Golpe al bolsillo. Tarifas: el Gobierno llamó a Edenor, Edesur y otras eléctricas para arreglar un nuevo aumento

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó este miércoles, a través del Boletín Oficial, a una audiencia pública para el próximo 17 de febrero en la que se discutirá un nuevo cuadro tarifario, tanto en lo que hace al transporte a nivel mayorista como a la distribución a los usuarios a cargo de las concesionarias Edenor, Edesur y demás empresas, responsables entre otras cosas de los brutales apagones producidos en el AMBA durante este verano.

A través de la Resolución 5/2022 publicada este miércoles, el Gobierno procura avanzar en su plan de “segmentación” de tarifas, de reducción de subsidios a las empresas y del consiguiente ajuste tarifario que, al menos hasta donde declaró públicamente el secretario de Energía Darío Martínez, llegaría hasta un 20 % en un primer aumento.

El argumento del Gobierno para consumar este nuevo aumento de tarifas es que el año pasado aumentaron “poco y nada” y en 2020 estuvieron congeladas por la pandemia. Lo que oculta ese discurso es que desde el 10 de diciembre de 2019 el Frente de Todos convalidó los brutales tarifazos impuestos por el gobierno de Mauricio Macri, que en algunos casos superaron el 3.000 % en un par de años. Cuando era oposición, el peronismo rechazó esos aumentos criminales, pero cuando asumió el Gobierno se olvidó de todo y legitimó ese saqueo al bolsillo popular.

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Según la convocatoria oficial, la audiencia comenzará a las 8 del jueves 17 de febrero, se realizará de forma virtual y allí se expondrá el “Régimen de Transición Tarifaria 2022” propuesto por las empresas Edenor y Edesur. A su vez se analizará la determinación de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como del precio estabilizado del transporte para el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstdf), junto al Régimen de Transición Tarifaria propuesto por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Para ello, además de Edesur y Edenor fueron convocadas para exponer sus propuestas las empresas de transporte de electricidad Transener, Transba, Distrocuyo, Transpa, Transco, Transnea y Transnoa.

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Según el discurso oficial, el ENRE tiene el objetivo de “brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias” y sostener “la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.

Lógicamente, en el texto publicado en el Boletín Oficial no figura el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en un contexto de crisis económica como la que atraviesa el país, con altísimos niveles de pobreza, indigencia e inflación, el aumento de las tarifas a cambio del recorte de los subsidios estatales a las empresas es un más que obvio mensaje al FMI, que viene exigiendo más ajuste fiscal como condición para poder avanzar en un acuerdo por la deuda argentina con el organismo.

Ése es el verdadero objetivo del Gobierno, más allá de los artilugios discursivos que se usen (“adecuación de cuadro tarifario”, “segmentación”, etc.) y de que a la audiencia pública del 17 de febrero se convoque también a usuarios y organizaciones de la sociedad civil para que expresen sus puntos de vista. Como se sabe, las audiencias no son vinculantes y es un hecho que el aumento de tarifas se producirá de todos modos.

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Así, tal como viene denunciando el Frente de Izquierda y demás sectores, el aumento de tarifas es parte de un avance general en las políticas oficiales en el recorte de los ingresos populares. Se sabe que un 20 % de aumento en la electricidad es una palanca inevitable para el aumento de los precios de casi todos los bienes y servicios que utilizan ese insumo elemental. Si bien las facturas individuales de Edenor, Edesur, Edelap y demás empresas pueden tener ese aumento (en teoría menor a la inflación), el ajuste tarifario repercutirá en el resto de la cadena de valor de todo lo que se produce y consume.

Con esta nueva convocatoria para aumentar tarifas, queda claro cuán lejos está el Frente de Todos de pensar un sistema energético integral, donde la electricidad sea un servicio público para todas y todos (un derecho básico), provisto a toda la población a través de una empresa nacional controlada por sus trabajadores y usuarios y que integre la generación, la transmisión y la distribución. Por el contrario, apostar a ajustar tarifas a pedido del FMI sólo llevará a seguir garantizando las enormes ganancias de unos pocos capitalistas en detrimento de las mayorías populares.