Las trabajadoras y trabajadores de limpieza son esenciales y de ellos depende la desinfección y limpieza en bancos, supermercados, fábricas y sobre todo en el ámbito hospitalario. Sin embargo, son de los más castigados y cuentan con una contratación precaria ya que su trabajo depende de una empresa tercerizada, son maltratados y no cuentan con elementos acordes para realizar sus tareas.
Lunes 29 de junio de 2020 14:33
Trabajadores y trabajadoras de limpieza denuncian que no cuentan con los elementos de protección personal acordes para poder realizar sus tareas. Un ejemplo de esto es la empresa tercerizada EZCA que se encarga de la limpieza de bancos, dependencias estatales y hospitales, dándoles apenas un barbijo para toda la jornada laboral.
Sin embargo, EZCA los hace firmar que reciben diariamente estos elementos de cuidado en cantidad y calidad suficiente. La realidad es que muchos de los elementos que reciben las y los trabajadores de limpieza les llegan a partir de la solidaridad de otros compañeros de trabajo. Como siempre, la solidaridad entre trabajadores está presente.
Aun trabajando en áreas de atención específicas para Covid-19 en el caso de los hospitales, no cuentan con los barbijos N° 95, ni camisolines hemorrepelentes y cuando los reclaman son amenazados con ser trasladados a otro lugar de trabajo. También denuncian que en los vestuarios no cuentan con las medidas de higiene y seguridad. Cinismo absoluto de la empresa mientras el sindicato (SOM) deja correr y mete presión para seguir trabajando igual.
Otro de los atropellos de la empresa es no respetar las licencias de riesgo, ya que a todos aquellos que están dentro de este grupo, la empresa les pide que presenten cada 15 días un certificado médico que dé cuenta de su situación médica. De esta forma exponen a los trabajadores a que viajen en transporte público para conseguirlo y si no pueden presentarlo, la empresa bien puede solicitar que se reincorporen a su puesto de trabajo o retenerles el sueldo hasta que lo presenten. Este abuso nos remite a las evitables muertes de María Esther Ledesma (enfermera del hospital Gandulfo quien solicito 6 veces la licencia y le fue negada), Julio Gutiérrez (enfermero de pediatría del hospital Durand quien a pesar de padecer asma bronquial trabajó durante dos meses) y a la de José Aguirre (enfermero del hospital Rivadavia, que tampoco pudo tomarse la licencia correspondiente ya que lo amenazaban descontarle parte de su sueldo) de las cuales el estado nacional y provincial son responsables.
Llena de bronca, aunque no de sorpresa, que sigan siendo los y las trabajadoras las que ponen en riesgo su vida diariamente por no tener los elementos de cuidados esenciales para enfrentar la pandemia producto de que el estado y las empresas no destinan sus recursos en esto, generando decenas de enfermos y muertos que podrían ser evitables. Esta situación no se da solo en los hospitales, lo vemos en el Ferrocarril donde ya hay 5 muertos y decenas de contagiados, o en empresas como Felfort, Manaos o Coto que sin cumplir con los protocolos y cuidados necesarios tienen decenas de enfermos y obligan al personal a seguir trabajando normalmente.
Para el Estado y las grandes empresas, las y los trabajadores somos descartables, pero los trabajadores que diariamente ponemos la vida en riesgo somos más y por ende tenemos más fuerza para unirnos y organizarnos porque nuestras vidas y las de nuestras familias valen más que sus ganancias. Es urgente que los trabajadores nos unamos y nos organicemos frente a la crisis sanitaria, económica y social que pretenden descargar sobre nuestras espaldas.
