Derecho a la vivienda. Tucumán: el grupo Lucci ataca e intenta desalojar a las familias de Colonia Chazal

La colonia de Chazal fue el dormitorio obrero de decenas de trabajadores de la zafra del ingenio San Pablo, allí vivieron varias generaciones desde principios del siglo pasado. Tras la quiebra y el cierre del ingenio en 1989, Colonia Chazal sigue mostrando su fortaleza y decisión de luchar abnegadamente. Lo hicieron ese momento por sus puestos de trabajo; hoy, por sus tierras y viviendas que se encuentran amenazadas por los empresarios Lucci, que en 1996 compraron las tierras a Rocchia Ferro y el cañaveral abandonado progresivamente fue reemplazado por plantaciones de limones.

Los hermanos Pablo y Daniel Lucci, dueños de una de las empresas exportadoras de limón (Citrusvil) más importantes del país, están en el puesto N°37 del ranking de los más millonarios del 2020 en Argentina. Ellos siguen avanzando en el establecimiento del exclusivo Country Golf Life de más de 300 hectáreas, para lo cual intentan hacer desaparecer la Colonia. Ahí se ven las prioridades para los gobiernos: aunque se necesitan cientos de miles de viviendas para familias que no pueden acceder a ese derecho fundamental, el Estado y los empresarios incentivan estos emprendimientos que son un negocio inmobiliario formidable. Lo mismo vimos en la toma de Guernica en Buenos Aires el pasado año, cuando el gobierno bonaerense desalojó a miles de familias sin techo… ¡para construir un barrio privado con cancha de golf!

Actualmente las familias no cuentan con alumbrado público, ya que este fue cortado desde el Country Golf Life. Además, que carecen de cloacas y tampoco cuentan con agua potable, más indispensable que nunca en plena pandemia. María nos cuenta que la red hídrica de la cual se adueñó Lucci, fue desviada de la vertiente de la cual se abastecían, ya que cada familia contaba con sus respectivos pozos de agua que luego se fueron secando. Para poder bañarse, cocinar y regar, actualmente los vecinos cuentan con un precario sistema de reparto de agua que consiste en esperar la llegada de un camión cisterna de la municipalidad de Yerba Buena, ya que desde la comuna de San Pablo el delegado comunal, Sergio Castro (PJ), no se hace responsable. “Recién cuando los nombras por nombre y apellido en las redes, aparecen”, nos señala María.

“Desde la llegada de Lucci a nosotros no nos cambió la vida a nosotros, nos la destruyeron”

Los ataques de los Lucci comenzaron apenas ingresaron en sus tierras para iniciar la construcción del country. Constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos que van desde quitarles el agua -lo primero que hicieron- hasta ataques físicos contra ellos, sus animales, sus viviendas, trastornando dramáticamente su vida cotidiana. María enumera y describe sólo algunos de estos episodios como una verdadera tortura que el grupo Lucci emprende para lograr su objetivo de quedarse con sus tierras. “Nos quitaron el agua, mataron a nuestros animales, hasta a los perros, cualquier animal. La guardia de seguridad al servicio de Lucci dispara cotidianamente con rifles de aire comprimido contra las gallinas, matándolas; sin importar si herían a la gente. A mi hija casi le sacan un ojo, también a mi papá, tiraban desde el country, no les importa nada”, denuncia. La fuerza de choque de la que se sirve el grupo empresario está compuesta por la empresa de seguridad privada Smart y por la seguridad de Citrusvil, una de las plantas más importantes de procesamiento y exportación de citrus. Estos grupos casi siempre están dirigidos por expolicías, que actúan con total impunidad y cobertura por parte del poder de turno. “Hicimos un millón de demandas, nunca nos citaron. Los denunciamos con nombre y apellido, pero nunca nos llamaron de ninguna parte. Todo es plata, se lavan las manos y todo queda en la nada”, afirma María.

El último episodio fue en mayo, tan violento como todos los mencionados, fue por otro intento de avanzar en desmedro de un espacio comunitario. El grupo Lucci ahora quería diseccionar la cancha de fútbol y atravesarla con una calle de acceso al country. Los vecinos resistieron y fueron atacados duramente. “Casi nos matan a dos chicos, apellidos Quinteros, son mis primos les rompieron la cabeza, les tuvieron que hacerles 12 puntos. A una mujer le rompieron el celular para que no tengamos pruebas de que ellos nos atacaron. A Olga Soto, otra vecina, que justo se había puesto la vacuna la tiraron al piso y la golpearon. Todos salimos heridos”.

La Justicia y el Gobierno, cómplices de los hermanos Lucci

Frente a todos estos graves hechos se realizaron múltiples denuncias que jamás tuvieron un llamado de vuelta por parte de la fiscalía para atestiguar, incluso se manifestaron en la Legislatura de la Provincia y Casa de Gobierno. Pero en ninguna les dieron respuestas concretas. Al contrario ¡la justicia los trató de ¡mentirosos! Y el gobierno continúa ignorándolos. Ya hartos de no poder acceder al agua -más ahora en pandemia- y también dolidos por las situaciones de violencia que enfrentan en cualquier horario y día desde hace más de diez años, se manifestaron el mes pasado en Casa de Gobierno donde sólo se dispusieron a recibirles una nota que como es sabido la archivan y dejan empolvar.

Actualmente son alrededor de 13 familias que siguen resistiendo, a base de trabajos precarios que van desde empleos domésticos en casas de familia a trabajos de oficio, donde los más jóvenes tienen que recurrir a una que otra changuita para poder llegar a fin de mes. María nos dice que no quiere opinar del actual gobierno, ni nacional ni provincial, porque para ella ya es suficiente con lo que ve todos los días. “Porque todo lo que hacen es por plata, se llenan y el país cada vez se va hundiendo más y nosotros seguimos peor, más con la pandemia y el tema de las vacuna”, dice María.

Ante estos intentos de desalojos y la falta de ingresos en este contexto de pandemia necesitan que el estado asista con medidas urgentes, pero en la lucha por vivienda y trabajo digno es necesario que todos los sectores golpeados por la crisis coordinen sus esfuerzos en conseguir respuestas y cambios estructurales de fondo a dos problemáticas que en esencia son parte de una misma cuestión: tener una vida digna garantizada por el acceso a la vivienda, el agua y un trabajo formal. Como mensaje final, María nos expresa desde sus más sentidos anhelos todo el orgullo de ser parte de la Colonia Chazal, que sigue luchando y resistiendo.

“Yo lo único que le pido al señor Lucci, que nos deje tranquilos, así como nacimos aquí queremos morir en nuestras tierras, queremos vivir ya los últimos años de vida tranquilos, en paz y que nos deje de joder. Quiero que el gobierno le diga al señor Lucci que basta, que haga el country por donde sea, pero que no toque a la gente. Que no se la toque más a Colonia Chazal, porque ellos son los usurpadores, se hicieron los dueños y millonarios a costillas de la gente que realmente ha trabajado de hace años aquí”.