La prioridad de la administración del agua entre ambos países fronterizos es el enriquecimiento privado que sólo beneficia a empresarios y políticos, una gestión justa debe estar en manos del pueblo trabajador.
Miércoles 14 de julio de 2021
En México existen alrededor de 129 millones de personas altamente vulnerables a los efectos de la emergencia climática, como sequías, tormentas, inundaciones, todo ello a causa del cambio climático provocado por la sobreexplotación de los recursos naturales.
El Tratado de aguas en medio de la escasez
El Tratado de Aguas entre México y EE. UU. reavivó la inconformidad de pobladores y agricultores chihuahuenses y tamaulipecos ante la sequía de la región semiárida y la escasez del recurso entre ambas fronteras.
La industria manufacturera, que exporta productos a los mercados estadounidenses, es altamente dependiente del agua del terreno semiárido en México: empresas agrícolas, ganaderas, mineras, inmobiliarias, hoteleras, embotelladoras y cerveceras, acaparan el agua generando que la población padezca los estragos de una crisis que se profundiza. Según datos del Comité de Oxford para aliviar la hambruna (Oxfam), 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares en México.
No es la primera vez que padecemos altos grados de sequía, ya son tres oportunidades desde 1992, en las que México no ha podido cumplir su compromiso quinquenal de enviar 1.75 millones de acres-pie de agua (cada acre-pie puede abastecer a una familia de cuatro personas por año) hacia Estados Unidos.
Otros problemas son el deterioro de la calidad de ríos, lagos y embalses, el mal manejo de aguas residuales, la invisibilidad de la importancia de las aguas subterráneas, la visión limitada de la gestión de cuencas, las fallas de regulación del acceso a aguas superficiales y subterráneas; todos ellos mencionados en el estudio “Problemática y política del agua”, que es parte de la “Agenda Ambiental 2018” elaborada por un grupo de académicos para el presidente actual de México.
A la par, el presupuesto de Conagua ha disminuido en, al menos, el 50 % entre 2015 y 2021, siendo que, la provisión de agua potable es la que más requiere de esos fondos. Y en la actualidad, la austeridad impuesta por López Obrador prioriza financiar megaproyectos, como la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya, mismos que afectan el medio ambiente incluido el sector hídrico.
El conflicto en fechas
En 2017, ambos países firmaron una “solución de reparto de la escasez” temporal, en la que México almacenó parte del agua del tratado en reservorios estadounidenses.
En septiembre de 2020 el gobernador Greg Abbott, declaró que “México le debe a Texas el valor de un año de agua del Río Grande” y el mes siguiente, México descargó agua del Río Conchos para pagar la deuda de 345 mil 600 acres-pie a ese país.
Al mismo tiempo, agricultores y pobladores de Chihuahua se enfrentaron a la Guardia Nacional (GN) para impedir la liberación del agua el 8 de septiembre de 2020, cuando una pareja de granjeros resultó gravemente herida por elementos de la GN que también asesinó a Jessica Silva, mientras su familia aún no recibe justicia por este crimen.
Pero ningún reclamo fue tomado en cuenta, y el 25 de octubre de 2020 México transfirió agua de la presa Amistad a EE. UU. poniendo en peligro el suministro de más de un millón de mexicanos de Coahuila y Tamaulipas. Mientras tanto, ambos países se comprometieron a revisar las reglas del Tratado de agua del río Bravo, pero hasta el año 2023.
Las 8 tribus yaqui de la región y el gobierno mexicano firmaron, en agosto pasado, un acuerdo para garantizar los derechos territoriales de esta población en Sonora. “Hacen del agua una mercancía muy cara en Sonora, la escasez es negocio de especuladores”, lamentó Tomás Rojo, activista y vocero de una de las tribus que fue encontrado muerto en una fosa común el pasado 17 de junio.
La administración de unas 450 mil millas cuadradas de los ríos Colorado y Grande, -río Bravo en México-, es llevada por el organismo binacional CILA, Comisión Internacional de Límites y Aguas, con quien México acordó tratar de usar el agua de manera más eficiente para permitir que fluya mayor cantidad del líquido a EE. UU., sin tener como prioridad resolver el problema de fondo en nuestro país, o sea, privilegiando las necesidades de Norteamérica.
Todo esto nos deja ver que la justicia, en el reparto del agua para nuestra población, no vendrá de una política que prioriza el enriquecimiento privado o las prioridades impuestas por otros gobiernos, antes que el abastecimiento de los hogares de las familias trabajadoras y pobladores mexicanos, ese orden de intereses sólo lo cambiará la organización de los trabajadores, unidos a los campesinos pobres e indígenas en defensa del derecho fundamental al agua.
Es indispensable la unidad de estos sectores para hacerle frente al acaparamiento privatizado y a la política de sumisión del gobierno de la 4T a los intereses del establishment norteamericano.
