Ayer el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería trató la presentación realizada desde el CeProDH ante el acoso sufrido por Olga González trabajadora tercerizada de la empresa de limpieza Cruz del Mar.
Miércoles 16 de noviembre de 2016 13:00
En una sesión bochornosa el conjunto de los Consejeros de absolutamente todos los claustros se llamaron al silencio, avalando el despido de Olga González, quien perdió su trabajo luego de denunciar la situación de acoso laboral que vivía en la Facultad. Solo tres Consejeros tomaron la palabra y lo hicieron en sintonía con el desentendimiento del caso por parte del decano Marcos Actis.
La respuesta a la intervención de la abogada del CeProDH María Luz Santos Morón y de la propia involucrada fue desviar el tema yéndose por las ramas con alocuciones vagas de situaciones ajenas a lo que allí se estaba tratando por parte de los Consejeros que tomaron la palabra, y de autobombo por parte del Decano justificando que en su gestión no había gente precarizada en esa Facultad. La realidad es que la empresa contratista en cuestión tiene trabajadores que ganan apenas $4300 cuando el sueldo de un no docente de planta del sector de limpieza es más del doble que ese monto, y además sin ninguna estabilidad como el propio caso de la denunciante.
Hacia el final de la breve sesión -todos se veían muy apurados por terminar con el tema- y luego de varias intervenciones por parte de quienes fueron a exigir que se expidan ante este caso dando amparo a la víctima, la respuesta fue que “consultarían a la Universidad en relación a la implementación del protocolo de género”, una verdadera vergüenza.
El protocolo contra la violencia de género fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior y por lo tanto no es algo que se desconozca. Gremios como ATULP, ADULP y la FULP son integrantes del mismo, pero el Consejero por los no docentes, y además como parte de la directiva de ATULP, no abrió la boca, como tampoco lo hicieron ninguno de los representantes estudiantiles, inclusive la Consejera perteneciente a la CEPA-PCR. Todos se sumaron al coro de asentidores de la posición del Decano. Esto demuestra que no hay protocolo que valga si las autoridades de la Facultad se niegan a aplicarlo cuando ocurre una situación como la denunciada.
Quedó demostrado que las fotos que se han sacado con el cartel de #NiUnaMenos es para los diarios pues ante los hechos concretos todos ponen en duda la denuncia y no mueven un dedo ante quien se anima a evidenciar una situación de acoso y pierde por eso el trabajo. Es de destacar la valentía de la denunciante que dijo basta a una situación violenta como la que vivía a diario a pesar de su precaria condición laboral.
La Universidad tiene que tomar partido ante esta situación y resarcir a la víctima devolviéndole el trabajo ya que la propia Facultad se viene negando a ello como quedó demostrado en esta sesión y que además demostró la “calidad” y la “sensibilidad” de los consejeros presentes.
Está más que claro que solo tomándolo en sus manos los no-docentes, junto a los estudiantes y docentes que realmente están por dar la pelea contra la violencia de género, se pondrá efectivamente en funcionamiento un protocolo real que contenga y ampare a las víctimas y que resuelva estas situaciones castigando al culpable y no a quien levanta cabeza para animarse a realizar una denuncia.
Las autoridades de la Facultad de Ingeniería junto con todo el cuerpo de su Consejo Directivo han demostrado que están dispuestos a dejar correr situaciones aberrantes como la denunciada y por eso como decimos que si tocan a una nos organizamos miles, seguiremos adelante con esta denuncia hasta que la UNLP de una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos, ya que este caso, siendo testigo, sentaría un nefasto precedente en esta Institución educativa desalentando a quien pretenda realizar una denuncia contra la violencia de género.
