Gatillo fácil. Se reactiva la causa por Andrés Campoy a ocho años de su crimen en manos de gendarmes

La causa por el crimen del joven Andrés Campoy lleva casi ocho años sin avances importantes. El joven fue asesinado por dos efectivos de Gendarmería Nacional el 13 de junio de 2014, cuando tenía apenas 20 años.

En un control sobre la Ruta 7 en Luján de Cuyo, fue parado por los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez. Andrés apareció muerto dentro de su auto con un tiro en la nuca y la explicación oficial fue que "se había suicidado". Desde que el hecho ocurrió, su mamá Mónica Campoy, lucha sin respiro contra la impunidad de los asesinos.

La causa desde un comienzo estuvo en manos del juez federal Bento, hasta que en agosto de 2021 fue apartado por las múltiples denuncias de la familia de Andy y de organismos de derechos humanos.

Bento fue imputado por liderar una asociación ilícita que cobraba coimas millonarias a cambio de beneficiar a personas detenidas por delitos de narcotráfico, junto a otras 8 personas, entre ellos dos policías. Una vez más la asociación entre las fuerzas "de seguridad" y el Poder Judicial queda en evidencia.

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Actualmente la causa está a cargo del juez federal Pablo Quiroz y en los últimos días hubieron algunas novedades a pedido del abogado de la familia de Andrés, Alejo Amuchastegui. Se tomaron declaraciones testimoniales que no se habían realizado antes, entre otras medidas.

La querella realizó un pedido de imputación para el gendarme Maximiliano Alonso Cruz, quien es el principal acusado en la causa. Se lo acusa por abuso de autoridad, ya que quedó confirmado que el día que asesinaron a Andrés, la tarea del gendarme estaba limitada al control de camiones, pero no de personas o vehículos particulares como lo hizo con el joven en la Ruta 7.

Además se tomaron 15 declaraciones testimoniales a otros gendarmes, policías y médicos que actuaron el día del hecho y en el expediente.
A su vez, después de que por años la madre de Andrés lo reclamara, se dispuso la revisión del cuerpo del joven, ya que la bala que le ocasionó la muerte sigue alojada en su nuca y el exjuex Bento se había negado a realizar dicha medida. La querella solicitó que esta pericia sea realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El crimen de Andrés

El 13 de junio de 2014 Andrés iba con su auto, un Peugeot 504, por la Ruta 7 hasta que fue parado en un control rutero. Él llevaba toda la documentación al día y en el baúl llevaba una carabina de colección del año 1860 heredada de su bisabuelo que no andaba y estaba toda oxidada. Era de su bisabuelo y la llevaba para mostrársela a un señor que posiblemente la compraría.

El fiscal provincial Jorge Calle caratuló el caso como homicidio agravado por fuerza de seguridad. Andrés no tenía pólvora ni en las manos ni en la ropa y todas las pruebas fueron borradas. Como se trataba de una fuerza de seguridad nacional, la causa pasó a la Justicia Federal y cayó en las manos de Walter Bento, quien a los tres meses levantó la imputación de los gendarmes por falta de mérito, y quedaron en libertad y en funciones.

Cuando ocurrió el crimen de Andrés, la Gendarmería volvió a usar la misma metodología que usan todas las fuerzas de seguridad para encubrir y librarse de la responsabilidad en casos de gatillo fácil. Argumentaron que la muerte de Andrés se produjo porque “se suicidó”. Pero las pericias establecieron que la lesión provocada por la bala mide unos siete milímetros, lo que no coincide con la versión de los gendarmes.

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"No sabés el hijo hermoso que me mataron los gendarmes", dice Mónica, su mamá, cada vez que la entrevistamos. Mónica cuenta que Andrés era un joven con sueños, con proyectos. Estudiaba Seguridad e Higiene Industrial, trabajaba, tenía amigos.

A casi ocho años del crimen, la lucha por justicia por Andrés y todas las víctimas del gatillo fácil continúa.