Este lunes 24 de abril se implementó el plan “Calles sin violencia” en la comuna de Santiago. Este plan integrará a 46 comunas a nivel nacional, y 22 solo en la región metropolitana. La política que impulsa el gobierno de Gabriel Boric es parte de la agenda securitaria que busca reforzar las instituciones de Carabineros y PDI, y el trabajo conjunto con el gobierno, fiscalías, municipalidades y el ministerio público.
Miércoles 26 de abril de 2023
Las comunas en que se implementará fueron elegidas según las cifras de homicidios y crímenes de mayor connotación.
“El plan permitirá fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías y se focalizará en comunas que concentran el 50% de los delitos violentos. Además, se reforzará la protección a la policía con equipamiento y material más seguro” [1]
Este va acompañado de inversión tanto en las policías como en luminarias, cámaras de seguridad y cámaras para las policías. Este plan incorpora una inversión de 1500 millones de dólares anuales que se suman a los incrementos ya hechos en el presupuesto 2023 en materia de seguridad y suponen un alza de alrededor del 40% del presupuesto público asignado a este ámbito, que queda abierto a mayores inversiones según se
“vayan adoptando las medidas administrativas, que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia, y las reformas legales que lo dispongan, financiándose con fondos de emergencia del tesoro público, no reasignaciones, no fondos ya destinados a otra cosa”
En el marco de este plan, se realizaron este lunes 337 detenciones en la región metropolitana de los cuales 130 contaban con órdenes vigentes y 29 por el delito de robo, 12 por porte de arma blanca y 9 por hurto. [2]
Pese a esto, alcaldes como el de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), denuncia que el riesgo de este plan al ser desigual en las distintas comunas es una migración del delito a otras comunas que no esten contabilizadas por sus cifras relativamente más bajas de delitos de alta connotación en comparación con las 46 comunas en que se impulsa, poniendo especial ojo en su propia comuna. [3]
Sin embargo, para el gobierno y estos políticos, la inseguridad y la delincuencia se trata con mayores recursos y facultades para carabineros, más no desde sus causas sociales como la miseria y el abandono. La solución a largo plazo se encuentra en la vida material y cultural de las personas, lo que significa tener un trabajo digno con salarios que no sean de hambre, pensiones decentes, una educación de calidad, salud y tiempo de ocio y de desarrollo personal. Todas, cosas que trastocan de una u otra forma la propiedad privada de los empresarios y que, en algunos casos como la salud y la educación, requieren de inversiones como las que ahora se dirigen hacia carabineros y PDI.
Estas medidas de fortalecimiento de las policías, como el plan “calles sin violencia” o la ley Naín Retamal -punta de lanza de un paquete de medidas de fortalecimiento de las facultades policiales y de impunidad- están estrechamente ligadas con la lógica de criminalización de lxs migrantes, de la pobreza y de la protesta social, impulsada originalmente desde la derecha pero que el gobierno ahora se propone tomando orgullosamente el discurso securitario.
