Alrededor de cien familias se encuentran ocupando un predio en el partido lobense de la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobierno y la oposición de Cambiemos afirma que tomar tierras es un delito y fortalece a las fuerzas de seguridad, cada vez son más quienes viven con sus hijos en condiciones de extrema pobreza, hostigados por la policía y sin ninguna respuesta que garantice el derecho a la vivienda.
Catalina Ávila @linaa_avila
Lunes 7 de septiembre de 2020 19:31
Toma de tierras en Lobos: "Acá no vino nadie, solo la Policía a querer sacarnos" - YouTube
El reclamo por una vivienda digna se repite y expande a lo largo de la provincia de Buenos Aires. La toma de tierras de Guernica mostró la masividad del déficit habitacional y es la más grande de los últimos años. Esa realidad se expande de a cientos en la provincia más poblada del país, donde además, según el Indec, el 46% de las viviendas son inadecuadas, por carencia de conexión a infraestructura pública o por las características de la construcción.
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El partido de Lobos es uno de los 135 que integran la provincia. Según el último censo de 2010, tiene 36 mil habitantes. Allí, desde el domingo 23 de agosto, unas cien familias se encuentran tomando un predio en la calle Belgrano, muy cerca del centro. Son familias que se quedaron sin ingresos durante la pandemia, que no pueden pagar un alquiler ni alimentar a sus hijos.
Abigail tiene 21 años y junto a su bebé se encuentra en la toma desde el inicio. Desde ese domingo, duerme en una carpa donde solo entra un colchon hecha con lonas, cartones. “Yo no tengo trabajo, casa tampoco, tengo mi hijito de ocho meses, por eso estoy acá. Pasé toda al noche, lluvia. Comida a veces me trae mi mamá o nos ayudamos entre todos acá. Yo peleo por un terreno para tener una casita, un techo donde dormir, por eso estoy acá. No tengo para sostenerme, por eso lo peleo, por mi hijo", contó a La Izquierda Diario. "Acá hay madres que durmieron en la calle, otras que tienen cinco hijos, otras que no tienen para comer y otros que están pagando diez mil pesos cada mes, todos dejan todo para ir a trabajar y por sus hijos porque no hay otra. Yo por mi hijo trato de salir adelante, estoy acá dando la cara porque de verdad si yo no peleo por mi hijo nadie lo va a hacer".
Marta está acompañando a sus hijas porque no tienen vivienda. Dice que están anotadas desde el 2016 para recibir casitas que iba a construir el municipio pero nunca tuvieron noticias. "Ni una casa ha entregado. Ellos no quieren que le regalen el terreno, quieren pagarlo como puedan", explicó.
Las casas están a medio hacer, a tan solo unas cuadras donde se desarrolla la toma, en lo que se denominó "Barrio Amarillo". Son alrededor de sesenta estructuras de cemento que la intendencia nunca avanzó en terminar para poder darle un hogar a las familias que necesitan. El municipio está a cargo de Jorge Etcheverry, integrante de Cambiemos. En sus redes sociales, el domingo 28 de agosto difundió un video sobre la crisis habitacionalque está viviendo Lobos. Sin embargo, lejos de brindarle una solución a las familias que reclaman un hogar para poder vivir, dijo: "El futuro está en el diálogo, lo que nosotros queremos es que no se cometan delitos. Estamos en una situación complicada, le he pedido a la Policía que actúe en consecuencia y espero que la política actúe en consecuencia".
Su posición no es casual. En estos días se dio a conocer un proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio que "no puedan acceder a los programas de asistencias sociales" quienes se encuentren relacionados con tomas de tierra. Un ataque a quienes menos tienen que sin embargo, como hemos reflejado en este medio, no es patrimonio solamente del espacio referenciado en Bullrich y Macri sino también de integrantes de la coalición del gobierno del Frente de Todos como el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, o del ministro de Seguridad provincial Sergio Berni quien dijo que "el que toma tierras tiene que ir preso". Un pedido luego fue secundado por los intendentes del conurbano., quienes además denunciaron la "ilegalidad" y "delictividad" de las tomas, una visión compartida por el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández.
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"Ahora alquilo y tengo seis chicos pero no se puede, no alcanza para nada. Mi compañero estaba con changas pero ahora con la pandemia no tiene nada, se complica mucho para pagar el alquiler. Acá en Lobos hay mucha gente que necesita, no solo nosotros, y el intendente no hace nada. Hasta ahora no dio la cara, dijo que dejaba todo en manos de la Justicia y que él no tenía nada que ver. Dicen que está el desalojo, que solo falta que firme el juez. ¿Y después de eso qué hacemos?" pregunta una de las hijas de Marta, con su bebé en brazos.
La toma de tierras en Lobos está judicializada. La causa, que se encuentra en el Juzgado de Garantías, recibió el dictamen favorable al desalojo por parte de la Fiscalía de Saladillo a cargo de Hoirtel. El denunciante es Jorge Luis Spinosa, dueño de una reconocida inmobiliaria en Lobos. Sin embargo, las familias denuncian que se vienen sucediendo sucesivas irregularidades en la causa. "Que venga el dueño con los verdaderos papeles que tenga que tener. No los tiene, están truchando papeles”, explicó César, desde una de las casillas que puso en pie con chozas que le regalaron los vecinos. Es albañil y sus hijas sufren de neumonía, parálisis de brazo y asma. Reclama con urgencia un lugar donde poder resguardarlas del frío y la lluvia.
"Sé que nos quieren sacar, pero yo prefiero que esto sea para todas las personas que necesitan, antes que para la gente política que lo quiere para revender. Acá se están haciendo pasar porque son dueños supuestamente pero no lo son. Solamente quieren agarrar, hacer papeles truchos para volver a venderlos", explicó por su parte Abigail.
"De un momento para el otro vino una familia muy reconocida de nuestra ciudad, la familia Spinoza, a querer tomar posesión del lugar, mal legalmente, ya que ellos jamás estuvieron poseyendo el lugar y no tienen ningún papel que acredite que es suyo", contó Luis. Él tiene 28 años y trabajaba en mantenimiento en un colegio privado, pero durante la pandemia fue echado. Como Abigail, se encuentra durmiendo y pasando los días y noches en una carpa donde solamente puede poner un colchón para dormir. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que está viviendo y con la amenaza latente del desalojo, cuenta que no van a dejar de pelear por su derecho a la vivienda. "Nos organizamos por grupos de WhatsApp, cuidándonos mutuamente, haciendo ollas y comiendo todos juntos, para pasar el frío y el temporal que ha venido. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta hacer nuestra vivienda que nos corresponde por derecho".
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Las familias que se encuentran tomando estas tierras en Lobos son conscientes de que no son los únicos pasando por esta situación, y que cada vez más, es un reclamo que cobra más fuerza. "Gobierno tras gobierno tomaron malas medidas, decidieron resolver otros problemas que no fueron a la esencial a las problemáticas que tiene la población. Prefieren resolver problemas como quiebras de empresas o deudas que son infinitas, y ese movimiento de tanta plata no le llega a la población, es del que tiene poder que saca dólares al exterior. Mientras la población más pobre, la gente trabajadora siempre estamos igual o peor. Esto va a ser algo común, la toma de tierras", explica Luis a La Izquierda Diario.
Al ser consultado con respecto a los dichos de los funcionarios del gobierno con respecto a la "ilegalidad" de las tomas, sostuvo: "Yo creo que ellos son los menos indicados para decir que esto está mal. Ellos porque tienen un techo, como Massa que vive en Nordelta, el presidente en Puerto Madero, ellos no ven la necesidad. A ninguno de ellos los veo viviendo en un lugar junto al pueblo. Hablan del pueblo pero viven como burgueses".
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La demanda de tierra para vivir y la ocupación de predios y viviendas en la provincia de Buenos Aires viene siendo parte de la agenda pública a nivel nacional. El gobierno, en solo cinco días, unificó su posición con respecto a esta realidad, estableciendo que se trata de hechos ilegales que no pueden permitirse, y el presidente Alberto Fernández anunció el Programa de Fortalecimiento para el AMBA, volcando a casi 4 mil efectivos policiales más en los municipios del Gran Buenos Aires y advirtiendo que se trata de un plan que se va a extender a todo el país. Aunque reconocen la crisis habitacional, la respuesta que otorgan, fortaleciendo a figuras como Berni y Massa, es la de más represión, más policías y mayor hostigamiento para los que menos tienen, criminalizando la demanda por un derecho constitucional como es el de tener acceso a una vivienda digna.
En la vereda opuesta, los diputados del Frente de Izquierda Unidad Nicolás del Caño y Claudio Dellecarbonara defienden el legítimo reclamo de las familias sin techo a tener una tierra para vivir. "Los sectores populares se ven obligados, y no porque les guste sino por la falta de vivienda, a ocupar terrenos y a vivir en condiciones precarias. La toma de tierras es una muestra de que ese derecho humano esencial, que es tener el derecho a una vivienda digna, que debería garantizar el Estado, se encuentra vulnerado", sostuvo Dellecarbonara en la última sesión de legislatura bonaerense..
La pelea por un plan de obras públicas, construcción de viviendas populares, la protección de los puestos de trabajo y el acceso a la salud pública de calidad financiados por el impuesto a las grandes fortunas se vuelve más urgente en un país donde, según el Obervatorio de La Izquierda Diario ya son 5,5 trabajadores fueron afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario..
Mientras tanto, el relato que se repite y que cobra cada vez más fuerza en cada una de las tomas de tierras a lo largo de la provincia de Buenos Aires es el de la solidaridad, la organización y la predisposición a no bajar los brazos hasta conseguir un techo para estar con sus hijos. Como Abigail, César y Luis, son miles los que no están dispuestos a seguir viviendo en la miseria como hasta ahora. La respuesta punitiva del gobierno y la falta de soluciones y respuestas que contemplen garantizar este derecho no hacen más que reafirmar que el estallido del reclamo por una vivienda digna tendrá nuevos episodios en el próximo tiempo. Como se escucha en la toma de tierras de Guernica, se trata de luchar por una vida que merezca ser vivida.