El 19 de abril fueron absueltos por el Tribunal Oral Número 1 de Córdoba con un fallo unánime, tres imputados por la causa de 13 fusilamientos acaecidos entre mayo y octubre de 1976 en la Cárcel de San Martin, UP1.
Viernes 21 de abril de 2017
Victor Pino Cano (General de brigada), Enrique Pedro Mones Ruiz (Teniente coronel), quienes ya se encuentran condenados en la causa “Videla” y Luis Alberto López (subtenientede, acusados e imputados por "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes”.
Entre Mayo y Octubre de 1976 fueron fusiladas 29 personas que estaban detenidas en la cárcel a disposición de la Justicia Federal de Córdoba. Se encontraban reconocidos legalmente y fueron detenidos en fechas anteriores al golpe del 24 de marzo de 1976. Se trata de estudiantes de filosofía y psicología, trabajadores docentes, profesionales militantes políticos, sindicales y barriales.
La mayoría de ellos se encontraban sometidos a procesos penales a cargo del juzgados federales por infracción a la ley de Seguridad del Estado 20840 y todos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ejercido en ese momento por Videla.
En ese momento los jueces Adolfo Zamboni Ledesma y Miguel Ángel Puga se encontraban al frente de los dos juzgados federales de Córdoba (Nº 1 y Nº 2), que son los que autorizaron las “salidas” de los detenidos. Ellos sabían perfectamente que esos presos eran sacados de las cárceles. Era imposible que los militares fueran a sacarlos sin que lo supieran en los respectivos juzgados que llevaban las causas de los presos. En estos traslados eran asesinados, fraguando “intentos de fuga” o supuestos “enfrentamientos” con vehículos civiles nunca identificados. Después, todos los medios publicaban estos inverosímiles comunicados redactados por el III Cuerpo de Ejercito.
“Teníamos conocimiento, pese a estar en otro pabellón (en mi caso en el 10), de los "traslados" que venían ocurriendo y a los dos o tres días nos enterábamos que en un intento de ‘fuga’ los mataban a todos. Lo más terrible que recuerdo fue el caso de Gustavo De Breuil donde le sacaron la capucha al hermano y le hicieron presenciar el fusilamiento de el y otros compañeros y lo trajeron de nuevo al pabellón para que cuente…Era moneda corriente esta práctica en esos meses. Entraban cebados a los pabellones a las madrugada a bailar celda por celda y también hubo muertos "por intentar arrebatarle el arma" al oficial a cargo. Ni hablar de las idas a la enfermería entre medio de patadas y bayonetazos…”; (-así lo denunció Jorge “Turco” Sobrado por la causa del Campo La Ribera, NdE).
La causa Campo de la Ribera, que fue elevada a juicio por la fiscalía por mas de 700 denuncias y todavía no tiene fecha de juicio (y por el secuestro y detención de Sobrado que denuncia también “la conexión que había con La Perla, y el campo de La Ribera con la UP1 donde terminábamos los que no desaparecíamos en los mismos. Era la continuación de la tortura con la complicidad del director civil Torres y todo el cuerpo penitenciario provincial que revistaba en la misma; NdE).
Todavía no se conocen los fundamentos del fallo, pero sí la pena: ninguna. Absolución para los tres por estos terribles hechos. Para los jueces el hecho de que ya esté probado en otros juicios de lesa humanidad, que ya hayan sido condenados en otros juicios por la participación en el genocidio, y haber recibido decenas de testimonios en este juicio (además de las numerosas declaraciones y prueba incorporadas en otros juicios), no ha sido suficiente prueba para condenarlos en esta instancia.
Si esto no es acorde a la época Macri y consecuencia de una política de impunidad desde hace años, donde son condenados a cuentagotas algunos genocidas… ¿qué es?.
Negacionismo con todas las letra, acá no pasó nada. Avanzar imponiendo una ideología y una política por la que directamente se niega a los desaparecidos, los fusilados, los torturados, la represión, etc,etc. Por la impunidad que otorgan debieran ser imputados y condenados los jueces intervinientes en este juicio, pues están negando la realidad histórica ya probada, están siendo parte directa de una política de Estado que intenta negar la responsabilidad del Estado, el empresariado, la Iglesia, y otros. Dar vuelta todo lo conquistado en estos años por la lucha inclaudicable de numerosos organismos de derechos humanos, familiares, partidos políticos de izquierda, etc.
La política de negar la cantidad de desaparecidos, pedir libertad a los genocidas y que se terminen los juicios caló hondo en el Tribunal cordobés, y no es casual, ya en la sentencia de la Perla absolvieron a unos cuantos represores y otros recibieron condenas irrisorias.
Gobierna un empresario cuya familia está implicada en el genocidio, que intenta nuevamente avanzar con el ajuste al pueblo trabajador mediante la represión, por eso no es extraño que los jueces fallen de este modo.
La forma fragmentada de los juicios implantada por el kirchnerismo y aumentada por el macrismo tiene la finalidad de terminar con ese pasado molesto para los empresarios, verdaderos artífices del golpe. Cuando la justicia no los puede absolver, dilatan los juicios, mientras los “viejitos” genocidas se van muriendo. No es solo una cuestión histórica, es una tarea del presente, la impunidad e ideología que se está queriendo imponer es servil a que estos sectores se envalentonen, y vuelvan a prepararse, por si fuera necesario utilizarlos para ascensos revolucionarios inevitables del porvenir. Tenemos que redoblar la pelea por cárcel común y perpetua para todos los genocidas.
