Una reconstrucción del accionar del movimiento estudiantil durante los primeros meses del 2001, atravesados por el feroz recorte de López Murphy y los proyectos para arancelar las universidades, en el marco de un crecimiento movilización obrera y popular.

Continuamos repasando la historia reciente del movimiento estudiantil, esta vez centrándonos en el año 2001. En el mismo, que terminó con la caída del gobierno de De la Rúa se desarrollaron peleas contra los recortes y planes privatistas para la universidad en medio de una profunda crisis económica y social, una conjugación que planteó nuevos desafíos para el movimiento estudiantil. En esta primera parte vamos a abordar un panorama del gobierno de la Alianza, el accionar del movimiento estudiantil frente al feroz recorte de López Murphy, como parte de un panorama más amplio de movilización obrera y popular, y las posiciones levantadas por En Clave Roja, la agrupación universitaria del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) junto a independientes, durante el primer semestre. En el próximo número de Armas de la Crítica completaremos la reconstrucción de los meses que concluyeron en las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre.

La Alianza, una ilusión de patas cortas

En 1999, la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, más conocida como “la Alianza”, ganó las elecciones presidenciales con la fórmula de Fernando De la Rúa y Chacho Álvarez. Esta se había constituido en 1997 como una coalición entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO), un frente de partidos de centroizquierda. La Alianza llegó al gobierno con un discurso progresista que despertó ilusiones en sectores medios y trabajadores golpeados por las políticas de Carlos Menem que la vieron como un “mal menor”. Fue cuestión de semanas para que se devele que De la Rúa venía a completar las tareas del menemismo, es decir, mayor sumisión al FMI y los grandes capitalistas, mayor ajuste y mayor pobreza.

A poco de cumplir un año en el gobierno, la Alianza ya sufría una importante crisis política, debido a la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia con acusaciones sobre corrupción y coimas para sancionar la reforma laboral, la conocida “ley Banelco”. En noviembre del 2000 y tras un cuarto paro general, desde La Verdad Obrera, el periódico del PTS, se planteaba la siguiente caracterización de la Alianza y la etapa abierta para el movimiento de masas:

La Alianza se armó para evitar que la caída del menemismo quede en manos del movimiento obrero y popular. Cumplido su rol y ya en el gobierno "electo por el voto popular", rápidamente todo se vino abajo. Debutaron a sangre y fuego mandando la Gendarmería contra el levantamiento de los trabajadores y el pueblo de Corrientes. En el último año la Argentina fue protagonista de una ascendente actividad del movimiento obrero y de masas, que sólo fue interrumpida por la tregua decretada por los dirigentes sindicales, y el reciente paro nacional [de 36 horas, el 23 y 24 de noviembre] con cortes de ruta en todo el país fue el punto más alto. Se reabrió la etapa donde las masas tienden a protagonizar acciones independientes. [1]

Con esa efervescencia como emergente, comenzaba el 2001 marcado por la bancarrota de la convertibilidad (“un peso=un dólar”) y una economía en recesión desde 1998. El régimen de la convertibilidad estaba atado a la entrada de capitales extranjeros, ya sea por la vía de inversiones o por créditos externos (tomados por el sector público o por agentes privados). Como consecuencia de una política de la Reserva Federal norteamericana se encareció el financiamiento en todo el mundo y esto alimentó los flujos de capitales hacia los bonos norteamericanos. Esto tuvo un fuerte impacto sobre la economía argentina. Para sostener la convertibilidad se recurrió al endeudamiento para hacer frente a los desequilibrios fiscales y del balance externo. Con el nuevo milenio, el espiral de la deuda argentina era insostenible mientras los organismos de crédito, encabezados por el FMI, dictaban directivas de ajuste sobre el pueblo trabajador. [2]

Como correlato de la crisis económica y el desgaste político, el primer ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, renunció en marzo de 2001 y en su lugar asumió Ricardo López Murphy, un “talibán” liberal de la Fundación FIEL y hasta entonces ministro de Defensa. El viernes 16 de marzo, por cadena nacional, López Murphy anunció un paquete de medidas de ajuste que conformaban el nuevo plan económico. Dentro de las 28 medidas del “bulldog” para recortar 1962 millones se destacaban la intervención y reforma del PAMI, el recorte en el ANSES, el anuncio de nuevas privatizaciones, despidos masivos en estatales, una reforma de mayor “flexibilización” laboral y un feroz ajuste en educación.

El ajuste en educación comenzaba con la eliminación de la partida de 660 millones que Nación enviaba a las provincias, incluyendo también los 550 millones que restaban pagar durante el 2001. Este Fondo de Incentivo Docente había sido la prenda de negociación que la federación docente CTERA negoció para levantar la Carpa Blanca, como gesto a la Alianza. También se eliminaron 10 millones para becas. A nivel terciario, se eliminó la partida de 220 millones otorgados a las provincias, donde 50 millones eran destinados a infraestructura escolar y 170 millones a institutos de capacitación docente. Mientras, al presupuesto universitario se le recortaron 361 millones para el 2001 y 541 millones para el 2002. Como dimensión del recorte, Clarín señaló que solo la UBA empleaba 305 millones anuales, de los cuales el 85% iba a sueldos, y que cuando Roqué Fernández, ministro de Menem, intentó un recorte de 100 millones “hubo manifestaciones que paralizaron la ciudad”. [3] El recuerdo se volvió premonición de los días siguientes .

El movimiento estudiantil y los docentes luchan, las direcciones actúan de bomberos

Antes de reconstruir la respuesta del movimiento estudiantil es necesario retrotraerse a dos antecedentes importantes. El primero es la pelea contra la Ley de Educación Superior del menemismo en 1995, que llevó a un despliegue en todas las universidades del país con asambleas, toma de facultades y movilizaciones masivas que incluso llegaron a un bloqueo del Congreso para impedir que sesione [4]. El segundo fue la resistencia al mencionado recorte de Roqué Fernández en 1999, en el ocaso del menemismo. Retomando el repertorio de las acciones de 1995, los estudiantes agregaron cortes de calles con clases públicas, en diferentes puntos y de manera sorpresiva, logrando finalmente que Menem dé marcha atrás con el recorte.

En estos dos momentos se desarrollaron tendencias a la autoorganización que se expresaron en las asambleas, las comisiones que organizaban distintas tareas de las tomas y en la puesta en pie de Asambleas Interfacultades. Estas instancias se llevaron adelante centralmente en las universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Comahue y Tucumán, y expresaban un cuestionamiento a los métodos burocráticos y la política conciliadora de la Franja Morada, que dirigía la mayoría de los centros de estudiantes y estaba atada al radicalismo. En 1995 llegaron a realizar el Encuentro de Estudiantes Combativos en Córdoba mientras que en 1999 se reunieron en el Encuentro Nacional Interfacultades en Buenos Aires.

La Franja Morada pudo mitigar los cuestionamientos apoyándose en el envión de las presidenciales de 1999 pero aún así perdió la conducción de algunos centros de estudiantes en la UBA, UNLP, UNC y UNCo a manos de agrupaciones autodenominadas independientes o de la izquierda reformista. Estos “centros opositores” continuaban reproduciendo el modelo morado de reducir los centros de estudiantes a prestadores de servicios (fotocopias, bares) y a gestores de cuestiones “estrictamente académicas”, sin alentar la organización estudiantil y siendo una traba cuando esta se desarrollaba desde abajo. Hacia el 2001 el cuestionamiento al brazo estudiantil de la UCR era notorio pues habían alentado a confiar en la Alianza, luego siendo parte del oficialismo que impulsaba un ajuste superior al del menemismo. Dirigentes de la Franja Morada pasaron a ser funcionarios de la primera plana, como fueron los casos de Darío Richarte como segundo jefe de la SIDE, Lautaro García Batallán como viceministro de Interior, siendo segundo de otro histórico morado como Federico Storani, o Hernán Lombardi como secretario de Turismo, Cultura y Deportes. Como veremos, del radicalismo universitario también salieron los ministros de Educación.

Volvamos a marzo del 2001. La resistencia estudiantil al plan de guerra de López Murphy se inició el mismo día del anuncio, cuando unos 600 estudiantes de Derecho-UBA se reunieron en asamblea y un sector marchó al Ministerio de Economía. Mientras el fin de semana a la Alianza le estallaba una crisis de gabinete por las renuncias de funcionarios, iniciada por el entonces ministro de Educación Hugo Juri (ex rector de la UNC), y el inicio de las operaciones para instalar a Domingo Cavallo como salvador, las miradas también apuntaban al lunes.

Aunque en la gran mayoría de las universidades no habían comenzado las clases, entre el viernes 16 y el lunes 19 comenzaron a organizarse los estudiantes en todo el país. En la UBA las asambleas en Exactas reúnen a 600 estudiantes, 400 en Derecho y en Filosofía y Letras otros 200, la sede de Centenario de Sociales reúne a 700 mientras que la sede de MT de Alvear otros 600, Económicas también realizó su asamblea y se registraron tomas con clases públicas y cortes en Medicina e Ingeniería. También fueron tomados, con clases públicas en las calles, el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, los dos colegios secundarios dependientes de la UBA. Todas las asambleas se hicieron cortando las calles adyacentes, contabilizando un total de ocho cortes en diferentes puntos de la Capital Federal, y votaron confluir al día siguiente con la marcha piquetera hacia Plaza de Mayo, a la vez que algunos sectores levantaban consignas como “Abajo De la Rúa”. En Rosario se toman todas las facultades, en consonancia con un paro por tiempo indeterminado de docentes y no docentes, y en muchas las clases públicas se vuelven asambleas y cortes de calles. En la universidad del Comahue, Neuquén, ese lunes una asamblea de 500 personas vota tomar Humanidades y al otro día se reúnen todas las facultades en una asamblea de 1500 estudiantes, que votan también movilizarse junto a los obreros de Zanón, que peleaban contra el cierre de la fábrica. En Humanidades de Jujuy 300 estudiantes en asambleas votan una toma activa con clases públicas.

En La Plata fueron tomadas las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas, además de la Escuela Superior de Trabajo Social, dándose la particularidad de que en paralelo se reunía el congreso de la federación universitaria, presidida por la Franja Morada. Ante un congreso de rosca y a espaldas de los estudiantes, En Clave Roja, la agrupación universitaria del PTS, planteó que se convoque a un congreso realmente democrático con delegados mandatados por asambleas para votar un plan de lucha. Los “centros opositores” finalmente decidieron seguir el juego del radicalismo, negociando un segundo lugar mientras la Franja Morada continuaba al frente, y se sesionó entre cuatro paredes. Las tomas y clases públicas también se registraron en otros puntos, desde Tucumán a Chubut, pasando por La Matanza. [5] Finalmente, la CTERA había llamado a un paro de 48 horas a iniciar el martes 20 y el MTA de Hugo Moyano convocó a parar y marchar a Plaza de Mayo al día siguiente.

La Franja Morada, desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), se vio obligada a intervenir pero fijó recién para el 28 de marzo una movilización y se concentró en la interna del Palacio. Mientras miles de estudiantes se organizaban, la Franja Morada, junto a los rectores radicales, comenzando por Shuberoff de la UBA, y el FREPASO, participaban de un “Foro de la Alianza para la educación pública” venido a menos. Pero el mayor movimiento del radicalismo universitario fue hacerse con el Ministerio de Educación. Aunque amenazó con renunciar, el entonces secretario de Educación Andrés Delich ya se probaba el traje de ministro, haciendo pie en el radicalismo universitario y con el objetivo de contener el conflicto desde el Gobierno. Delich había sido presidente de la FUBA morada y de la juventud radical en los ‘80 y era hijo de un ex rector radical en Córdoba, “pergaminos” suficientes para que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la burocracia morada lo presenten como un mediador, “uno del palo”. El 20 de marzo De la Rúa le tomó juramento.

El cambio más grande en estas horas vertiginosas fue la caída en desgracia de López Murphy, quien tras 14 días como ministro de Economía fue eyectado junto a su plan de ajuste. El lunes 19 ya era una fija el nombre de Cavallo y el martes 20, a las 1 de la mañana, De la Rúa confirmó que convocó al ex ministro de Menem para que se haga cargo “de la conducción de la economía” como parte de lo que llamó “un gobierno de unidad nacional”, porque venía con el respaldo del peronismo y el visto bueno del Frepaso. A regañadientes, en esa conferencia de prensa, el presidente tuvo que admitir que daba marcha atrás con el recorte de López Murphy. Sin embargo eso no significa que Cavallo no llegase para profundizar el camino del ajuste, como lo mostraba su demanda de que el Congreso le otorgue “superpoderes” delegándole facultades legislativas (cumplidas parcialmente por el voto de la oposición).

El paro de CTERA tuvo un altísimo acatamiento y culminó el miércoles 21, en medio de movilizaciones a Plaza de Mayo y otros puntos del país, con la dirigencia planteando junto a la FUA y la CONADU que la movilización continuaría porque Cavallo era sinónimo de un plan privatista para la educación. Se esperaba para ese día una reunión que definiera “un plan de lucha conjunto” pero ocurrió lo contrario. Al día siguiente, el jueves 22, los dirigentes de CTERA Hugo Yasky y Marta Maffei se reunieron con Delich, junto a la CONADU, y firmaron la tregua. A cambio de un cronograma de pago del incentivo docente, la CTERA levantó el paro de 72 horas anunciado para la próxima semana. La tregua incluía suspender también la marcha federal del 28 de marzo que había sido propuesta como camino por la FUA, que también asumió el compromiso de desmovilizar al estudiantado.

Una política para enfrentar los planes privatistas

Aunque las direcciones habían firmado la tregua, los planes para ahogar con el desfinanciamiento a la educación y avanzar en su privatización continuaban. A modo de balance de los días que llevaron a la caída de López Murphy, desde En Clave Roja se planteaba:

Más allá de que en lo inmediato hayan retrocedido con el “recorte” a la educación, lo que está cada vez más claro es que en la cabeza de las grandes “luminarias” que dirigen los destinos del país, los días de la universidad pública están contados. La entrada de Cavallo no hará otra cosa que acentuar esta política (no olvidemos que fue uno de los primeros en hablar del arancelamiento en el país) y para mayor tranquilidad el nuevo ministro Delich es hijo del primer rector que impuso el arancelamiento en la Universidad de Córdoba. Las asambleas masivas y democráticas y las movilizaciones de esta semana han mostrado un camino realista al estudiantado para defender las conquistas de la universidad pública y gratuita. [6]

A los días de asumir, Delich mostró algunas de sus cartas al plantear una necesidad de “planificación” en la universidad como cobertura para hablar de los cupos de ingreso y los aranceles. El ministro de Educación cuestionó la cantidad de alumnos en Medicina y afirmó que “es necesario poner restricciones”. “¿Qué matrícula puede tener una facultad: 20.000, 30.000, 40.000? ¿Cuál es la cifra razonable?”, disparaba Delich. Los dichos de Delich motivaron la oposición discursiva de los rectores y de la Franja Morada, que por ser parte de la Alianza no pasaba de declaraciones periodísticas. Pero, inclusive en el discurso, la oposición morada era inocua: “No aceptamos medidas de carácter restrictivo o discriminatorio, pero sí estamos de acuerdo en discutir alguna política de planificación del ingreso”, declaró Manuel Terrádez, presidente de la FUA. [7]

La idea de Delich estaba en sintonía con el pensamiento del menemismo continuado por la Alianza, simbolizado en Cavallo. El ministro de Economía era partidario del modelo de universidad como el chileno, basado en un arancel generalizado y con créditos para que los estudiantes elijan entre instituciones que “compiten”. Un modelo elitista que Javier Milei recicló como novedad bajo la propuesta de vouchers. A su vez, desde el Palacio Pizzurno trascendían ideas sobre cómo cobrar aranceles encubiertos. Pero el plan de fondo fue uno que circuló entre los rectores: un paper que planteaba una reforma para adoptar el “estilo de las universidades americanas”, estableciendo “nuevos criterios para distribuir el presupuesto”. Entre las medidas se detallaba “tomar un exámen de ingreso y egreso a los alumnos” y “blanquear los recursos generados por las propias universidades” (injerencia de empresas privadas). El plan remataba con “‘el reconocimiento de créditos al estilo de las universidades americanas o de la Unión Europea’, es decir préstamos para que los estudiantes paguen sus estudios, atacando lisa y llanamente la gratuidad de la educación” [8].

Frente a este escenario En Clave Roja planteó una política para que el movimiento estudiantil intervenga en la crisis, superando a las direcciones burocráticas y discutiendo un modelo de universidad al servicio del pueblo trabajador, como alternativa también a la “defensa conservadora” de rectores y decanos. Para ello era necesario poner en pie un Congreso Nacional de Bases estudiantiles, integrado por delegados de base mandatados por los cursos “que sea una herramienta democrática para que el conjunto del movimiento estudiantil delibere sobre qué programa y qué organización están planteados” y que discuta “cómo reorganizar de pies a cabeza las universidades y debe servir para tirar abajo todas las castas burocráticas estudiantiles”. Además se debía votar “un plan político de acción para desarrollar la lucha, empezando por la defensa de nuestras conquistas hasta un programa común con los trabajadores coordinando con sus organizaciones” [9]. El planteo del Congreso incluía la exigencia a los centros de estudiantes, comenzando por los llamados “opositores”, y las federaciones para que den pasos en ese sentido.

Esta política se amparaba en las experiencias previas de 1995 y 1999, donde se desarrollaron instancias masivas de la autoorganización, por lo que había que partir de lo más avanzado que dejaron esas experiencias y no comenzar desde cero. También a la experiencia del Consejo General de Huelga de la UNAM en México, que en base a delegados con mandatos de asambleas había llegado a organizar 36 establecimientos con cerca de 250.000 estudiantes. A su vez, la pelea por un nuevo movimiento estudiantil se enmarcaba en una crisis generalizada, donde una defensa corporativa de la universidad y de su status quo no era progresivo, por eso se rescataba el lema del Mayo Francés “de la crítica de la universidad de clase al cuestionamiento a la sociedad de clases”. Como parte de esto también se dio continuidad a la Cátedra Libre Karl Marx que a lo largo del año reunió a cientos de estudiantes en diferentes universidades, en una lucha ideológica no sólo contra las teorías como las del “fin del historia” sino también con teorías en boga, como las variantes del autonomismo, que planteaban “cambiar el mundo sin tomar el poder”. Además, la intervención ascendente de trabajadores ocupados y desocupados hacía más concreta la necesidad de retomar efectivamente las mejores tradiciones de la unidad obrera-estudiantil.

La perspectiva pasaba también por derrotar el conjunto del plan de ajuste en unidad con los trabajadores ocupados y desocupados. Se consideraba que “si el régimen actual no puede tolerar a la universidad pública, el camino más efectivo para defenderla no puede ser otro que la lucha por derrotarlo junto con el poderoso aliado que es la clase obrera”.

En ese camino, En Clave Roja planteaba como conclusión:

Hoy, cuando el gobierno de De La Rúa - Cavallo, prepara un nuevo ataque a los trabajadores y el pueblo, la perspectiva de desarrollar la huelga general hasta tirar al gobierno de los capitalistas e imponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo, se convierte en una estrategia por la cual deben luchar los estudiantes más conscientes. [10]

Entre la corrupción morada y la Comisión Juri para arancelar

Probablemente por una interna entre las diferentes alas del radicalismo universitario, a mediados de abril se conoció un escándalo de corrupción protagonizado por dirigentes de la Franja Morada. Un consejero superior y un consejero directivo pertenecientes a la agrupación radical habían cobrado durante meses un plan Nuevos Roles Laborales (destinado a capacitaciones de trabajadores desocupados, preferentemente jefes de hogar) que fueron asignados de manera irregular. La investigación arrojó inicialmente que había más de un centenar de casos en Económicas y un número aún incierto en Filosofía y Letras mientras que las inspecciones daban con direcciones que remitían a “capacitaciones” en Psicología o en el local de la FUBA. La investigación judicial trabajaba en dos hipótesis no necesariamente incompatibles “la primera, que se trata de un negocio armado por dos o tres influyentes con pocos escrúpulos” y una segunda sobre “un mecanismo más amplio de financiamiento ilegal de la militancia universitaria”. [11] Luego se conoció que más de 1000 morados habían cobrado de estos planes y que implicaban hasta a ex presidentes de la FUBA y la FUA junto con la FUR, que en ese momento tenía la dirección de la FUA. Incluso también figuraba como beneficiario el presidente del centro de Filosofía y Letras, conducido por una agrupación “independiente” y “opositora” a la Franja (La Mariátegui). A su vez, un consejero directivo frepasista de Sociales fue denunciado por el manejo fraudulento de 60 planes para jefes de familia desocupados.

Para En Clave Roja estos hechos no eran más que una muestra burda de un régimen universitario “que esconde una ‘corrupción legalizada’ con estructuras por demás burocráticas: con el rector Shuberoff y su corte de decanos, consejeros y secretarios, decidiendo todo a espaldas de los estudiantes, docentes y no-docentes”; y por ello se planteaba una comisión investigadora independiente para echar luz sobre estos hechos. A su vez, se consideraba que había una íntima relación entre los planes arancelarios de Delich y la corrupción de la Alianza universitaria. “Los estudiantes tenemos que desplegar una lucha contra los que quieren destruir la educación pública al mismo tiempo que nos desembarazamos de estas direcciones burocráticas, de cuyas filas salió el mismísimo Delich”, se concluía.

La Alianza no cesaba en sus planes privatistas sobre la universidad y la forma de enmascararlo fue una “junta de notables” en la Comisión Juri, conocida así porque la presidía Hugo Juri, el ex ministro de Educación que había renunciado recientemente. En la primera sesión de mayo asistieron De la Rúa, Delich, Shuberoff y aunque estuvieron ausentes, la CONADU y la FUA afirmaron que participarían. Delich explicitó su apoyo a un proyecto del economista Humberto Petrei y la cavallista Fundación Mediterránea [12]. El “proyecto Petrei” consistía en un plus porcentual sobre el impuesto a las ganancias que deberían pagar los padres de alumnos de la universidad pública. Un arancelamiento disimulado. [13]

Para reclamar contra el “proyecto Petrei” el 17 de mayo algunos centros realizaron cortes de calles y el 31 de mayo un millar de estudiantes, con delegaciones de Córdoba, Rosario y otras provincias, fueron convocados por la FUA en la zona de Plaza Houssay para marchar hacia el Ministerio de Educación. La marcha debió cambiar el recorrido para evitar la “contramarcha” organizada por agrupaciones estudiantiles de izquierda. [14] Recalculando su participación en la Comisión Juri, la FUA morada luego planteó un “Congreso nacional” entre cuatro paredes donde sólo iban a participar seis delegados por federación, lo que lo hacía aún más burocrático ya que facultades enteras se quedaban sin representación. Finalmente se realizaron una serie de plenarios zonales entre junio y julio aunque el temario ya había sido fijado por Delich y la Comisión Juri.

Como un intento de contraparte se realizó el 23 de junio un “Encuentro de Estudiantes Opositores” en la UBA convocado por corrientes como CEPA (PCR), Venceremos (hoy Libres del Sur), PC, MST y PO, entre otros, sin participación de estudiantes independientes y con el solo fin de armar, en el siguiente cuatrimestre, listas opositoras a la Franja con corrientes –como la CEPA y Venceremos– que eran furgón de cola del radicalismo en la FUA y hasta asistieron a su congreso trucho. En Clave Roja envió una propuesta para trabajar una campaña por la libertad de los presos políticos, la coordinación con los sectores no burocráticos del movimiento obrero y los desocupados, e impulsar un Congreso genuino con delegados electos en asambleas de base en todas las facultades. [15]

En Camino al colapso, Julián Zícari señala que el recorte de López Murphy tuvo especial énfasis en ajustar al sistema educativo, especialmente a las universidades, un bastión del radicalismo, porque la intención era mostrar firmeza con el plan. Agrega, “según se calculó, el plan de ajuste, para tener éxito, debía perjudicar a todos los grupos, especialmente a las bases electorales de la propia Alianza, como señal de compromiso y como una extraña ofrenda de paz”. Como ejemplo cita las declaraciones de Daniel Artana, otro de los “talibanes” de la Fundación FIEL que fue nombrado secretario de Hacienda: “No podíamos llegar a un ajuste integral pidiéndoles un esfuerzo a los gobernadores si al mismo tiempo la Alianza no se pegaba un tiro en el pie” [16]. La crisis política generada en el Gobierno, el rechazo amplio y las protestas masivas que despertó el recorte llevaron a que fuese algo más que “un tiro en el pie”. La movilización que se fue vigorizando en los primeros meses del 2001, al compás de la crisis que avanzaba, terminó en las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre.

En este marco, la actividad del movimiento estudiantil fue desigual. Un relevo de Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo dan cuenta que las acciones de protestas –marcha, ocupación, cortes y otros– en la comunidad educativa llegaron a un total de 89 en marzo del 2001, solo superadas por las 101 realizadas por los asalariados. El signo distintivo de marzo fue el aumento de las ocupaciones debido a la toma de facultades, a lo que hay que agregar el fuerte contraste con el mes siguiente, donde solo se registran 3 acciones de protesta (la nulidad de acciones en enero y febrero se explican en gran parte por las vacaciones). [17] Podemos señalar, entonces, que el movimiento estudiantil se articuló rápidamente en las protestas de marzo, desplegando las acciones que venían realizando en los años previos frente a los intentos de privatizar y ajustar la universidad. Aunque vemos que se registran algunos hechos sobre el final del cuatrimestre, el nuevo salto se dará a fines de julio, ante la ley del “Déficit Cero” impulsada por Cavallo que implicó nuevos recortes. Momento que será el punto de partida de un artículo que publicaremos en el próximo número de Armas de la Crítica.