El país se encuentra viviendo un nuevo proceso de saqueo contra el pueblo trabajador, como los que hemos sufrido en distintas ocasiones de nuestra historia. Quieren hacer pagar nuevamente a los trabajadores y las clases medias las ganancias de los especuladores.

Este artículo fue terminado y enviado a impresión antes de conocerse los términos del acuerdo con el FMI. Las condiciones leoninas anunciadas no hacen más que remarcar que estamos en tiempos donde se plantea con agudeza la disyuntiva acerca de si se impondrá un nuevo saqueo sobre el pueblo trabajador o si mediante la lucha de clases impondremos que esta vez la crisis paguen los capitalistas. Son ellos o nosotros.

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El país se encuentra viviendo un nuevo proceso de saqueo contra el pueblo trabajador, como los que hemos sufrido en distintas ocasiones de nuestra historia. En cada crisis nacional de envergadura la clase dominante impuso su salida a costa de la clase trabajadora y también de vastos sectores de las clases medias. La “crisis cambiaria” que se produjo entre abril y mayo de 2018 ha sido un primer episodio de un nuevo acontecimiento de este tipo, que ya dejó como saldo una devaluación del peso de casi el 35 % en lo que va del año, un nuevo salto inflacionario y un freno a la actividad de la economía, junto con el mayor “ajuste” que significa todo acuerdo con el FMI. Quieren hacer pagar nuevamente a los trabajadores y las clases medias las ganancias de los especuladores. Y todo esto en medio de tensiones económicas y políticas en el terreno internacional (Italia, Brasil, Estado Español…) que pueden precipitar nuevas “corridas” y nuevos saltos en el valor del dólar.

Crisis nacionales, saqueos capitalistas

Si contrastamos la situación de la clase trabajadora con la existente en 1974 los datos son concluyentes. Las estimaciones sobre la evolución de largo plazo del poder adquisitivo del salario muestran que el mismo es hoy poco más de la mitad del que llegó a tener en aquél entonces. El trabajo no registrado se elevó de un 20 % de los asalariados (y de un 15 % del total de los empleados) hasta un 35 % de la fuerza de trabajo asalariada ocupada. La población en situación de pobreza (medida en términos de ingresos para acceder a una canasta básica) pasó de un 4 % a casi un 26 %, y si la midiésemos en términos cualitativos (considerando el acceso al agua corriente, red de gas, desagües pluviales, cloacas y calles pavimentadas) el porcentaje daría muy superior. La desocupación que era de solo un 2,7 % hoy supera el 7 %. Este deterioro en las condiciones de vida del pueblo trabajador se fue construyendo a partir del hecho de que cada gran crisis nacional fue descargada sobre sus espaldas.

A mediados de los ‘70, a pesar de las jornadas de junio-julio de 1975 que obligaron a la homologación de los acuerdos paritarios, y con casi un mes de irrupción independiente de la clase obrera contra el “plan Rodrigo” del gobierno de Isabel Perón y José López Rega, la salida la terminó imponiendo la clase dominante con el golpe genocida del 24 de marzo de 1976, cerrando la etapa de ascenso obrero y popular abierto con el Cordobazo y los Rosariazos de 1969. La dictadura, con José Martínez de Hoz como ministro de Economía, impulsó un plan de apertura económica y desregularización financiera, que favoreció los negocios especulativos y una caída de la producción industrial, junto con una baja sostenida del salario real. El terrorismo de Estado estuvo destinado al aumento de los niveles de explotación de la clase obrera. Como señalaba Rodolfo Walsh en su célebre “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar”, fechada el 24 de marzo de 1977, es en la política económica de la dictadura donde “debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

El autor de Operación Masacre detallaba magistralmente las consecuencias económicas del primer año del terrorismo de Estado:

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 %, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30 %, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 % prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40 %, el de ropa más del 50 %, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30 %, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la “racionalización”.

Los últimos años de la dictadura completaron el saqueo. En 1981, ya con Lorenzo Sigaut en el Ministerio de Economía, se produce una devaluación del 400 % (“el que apuesta al dólar pierde”, había dicho el ministro) y la inflación llega al 100 % anual. Gracias a la estatización de la deuda privada de los grupos económicos locales y extranjeros (entre ellos el Grupo Macri), la deuda externa pasó de 8 mil millones de dólares en 1976 a 45 mil millones en 1983, un proceso fraudulento durante el cual el fallo del Juez Ballesteros en la causa abierta por Alejandro Olmos encuentra al menos 477 operaciones ilegales. En este período se registró un aumento del poder económico de los llamados “grupos económicos locales”, que se favorecieron de distintos negociados mediante la sobrefacturación al Estado, subsidios varios, la bicicleta financiera y el endeudamiento externo. Debido en gran medida a la apertura económica la producción industrial retrocedió su participación en el PBI unos diez puntos porcentuales.

La crisis que dejó la dictadura se arrastró durante todo el período de gobierno de Alfonsín, quien reconoció el conjunto de la deuda externa, incluyendo la estatización de la deuda de los grupos económicos locales y extranjeros realizada por Cavallo (a pesar que había dicho en campaña que iba a diferenciar entre deuda “legítima” e “ilegítima”), y después de un breve tironeo con el FMI proclamó la “economía de guerra” e impulsó distintos planes de ajuste que llevaron a numerosos paros generales y huelgas en su contra.

Una nueva crisis de envergadura se manifestó a finales del gobierno de Alfonsín. El “golpe de mercado” que favoreció la hiperinflación al final de su mandato (que fue del 3079 % anual en 1989 y de 2314 % en 1990) estuvo destinado a lograr el disciplinamiento de los trabajadores y a lograr un alineamiento con el gran capital del gobierno de Carlos Menem, que había ganado las elecciones con promesas de “revolución productiva” y “salariazo”. El porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza pasó del 25 % al 47,3 % entre comienzos de 1989 y octubre del mismo año. La crisis fue cerrada a dos años de asumido el nuevo gobierno peronista mediante un fuerte plan de “shock”, con privatizaciones y despidos generalizados (alrededor de 500.000) en el sector público y la “ley de convertibilidad” que ataba el precio del peso al dólar. Los nuevos dueños de las empresas privatizadas, los bancos y sus socios locales fueron los grandes ganadores del plan “neoliberal” implementado por el gobierno justicialista de Menem y Cavallo con el apoyo de gran parte de la burocracia sindical. Junto con ellos, las multinacionales imperialistas profundizaron su peso en el país comprando agresivamente empresas locales.

La convertibilidad terminó en una catástrofe y una nueva gran crisis, con la economía estancada a partir de la devaluación en Brasil de 1999 y el derrumbe producido a fines de 2001 ya con el gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso) encabezado por el radical Fernando De la Rúa. La deuda externa se volvió impagable y el Estado quedó en una quiebra virtual, con la proliferación de las llamadas “cuasi monedas” (patacones, lecops, quebracho, etcétera). El PBI cayó un 12 % mientras la desocupación trepó a un 25 %. Antes del llamado “corralito”, los bancos salvaron a los grandes inversores que fugaron activos, y desfalcaron luego el ahorro de las clases medias. Pese a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 y a las movilizaciones posteriores, fue la fracción devaluadora de la burguesía (que impulsaban los sectores exportadores junto con los capitales ligados al mercado interno que lograron también la pesificación de sus deudas, como Techint y Clarín) la que impuso su salida con el gobierno de Eduardo Duhalde. El peso fue devaluado en un 200 % de un golpe, al contrario de la dolarización que pretendían los bancos y las empresas de servicios públicos privatizadas. El default impuesto por Rodriguez Saá durante sus breves días en la presidencia de 2001, la megadevaluación, el recorte del gasto público y la “pesificación asimétrica” que salvó a las empresas y compensó a los bancos, sumado al feroz saqueo al salario que perdió 30 % de su poder de compra en un sólo año, recrearon las condiciones para la acumulación capitalista. A su vez, para octubre de 2002, la población bajo la línea de pobreza llegó a un impactante 57,5 %, a pesar del otorgamiento de más de 2 millones de planes “Jefes y Jefas de Hogar”. Sobre esta base y el alza de los precios de los productos agrarios (que se inició en 2002 y continuó con altibajos hasta 2013), la economía inició un proceso de recuperación que se extendería hasta el año 2008, con tasas de crecimiento entre un 7 y un 8 %. Así, con Duhalde primero y Kirchner después, pudo ser contenida la última “crisis orgánica” (combinación entre crisis económica catastrófica y crisis de hegemonía de la clase dominante, una “crisis del Estado en su conjunto” donde los representados ya no se ven expresados por sus representantes tradicionales) que afectó a nuestra sociedad. El kirchnerismo pudo consolidarse y actuar como un “gobierno de desvío” basándose en las condiciones excepcionales abiertas por el ciclo de alza de los precios de las materias primas y en la caída de los salarios provocada por la devaluación y en el default parcial de la deuda implementado por Rodríguez Saá.

Si bien el último período de los gobiernos kirchneristas fue de estancamiento económico (con la vuelta de la “restricción externa”, cubierta en gran medida agotando las reservas del Banco Central), Macri no asumió el gobierno en condiciones de crisis generalizada, lo cual le permitió en la primera mitad de su mandato combinar una estrategia de “gradualismo fiscal” con alto crecimiento del endeudamiento externo y brutal alza de los precios de las tarifas de los servicios públicos. Su política, que ha implicado una importante transferencia de ingresos hacia las fracciones más concentradas del poder económico (¡solo las reducciones impositivas a las patronales y la eliminación y/o baja de las retenciones agrarias y mineras alcanzan al 2 % del PBI!), ha agravado algunas de las contradicciones estructurales que tiene la economía nacional, empezando por el crecimiento de los recursos que deben destinarse al pago de la deuda pública, que ya llegan a unos USD 65.000 millones anuales. Con una deuda pública que a fin de 2018 se estima que llegará a USD 380 mil millones; una inflación que va superar el 25 % anual; un déficit comercial que se estima para 2018 de USD 13 mil millones; un déficit fiscal que alcanza al 6 % del PBI; una fuga de capitales que llega a los USD 2 mil millones por mes; más el agotamiento de las condiciones de “crédito barato” en la economía mundial; estamos entrando en una nueva gran crisis nacional, de esas que, más allá de los ritmos con los que se vaya produciendo, golpean sin miramientos al conjunto del pueblo trabajador a la vez que permiten sacar una nueva tajada a las clases dominantes.

¿Alternativa?

Al calor del deterioro de la imagen de Mauricio Macri y, aunque en menor medida, también de María Eugenia Vidal y demás referentes de Cambiemos, empezaron las especulaciones sobre la posible vuelta del peronismo al gobierno en 2019. El proceso de caída gubernamental comenzó con las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, cuando el planteo del “(contra) reformismo permanente” de Macri se topó con el límite puesto por la lucha de clases. Aunque el pacto entre el gobierno nacional y 23 de los 24 gobernadores, incluyendo Alicia Kirchner, permitió la aprobación del saqueo a los jubilados, la medida (que había sido negada enfáticamente por Marcos Peña durante la campaña electoral) contó con la desaprobación de la amplísima mayoría de la población. El gobierno emprendió entonces lo que Carlos Melconian denominó el “Plan Perdurar”, es decir, congelar las medidas más antipopulares y tratar de poco menos que hacer la plancha especulando que la división del peronismo le permitiría ganar en 2019 en primera vuelta. La corrida cambiaria de abril-mayo, con la nueva devaluación del peso y la ida hacia el acuerdo con el FMI, dejó esto también atrás. La baja en imagen y en intención de voto del presidente pegó un nuevo salto. Hay por delante meses donde de mínima, si es que no hay nuevas “corridas” y el gobierno pierde el control de la economía, la norma serán la “estanflación” y más ajuste contra el pueblo trabajador, con su correlato de pérdida de puestos de trabajo y caída del poder de compra del salario. La “épica del recorte del déficit”, como la llamó un analista, no parece generar un escenario donde el gobierno pueda recuperar muchas voluntades…

Lo paradójico es que quienes le dieron gobernabilidad a Macri durante lo que va de su mandato son quienes se postulan para intentar canalizar su posible caída. Un gobierno en minoría en ambas cámaras del Congreso y sin control directo de los sindicatos no hubiese podido avanzar como lo hizo si no fuera por la colaboración del peronismo. Del pago a los fondos buitre a la autorización para endeudarse en el presupuesto; del bochornoso “blanqueo de capitales” al saqueo a los jubilados; ninguna de estas y muchas otras leyes antipopulares hubiesen sido aprobadas sin el consenso de amplios sectores del PJ. Sobre las tarifas de los servicios públicos plantean apenas limitar los tarifazos sin proponerse terminar con el saqueo de las privatizadas. Pero no es solo esto. La realidad es que, más allá de los discursos, el peronismo no tiene un plan alternativo al de Macri para hacer frente a la crisis. De ahí que no ven mal que Macri avance todo lo que pueda con el ajuste, de forma de ahorrarles el “trabajo sucio” si vuelven al gobierno en 2019. Aunque hay roces, aún no existe en la cúpula dominante de la burguesía una división como la que se produjo entre “dolarizadores” y “devaluadores” al final de la convertibilidad. La dolarización de las tarifas y la inexistencia de un régimen fijo de paridad cambiaria limitan por el momento un fraccionamiento por este punto. Y los sectores de la burguesía no monopolista que producen para el mercado interno, más perjudicados por la suba de tarifas y la baja del consumo, no tienen ni tuvieron nunca fuerza para sostener una política alternativa, como se ha mostrado históricamente, y en gran medida ven favorablemente la política devaluatoria que golpea sobre el salario de los trabajadores.

Incluso el conjunto del PJ “dialoguista” aprueba que el gobierno acuerde con el FMI sin pasar previamente por el Congreso, pese a que la deuda contraída tendrá que pagarla el próximo gobierno. En el caso del sector kirchnerista el discurso es de mayor confrontación pero tampoco se plantean medidas de fondo para los problemas estructurales que afectan a la economía nacional. Sobre el endeudamiento externo dicen “fuera el FMI” pero no sostienen que van a desconocer la deuda tomada por Macri y reivindican haber sido “pagadores seriales” durante los gobiernos de Néstor y Cristina, en los cuales se giraron a los acreedores externos más de 200 mil millones de dólares (incluyendo USD 10 mil millones “cash” al Fondo Monetario). Sobre las empresas privatizadas no plantean su renacionalización sino que reivindican el sistema de subsidios que implementaron en su gobierno, lo cual significó una brutal transferencia de ingresos para las concesionarias privadas de servicios públicos. Empresas que ganaron gracias a tarifas dolarizadas con las privatizaciones menemistas, que siguieron haciéndolo con los subsidios del kirchnerismo (por los que no rindieron cuenta) y que ahora se benefician de los tarifazos macristas. Incluso con Axel Kicillof como ministro de Economía ya se les había dado un precio sostén a las petroleras de USD 80 el barril (cuando el costo de producción local no llega a USD 20) y entre USD 5 y de USD 7,5 por millón de BTU para el gas, cuando según YPF (que controla más de la mitad de la producción del gas local) el costo no supera los USD 2. Si uno mira lo hecho en el segundo mandato de Cristina, lo cierto es que el fallo del fallecido juez Thomas Griesa favorable a los “fondos buitre” bloqueó la dinámica de “vuelta a los mercados” que el gobierno kirchnerista venía abonando con los pagos al Club de París, a Repsol (que llegan a USD 8 mil millones) y a las empresas con fallos favorables en el CIADI, junto con los entreguistas acuerdos con Chevron para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta. Frustrada esa posibilidad, los límites puestos a la compra de dólares con el llamado “cepo” no frenaron la fuga ilegal de capitales hacia el exterior, un comportamiento endémico de la clase dominante local. La vuelta de la “restricción externa” (la economía genera menos dólares por exportaciones de los que requiere para importaciones) fue cubierta en base al agotamiento de las reservas del Banco Central, que fueron utilizadas para el pago de deuda y llegaron a un piso nominal de solo USD 15 mil millones. La propia elección de Daniel Scioli, un peronista conservador, como candidato presidencial en 2015, expresaba la intención de ir también por el camino del endeudamiento y el ajuste, una política que han defendido dos de quienes se contaron entre sus principales asesores económicos, Miguel Bein y Mario Blejer. El mismo camino que tomó Dilma Rousseff en Brasil ni bien ganó su reelección (pese a que en campaña había afirmado lo contrario) y que la llevó a perder base social y favorecer de esta manera el plan golpista que llevó a su vicepresidente Michel Temer al gobierno. La derrota frente a Macri le evitó al peronismo enfrentar una situación similar en nuestro país.

Por ello la política de “frente antimacrista”, que sostienen el kirchnerismo y otros sectores y que incluiría al peronismo “dialoguista” y al Frente Renovador, no es en realidad más que una trampa para subordinar los intereses de los trabajadores a quienes han jugado un papel clave en los avances antipopulares realizados por Macri en lo que lleva de gobierno.

Frenar la decadencia nacional

Desde el gobierno, los economistas de la derecha y las corporaciones mediáticas se intenta convencer a la población de la inevitabilidad del ajuste con el cuento de que la Argentina es en realidad un país pobre que gasta más riqueza de la que genera. Y que, como el crédito para compensar el déficit con deuda se ha vuelta más caro, no queda otra que combinar la ida al FMI con una serie de recortes del gasto público. Es un diagnóstico desde el cual quieren justificar la baja en jubilaciones y salarios de estatales y docentes, así como despidos en el sector público. Pero lo cierto es que hay alrededor de USD 500.000 millones de los ricos de este país fugados al exterior. Y desde que subió Macri lo que se hizo fue transferir recursos que iban al financiamiento del Estado hacia las patronales, con la quita y/o baja de retenciones a las patronales agrarias y a la minería y con la baja de contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias que pagan las empresas. En los próximos meses se jugará en las calles cuánto de su programa puede aplicar el gobierno de los ricos. Junto con rodear de solidaridad y apoyar cada conflicto, tenemos que exigir a las centrales sindicales que rompan la tregua y convoquen a un paro activo nacional como parte de un plan de lucha que termine en una huelga general política para derrotar el plan de ajuste.

Los problemas estructurales que tiene la economía argentina no son los que afirman los neoliberales. Sus políticas solo preparan una nueva catástrofe. El peso de los pagos de una deuda “eterna” ilegal y fraudulenta; la fuga endémica de recursos al exterior, predominantemente realizada en forma ilegal; el saqueo de los recursos energéticos; la apropiación de la renta agraria por un puñado de terratenientes, capitalistas agrarios y monopolios exportadores: ahí están los puntos que hay que atacar para revertir la situación. Es solo la clase trabajadora, encabezando al conjunto de los explotados y oprimidos, la que puede sostener una política para que esta vez sean los capitalistas los que paguen la crisis y no se consume un nuevo saqueo al pueblo trabajador. El no pago de una deuda ilegítima y fraudulenta, de la cual pagamos USD 546.000 millones pese a lo cual debemos hoy USD 320.000 millones; la nacionalización bajo gestión de los trabajadores y control de los usuarios populares de las empresas de servicios públicos privatizadas y de todo el complejo energético; el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales que succiona hacia el exterior gran parte de la riqueza nacional; son puntos centrales de un programa que, como parte de la lucha por un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo, permita salir del espiral de decadencia, atraso y dependencia al que nos han llevado la clase dominante y sus representantes políticos. Esta es la salida de fondo por la cual luchamos.

4 de junio de 2018

* Algunos aspectos de este artículo están basados en el Proyecto de Programa del PTS redactado por el autor de esta nota y Esteban Mercatante como parte de una elaboración colectiva, que será discutida por la militancia de la organización en los próximos meses.