza que deja cromañón para quien escribe. El arte, que necesita ser libre, debe involucrarse en buscar una salida propia que rompa el lucro empresarial que lo somete.

Palazzo se mira en el espejo de Chabán

La actual banda de Fontanet, “Don Osvaldo”, anunció hace unas semanas la realización de una seguidilla de shows en la ciudad de Córdoba durante el mes de Junio. Miles de jóvenes esperan con ansias la vuelta a los escenarios del ex líder de Callejeros.

Muchas de las letras de Don Osvaldo hablan de la realidad de la juventud que vive en los barrios, esa de la “casi justicia social por la policía”, la que persigue por fumar o simplemente por existir. Ese es uno de los tantos motivos por los que la convocatoria de la banda perdura y crece con el correr de los años.

Sin embargo, la vuelta de Don Osvaldo trajo una amarga noticia para quienes sufren el accionar policial en cada show realizado en Córdoba. El empresario organizador será José Palazzo, un conocido productor de rock que cuenta en su currículum con una mancha imborrable. Fue el organizador del show de la Renga en la localidad cordobesa de Villa Rumipal, allá por el año 2015, en el que fue asesinado por la policía Ismael Sosa, un jóven de 22 años.

En aquel entonces, Palazzo defendió rápidamente el operativo policial. Los familiares buscaron desesperadamente a Ismael, que días después fue encontrado sin vida en el lago de la localidad. La causa aún hoy permanece impune. El caso trajo el recuerdo de Walter Bulacio a todo el público rockero. En esa provincia, y con el mismo organizador, volverá a tocar “Don Osvaldo”.

El rock sometido al lucro no es rock, es mercancía

Cromañon no termina si hay impunidad. Tampoco terminará la violencia policial. El lucro con la diversión de miles siempre termina mal y el último show del Indio Solari en Olavarría es una muestra reciente de ello.

La única salida es terminar con el negocio. La integridad de los músicos y el público no puede estar en manos de los empresarios, funcionarios y policías. El acceso al arte, la cultura y la diversión es un derecho que debe conquistarse y del cual el Estado debe hacerse cargo. Si el movimiento artístico no quiere terminar siendo parte asociada del lucro empresarial, necesita ponerse a la cabeza de este reclamo.

El movimiento de lucha dejó buenos ejemplos de autoorganización de grandes eventos culturales. Los recordados recitales de rock realizados en Neuquén, en la fábrica Zanón bajo control obrero, donde la seguridad se organizaba entre los mismos trabajadores con la importantísima colaboración del público solidario, demostraron la presencia policial en recitales de miles de personas es prescindible. Por allí pasaron grandes bandas como La Renga, Attaque77, o Manu Chao, entre otros.

Meses después de la masacre de Cromañón, un grupo de jóvenes sobrevivientes organizó un ciclo de recitales al aire libre en Costanera Sur y Parque Lezama, llamado “Rock Sobrevivo” por donde pasaron decenas de bandas y cientos de jóvenes autoorganizados que reclamaron justicia.

Estos ejemplos muestran que los conocimientos, la pasión y la creatividad para la producción y organización de los shows está entre los artistas y el público, en las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, políticas, sociales y centros culturales.

Son ellos quienes deben determinar los contenidos. El Estado tiene que brindar los espacios, la infraestructura y debe proveer los recursos materiales necesarios para su realización. La seguridad y el control de su cumplimiento debe estar a cargo de la autoorganización en conjunto con cuerpos profesionales especializados que pueden ser provistos por las universidades y pagados por el Estado.

Suena utópico en tiempos de ajuste brutal a los trabajadores y el pueblo. Pero esta exigencia debe permanecer en el horizonte y debe completarse en vistas de crear un programa de salida que permita pensar un arte revolucionario. André Breton y Diego Rivera, en su “Manifiesto por un arte revolucionario independiente” de 1938 citaban a Carlos Marx :

“El escritor –decía Marx– debe naturalmente ganar dinero para poder vivir y escribir, pero en ningún caso debe vivir para ganar dinero... El escritor no considera en manera alguna sus trabajos como un medio. Son fines en sí; son tan escasamente medios en sí para él y para los demás, que en caso necesario sacrifica su propia existencia a la existencia de aquéllos... La primera condición de la libertad de la prensa estriba en que no es un oficio.”

Y cerraban su manifiesto con una frase que debe servirnos para pensar una salida definitiva para nuestras creaciones y esparcimiento: “La independencia del arte por la revolución; La revolución por la liberación definitiva del arte”.