SERVICIO PÚBLICO. Telecomunicaciones: claves y límites del decreto presidencial

El decreto, firmado por casi todo el gabinete y aprobado en la comisión bicameral, declara como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), es decir a los servicios de internet y a la TV paga, y define como servicio público a la telefonía móvil, tal como lo es ya la telefonía fija. Este DNU repone en cierta medida lo que estaba establecido en la Ley de Argentina Digital de 2014 que había derogado parcialmente el ex presidente Macri.

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¿Congelamiento o suspensión de tarifas?

De lo que se sabe hasta ahora, es que este decreto plantea la suspensión del aumento de precios en las telecomunicaciones hasta el 31 de diciembre. No sería un congelamiento, sino una suspensión, así lo aclaró el propio vicepresidente del Enacom, Gustavo Lopez, diciendo que es una medida “excepcional” y “lo que no se puede aumentar por la crisis económica se recuperará después, como le va a ocurrir a todas las empresas”. Además, se pondrá en discusión una tarifa social, según refirió el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, quien proviene del massismo. Cabe destacar que fue director del mismo organismo durante el gobierno de Macri y acompañó todas las medidas durante su gestión.

Según fuentes del Indec, las empresas de telecomunicaciones fueron de los rubros más beneficiados por los aumentos tarifarios. Desde diciembre de 2016 hasta esta parte, obtuvieron un 268% de aumento, es decir, 40 puntos arriba de la inflación general en estos últimos 4 años. El año pasado el aumento de las tarifas fue de 10 puntos por encima de la inflación, y en abril de este año las tarifas aumentaron un 8,4%.

Telefónica, a nivel global, en el primer trimestre del 2020, ganó 831 millones de euros y Telecom Argentina, 1961 millones de pesos. Además, están dentro de las más fugadoras del país, encontrándose Telefónica en el primer lugar con más de 1000 millones de dólares fugados y en el octavo puesto Telecom. Por otra parte, Hector Magnetto, del Grupo Clarín, figura en el puesto 25 entre los más ricos del país en el ranking de la revista Forbes y Carlos Slim, del Grupo América Móvil (Claro), se encuentra en el puesto 12 entre los más ricos del mundo.

En lo sucesivo, según el decreto, las empresas “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables”, y será el Estado quien lo regule, y fije un “techo o tope de aumentos”, al decir de Micaela Sanchez Malcom, Secretaria de Innovación de Nación. Pero, ¿qué es lo justo y razonable para empresas a las que sólo les importa el lucro empresarial?

Gustavo López lo comparó con la medicina prepaga que, al ser servicio público, “tienen que pedir autorización” para aumentar. Comparación poco feliz, ya que las prepagas aumentaron sideralmente en los últimos tiempos, superando la inflación en 2018.

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Está claro que la suspensión de tarifas es un alivio momentáneo para los bolsillos. Sin embargo esta suspensión no es retroactiva, sino que llega luego de un aumento del 8,3% realizado en abril de este año, en plena pandemia, que quedaría en pie. Y si bien es declarado como servicio público, para que se garantice el acceso a gran parte de la población que hoy no lo tiene, no está claro aún cuál será el alcance del acceso al servicio, la prestación básica universal –¿con qué parámetros se va a fijar?- y si habrá tarifa social; tampoco la obligación de las velocidades de internet, las condiciones de corte del servicio por falta de pago, entre otras cuestiones de la letra chica que se conocerán cuando sea reglamentado por el Enacom. Lo que sí está claro, es que no garantiza la gratuidad del servicio para muchos sectores que no pueden pagarlo, sea porque se quedaron sin ingresos o porque sufrieron rebajas salariales, siendo un servicio indispensable en estos momentos para poder continuar los estudios o para el teletrabajo.

Las más odiadas

Sin dudas, estas empresas son de las más “odiadas” por los usuarios por deficiencias en la calidad del servicio, la falta de cobertura de celulares o la demora en las reparaciones de las líneas fijas, que son moneda corriente. Según datos de Defensa al Consumidor, entre inicios del 2018 y mediados de 2019, encabezan el ranking de las tres empresas con mayor cantidad de reclamos Telecentro, Telecom y Telefónica, respectivamente. Y a su vez, entre las primeras once empresas con mayor cantidad de reclamos, ocho son prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sumándose a las tres mencionadas también Movistar, Personal, Cablevisión, Fibertel y Direct TV. (Fuente: https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/estadisticas-de-reclamos)

Actualmente, producto de las políticas de entrega de los gobiernos de turno, el 40% de los hogares del país no accede a internet. La exclusión digital, esencial para comunicarse, priva además de la escolaridad a miles de estudiantes, lo que se quiere resolver reabriendo las escuelas porteñas como espacios digitales, exponiendo a miles de niñes en medio del pico de contagios. La falta de conectividad también afecta a miles de trabajadores, pibes y pibas de call center, que fueron despedidos a partir de la cuarentena por no contar con conectividad en sus casas y no poder pagarla con salarios que no llegan a la canasta básica. O sectores populares que no tienen siquiera acceso gratuito a WhatsApp.

Si bien el DNU supone garantizar el acceso al servicio en zonas donde aún no hay cobertura debido a que no le es rentable a las empresas, esto ya debería suceder hoy con la telefonía fija, que es un servicio público, pero “la vista gorda” de los organismos de control como el Enacom, garantizan la impunidad y ganancias de las empresas. La discriminación es constante: si pedís una línea sin internet, podés esperar sentado a que te la instalen o te mandan un equipo con tecnología GSMF, que tiende a ser un servicio desastroso.

Si la derecha y sus empresas se envalentonan, hay que enfrentarlas

Estamos en medio de una crisis nacional e internacional, que es histórica. El amague de expropiar a Vicentin y del impuesto a las grandes fortunas cuyo único proyecto fue presentado por el Frente de Izquierda y nunca se trató; el acuerdo con los bonistas y postergar una vez más a los jubilados, son hechos donde quedan al descubierto las opciones y decisiones políticas que va tomando el gobierno de Alberto Fernandez, cediendo frente a los grandes empresarios y especuladores, aunque aún hoy la enorme mayoría no lo vea así.

La voz de la derecha que representa los intereses de los grandes empresarios se hizo escuchar rápidamente después del anuncio de este decreto. La oposición de Juntos por el Cambio, llegó a decir que iban desde el peligro para la libertad de prensa, según el senador Esteban Bullrich, pasando por Silvana Giudici, quien estuviera al frente del Enacom durante la gestión de Macri y que actualmente representa a la oposición en dicho organismo, que planteó que esto iba a desalentar la inversión, algo que también fue mencionado por Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones del gobierno anterior. Por su parte, el ex titular del Senado, Federico Pinedo, llegó al punto de compararlo con una estatización, pero no lo es de ninguna manera, muchos fueron los servicios declarados como públicos que funcionan en manos privadas desde el menemismo. En el caso de la telefonía fija, es servicio público desde el decreto de Lanusse del año 1972, y fue privatizada hace 30 años, conviviendo la actividad privada en un servicio público. Esta medida para nada tiene que ver con la estatización.

Las propias empresas también se dieron a escuchar, especialmente Clarin, a través de sus medios de comunicación, diciendo que este decreto iba a atentar contra las inversiones, y que analizan ir a la justicia contra el DNU.

Unir lo que empresas y burocracias dividen

Esta pandemia dejó demostrado lo esencial que son las telecomunicaciones, para la vida social y para la economía. Pero hasta la fecha, ningún gobierno cuestionó el esquema privatizador. En el caso de las telefónicas, lo que primó no fue el otorgamiento de subsidios, pero sí de negocios cada vez más rentables, como el triple play y cuádruple play; distintas fusiones, entre ellas la última durante el macrismo fue la fusión entre Telecom y Cablevisión del grupo Clarín, a la que tanto dijo oponerse la conducción de Foetra, planteando que si el gobierno de Fernandez ganaba las elecciones se retrotraería. ¿Por qué entonces no exige su anulación? Clarin concentra ya la mayor parte del mercado: el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40%de la tv paga.

No solo se las benefició con grandes negocios, y en el caso de Clarín además con el subsidio de ATP durante esta cuarentena, mientras despedía a sus trabajadores de prensa, sino también con la flexibilización laboral y convenios altamente precarizadores: para los técnicos, convenio Uocra, y para los call centers, el sindicato de Comercio o de ATACC. La mano de obra barata fue así garantizada por las leyes noventistas pero mantenidas por todos los gobiernos posteriores.

Sabemos que las empresas históricamente actúan cuando se trata de sus intereses. Al día de hoy se niegan a reconocer la recomposición salarial de sus trabajadores esenciales. El CEO de Telecom había amenazado que, mientras no hubiera aumento de tarifas, no habría aumento salarial, por lo que la Fattel (Federación Argentina de Telecomunicaciones) y los sindicatos que agrupa -entre ellos Foetra-, anunciaron mediante un comunicado el estado de alerta y movilización, y medidas de acción para el día jueves 27. Para ello, se hace urgente que la conducción de Foetra convoque asambleas virtuales y plenario de delegades con mandato de base, para que seamos las y los trabajadores quienes decidamos qué medidas tomar y votar un plan de lucha para defender nuestro salario y cada puesto de trabajo, tanto de efectivos como tercerizados.

Es con la unidad entre los propios trabajadores, que empresas y burocracias dividen, y en unidad con los usuarios que debemos pelear por un servicio de calidad, que retrotraiga los tarifazos, y permita la conectividad gratuidad para todas las familias trabajadoras y de barrios populares, para que nadie quede por fuera de la escolaridad, para jubilados y jubiladas, pensionados y escuelas y hospitales públicos. Es de esta unidad de donde puede surgir la fuerza para que los sindicatos se pongan al frente de esta pelea.

Todo esto en el camino de ir hacia una salida de fondo, discutiendo la renacionalización de una empresa única de servicios públicos, gestionado y controlado por las y los trabajadores, junto con comités de usuarios y técnicos especialistas que puedan planificar en función de las necesidades de la mayoría, y no del lucro empresario. ¿Cuánto cambiaría para el conjunto de las familias trabajadoras y sectores populares?

Esta salida no va a venir de la mano de las direcciones sindicales actuales, aliadas a los gobiernos de turno y que mantienen las divisiones entre trabajadores y se niegan a plantear la unidad con los usuarios.

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Queremos recuperar los sindicatos de las telecomunicaciones, que sean independientes de los empresarios y los gobiernos, y transformarlos en una herramienta de lucha democrática para pelear por las demandas de los sectores tercerizados y más precarizados, buscando unir efectivos, contratados e informales, y desocupados al conjunto de los trabajadores. Esa unidad es la que necesitamos para enfrentar el ajuste que está en curso y se va a profundizar, para que la crisis no la sigamos pagando las y los trabajadores.