Números que indignan. Según la UCA, con Milei la mitad del país es pobre y dos de cada diez personas son indigentes
Un informe de su Observatorio Social, basado en datos del Indec, actualiza los efectos de los aumentos de precios y el estancamiento de los ingresos de los trabajadores. En Chaco y Formosa la pobreza supera el 70 % y en el Gran Buenos Aires el 60 %. Pese a afirmar que el “brutal” ajuste del Gobierno era “inevitable”, la Universidad de la Iglesia se pregunta: “¿Una crisis que va quedando atrás o un peor futuro por venir?”
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) calculó que, producto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, en el primer trimestre del año en Argentina la pobreza alcanzó al 54,9 % de la población y la indigencia al 20,3 %.
El análisis se basa en los datos de Distribución del Ingreso del Indec, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para 31 aglomerados urbanos del país, correspondiente al primer trimestre de 2024, comparado interanualmente (es decir con el primer trimestre de 2023) y con el recorte inmediatamente anterior (cuarto trimestre de 2023).
Así, entre enero y marzo de 2024 se contabilizaron más pobres e indigentes que entre octubre y diciembre de 2023, cuando con las mismas fuentes estadísticas se estimaba un 45,2 % de pobres y un 14,6 % de indigentes.
En cuanto al impacto de estos números por regiones, para la UCA el aglomerado urbano más pobre del país se registra en la provincia de Chaco, en el Gran Resistencia, con un 79,5 % de pobres y un 38,6 % de indigentes. Le siguen en el triste ranking los aglomerados de Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos y el Conurbano Bonaerense. Abajo se pueden ver las “tablas de posiciones” completas de pobreza e indigencia en Argentina.
El “plan” de Milei y Caputo
En su informe de julio titulado Nuevos pobres, pobres más pobres y más desiguales, ¿una crisis que va quedando atrás o un peor futuro por venir (publicado en la web de la institución), el ODSA afirma que las “políticas de ajuste correctivas” implementadas por el nuevo gobierno fueron “brutales” pero “inevitables”. Fiel a la tradición de la Iglesia católica, una posición tomada en favor de la “lógica” capitalista, que siempre prioriza la “necesidad” de que las cuentas “cierren” aún a costa de hambrear y empobrecer a millones de personas, antes que hacerles pagar la crisis a quienes más se benefician con ella, como las grandes corporaciones empresariales nacionales y multinacionales.
Para la UCA, el ajuste de Milei es brutal aunque "inevitable" | Extracto del informe de julio del ODSA
Incluso el ODSA afirma que, en este medio año de gestión Milei-Caputo, “algunos signos parecen mostrar que lo peor de la crisis habría pasado”. Pero en el mismo párrafo aclara que los números obligan a reconocer que “no es evidente que la vida económica y social comience a transitar por un sendero de efectiva recuperación”. Incluso que “cabe la posibilidad de que se desaten nuevos y mayores desequilibrios; en particular, en materia de empleo, desempleo y marginalidad social”. O sea, sí pero no.
El diagnóstico es claro, más allá de las especulaciones: “la sociedad argentina continúa acumulando pobres más pobres, nuevos pobres y mayores desigualdades”.
La mayor caída en el poder adquisitivo se produjo “en los estratos medios y en los más pobres” de la pirámide social, “ampliando la brecha con respecto a la línea de pobreza”. A su vez se produjo “un aumento del desempleo y escasas oportunidades de compensar la caída del ingreso real con mayor empleo informal”. Las únicas “fuentes de compensación” que se vieron son “la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar y otras asistencias”, que de todos modos no cambian la situación de las millones de personas que las perciben.
Dentro del llamado “mercado de trabajo”, hubo “una pérdida de ingresos generalizada, aunque marcadamente mayor en los trabajadores de los hogares de menores ingresos que en los hogares medios más ricos de la pirámide social”. Se profundiza la existencia de trabajadores que, pese a tener empleo formal e ingresos regulares, son pobres. El “deterioro generalizado de los ingresos familiares reales” se complementa con una mayor caída del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, el aumento de la desocupación y más precariedad laboral.
“Todos pierden, pero los estratos más bajos pierden más en términos absolutos y relativos. Esto da lugar a una profunda caída del bienestar económico y a una distribución de los ingresos más regresiva”, sintetiza el ODSA. Una radiografía clara del modelo Milei.
¿Y entonces?
Para las estimaciones de la UCA, “el crecimiento significativo en las tasas de indigencia y pobreza por ingresos” se explican porque “los ingresos de los hogares no lograron acompañar el fuerte incremento de los precios y de la valorización de la canasta básica alimentaria y total”. Y como la caída del poder de compra es mucho más intensa “en los sectores más desfavorecidos” se produce “un mayor empobrecimiento absoluto de la población, simultáneo a un incremento de la desigualdad económica”. La UCA no lo dice, pero precisamente ése era el “plan” que Milei y Caputo se propusieron implementar desde el mismo 10 de diciembre.
La calificación de “inevitable” del brutal ajuste implementado por el nuevo gobierno es una caracterización clara de la Universidad de la Iglesia católica, siempre fiel a los postulados del sistema capitalista, creador de los millones de pobres e indigentes sobre los que hace sus diagnósticos precisos. Pero nada es inevitable, menos en economía y políticas sociales.
Como se detalla en otro artículo de este diario, el Indec dice que en el primer trimestre del año la desocupación alcanzó el 7,7 %. Ante la pregunta de qué hacer, una respuesta más que razonable podría ser que en las 12.000 principales empresas del país (que nunca pierden y hasta ganan mucho más con la inflación y el ajuste) se recorte la jornada laboral a seis horas, sin reducción salarial, y se repartan las horas “liberadas” entre la población desocupada, elevando los salarios hasta que cubran la canasta familiar. Así, se podría crear un millón de nuevos puestos de trabajo de calidad.
Si las corporaciones económicas se niegan a tomar medidas como ésas, el Estado estaría en plenas condiciones de expropiarlas y ponerlas a funcionar bajo gestión de sus trabajadores. Es decir, encuadrar las políticas económicas y sociales en un plan racional de la producción que se ponga al servicio de los intereses populares y no de un puñado de capitalistas. Obviamente, nada de eso está en la cabeza de Milei y Caputo. Tampoco en la de los cientistas sociales de la UCA.
La tabla de pobreza en los aglomerados urbanos de Argentina
