El gobierno de Gabriel Boric ha impulsado y celebrado la nueva Ley Antiterrorista (Ley N° 20.467), aprobada con apoyo de la derecha y sectores oficialistas, consolidando un consenso represivo que criminaliza aún más la protesta social y el conflicto en el Wallmapu. Esta normativa sustituye a la antigua Ley N° 18.314, ampliando las facultades del Estado para intervenir en las comunicaciones y en la vida privada de las personas. Esto no solo profundiza la militarización en territorios en conflicto, sino que también refuerza la persecución contra los movimientos sociales en todo el país, generando un clima de temor e inhibición.
Miércoles 5 de febrero
Un consenso político para la represión
La aprobación de la ley fue posible gracias a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, lo que evidencia la disposición de Boric a ceder ante las presiones del empresariado y los sectores conservadores. A pesar de haber criticado en el pasado medidas similares, el actual oficialismo justificó el apoyo con el argumento de que era necesario fortalecer el aparato estatal contra el crimen organizado. La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la medida asegurando que permite "combatir con más eficacia la violencia", mientras la derecha celebró el avance de políticas más duras en materia de seguridad. Sin embargo, organizaciones sociales han denunciado que este tipo de normativas terminan siendo utilizadas en contra de la protesta legítima. La nueva legislación, en su artículo 1°, establece que se considerará terrorismo cualquier acto "cometido con la intención de causar temor en la población o en un sector de ella", lo que deja margen para la interpretación y potencial criminalización de protestas y manifestaciones.
Nuevas herramientas represivas
La ley incorpora el uso de tecnologías de vigilancia masiva como el IMSI Catcher, que permite interceptar comunicaciones telefónicas sin conocimiento del afectado, lo que representa una grave amenaza para la privacidad y los derechos fundamentales. Además, se amplían las posibilidades de intervención en redes digitales, permitiendo el monitoreo constante de activistas y dirigentes sociales. También fortalece el uso de testigos protegidos y la figura del "agente encubierto", prácticas que en el pasado han sido denunciadas por organismos de derechos humanos debido a la fabricación de pruebas y la persecución arbitraria. De acuerdo con el artículo 6° de la ley, los agentes encubiertos podrán actuar sin la obligación de revelar su identidad ni sus métodos ante tribunales, facilitando la fabricación de casos. Este tipo de medidas han sido utilizadas en otros países para justificar montajes judiciales y encarcelamientos sin pruebas concretas. Además, el artículo 9° amplía las facultades de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), otorgándole mayor acceso a información privada y bases de datos de ciudadanos.
Más militarización en el Wallmapu
En paralelo a la aprobación de esta ley, el gobierno ha impulsado la compra de nuevos drones de vigilancia para reforzar la militarización en La Araucanía y el Biobío, consolidando el estado de excepción como una política permanente. En lugar de buscar soluciones políticas y diálogo con las comunidades mapuche, la respuesta del Estado sigue siendo el despliegue de fuerzas armadas y policiales en la zona, profundizando la violencia estatal y el conflicto. Las comunidades han denunciado reiteradamente que esta militarización solo ha traído más represión y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, sin abordar las causas estructurales del conflicto territorial. Con estas medidas, el gobierno de Boric refuerza una estrategia de seguridad heredada de administraciones anteriores, contradiciendo su discurso de derechos humanos. La nueva normativa, en su artículo 10°, permite que las Fuerzas Armadas colaboren en labores de seguridad interna cuando existan amenazas terroristas, ampliando el margen para la militarización.
Criminalización de los movimientos sociales
Uno de los aspectos más preocupantes de la ley es la ampliación del concepto de "asociación terrorista", lo que abre la puerta a que organizaciones de protesta puedan ser perseguidas bajo esta figura. Esta modificación permite que cualquier grupo que se movilice de manera organizada pueda ser objeto de investigaciones y sanciones bajo la excusa del terrorismo, algo que en el pasado ha servido para desarticular movimientos sociales legítimos. Esto representa una amenaza directa a las luchas sindicales, ambientales y estudiantiles, ya que facilita la criminalización de la disidencia política. En un contexto donde las manifestaciones y huelgas han sido una herramienta clave para exigir derechos y cambios estructurales, esta ley busca restringir aún más las posibilidades de organización y protesta. El artículo 4° establece penas de hasta 20 años para quienes sean considerados parte de una "asociación terrorista", sin precisar criterios claros para diferenciarla de organizaciones políticas o sociales. Además, el artículo 14° otorga mayores atribuciones a fiscales para solicitar prisión preventiva en casos relacionados con terrorismo, exigiendo medidas especiales que incluyen interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas e informáticas entre otras. endureciendo aún más la persecución judicial contra activistas y manifestantes.
Críticas de organismos de derechos humanos
Diversas organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, han advertido sobre los riesgos de leyes antiterroristas en América Latina, señalando que suelen ser utilizadas para justificar abusos estatales. En Chile, antecedentes como la Ley de Seguridad Interior del Estado han demostrado que estas normativas terminan aplicándose contra el pueblo mapuche y sectores organizados, mientras que la violencia policial y la represión estatal quedan impunes. La CIDH ha señalado en distintos informes que la vaguedad en la definición de terrorismo en legislaciones como la chilena "abre la puerta a la criminalización de defensores de derechos humanos y activistas políticos".
Además, expertos en derecho penal han advertido que la nueva ley vulnera principios básicos de proporcionalidad y presunción de inocencia, al permitir detenciones prolongadas sin pruebas concretas y facilitar el uso de testimonios secretos sin posibilidad de confrontación.
Con esta nueva ley, el gobierno de Boric da otro paso en legitimación de la represión. Mientras los partidos políticos tradicionales cierran filas en torno a la represión, las organizaciones sociales enfrentan un escenario cada vez más adverso para la lucha y la movilización. En lugar de responder con políticas sociales y soluciones estructurales, el Estado opta por endurecer su control y criminalizar a quienes se atreven a cuestionarlo. Este panorama deja en evidencia, una vez mas, el giro del gobierno de Boric que ha asumido como propia la agenda de la derecha en materia de seguridad.
