El asesinato de Samir Flores, defensor del medio ambiente y comunicador comunitario, ha impactado a nivel internacional. Este crimen forma parte de las cifras negras que tienen a México como el cuarto país más peligroso a nivel mundial para defender los recursos naturales y luchar contra el despojo.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 21 de febrero de 2019 23:11
El asesinato del ambientalista y periodista comunitario, Samir Flores, ha causado gran impacto a nivel internacional. Distintos medios en el continente y del otro lado del Atlántico reportaron cómo en México, a punto de realizarse una consulta sobre una termoeléctrica, "conocido activista de 35 años" fue asesinado un día después de denunciar el proyecto.
Samir Flores durante protesta
En nuestro país, aunque la prensa pregunta, el Presidente calla. Los pueblos, comunidades, activistas y distintas organizaciones políticas y sociales señalan al Gobierno Federal como responsable del crimen de Samir y denuncian la presencia de grupos de choque ligados al gobierno del estado, en manos del Morena. Exigen se suspenda la realización de la consulta y la cancelación definitiva de la megaobra, así como reparación integral del daño provocado, sobre las personas y sobre el territorio. Por toda respuesta, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la consulta tiene que realizarse. Inclusive, sugirió que el asesinato del activista había tenido la intención de obstaculizar la realización de la misma.
Este intento por deslegitimar el reclamo de justicia de las comunidades no es una actitud nueva para el jefe del Ejecutivo, quien hace unos días llamó "radicales de izquierda" a opositores que protestaron durante su visita a Morelos. En su conferencia de prensa de este jueves, AMLO inclusive bromeó con la locución del EZLN "mandar obedeciendo". "Esto es democracia", remató Obrador.
Con el Aeropuerto y el Tren Maya, la termoeléctrica en Huexca sería el tercer megaproyecto impulsado por López Obrador en menos de cien días de gobierno.
No se trata, sin embargo, de una actitud privativa de la administración obradorista. Durante los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, México se consolidó, junto con Brasil, Colombia y Perú, como uno de los cuatro países más peligrosos a nivel mundial para defensores del medio ambiente, con cifras que cuentan 29 asesinatos entre julio de 2016 y diciembre de 2017, así como 59 ataques de diversa índole en el mismo periodo. Tres cuartas partes de los activistas asesinados eran indígenas.
Los estados de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Chiapas concentraron estos 29 asesinatos de ambientalistas. Las 59 agresiones se suscitaron en 23 entidades entre las que destacan el Estado de México y Puebla como las más peligrosas.
Las condiciones de violencia, impunidad y complicidad a todos los niveles de gobierno se gestaron a lo largo de los años, de la mano de la profundización de la entrega de los recursos naturales a trasnacionales y de la militarización.
Organismos como Global Witness señalan como algunas de las principales razones por las que en México se encuentra en esta crisis al crimen organizado, falta de protección a personas en riesgo y falta de consulta en las comunidades sobre los megaproyectos. No se trata, desde luego, de las consultas con que López Obrador ha legitimado la imposición del Aeropuerto y el Tren Maya, criticadas duramente por sus inconsistencias y la premura con la que se han impulsado.
Con la consulta en Morelos, Obrador busca acabar de un plumazo con una década de lucha contra la imposición de megaproyectos en la región.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señala que la minería, infraestructura, proyectos hidroeléctricos, obras públicas en administración de agua, desarrollos inmobiliarios, energía renovable, siembra de transgénicos y la tala, son algunas de las actividades relacionadas con el despojo, devastación y expoliación de recursos.
México es el cuarto país en el mundo con mayor superficie concesionada para exploración y explotación. 66% de la superficie forestal montañosa en México, indican expertos, está concesionada a empresas en su mayoría canadienses para extracción de oro y otros minerales.
Según el informe de GW, la mayoría de los defensores asesinados en México se enfrentaban a grandes proyectos empresariales extractivos como la tala y la minería. Persecución, desplazamiento, criminalización, cárcel, hostigamiento, espionaje, calumnias, detenciones arbitrarias, represión, secuestros, desapariciones, abuso sexual, asesinatos, son algunas de las amenazas que han tenido que enfrentar quienes se oponen a megaobras en México.
El asesinato en 2018 del activista rarámuri Julián Carrillo es un caso paradigmático de la situación en la que se encuentran los derechos humanos en México, en particular de las condiciones en las que luchan los defensores ambientales. Opositor a la tala, la minería y la siembra de amapola y marihuana por parte del crimen organizado, Carrillo fue asesinado al igual que cinco más de sus familiares ultimados en años anteriores por defender tierras consideradas sagradas por la población de la Sierra Tarahumara. El reconocimiento internacional de su labor, así como la presunta protección por parte de Secretaría de Gobernación con la que contaba, no pudieron detener a los sicarios que terminaron con su vida. Este crimen continúa impune.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el Estado de Guerrero, señala tres casos emblemáticos de la imposición de megraproyectos mineros en la entidad: Torex Gold (que protagonizó asesinatos viculados a un paro laboral); la mina de Peñasquito, en donde Carlos Slim participaba a través de la mina Frisco y que provocó el desalojo de una comunidad entera; y el de la minera Leal Gold, responsable del desplazamiento forzado de 120 comunidades en Carrizalillo.
Una crisis de proporciones internacionales
No es casual que la crisis se concentre allá donde los capitalistas tienen puesta su mira. Así en México como en las selvas amazónicas de Brasil, como en los ríos que la hondureña Berta Cáceres murió defendiendo de la voracidad de trasnacionales. Los asesinatos de ambientalistas registrados en nuestro continente están relacionados con la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal.
Según señala la GW, 116 líderes ambientales fueron asesinados en Latinoamérica tan sólo en 2017.
En su Primer informe global, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), la misma ONU ha debido aceptar, tras lo que fue la primera evaluación de cuarenta años de creación de leyes y organismos ambientalistas, que el aumento de legislación destinada a la protección del Medio Ambiente ha venido acompañado de un fracaso generalizado para implementarla. Esto, en los hechos, representa una amenaza aún mayor para enfrentar problemas como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de especies y hábitat.
Lo que David Boyd, relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, considera "un misterio que entraña la persistencia de problemas" ambientales, no es sino la voracidad del capitalismo negándose a renunciar a sus ganancias. Es la complicidad de los gobiernos que pactan e instrumentan la entrega a sangre y fuego, por medio de leyes (o consultas) amañadas y el despliegue de sus fuerzas represivas por todo el territorio.
El asesinato de Samir Flores pues, se enmarca en una ofensiva que se extiende por todo el territorio y más allá de las fronteras. Empresas, gobiernos y crimen organizado son cómplices (como recién difundió el semanario Proceso respecto a la participación de fuerzas del hampa en el asesinato de líderes sociales en Colombia); sus crímenes quedan impunes ante la mirada impotente de organismos defensores de derechos humanos y el mensaje que continúa reproduciéndose es de intimidación para quienes se atrevan a luchar.
El cambio de posición de López Obrador en torno a la militarización (que rechazaba en 2012) y los megaproyectos (que hacia 2014 aún descartaba) no son alentadores en este panorama. Los límites del equilibrismo obradorista se manifiestan en un caso en donde es imposible conciliar la sed de justicia y el rechazo al despojo con los intereses de los empresarios que tanto se preocupa en no desairar sin indemnización de por medio.
La unidad de las luchas a nivel nacional en contra de los megaproyectos y en defensa de los recursos naturales y el territorio es hoy indispensable para luchar por justicia para Samir y todos los ambientalistas asesinados, por la libertad de los presos, así como por el respeto a la autonomía y determinación de los pueblos.
