El 8 de julio del 2009, hace casi seis años fueron vistos por última vez con vida. Aparecieron más de dos meses después muertos. Kiki, enterrado en Chacarita como NN, y Ezequiel en la morgue judicial.
Sábado 13 de junio de 2015
Ningún pibe nace chorro
Vivían en la villa 20, de Lugano, y en ese entonces Kiki tenía 17 años, y Ezequiel tenía 25. Como muchos pibes, sufrían constante hostigamiento y amedrentamientos por parte de la policía; en este caso, los efectivos de las comisarías 12 y 52. La policía fue clara: “Cuídelo a Kiki. Le puede pasar algo malo. Si no somos nosotros, son los narcos”, le dijo el Oficial Chávez a su madre Angélica Urquiza, en febrero del 2009. Dos semanas después lo levantaron en la calle y lo desfiguraron.
Aparecieron muertos y con una causa judicial en la que supuestamente ellos habrían intentado robarle la camioneta al Oficial Daniel Santiago Veyga. Pero hay otra historia que ha sido silenciada: Ezequiel Blanco apareció con dos tiros en el entrecejo, estaba en el asiento de atrás de la camioneta. Kiki agonizó más de una hora con un disparo en la garganta. Mientras agonizaba, un grupo de policías lo filmaba y se burlaba de él. “A ver putito, hacé arrancar la camioneta, la concha de tu madre”, le decían.
Una causa prefabricada
Facundo Cubas, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 49, dio la orden de inhumar los cadáveres, no dio importancia a que las armas que habían plantado a los jóvenes no habían sido disparadas, mientras el arma reglamentaria de Veyga había disparado tres veces. Además, con la distancia en la que fueron hechos los disparos del agente, es improbable la hipótesis de un enfrentamiento. El oficial ni siquiera fue citado a indagatoria, declaró su versión por escrito, y el juez hizo lugar al argumento de legítima defensa. El mismo juez sobreseyó a Mauricio Macri cuando estaba investigado por los maltratos que practicaba la UCEP en sus desalojos.
La justicia se logra con la lucha, al miedo se lo vence con organización
Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco son dos de los casi cuatro mil asesinados por gatillo fácil a manos de fuerzas represivas desde el retorno de la democracia en 1983.
Tras varias movilizaciones, las familias Lezcano y Blanco lograron que la Cámara de Casación Penal reabriera la causa, revocando el sobreseimiento de Veyga y separando a Cubas de la causa. La causa se abrió a juicio y pasó a cargo de Ramos Padilla. Este juez dictó un fallo condenatorio para la Justicia. Es decir, criticó las numerosas negligencias de parte del Juzgado de Cubas a la hora de investigar y valorar las distintas pruebas, llegando al punto de calificar la sentencia como un “fracaso” de parte del poder judicial. Sin embargo, sostuvo que tampoco existía prueba suficiente para condenar al policía, y fue nuevamente sobreseído.
Ahora, nuevamente la Sala IV de la Cámara de Casación Penal anuló el sobreseimiento. Los tres jueces que la componen denunciaron como “prematuro” el sobreseimiento de Ramos Padilla y en la nueva sentencia indican que “no existe certeza –propia de la etapa- para afirmar que efectivamente corriera peligro la vida de Veyga y que éste no tenía a su alcance medios menos lesivos para repeler la agresión, como ser, por ejemplo, disparar sin apuntar a órganos vitales”.
El Poder Judicial está plagado de funcionarios corruptos y otros que están en funciones desde la dictadura. El caso más reciente es el del juez Piombo, que dictó un fallo escandaloso reduciendo la condena a un violador con argumentos homofóbicos y machistas. Cuando hay buen respaldo, rápido se atan los cabos. Cuando hay casos de gatillo fácil, es común que las investigaciones se hagan a medias, o ni siquiera se hagan, dejando que las fuerzas represivas no paguen costos por su accionar.
Los familiares y amigos hastiados de que la justicia esté del lado de quienes detentan poder, salen a la calle a luchar por verdad y justicia. Como el caso de Carla Lacorte, miembro del CEPRODH y el PTS, que luego de tantos años de lucha contra la impunidad logró que Salmo, el policía que la baleó, vaya preso.
Es esa lucha que vienen llevando Angélica Urquiza y distintas organizaciones de Derechos Humanos y políticas. La situación en las barriadas populares sigue siendo la militarización, persecución, criminalización de la pobreza. Mientras el Estado siga desapareciendo y asesinando jóvenes, la organización y la lucha en las calles son lo único que puede obtener respuestas.
