Telefónicos. Telecomunicaciones: la pelea por la conectividad gratuita

Las empresas de telecomunicaciones anunciaron nuevos aumentos en sus tarifas de un 8% en mayo y un 7% en junio, sumando en total un 30 % de aumento en lo que va del año. Telecom del grupo Clarín ya consiguió un fallo judicial que suspendió por seis meses el DNU que declaraba las telecomunicaciones como servicio esencial y público y cuyos aumentos tenían que ser autorizados por el ente nacional de comunicaciones, Enacom. Aunque en los hechos ya lo incumplía, estafando a miles de usuarios con tarifazos no autorizados, y negando la prestación básica universal para el acceso de tarifas sociales.

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¿Sabés cuánto ganaron en los últimos tiempos las empresas de telecomunicaciones?

En el caso del empresario Hector Magnetto, como parece que no le basta con la fortuna millonaria que amasa, la que vio aún más incrementada con la fusión de Telecom-Cablevisión del que controla un 60%, decidió presentar una demanda judicial para evitar pagar el “impuesto a las fortunas”. En medio de la pulseada entre el gobierno y las empresas de telecomunicaciones, ya sea porque el gobierno de Alberto Fernández les termina dando el visto bueno para un nuevo aumento, o porque las empresas aumentan igual sus tarifas aunque no estén autorizadas, los perdedores somos los mismos de siempre: usuarios y trabajadores. Pero lejos de que el gobierno las obligue a cumplir con su propio DNU, las termina beneficiando con ATP o con millones en pauta oficial como lo fue en el 2020 en el caso de Clarín.

Que las empresas lucran para su propio beneficio, no es novedad. Ningún gobierno cuestionó el esquema privatizador, ni acabó con la precarización y tercerismo de miles de trabajadores de las telecomunicaciones a quienes hoy ni siquiera les garantizan los elementos de protección frente a la pandemia ni las más mínimas condiciones de higiene y seguridad, que se llevó la vida de muchos compañeros a causa de la precarización laboral. Por el contrario, los distintos gobiernos las beneficiaron con tarifazos muy por encima de la inflación y con jugosos negocios: desde el kirchnerismo que aportó su granito de arena avalando la fusión de Multicanal y Cablevisión, hasta el gobierno de Macri con la fusión entre Telecom y Cablevisión. Ningún gobierno queda exento de contribuir a que estos pulpos crezcan.

A pesar de sus ganancias, las empresas no invierten en el desarrollo y extensión de las redes de internet, aún más en zonas precarias como los barrios vulnerables. Pero sí invierten su tiempo en fugar sus abultados dólares al exterior. Según datos del Enacom en 2020, el 36% de los hogares del país no cuenta con acceso a internet.

El elemental derecho a la educación y a la conectividad

Más de un millón y medio de jóvenes, en su mayoría de sectores populares, tuvieron que abandonar sus estudios como consecuencia de la pandemia. Según una encuesta de la Universidad Popular de Barrios de Pie, el 54,2 % de los niños, niñas y adolescentes de nueve asentamientos populares porteños mantuvieron contacto con la escuela únicamente a través de WhatsApp, y un 45,9% de hogares en las villas no contaron con servicio de internet en el 2020. Un número que no deja de sorprender si se contrasta con los millones que se llevan estos empresarios.

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¿De qué derecho a la educación se puede hablar si el 18% de les adolescentes entre 13 y 17 años en el país –según fuentes de Unicef- no cuenta con Internet en el hogar y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos? Con la pandemia, muchos estudiantes tuvieron que salir a trabajar más horas para ayudar con los ingresos en su hogar. Hoy, casi la mitad de los jóvenes son pobres en Argentina, y los trabajos a los que accede la mayoría de la juventud son ultra precarios, sin aportes jubilatorios ni obra social, en condiciones de riesgo, y con salarios de miseria que no alcanzan para llegar a fin de mes ni acceder a una vivienda digna. Pero lejos de dar medidas de fondo, el gobierno nacional no anunció nuevos decretos de suspensión de cortes de los servicios ni de prohibición de desalojos, y eliminó el IFE. Mientras echa culpas individuales por el aumento de contagios por COVID, se recorta el gasto en salud y se prioriza pagarle al FMI y a los acreedores privados, además de seguir subsidiando a los mismos empresarios que nos despiden, suspenden, precarizan y que incumplen cualquier tipo de protocolo sanitario que se lleva vidas obreras.

Las telecomunicaciones se volvieron tan esenciales en pandemia, que no solo garantizan el derecho a la educación sino el acceso a las emergencias médicas, y de programas de atención frente al consumo problemático.

¿Cómo podrían acceder los trabajadores precarios de Rappi, Pedidos Ya y de las distintas aplicaciones si no cuentan con internet?

¿Cómo podrían acceder las mujeres que sufren violencia machista si no cuentan con conectividad para que funcione el botón antipánico? El femicidio de Guadalupe que no pudo acceder a un botón antipánico “por falta de conectividad” en Villa La Angostura, se pudo haber evitado. La falta de inversión en redes de internet y telefonía móvil son responsabilidad del Estado y de las empresas de telecomunicaciones.

Los costos que trae el teletrabajo tampoco lo garantizan sino que salen de nuestros propios bolsillos, aún habiendo una ley de teletrabajo que se acordó de forma express entre dirigentes sindicales y cámaras empresariales pero que en pandemia no aplica.

¿Cuál es la salida?

Con cerca de 30 mil contagios diarios en la segunda ola, la presencialidad resulta insostenible, como lo vienen planteando profesionales de la salud y gran parte de la comunidad educativa que viene de paros docentes en CABA convocados por los principales sindicatos docentes y con amplia adhesión en las escuelas. Mientras vemos la disputa política entre Alberto Fernández y Larreta con la vitalicia Corte Suprema, con sus jueces que cobran millones y que nadie votó tomando decisiones por fuera de las necesidades de las y los trabajadores.

El Frente de Izquierda con las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry en la legislatura porteña y el diputado Claudio Dellecarbonara en la legislatura bonaerense presentaron proyectos para garantizar la conectividad gratuita y dispositivos electrónicos a docentes y estudiantes de todos los niveles de educación de gestión estatal.

Alberto Fernández anunció un plan de conectividad y 633 mil computadoras. ¿Pero esto es suficiente para los miles de estudiantes que fueron expulsados de la educación pública? El gobierno nacional de Fernández, y los gobiernos provinciales son quienes tienen que garantizar la gratuidad de la conectividad para estudiantes, docentes, y sectores populares, al igual que la distribución de dispositivos tecnológicos. ¿Te imaginás cómo podría cambiar la vida para el conjunto de las mayorías si las megamillonarias empresas de telecomunicaciones fueran públicas y estuvieran bajo control de sus trabajadores y usuarios populares? Existe una empresa estatal como Arsat que hoy mismo podría desarrollar una poderosa red que pueda llegar con fibra óptica a cada hogar del país para que todo el mundo pueda tener acceso a la conectividad.

¿Cómo empezar a imponer esta demanda por conectividad gratuita? Organizándonos en asambleas, comisiones, desde abajo, a la par que exigimos a las conducciones de los sindicatos que se pongan al frente de esta pelea. Como plantean mis compañeres de la Juventud del PTS y otras organizaciones de la izquierda, peleando en común porque sus Centros de Estudiantes impulsen asambleas virtuales en cada escuela, universidad, y profesorados, en cada lugar de trabajo defender el derecho a la educación, contra la precarización laboral, el acceso al botón antipánico, el derecho a los programas sociales y de salud que implican la virtualidad. Sindicatos como Foetra y Satsaid en unidad con los sindicatos docentes como UTE tienen que ser los principales en impulsar una gran campaña para que ni una sola piba ni pibe se quede sin estudiar, para que ni en un solo barrio popular deje de tener conectividad. Los sindicatos docentes como Suteba Multicolor y Ademys ya votaron en distintas asambleas la urgencia de una conectividad y dispositivos gratuitos.

La unidad y coordinación entre trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas movilizades en las calles es la perspectiva para imponer esta pelea, junto con la exigencia al gobierno nacional por un IFE de $40 mil pesos para las familias sin ingresos, y por vivienda digna y trabajo genuino, siguiendo el camino de la unidad que se expresó este último 27 de abril en la acción votada por el Encuentro de trabajadores en lucha realizado en MadyGraf para enfrentar el ajuste en el que exigimos a la CGT, la CTA y los sindicatos que rompan con el pacto de ajuste y convoquen a un plan de lucha por todas las demandas del pueblo trabajador.

El acceso a la educación no puede ser un privilegio, es un derecho para nuestras niñas, niños y adolescentes.