Un informe preliminar del Parlamento Europeo señala al Ejecutivo español como el responsable de los espionajes a los líderes políticos catalanes durante las fechas del referéndum y las jornadas de protesta posteriores. Además apunta que es posible que el Estado español haya sido el primer Estado en adquirir este servicio de espionaje.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Martes 8 de noviembre de 2022
La eurodiputada neerlandesa, Sophie in’t Veld, ha presentado un informe preliminar en el Parlamento Europeo sobre casos de espionaje llevados a cabo en diferentes países de Europa y que tienen como responsables a los Gobiernos.
En este estudio preliminar, de más de 150 páginas y que estudia los casos de Polonia o Grecia, entre otros, coge especial fuerza el conocido como “catalangate”. El caso de espionaje a más de 60 líderes políticos catalanes y activistas durante el período 2017 - 2019.
Este informe, que se apoya en la investigación previa realizada hace meses por el centro canadiense Citizen Lab (quién destapara el caso de espionaje), señala que el Ejecutivo español espió a independentistas catalanes durante los periodos de “mayor relevancia política”.
Recordemos que el período 2017 - 2019 incluye desde la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre del 2017 y las posteriores movilizaciones, con especial actividad en 2019 tras conocerse las sentencias del juicio farsa que llevó a los dirigentes del procés a prisión.
El documento preliminar, además de señalar este aspecto de persecución política brutal, señala otro aspecto que muestra el varadero ADN del Régimen del 78. La eurodiputada responsable del estudio señala que “la situación en España es delicada, tenemos poca información oficial [...] Vemos que hay indicaciones fuertes de que han sido espiados políticos sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional. Pido a las autoridades más información para evaluar la situación”.
Ante las acusaciones de falta de pruebas, Veld, “si creen que las asunciones [que hace el informe sobre la autoría del espionaje] son equivocadas, que presenten información. Estaría encantada de tener información del Gobierno. Pero, si no nos dan información, ¿qué hemos de hacer? ¿Quedarnos callados? Aunque falten piezas del puzzle, se puede ver la imagen”.
Tampoco es de extrañar este silencio por parte del Ejecutivo. De hecho, antes de que el CNI reconociera el uso del programa Pegasus para el espionaje a líderes independentistas, fue el citado centro canadiense, Citizen Lab, quién destapó el caso. En ese momento, el Gobierno y el servicio de inteligencia negaron dicha información.
Las acciones de espionaje no tuvieron freno. Como señala el texto Incluía, por ejemplo, las comunicaciones abogado-cliente de un independentista encarcelado en vísperas de su juicio, contactos entre compañeros o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo.
Además de este estudio minucioso del “catalangate”, el informe apunta que hay indicios de que el Estado español fuera el primer Estado en europa en contratar los servicios Pegasus de la empresa israelí NSO.
Este informe viene a demostrar, una vez más, el carácter represivo del Estado español (y resto de estados burgueses) que utilizan todas las técnicas a su alcance para perseguir y reprimir a todo aquel que consideren un peligro.
A pesar de este informe y de los trámites burocráticos del Parlamento Europeo, ninguna responsabilidad será depurada sea cual sea el resultado de este informe. La Unión Europea ya ha demostrado en muchos aspectos su carácter antidemocrático, dónde el derecho a decidir de los pueblos no solo no está entre sus prioridades sino que es un tabú cuando atenta contra uno de los Estados miembros.
Para enfrentar efectivamente el “deep state” y acabar con el espionaje ilegal hay que empezar a tomar medidas que rompan con el statu quo, empezando por tres aspectos elementales:
1) Formación de una comisión de investigación independiente de las actuaciones del Estado.
2) Disolución del CNI y derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquistas y desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado y sus servicios de inteligencia.
3) Cese de toda persecución política y la libertad de todos los presos políticos que aún permanecen en las cárceles como consecuencia del procés y de todas las luchas sociales.
