Tras el llamado de los grandes empresarios agrupados en la CPC que ven con temor que sus jugosas ganancias se vean tocadas, el gobierno de Boric invocó la antidemocrática Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra el paro camionero.
Sábado 26 de noviembre de 2022
La movilización que es dirigida por sectores de derecha no alineados con los grandes gremios y que demanda más seguridad (represión) y una baja de los combustibles ha sido un dolor de cabeza para el gobierno. El reclamo del gran empresariado de poner orden y bajar la movilización, nada tiene que ver con el legítimo repudio popular hacia los dueños de camiones, históricamente un gremio reaccionario y de derecha. Se trata de un reclamo económico ante la posibilidad de ver mermadas sus ganancias en plena apertura de la temporada de exportación de frutas. El punto de la LSE es un reclamo de toda la burguesía, porque se juega la autoridad del Estado. Y aprovechan que en el progresismo genera simpatía la represión a los Camioneros para aplicarla, y legitimar así su utilización contra cualquier manifestante. El Mercurio en su portada se adhirió también a esta campaña contra el paro rebelde. Economistas advierten un impacto importante de mantenerse el paro que ya lleva una semana y que afecta a varias regiones del norte y centro del país.
Tras reunirse este viernes con el gobierno y haber alcanzado un “acuerdo significativo” en palabras del Ministro del Interior (S) Manuel Monsalve, las agrupaciones de dueños de camiones movilizadas decidieron mantener el paro exigiendo el retiro de las querellas que había impuesto el gobierno por Ley de Seguridad del Estado (LSE) el jueves, dejando en punto muerto las negociaciones. El telón de fondo de la movilización es que con las paralizaciones se están poniendo en juego las millonarias ganancias de los grandes empresarios del agro que se encuentran en plena temporada de exportaciones y cosecha.
Las agrupaciones dirigidas por sectores de derecha no alineados con los grandes gremios de camioneros como la CNTC o la CNDC, buscan golpear al gobierno y alimentar un clima reaccionario. Por eso en este tipo de paralizaciones las demandas de los conductores alojamiento o alimentación nunca han sido tema. Desde el lunes que una serie de organizaciones de dueños de camiones y choferes mantienen movilizaciones en carreteras de varias regiones del norte y centro del país, exigiendo mayor seguridad o dotación policial, y por otro lado, una baja de los combustibles.
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Tras la reunión de este viernes el gobierno buscaba cerrar el conflicto. Esto luego de haber cedido el congelamiento de la tarifa de los combustibles por 90 días, una demanda que va más allá de los camioneros producto de las fuertes alzas de la bencina durante este año producto de la guerra y los precios internacionales del petróleo.
Sin embargo los gremios se negaron pidiendo el retiro de las querellas por LSE que había puesto el gobierno el jueves, algo que Monsalve se negó a realizar y endureció el tono anunciando que instruirán a la policía a desalojar las carreteras bloqueadas a partir de este sábado. Esto debido al pedido de la poderosa Sociedad Nacional de Agricultura, el reaccionario gremio patronal del agro que anunció que de seguir el paro impondrán “medidas drásticas” a los camioneros movilizados.
Todo tras el escandaloso apoyo explícito de la policía a la movilización reaccionaria. Este viernes en un conocido matinal un Coronel de Carabineros defendió en vivo a los camioneros (algo que tuvo que salir a desmentir el alto mando en la tarde) y la tarde del jueves un médico denunció que la policía lo multó por grabar a los camioneros que bloquearon la ruta que une Alto Hospicio y Pozo Almonte en la región de Tarapacá.
Según diversos economistas la paralización ya amenaza con afectar el abastecimiento de alimentos en el país y también del crecimiento económico. La asociación de supermercados dijo que ya hay un 20% de locales en el país con problemas para reponer productos.
Los grandes ausentes de esta discusión son los grandes sindicatos que en lugar de pelear por recomponer lo que han perdido los salarios este producto de la inflación, o de bajar los precios que son controlados por grandes monopolios, se han dedicado a negociar con el gobierno sin llamar a medidas de fuerza. Así, le regalan demandas que pueden generar simpatía en amplios sectores como la bajada de las bencinas, a gremios reaccionarios.