Congreso Nacional. ¿Un impuesto a los ricos o un engaño para encubrir la entrega a los empresarios y al FMI?

En el medio de una chorrera de medidas de ajuste exigidas por el FMI el Gobierno desempolvó el proyecto de “aporte extraordinario”, para encubrir el brutal saqueo en curso. Se recaudarán 3 mil millones de dólares cuando solo en la negociación con los bonistas Martín Guzmán entregó 17 mil millones más de lo que ofreció originalmente y en el presupuesto se ahorra, al menos, 16 mil millones. Además, la mitad de lo recaudado por este impuesto va para fracking y subsidios a empresas. La izquierda quiere un impuesto en serio para las grandes fortunas, no una farsa.

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Toda la iniciativa que al gobierno le faltó para mitigar los duros efectos de la crisis social pandémica o para blindar el sistema de salud amenazado por el coronavirus y por años de desinversión, la tuvo las últimas semanas para tomar toda una batería de medidas que apuntan a ajustar a los jubilados, las pensionadas, las mujeres que cobran la AUH y los trabajadores desocupados y precarios que percibieron el IFE. El gobierno encabeza un ataque en regla al conjunto de los sectores populares, para que el FMI y el conjunto de los grandes empresarios hagan negocios sobre la base del hundimiento de las condiciones de vida de las mayorías populares. El presupuesto 2021, es la condensación de esta política antipopular de ajuste, una verdadera “redistribución del ingreso” en favor de los que más tienen.

Y como taparrabos de esa política de plena continuidad con el desastre que dejó el macrismo, el gobierno sacó de la baulera la farsa del “impuesto extraordinario”, que es una burla en el medio de un desfalco, de una brutal transferencia de ingresos de los trabajadores y pobres hacia los más ricos y una defensa de los intereses de los más ricos, como se vio burdamente en la represión en Guernica. Para peor, mientras que el proyecto original proponía gravar a las fortunas que superaran el tope al 31 de diciembre 2019, el lobby los llevó a ponerlo "a la fecha de la sanción", permitiendo que muchos mudaran domicilio fiscal a Uruguay o "vendieran" bienes para estar por debajo del mínimo imponible.

Los bancos primero

En pocos días el gobierno se mostró decidido y creativo para empeorar la vida de los trabajadores, jubilados y sectores populares. En primer lugar, anunció el fin del IFE, el insignificante ingreso de 10 mil pesos cada dos meses que tuvieron trabajadores precarios y recientes desocupados. Luego, cambiaron el cálculo para los aumentos de las jubilaciones, que ahora se moverán en función de los salarios y de la recaudación de Anses, lo que significa que reciban aumentos por debajo de la inflación. Esto se suma al hecho de que antes Alberto había cambiado la cuestionada fórmula macrista de aumentos justo cuando comenzaba a ser beneficiosa para los jubilados y la cambió por aumentos por decretos. Ese “cambiecito” le costó 2800 pesos por mes a los jubilados que cobran 30 mil pesos. Un afano.

En la campaña electoral Alberto mintió descaradamente diciendo que los jubilados iban a estar antes que los bancos. Pero las dos medidas que tomó en relación a los ingresos de los jubilados, fueron de ajuste. No casualmente los bancos están ausentes del proyecto oficialista de aporte extraordinario. En definitiva, hoy la jubilación mínima es de 18 mil pesos pero las ganancias de los bancos fue de 117 mil millones de pesos en el primer semestre de 2020. Con Alberto, como con Macri, los bancos mandan.

El impuesto a los ricos en un presupuesto para los ricos

El gobierno que quiere que aplaudamos este impuesto como si fuera la limosna benefactor, escribió junto al FMI un presupuesto 2021 en el que se dice que se pagarán intereses de la deuda pública por 665 mil millones de pesos, lo que equivale a pagar 7 veces el IFE a 9 millones de trabajadores precarios. Para que se entienda mejor: se elimina el IFE a 9 millones de personas necesitadas y se ajusta a los jubilados, para pagar deuda, mayoritariamente a especuladores beneficiados por el macrismo.

Por otra parte, el Ministro Guzmán escribió en el presupuesto que va reducir el déficit del gasto público a 4,5% del presupuesto, pero el FMI exige que ese déficit sea de 3% (y el ministro ya aceptaría 3,8%), es decir, más ahorro, más ajuste. Ya durante toda la negociación con los bonistas, Guzmán entregó 17 mil millones de dólares como “concesión” a los buitres. Esa sola cifra equivale a 6 veces lo que se recaudaría con este impuesto extraordinario. Ese solo dato demuestra la magnitud de la estafa del discurso oficial.

En el proyecto de presupuesto se proyectaba un 4,5% de déficit, lo que implicaba 16 mil millones de dólares de ajuste. Eso va a empeorar. En un país donde la pobreza alcanza al 41% de la población, el gobierno, al igual que el macrismo, quiere que el conjunto de la actividad económica se articule para garantizar negocios de especuladores y buitres.

Es como si vinieran el gobierno y el FMI, te sacan la mitad de tu sueldo, la mitad de la jubilación de tus padres y les sacan la billetera a ambos. Después se dan vuelta y te ofrecen pagarte el colectivo ¿Porqué llaman progresismo a lo que es un robo?

Fracking sí, IFE, no

Con el impuesto que quiere votar, el gobierno sostiene que recaudaría 3000 millones de dólares. Pero de esa cifra, el 25%, 750 millones de dólares, iría destinado a subsidiar a las empresas productoras de gas convencional y fracking. Una cifra similar va a financiar a empresarios. A su vez, en el presupuesto 2021 las empresas de gas recibirán subsidios por 925 millones de dólares (al tipo de cambio oficial de hoy) para la producción de gas convencional y no convencional.

Nuevamente: el total de subsidios a empresas gasíferas entre presupuesto y “aporte extraordinario” es de 1675 millones de dólares. Para IFE, cero pesos. Para peor: todas las asignaciones de recursos se votan en bloque. Es decir, no se puede no votar a favor del fracking: es parte del paquete.

Todos sabemos que en el peronismo y en Juntos por el Cambio la defensa del extractivismo es estratégica, estatutaria. Pero en la izquierda no: somos parte de todos los movimientos que se oponen a la quema de islas para ganadería, al fracking a la contaminación del agua y a la megaminería. ¿En serio pretenden que la izquierda apoye un proyecto que beneficia a las empresas que hacen negocios a costa de nuestro medio ambiente?

La izquierda tiene un proyecto

Contra las fake news del oficialismo, decimos que el Frente de Izquierda-Unidad tiene un proyecto desde mucho antes que el gobierno considere oportuno discutirlo para encubrir que son empleados del FMI.

Ya desde abril, cuando el impacto de la cuarentena golpeaba a millones de familias trabajadoras, Nicolás del Caño y Romina del Plá presentaron un proyecto que grava con impuestos a las grandes fortunas, a la ganancia de los bancos, a las altas rentas de las empresas y a los grandes terratenientes, la mayoría de ellos ausentes en el proyecto oficial. Con ese impuesto, se explicó a principios de mayo, “se podrían recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para otorgar tres asignaciones específicas o una, un salario de cuarentena o IFE de 30.000 pesos a todas aquellas personas que se quedaron sin ingresos. Se podrían construir 100.000 viviendas en un año para las personas que viven hacinadas y multiplicar el presupuesto en salud de emergencia para combatir el Covid-19”, como dijo Del Caño en la Cámara. Un impuesto a las grandes fortunas en serio, no hacer una farsa donde además el 25% va para el fracking.

Esa propuesta fue rechazada por el gobierno y por Juntos por el Cambio. Desde ese momento hasta hoy, a la izquierda se la vio en la primera línea de la defensa de las familias sin techo como en Guernica, acompañando a los trabajadores en lucha y denunciando la injerencia del FMI. Al gobierno se lo vio atacando a las familias humildes que pelean por un techo para vivir, entregar al país a los designios del FMI y gobernando para los mismos ganadores del macrismo. El “aporte extraordinario”, en ese contexto, es un patético camuflaje para un ajuste de conjunto. Si la izquierda votara eso, prestaría colaboración con un gobierno cuyas normativas las escribe Kristalina Georgieva.

Justamente, si hay tanto ataque oficialista contra la izquierda, es porque existe una voz que, en serio, quiere que la crisis la paguen los ricos, rompiendo con el FMI, nacionalizando los bancos que organizan las corridas, expropiando a los grandes terratenientes y aceiteras como Vicentin y dejando de pagar la deuda externa ilegal e ilegítima. Lo demás es solo un discurso que nos lleva a una enorme crisis.