Una de las tomas de tierra más emblemáticas de los últimos meses es la de Guernica: abarca 100 hectáreas, divididas en 4 barrios. Hay 2.500 familias y 3.000 niñes. Las voces de esos habitantes afirman a los periodistas que no están en una toma sino en un barrio. Los hechos los avalan: avanzaron en el parcelamiento, realizaron zanjas y pusieron postes para la luz. Hay espacios proyectados para una escuela, un jardín de infantes y una plaza. La urbanización de los pobres, carentes de todo tipo de recursos, pone en evidencia la capacidad creadora de la fuerza de trabajo humana. Los habitantes de unas tierras que hace años estaban en desuso denuncian que desde los puestos policiales les impiden ingresar materiales para construir sus viviendas. Viven presos en su ciudad, bajo la amenaza del desalojo.

En otras tomas, con menos cantidad de familias, la amenaza se convirtió en realidad: en la noche del jueves la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, acompañada por la Policía Federal, un cerco de la Policía Bonaerense y con una topadora procedió a barrer la toma en terrenos ferroviarios de San Fernando. El pedido constante de desalojo era impulsado por el intendente sanfernandino, Juan Andreotti, por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y por parte de la burocracia sindical ferroviaria, que con una patota acompañó a la jueza en el desalojo y celebró la finalización de la faena destruyendo las casillas. El viernes por la noche, un grupo de vecinos fue a una toma en el Partido de La Matanza para levantarla. Fueron secundados por la Bonaerense desalojando así a 300 familias en el barrio Los Pilares de Ciudad Evita. Las concesiones otorgadas por el gobernador, Axel Kicillof, aceitaron el espíritu de cuerpo de la maldita policía para disparar desde motos y camionetas contra ancianos y niños. La faena también concluyó con una celebración: la quema de casillas.

En una situación impregnada por el derrumbe económico del 20 % en el segundo trimestre de este año (abril-junio) en relación a 2019, donde la mitad de la población es probable que ya esté en situación de pobreza, donde avanza la desocupación y los ingresos son destruidos por el combo mortal de pandemia e inflación, la “triple alianza” de los gobiernos (nacional, provincial y municipal), la justicia y la burocracia, encuentra como principal respuesta apalear a los que no tienen nada. La crisis económica, social y sanitaria irrumpió en toda su dimensión dando expresión a otros déficits de larga data en cuestiones de vivienda y urbanización.

Bajen las armas

Pablo Vitale es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integra el área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Consultado por Ideas de Izquierda, Vitale explica que la toma de tierras es muy extendida en América Latina, tanto que en algunas ciudades “un porcentaje muy alto de la ciudad existente y de la población vive en asentamientos informales, en ocupaciones que en principio fueron ilegales”. Los números de la informalidad alcanzan, según el urbanista e investigador del Conicet Lucas Jordán Dombroski [1], entre el 30 % y el 60 % ciudad de México, San Pablo, Río de Janeiro, Lima, Caracas o Bogotá. Vitale cuenta que en Argentina es un fenómeno con historia: comienza a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero desde los primeros años 1980, las tomas adquieren una característica distintiva de las previas. En la última dictadura cívico militar se desalojó al 90 % de la población que vivía en villas en la Ciudad de Buenos Aires. Así fue que “se formaron los asentamientos informales del sur de la ciudad, sobretodo en Quilmes, en el cordón sur que, en general, tomaron, a partir de la organización, una configuración, una manzanada, más regular que les dio continuidad a los entornos”. En la actualidad, el fenómeno responde a otro patrón: “a una necesidad de vivienda irresuelta por los mecanismos de mercado y por políticas habitacionales”.

Según el Censo Nacional de 2010, el déficit habitacional alcanza 3,5 millones de viviendas: comprende a 1,3 millones de viviendas faltantes y 2,2 millones de viviendas que no proveen a quien la habita las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno. No hay datos actuales del déficit, pero sí otra información que exhibe un panorama inquietante. Habría actualmente unos 9 millones de personas que son inquilinos. Según datos del Indec, en los primeros meses de 2019, el 34 % de las viviendas del país eran inadecuadas por carencia de conexión a infraestructura pública o por las características de la construcción. En la Provincia de Buenos Aires, la situación es más grave: el 46 % de las viviendas son inadecuadas. Obviamente, el Gran Buenos Aires concentra la mayoría de estas viviendas. De acuerdo a información del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, el déficit habitacional actual de la jurisdicción es de 900 mil viviendas. En el primer trimestre de 2020, de acuerdo a Indec, había 21 millones de puestos de trabajo en el país. Al menos la mitad [2] de esas trabajadoras y trabajadores naufragan mayormente entre la precariedad y la informalidad. Allí se encuentra una intersección entre precariedad laboral y habitacional: además de la desocupación, en las tomas predominan informales, changarines, feriantes, trabajadoras domésticas. Son los que no pudieron pagar más el alquiler o ya estaban en situación de calle. También mujeres que huyen de la violencia de género junto a sus hijas e hijos en los brazos.

Las grandes empresas periodísticas aportan a la confusión general con el clásico método de tomar la parte por el todo: siempre encuentran a algún puntero o algún vivo (que los hay) para estigmatizar las tomas y negar una realidad de degradación social extendida. La toma es una búsqueda desesperada de paliar la miseria a la que empuja el sistema capitalista, que incluso trata el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución Nacional, como papel quemado. Guadalupe Granero Realini es urbanista e investigadora del Centro de Estudios Metropolitanos. Ideas de Izquierda le pidió una opinión sobre las tomas. Respondió que:

por un lado, está el abordaje mediático que vuelve a poner en juego la preeminencia de la mirada jurídica sobre conflictos sociales y la contradicción histórica entre el derecho de propiedad y la función social de la propiedad (FSP). El hecho de que el primero esté consagrado constitucionalmente, con márgenes muy amplios en el código civil y además con una validación cultural muy arraigada hace que se olvide que la FSP está consagrada en el derecho internacional y tratados a los cuales Argentina adscribe y que tienen rango constitucional.

Por lo tanto, “prendés la tele y la cuestión habitacional es en realidad un mero tema normativo y las tomas son actos ilegales. Punto”. Concluye que “es bastante difícil salir del sentido común propietario”.

Granero Realini evaluó que:

históricamente, las políticas de vivienda en Argentina han sido pensadas con esa mirada, la de ser propietarios. Y el abordaje ‘viviendista’ mantuvo durante mucho tiempo el tema en la órbita de dar respuesta a través de ‘soluciones habitacionales’, es decir, casas. Desde hace ya algunos años -diría que sobre todo por militancias y cambios disciplinares- el derecho a la vivienda se piensa en la dimensión del hábitat, de todo lo que implica la localización, el acceso a infraestructura y servicios, las dimensiones de los sujetos de derecho y otras cuestiones. Eso, con mucho aporte de la economía urbana, aportó a desmitificar que las villas y asentamientos son fallas del mercado y entender que, por el contrario, es el mercado de suelo en perfecto funcionamiento.

Esto permeó la política pública. No obstante, Granero Realini señala que persisten muchos límites: “no hay mirada de desigualdad y por lo tanto no se pone en cuestión la manera global en la que se producen las ciudades”.

Urbanización capitalista

El sociólogo francés Christian Topalov en su libro La urbanización capitalista [3], publicado en los años ‘70, afirmaba que el desarrollo urbano comprende una forma de socialización capitalista de las fuerzas productivas. ¿Qué significa esto? Que la urbanidad ofrece las condiciones generales para que las empresas puedan desarrollar sus negocios. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, ofrece infraestructuras físicas necesarias para la producción y el transporte (como rutas, puertos, trenes, provisión de servicios de electricidad y otros); en segundo término, una reserva de mano de obra, de fuerza de trabajo, que se reproduce utilizando equipamientos colectivos de consumo (viviendas, escuelas, hospitales, espacios públicos); en tercer lugar, reúne un conjunto de empresas capitalistas privadas, en el sector productivo o en la circulación, cuya cooperación (contradictoria, en los términos competitivos capitalistas) en el espacio aumenta la productividad.

En esa articulación de condiciones, la urbanización constituye un valor de uso complejo: carece de valor de cambio; no es una mercancía que se puede comprar y vender. De este modo, la urbanización comprende varias contradicciones: la principal es que el desarrollo de sus componentes muestra la potencia de la socialización de fuerzas productivas, algo que no les agrada a los capitalistas, como tampoco les gusta tener que aportar, vía impuestos, a su financiación. Por eso, el capital presiona de manera permanente por incorporar a su esfera de valorización componentes específicos de uso común: privatización de la educación, de la salud, de los servicios públicos; o la gestión privada de autopistas, puertos, entre tantos otros negocios. Asimismo, busca obtener rentas mediante la apropiación privada del uso del suelo. A través de estas contradicciones, el desarrollo urbano exhibe la lucha de clases a cielo abierto.

Topalov escribe atendiendo la experiencia de fines de los años 1960 en Francia con el auge del Estado de Bienestar y la incorporación de la planificación urbana a los ámbitos estatales. La planificación estatal capitalista de la urbanización por naturaleza inclina la cancha en favor de las grandes empresas. Este rasgo se agudizó con el neoliberalismo.

Paraísos privados flojos de papeles

Para simplificar digamos que el suelo no tiene valor (no es producido por la fuerza de trabajo, sino por la madre naturaleza), pero sí tiene un precio determinado por la renta [4], que es la transferencia a la propiedad del suelo de las sobreganancias que puede obtener el capital por su uso. La inversión pública en infraestructuras, provisión de servicios públicos y otros artefactos del ámbito urbano aumenta el precio del suelo y las rentas que pueden obtener las empresas que se apropian de ese suelo. El ámbito urbano construido vale más que el suelo yermo. El Estado pone plata, establece reglas y abre el camino para que los grandes grupos inmobiliarios se apropien de rentas.

Un ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires grafica bien el punto. Además de trámites urbanísticos opacos, un informe del CELS explica que para “viabilizar el proyecto Solares de Santa María, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte local firmó en noviembre de 2016 un convenio urbanístico con la empresa IRSA, actual propietaria del predio que adquirió en 1997 por 50 millones de dólares”. El emprendimiento se proyecta sobre la vieja ciudad deportiva de La Boca. Hacia el norte, el proyecto limita con el barrio Rodrigo Bueno donde habitan alrededor de 1000 familias en condiciones precarias: allí el Gobierno de la Ciudad impulsa el mejoramiento y la construcción de nuevas viviendas para emprolijar la pobreza. IRSA se hace cargo de pagar a la Ciudad otros 50 millones de dólares por la aprobación ambiental, urbanística, el permiso de parcelamiento y la modificación de la zonificación. De este modo, “la aprobación del proyecto inmobiliario y la asignación de nuevos usos del suelo y densidades por parte de la Legislatura supondrán una valorización del terreno de unos 570 millones de dólares”. Es decir, 10 veces más que el precio original que pagó IRSA por el predio [5]. La Ciudad de Buenos Aires es prolífica en este tipo de emprendimientos inmobiliarios millonarios, incluso enajenando tierras públicas.

En una escala degrada, Guernica expresa la presión por la apropiación privada de la renta del suelo por parte del capital inmobiliario. Blanca Cantero, del Frente Renovador en el Frente de Todos, es la intendenta del municipio de Presidente Perón. Manifestó que tenía otros planes para las tierras tomadas. Según relató Laura Taffetani de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, quien patrocina a les niñes que están en la toma, la intendenta fue muy clara en una reunión de la mesa de “diálogo”. Dijo que “ella tenía sus dieciocho countries y que para ella eso le iba a dar la fuente de trabajo para todo Guernica y que esa es su prioridad”. Taffetani dice que es una práctica común: gran parte de las tierras conurbanas están “reservadas” gracias a acuerdos entre las intendencias y las grandes inmobiliarias.

Topalov hacía referencia a estos fenómenos. Decía que:

El desarrollo de grupos monopolistas y de su conexión con el Estado permitirá un control creciente, por parte de los polos privados, de la formación de los efectos útiles de aglomeración”. Incluso va más allá al señalar que “el capital monopolista producirá valores de uso complejos [mediante] la producción coordinada de viviendas, comercios, oficinas o fábricas bajo el dominio de un mismo centro y el control, por parte de éste, de la producción de los valores de uso que no circularán como mercancías: las infraestructuras y los equipamientos públicos.

En 1972, Julián Astolfoni, un constructor de viviendas sociales para el Estado, compró a “precios cuidados” 1600 hectáreas de tierra “húmeda y lodosa” en Tigre. Durante la dictadura este empresario operó para eliminar a su competidor Mackentor: un comando conducido por Luciano Benjamín Menéndez detuvo y envío a centros clandestinos al personal de la empresa competidora. En 1977, en la Provincia de Buenos Aires, la dictadura cívico militar sancionó el Decreto-Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que abrió el camino a los barrios privados como modelo urbanístico. En 1998, Eduardo Constantini compró el 50 % del proyecto de Astolfoni para aquellas hectáreas y le puso su toque de glamour. Así empezó el desarrollo de Nordelta, uno de los emblemas de barrios cerrados del siglo XXI. La remodelación de la Autopista Panamericana durante los años 1990 favoreció la circulación y la valorización de los terrenos. “Somos agentes de organización de la sociedad para darle hábitat a cierto segmento”, contó Constantini al periodista Diego Genoud [6]. En otras palabras, es como si Constantini dijera “yo desarrollo valores de uso complejos para gente pudiente”. El dueño de Consultatio siguió monopolizando suelos. En 2010, en acuerdo con el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, Nordelta consiguió comprar, por 20 dólares el metro cuadrado, tierras que la ley exigía fueran utilizadas para un parque público. Esas tierras sin desarrollar cotizaban entre 100 y 300 dólares. Y entre 800 y 900 dólares una vez desarrolladas [7]. “Ventajita” Massa, que es muy valiente para exigir el desalojo y que se le quite la Asignación Universal por Hijo (AUH) a las familias pobres, empatiza mucho mejor con las necesidades básicas de Constantini.

No es un caso aislado. En un comunicado de organizaciones sociales reclamando un dialogo por la toma de Guernica se señala que “solo en la provincia de Buenos Aires cerca de 500 barrios privados se construyeron sin permiso. Históricamente, esto fue posible porque no se sancionó a los desarrolladores inmobiliarios y luego se dieron facilidades para la regularización de estos emprendimientos ilegales, con reglas hechas a medida”. En el informe del CELS antes señalado, se afirma que entre 2013 y 2017 en la provincia de Buenos Aires de los expedientes de urbanización, una mayoría vinculados a urbanizaciones cerradas, se detectó un “conjunto significativo de incumplimientos, inconsistencias, pasos salteados y defectos formales”. El informe del CELS recoge la opinión de Gastón Fossati al momento de presentar la nueva metodología de valuación para countries en junio de 2018. Fossati fue titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) durante el Gobierno de María Eugenia Vidal. En su presentación graficó la siguiente situación: “En el territorio bonaerense existen alrededor de 1000 countries y desarrollos similares. De ellos, menos de la mitad están regularizados y tributan lo que corresponde, mientras que hay otros 590 que pagan impuestos como parcelas rurales o baldíos, a pesar de que la mayoría tiene concluida toda su infraestructura”. A esos territorios peligrosos no va la bonaerense a hacer de las suyas.

El CELS intervino en el caso de Venice en Tigre, un barrio privado náutico que es vecino de un asentamiento popular denominado El Garrote donde habitan 850 familias que temían que las obras aumentaran el riesgo de inundación: “En el proceso judicial quedó claro que el trámite de Venice se había aprobado con fallas y omisiones serias. Una de las más notorias fue la aprobación municipal irregular del proyecto que se localizó en un área zonificada como industrial, es decir, no compatible con este tipo de emprendimientos”. La obra comenzó sin el estudio de impacto ambiental ni hidráulico. Una práctica similar se encontró en el emprendimiento Colony Park en las islas del delta de Tigre con el agravante que la empresa ejerció presión y utilizó métodos violentos, haciendo uso incluso de la Prefectura Naval Argentina que intervino en el desalojo de las familias que vivían esa área. Para el CELS, “Los mecanismos de valorización de la tierra en contextos urbanos y en contextos rurales responden a procesos diferentes, pero es posible encontrar similitudes en cómo la opacidad e inercia de la burocracia estatal permiten que ciertos grupos empresarios generen ganancias extraordinarias”. No sólo eso. En muchas ocasiones, el Estado da rienda suelta a urbanizaciones cerradas que degradan el medio ambiente y acentúan la segregación socioespacial. La expulsión de productores campesinos y pueblos originarios para el desarrollo de agronegocios o simplemente para el descanso plácido del multimillonario Joe Lewis o la familia Benetton son un “derecho universal” de los dueños de todo [8].

Un informe de CIPPEC señala que entre el 2006 y 2016, en los principales aglomerados de la región centro del país (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe), las ciudades se expandieron en 45.828 hectáreas: el 38 % de la expansión es explicada por las urbanizaciones cerradas (countries, barrios privados), el 23 % por el uso residencial urbano habitual, el 10 % por el uso residencial extra urbano, el 10 % por las villas o asentamientos. Las viviendas de interés social apenas explican el 3 % del total [9]. Pablo Vitale no tiene dudas de que es el mercado el que obliga al hábitat informal en tanto “distribuye en función de la capacidad de ingreso de la población”. Se pregunta qué pasaría si ocurriese lo mismo con la salud o la educación ¿Habría que someter a la muerte por enfermedad a quién no puede tener una prepaga u obra social o someter al analfabetismo a quien no puede pagar una escuela privada? “Nos parecería muy perverso”, sentencia. En paralelo al avance del capital inmobiliario, existen más de dos millones de viviendas ociosas en countries, en las megatorres de Puerto Madero y en otros tantos antros de lujo a lo largo y ancho del país.

El fenómeno es mundial. El geógrafo marxista, David Harvey, señala que el “enigma” del capital es adónde colocar rentablemente las masas de capital, de dólares acumulados sin saber dónde ser invertidos. Una “solución clave al problema de la absorción del capital excedente” es la construcción de nuevas geografías [10]. Harvey señala que existe una gran especulación en el comercio de terrenos y de casas. Se desarrolla así una descontrolada construcción de ciudades, una locura de urbanización, que se expresa en sitios como Dubái con rascacielos con lugar para esquiar en el medio del desierto, en la espectacular urbanización China con ciudades fantasmas o en el boom inmobiliario de Nueva York con rascacielos y condominios para ultra ricos que elevan los precios expulsando al resto de la gente del centro de las ciudades, en lo que se denomina gentrificación [11]. El estado, mediante el endeudamiento público también ofrece una salida rentable al capital financiero: así canaliza recursos a la construcción de infraestructuras básicas de la urbanización que el capital considera no rentables. De conjunto, es un fenómeno que responde a las necesidades de colocación de capital. Lo que se construye no tiene ninguna utilidad para la gente que sigue viviendo en la pobreza. Una realidad que conmociona por la irracionalidad urbana que engendra la racionalidad de la búsqueda incesante de ganancias por parte de capital, en particular del financiero e inmobiliario. La definición de la urbanización como “valor de uso complejo”, en los términos de Topalov, aparece como invertida: el “valor de cambio”, la realización de ganancias, parece emanciparse del “valor de uso”, de la utilidad de lo producido en un mundo de gente sin casas y casas sin gente. Pero no todo es tan sencillo. Harvey sentencia que el capital, así como logra con este tipo de “soluciones espacio temporales” desplazar en el tiempo y el espacio las crisis, genera las condiciones de la crisis siguiente, pero en una escala superior.

Atender las necesidades sociales

Pablo Vitale indicó una serie de alternativas para atender la problemática de la vivienda para sectores populares que no sean la represión, el desalojo ni la valorización desenfrenada del capital: regularización dominial, provisión de servicios e infraestructura para quienes ya están en villas y asentamientos; provisión directa de vivienda para el resto que sufre el déficit habitacional; regulaciones al uso de suelo para limitar el mercado con fines especulativos. Él entiende que la inversión pública no debería estar sujeta a una apropiación privada, sino tener una función social. También cree que se pueden generar alternativas a la propiedad privada individual como forma de acceder a la vivienda: uso de suelo y vivienda para fines habitacionales que no esté sujeto al mercado; cooperativas de viviendas; o alquiler social. Es interesante este último planteo en tanto abre lugar a pensar una perspectiva de reforma urbana integral y un plan de obras públicas con el horizonte puesto en otro tipo de organización social.

¿Cuánto costaría la integración urbana de las casi 4.500 villas miseria y asentamientos relevados en el país? Según CIPPEC, tendría un costo de U$S 26 mil millones. Con la mitad del préstamo más grande de la historia del FMI alcanzaba para mejorar la habitabilidad de más de 4 millones de personas. La mayoría de esos dólares se fugaron: entraron por una ventanilla y se fueron por la otra a las cuentas de los ricos en paraísos fiscales. Con las negociaciones de Martín Guzmán, la hipoteca de la deuda queda a cargo del pueblo trabajador. En un artículo de respuesta al diario La Nación en defensa de su gestión, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, detalló que ese organismo cuenta con un presupuesto de $ 37 mil millones para el corriente año. Es nueve veces inferior que los pagos de deuda ejecutados entre enero y julio de este año, según los números presentados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su informe al Congreso. Sin romper con el FMI, los lobos de Wall Street, nacionalizar la banca para que esté al servicio del pueblo trabajador, entre otras medidas que den prioridad a las necesidades sociales, no habrá recursos para resolver de manera integral la crisis habitacional. El oficialismo que declinó declarar ilegal la estafa macrista de la deuda se empeña en la campaña por la “ilegalidad” de las tomas. Un trato distinto a cada clase social.