Paro nacional. ¿Se puede frenar el mega DNU de Milei en el Congreso o en el Poder Judicial?

Por el "decretazo" y la política de shock de Milei muchas personas ya salieron a las calles, plazas, con cacerolas y debatieron en asambleas, viendo los ataques brutales al salario, la salud, el trabajo, y la vivienda. Y hay muchos más están preguntándose ¿Cómo frenar el DNU y el ataque del gobierno de Milei? ¿Qué puede pasar en el Congreso y en el Poder Judicial?

Los decretos de necesidad y urgencia que dicta el presidente tienen que ser controlados por el Congreso. Porque en realidad el presidente no puede dictar leyes, y los decretos solamente según la Constitución art 99, se pueden dar en casos muy excepcionales. Esto es, porque el Congreso no pueda funcionar para sacar esas leyes o haya una “urgencia”. Pero incluso en esos casos, hay temas que nunca puede legislar un presidente: leyes penales, electorales, de impuestos, entre otras, y ninguna ley puede violar los derechos constitucionales. Todo esto fue violentado por el DNU de Milei en forma y contenido: no hay necesidad ni urgencia.

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El mega decreto de Milei es inconstitucional por donde se lo mire. Varios constitucionalistas y dirigentes políticos ya salieron a denunciarlo. Entonces ¿por qué el Congreso no frenó el DNU todavía?

¿Qué puede hacer el Congreso?

Lo que el Congreso puede hacer ahora es ratificar o rechazar el DNU. Según la ley 26.166 tiene que conformarse la Comisión Bicameral permanente, por 8 senadores y 8 diputados (con el cambio de Gobierno, esa comisión no está conformada aún). Ellos analizan el decreto en 10 días desde que entra en vigencia, y supuestamente, envían su dictamen (opinión) a los legisladores que tienen que votar a favor o en contra.

Esta ley, aprobada en 2006, realmente empeora las cosas, porque le permite a un DNU seguir vigente aun cuando el Congreso no lo haya aprobado. Para que el decreto sea rechazado, es necesario que las dos cámaras, la de Senadores y la de Diputados voten en contra del DNU de Milei. Si una Cámara lo aprueba y otra no, igualmente seguiría vigente el DNU. Además, no hay un plazo fijado por ley para que ocurra esta votación.

El decreto va a entrar en vigencia el 29 de diciembre, y eso seguirá en pie hasta que sea rechazado por el Congreso. Si eso llegara a pasar en algún momento, igualmente todos los derechos adquiridos durante su vigencia, quedarían en pie: no se podría cuestionar lo que hicieron mientras estuvo vigente el DNU. Solo a futuro.

De hecho, desde 1994 hasta la fecha, el Congreso no rechazó ningún decreto presidencial. Más allá de los reglamentos, de lo que realmente depende de la voluntad y la rosca política.

Por ejemplo, el senador radical Martín Lousteau expresó que “El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo”, poniendo su objeción solo en la forma, y proponiendo que las mismas medidas se debatan en un paquete de leyes. Así se pronunciaron otros referentes de Juntos por el Cambio (ahora no tan juntos) e incluso gobernadores del peronismo abren la puerta “arreglar el DNU” y aprobar las mismas medidas, pero bajo la supuesta legalidad de un proyecto aprobado por el Congreso.

Carolina Losada, senadora radical santafesina, presentó un proyecto de ley "espejo" este martes, donde se replica el contenido del DNU pero en formato de artículos de ley. Así buscan "rescatar" la evidente inconstitucionalidad del decreto solo de forma, pero darle los votos de sus senadores y diputados para sacarlo como ley.

El peronismo, atravesado por las divisiones y el efecto de la derrota en las elecciones presidenciales, por el momento busca entrar en las negociaciones de cómo se conformarán las comisiones en el Congreso. Deposita expectativas en la espera y el desgaste a futuro del gobierno, sin convocar a una movilización inmediata y un rechazo unánime al conjunto de las medidas de Milei.

Al mismo tiempo, mientras denuncia el mega DNU, desde la CGT y las conducciones sindicales, el peronismo actúa llamado a confiar en las decisiones del Poder Judicial. Esa política desmovilizadora siembra confianza en la misma institución a la que se denuncia por las persecuciones político-judiciales, sea la que resuelva en favor de los intereses de las mayorías populares.

Los y las diputadas del Frente de Izquierda Unidad como Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo ya anticiparon que rechazaran en el Congreso no solo el mega DNU sino cualquier proyecto de ley que implique un nuevo y mayor ataque a las y los trabajadores y sectores populares, como ya anunció Milei. Pero también remarcan que para frenar y derrotar esta política de shock de Milei, Caputo, Bullrich y los grandes empresarios, solo se puede confiar en las fuerzas de la clase trabajadora, unida, y movilizada en las calles.

¿Qué podría hacer el Poder Judicial?

Pero también en el debate de inconstitucionalidad del DNU algunos sectores proponen la impugnación a través de recursos y sentencias judiciales ¿Se pueden frenar judicialmente el DNU y las medidas de Milei?

El Poder Judicial puede ejercer el control de constitucionalidad de leyes y decretos a través de sentencias en torno a cuestiones concretas donde se vulneren derechos por contradicción entre leyes y la Constitución, por ejemplo. Pueden ser la presentación de amparos individuales y colectivos que ya se comenzaron a proponer, o recursos dentro de juicios de distintos temas. Allí los jueces pueden pronunciarse sobre si el contenido del DNU de Milei viola lo dispuesto en la Constitución Nacional, por como fue dictado y/o por lo que dice el decreto. El juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari ya dió lugar a tratar como un proceso colectivo el amparo que promovió la CTA autónoma, ATE y Claudio Lozano.

En el caso que más jueces acepten tratar estos amparos, que ya se empezaron a presentar sindicatos, asociaciones de abogados y como anunciaron la CGT y la CTA que harán el miércoles 27 de diciembre movilizando a Tribunales, es una incógnita su decisión. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Si llegara a sus manos, tampoco tiene un plazo formal para pronunciarse.

Una sentencia de inconstitucionalidad de cualquier tribunal, de primera instancia o de la Corte, no deroga una ley. Solamente hace que no se aplique en el caso concreto que se le presentó. Ahora, si la Corte lo declara inconstitucional, sería un límite importante a su aplicación y sería un mensaje político. Las primeras noticias que se conocieron sobre decisiones judiciales a días de asumir Milei, parecen confirmar que un sector de jueces federales al menos, empiezan a alinearse con el poder de turno. El dictado de falta de mérito a la "gestapo sindical" este martes, y la anulación de la causa Lago Escondido son dos ejemplos.

Dentro de esto, hay muchos escenarios intermedios, donde se pueda determinar como inconstitucional solo una parte de lo que dice el DNU, y el resto no, dejandolo vigente. Uno de los argumentos fuertes que sostienen los amparos es que no hay una “urgencia” que amerite un DNU, impugnando el conjunto del decreto, apoyándose en la jurisprudencia (fallos previos) de la propia Corte donde dijeron que las circunstancias excepcionales son “o bien un fenómeno súbito de la naturaleza, como un terremoto o un tsunami, o bien una situación tan grave de la economía que requiere de una medida rápida de parte de un poder que está siempre reunido, que es el Ejecutivo, que es evitar a través de un mal menor, un mal mayor”. (Verrocchi). En sentido similar buscaron restringir los supuestos de la urgencia en el antecedente “Consumidores Argentinos”.

Pero como ocurrió en muchas otras cuestiones, el decreto seguiría vigente y se judicializarían muchísimos casos. Hablando de un DNU que abarca cuestiones tan amplias, desde relaciones laborales, privatizaciones de empresas públicas y liberación de precios, tarifas y medicamentos, el código civil y comercial, sería prácticamente inabarcable. Aunque no deja de ser necesario que se impugne en cada terreno y acción posible, con todas las herramientas posibles, para deslegitimar al gobierno y su política, depositar confianza en el Poder Judicial como estrategia para frenar el ataque resulta en un callejón sin salida.

Los decretos presidenciales, incluidos en la Reforma Constitucional de 1994 en la Constitución, son una herramienta que fortalece los rasgos más presidencialistas y de concentración de poder político en una sola persona. Una excepción que se convirtió en regla y que, a través de gobiernos peronistas, radicales, kirchneristas, macristas, se mantuvieron, habilitando su uso para los próximos y legitimando los previos. Sin embargo, el nivel de autoritarismo desplegado por Javier Milei desafía la historia: ni la dictadura genocida pudo desterrar leyes protectorias del empleo y la huelga, por ejemplo.

No se pueden esperar los tiempos y las negociaciones de los jueces (que no son votados por la población y tienen cargos de por vida no importa qué decidan), diputados y senadores que históricamente acordaron sus decisiones con los grandes empresarios y el poder económico, que Milei ahora quiere hacer más poderoso.

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Porque además no es solo un DNU, sino que es un conjunto de medidaseconómicas, decretos, leyes: es la línea que tiene la gran burguesía para gobernar a las mayorías. La posibilidad de que aprueben las mismas medidas u otras bajo proyectos de ley, es una muestra de eso, como el paquete de leyes enviado al Congreso y los que seguirán. Aunque el Congreso apruebe esas medidas, siguen siendo contrarias a los derechos más fundamentales de las grandes mayorías de la población, y por lo tanto ilegítimas.

La única forma de enfrentar efectivamente el mega DNU y el conjunto de medidas que ajustan a los laburantes y le quitan sus derechos, es ganar las calles e imponer un paro nacional activo. Solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, movilizadas.

Las primeras acciones que ya se vieron, como los cacerolazos o las movilizaciones sociales y de la izquierda el 20 de diciembre, así como asambleas y medidas incipientes entre trabajadores estatales, son un paso importante a seguir desarrollando. Transformar el rechazo sentido ampliamente en una lucha del conjunto del pueblo trabajador por aumentos de salarios, rechazando los despidos y tarifazos, y exigiendo el paro nacional a las centrales nacionales contra el DNU de Milei, las medidas de Caputo y el protocolo de Bullrich, como un paso hacia paralizar la economía, los sectores estratégicos de producción, servicios, y que se transforme en una huelga general.