Con esta medida, desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la resolución de conflictos laborales quedará en manos de tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Viernes 14 de octubre de 2016
Con 98 votos a favor, el pleno del Senado de la República aprobó la propuesta de reforma constitucional de los artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral presentada por Enrique Peña Nieto en abril.
En adelante, cualquier conflicto entre los trabajadores y la patronal estará en manos de tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas locales o federales. Éstos suplirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Esta reforma, crea además un organismo federal descentralizado de conciliación, autónomo en su gestión y en presupuesto. Tendrá facultades a nivel nacional para registrar todos los contratos colectivos de trabajo y sindicatos. Así mismo, llevará todos los procesos administrativos relacionados con dichos asuntos. Este organismo contará con personalidad jurídica y patrimonio propios. El titular de este organismo descentralizado será elegido de entre una terna propuesta por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores.
Cualquier conflicto deberá pasar primero por una instancia local, llamados Centros de Conciliación Especializados.
En materia de voto sindical, esta reforma promueve el voto “personal, libre y secreto” de los trabajadores en asuntos como elecciones sindicales, resolución de conflictos intersindicales y la demanda de un nuevo contrato colectivo de trabajo.
Entre las modificaciones aprobadas, destaca la relacionada con la celebración de los contratos colectivos, la cual ahora sólo podrá solicitarse cuando “se constate que se cuenta con la acreditación de los trabajadores”.
Otra de las modificaciones aprobadas plantea evitar “emplazamientos frívolos” a huelga por parte de “falsas” organizaciones sindicales.
En el discurso de los senadores, puntualizaron que la productividad “debe convertirse en un estilo de vida”, dejando claras sus intenciones con respecto a los trabajadores. A pesar de que en repetidas ocasiones plantearon que las reformas eran en beneficio de los trabajadores, no pudieron dejar de mencionar que atendieron las inquietudes de empresarios y patrones.
Entre las declaraciones por bancada, el PAN afirmó que esta reforma busca hacer de México un país “más competitivo”, “robusteciendo el papel del trabajador como eje rector” de los derechos asentados en la Constitución de 1917. Aseguraron que, si bien el modelo de 1917 respondía a un “justo anhelo de justicia”, las modificaciones aprobadas contribuyen a “generar equilibrio” y a “incentivar el crecimiento económico”. Es decir, mayores ventajas para empresarios, que vendrían a sumarse a la situación de precarización que ya viven millones de trabajadores en México.
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El documento, luego de aprobarse, fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Según declaró Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Senadores, estas reformas fueron avaladas por “los empresarios y el sector obrero”, así como por la Secretaría del Trabajo y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Esta reforma es parte de los ataques contra los derechos y conquistas de los trabajadores, que buscan implementar un nuevo régimen de esclavitud laboral en el país. Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, creemos importante que las organizaciones sindicales que se reclaman opositoras como la Unión Nacional de los Trabajadores y la Nueva Central de Trabajadores, así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llamen a movilizarse en contra de esta reforma aprobada por el régimen de esta “democracia para ricos”.
Es fundamental preparar el camino para un verdadero paro nacional, y desarrollar la más amplia unidad de los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, para luchar contra la ofensiva antiobrera de los patrones y sus partidos.
