Opinión. Un Cabildo “¿Nacional?” en Santa Cruz y pequeñas concentraciones a nivel nacional

A partir de la aprehensión y la determinación judicial de 4 meses de detención preventiva, del gobernador del departamento de Santa Cruz, el empresario golpista, Luis Fernando Camacho, por uno de los casos relacionados con el golpe de estado de 2019, la dirección del comité cívico pro Santa Cruz viene intentando articular medidas para exigir su libertad pero que sin embargo no lograron trascender más allá de ese departamento. Frente a la imposibilidad de lograr extender a nivel nacional las demandas de la derecha cívica cruceña, a través del presidente del comité cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se convocó a un “Cabildo Nacional” este 25 de enero. Un intento de construir unidad en medio de su marcada fragmentación.

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Luego del resultado contradictorio que dejó el paro cívico y agroindustrial de noviembre del año pasado, la derecha cívica de Santa Cruz a través de Rómulo Calvo planteó que el paso siguiente se trataría de replantear la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado. Dicho paro dejó en evidencia que la demanda cruceña de exigir la fecha del Censo para el 2024 no logró aglutinar un movimiento nacional, aunque sí sacó a relucir el carácter machista y antipopular de la ultraderecha movilizada.

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Con la aprehensión y correspondiente encarcelamiento de Luis Fernando Camacho, nuevamente se reavivó la polarización política. Ante la imposibilidad de volver a imponer un paro y el riesgo de que sean los sectores populares, campesinos y de trabajadores cruceños que cansados de la violencia reaccionaria con la que se sostuvo el paro por el Censo, se movilicen contra una medida así, Calvo convocó, a nombre del “movimiento cívico” a un “Cabildo Nacional”.

Según informaron medios de prensa, este miércoles 25 a partir de las 17:00h, se llevaron adelante concentraciones cívicas y de plataformas ciudadanas a nivel nacional. Sin embargo, parece que el llamado a Cabildo Nacional se habría reducido a Santa Cruz, donde la concentración, como era de esperarse, fue masiva pero no sucedió lo mismo en otros lugares. En Cochabamba fue parcial y en las demás capitales departamentales, como en La Paz, Oruro, Potosí, Trinidad, Tarija y Sucre, fueron concentraciones reducidas.

Los ejes articuladores bajo los cuáles se convocó al “Cabildo Nacional por Justicia” fueron alrededor de lo que califican como “persecución política” para exigir la libertad de Camacho y otros detenidos, y por la “democracia”. Las resoluciones que más repercusión tienen son las que emanaron del Cabildo cruceño. Son seis resoluciones. Tres de ellas hacen énfasis y se apoyan en el “carácter autonómico” del Estado Plurinacional al plantear: 1. La creación de una Guardia Departamental, 2. La creación de una Defensor del Pueblo Departamental, y, 3. La presentación de un proyecto de Ley para que la Asamblea Departamental pueda elegir candidatos a autoridades judiciales. Buscan de esta manera apoyarse en el texto constitucional para avanzar en la construcción de mecanismos institucionales que dispute competencias con el Estado Central, avanzando en los hechos en sus objetivos federalistas o secesionistas.

Otra de las resoluciones plantea iniciar la recolección de firmas para la convocatoria a un Referéndum que reforme la “Justicia”. También otorgaron un plazo al gobierno para que en 30 días promulgue una “ley de amnistía para la liberación de los presos políticos”, caso contrario, iniciarán un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce. Y, finalmente, resolvieron “convocar un bloque opositor con un candidato único para las elecciones del 2025”.

La derecha busca apoyarse en el profundo cuestionamiento, por parte de amplios sectores populares y trabajadores de la población, a todo el aparato judicial que libera feminicidas con sentencia y que pone en evidencia que solo hay “justicia” para quién la compra, para exigir la impunidad. Es decir, la liberación, de algunos de los responsables del golpe de estado de 2019 que hoy están en la cárcel y evitar nuevos procesos y detenciones.

Por su lado, el MAS, aprovecha el apresamiento de Camacho para señalar que es parte de garantizar justicia para las víctimas de las masacres de noviembre. Sin embargo, lo cierto es que los procesos judiciales por los asesinatos en Sacaba, Senkata y Ovejuyo no tienen prácticamente ningún avance. La justicia para el MAS es aquella que le permita garantizar su gobernabilidad y que le permita estar en mejores condiciones para negociar con la derecha. Y la justicia para el abanico golpista es aquella que les permita garantizar su impunidad por su responsabilidad política y material en el golpe, las masacres, torturas y violaciones a los derechos humanos.

La propuesta de “reforma de la justicia” no es exclusiva de la oposición, de hecho, es parte también de la agenda del MAS. El asunto pasa por preguntarnos de qué justicia hablamos (¿justicia al servicio de qué y de quién?). El aparato judicial, así como los aparatos represivos del Estado, son instituciones que por su naturaleza están al servicio de sostener a las clases dominantes que detentan el poder político y económico. No es una justicia “neutral” sino que es un instrumento de clase y al servicio del gobierno de turno.

Lo mismo sucede con los aparatos represivos, FF.AA y la Policía. Cuando la derecha cívica y agroindustrial demanda una guardia departamental es porque buscan tener el control de los aparatos de represión para garantizar sus negocios, su propiedad y sus ganancias. Desde la LOR-CI, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, las y los socialistas revolucionarios, no luchamos para maquillar el podrido aparato de justicia, mucho menos por la creación de nuevas instancias represivas como una “guardia departamental”, luchamos por la disolución de todas las fuerzas represivas y por una justicia propia del pueblo trabajador.